La privatización de la jurisdicción: Juicio clave de privatizada contra la Argentina "en París"

Clarín, 10 de agosto del 2004

El ministro de Justicia y Seguridad, Horacio Rosatti, dijo hoy que "no hay peligro de ejecución ni de embargo" en el proceso judicial iniciado por la empresa norteamericana CMS en reclamo del Estado argentino de 265 millones de dólares.

Desde París, sede del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) donde se desarrolla el proceso en el que Rosatti representa al Estado nacional, el ministro puntualizó además que Argentina le dará al laudo correspondiente "el valor que tiene dentro del orden constitucional interno, por lo que deberá pasar un test de constitucionalidad en el ámbito interno".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario también destacó que "en este caso concreto, hay muchos conflictos procesales, de modo que si hubiera un laudo que no fuera satisfactorio, están dadas las condiciones para plantear su nulidad".

"Pero no es este caso un peligro de corto plazo. No están previstas posibilidades de embargos ni de ejecuciones, porque la propia reglamentación no lo permite", subrayó.

"Es simplemente dar batalla, desde el punto de vista de nuestro país, en todos los ámbito: el académico, el jurisdiccional, en el judicial argentino, en el internacional".

Agregó que el objetivo es "concientizar a la opinión pública, porque estos procesos están regulados con un sigilo, con una privacidad que nos parece inconveniente, porque nosotros debemos dar explicaciones de los actos de gobierno".

"Esto es, en realidad, el corolario de una política que comenzó primero privatizando los servicios, luego privatizando la jurisdicción, es decir discuto afuera en caso de conflicto, y tenía por cierre, como criterio, privatizar la defensa del Estado nacional", planteó.

"Por suerte, en esta gestión, el presidente (Néstor) Kirchner ha dicho `la Argentina se defiende con sus abogados’ y, entonces, el periodismo y la opinión pública pueden saber lo que está pasando. En caso contrario, nos enteraríamos de un laudo desfavorable vía Internet", advirtió.

Por último, detalló que, en los 32 casos que se plantearon de dos años y medio hasta hoy, "algunas empresas han llegado a acuerdos, en otros casos se ha logrado de común acuerdo posponer estos procesos y en otros, siguen adelante".

"No hay un peligro inminente de un laudo ya, de una ejecución ya, sino una maniobra de presión que la Argentina debe responder con todos sus medios", concluyó.

Rosatti, quien mañana vuelve a Buenos Aires porque el proceso judicial continúa ahora con seis jornadas dedicadas a "testimonios y preguntas y repreguntas a expertos", anticipó que regresará a París para el alegato final, previsto para el martes 20.

Rosatti fue autorizado por decreto a representar al Estado Nacional en este caso, pese a su actual condición de ministro, porque desde su anterior función, como procurador del Tesoro de la Nación, ya ejercía ese rol en el citado proceso y había "diseñado la estrategia de defensa de los intereses de la República Argentina ante los tribunales arbitrales internacionales".

CMS exige la suma en cuestión para reparar la "expropiación" que dice haber sufrido con la pesificación posterior al 2001 para sus ganancias como socio minoritario en la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN).

El CIADI es el tribunal arbitral al que las privatizadas apelan en sus disputas comerciales con el Estado y la demanda de CMS puede ser considerada un caso testigo para el resultado del resto de los procesos encarados por las empresas en esta situación.