Transgresiones ecológicas en Uruguay y Argentina de multinacionales europeas.

Por Horacio Claret y Susana Merino
El Correo, 20 de diciembre del 2003

En la localidad de Fray Bento (Uruguay) ubicada en la costa oriental del río Uruguay, frente a Gualeguaychú (Argentina) se realizó un Foro Ambiental convocado por una empresa forestal botnio-finlandesa que viene proyectando establecer en dicha localidad una planta industrial con una producción prevista de mil toneladas anuales de pasta celulósica y una inversión de alrededor de mil millones de euros. Con tal objeto ya ha adquirido en la región una forestación de unas 30.000 Has de eucaliptus de propiedad de la empresa Shell.

El proyecto ya ha avanzado además con la compra de un predio entre la localidad de Fray Bento y el balneario "Las Cañas", donde se prevé instalar la planta y la apertura de una oficina desde la que procederá a la ampliación de sus cultivos forestales en la zona oeste del hermano país.

Esta iniciativa ha despertado honda preocupación en la zona por cuanto constituye a todas luces parte de los conocidos planes de transferir del hemisferio norte hacia el sur industrias contaminantes que además incluyen la apropiación de nuestros recursos naturales, tierras fértiles y agua, agotando las napas, destruyendo la biodiversidad con sus monocultivos forestales extensivos y deteriorando la calidad del aire, los ríos y los acuíferos en sus áreas de influencia.

La población involucrada, especialmente la de Gualeguaychú, viene realizando reiteradas manifestaciones en contra de este proyecto y de otro similar propiciado por una empresa española que fuera condenada por delito ambiental en su país de origen por haber contaminado seriamente la Ría de Pontevedra, en la región de Galicia, al norte de España. Pese a todo el Gobierno uruguayo haciendo oídos sordos a las fundadas protestas de ecologistas y pobladores le ha dado su aprobación.

Sin embargo las multitudinarias puebladas y la reticencia de las autoridades uruguayas de compartir con Argentina este tipo de toma de decisiones tal como lo establece el Tratado del río Uruguay (curso hídrico compartido por ambas naciones) han motivado la reacción de nuestro gobierno al punto de que la Cancillería retiró momentáneamente sus miembros de la Comisión Administradora de dicho Tratado. Mientras tanto técnicos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) están realizando los necesarios estudios que permitan al país exigir formalmente el cumplimiento de dicho tratado o en su defecto concurrir con su demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya. Por otra parte el Canciller argentino para Asuntos Ambientales, embajador Estrada Oyuela se ha comprometido a visitar Gualeguaychú para informar personalmente a los vecinos autoconvocados y a las autoridades del municipio sobre la marcha de dichos estudios y de las gestiones pertinentes.

Nada de esto pasa desapercibido a dichos inversores que no dejan de reconocer que se producirán impactos negativos en el medio ambiente : vertidos de efluentes nocivos y malos olores que afectarán en cierto modo a la población considerando que tales molestias se verían compensadas por la creación de empleos y la reactivación económica que derivaría de la instalación de la proyectada planta de celulosa, que como es sabido es una de las industrias más contaminantes del planeta, junto con la nuclear, la siderurgia, la metalurgia, la agricultura industrial, las de fertilizantes, las petroquímicas, etc..

Antiguas y nuevas experiencias dejan bien en claro que los propósitos, las estrategias y las negociaciones de estas empresas que, en su búsqueda de consenso hasta contratan profesionales destacados de nuestro medio como caras visibles capaces de justificar lo injustificable, distan mucho de responder a la búsqueda del bien común, el bienestar de la población y la protección de nuestro patrimonio natural y solo contemplan el mayor rédito para sus propios intereses. Tal el caso del geólogo Danilo Antón, reconocido geólogo ambientalista y luchador de los pueblos originarios, perseguido político durante la dictadura uruguaya, que fue contratado para realizar el estudio de impacto ambiental.

Ciertamente parte de las estrategias empresarias ha sido contactarse con la Cancillería Argentina y convocar a este Foro con el objeto de minimizar ante la población los alcances negativos del proyecto y tratar de convencerla y seguramente a las autoridades de sus genuinas y sanas intenciones. Cosa que dista mucho de coincidir con la realidad.

Tampoco ha omitido realizar una campaña de difusión hacia la sociedad a través de un comunicado y de una conferencia de prensa en Montevideo primero, luego por medio del foro en Fray Bento y programado una próxima reunión similar en la localidad de Mercedes. Su agenda prevé asimismo la presentación del estudio de impacto ambiental en febrero de 2004 y para octubre del mismo año, el anuncio final de su definitiva radicación.

Entre las promesas con que estas empresas intentan persuadir a la población de que su instalación les será beneficiosa, figura la falacia de la creación de empleos, aunque una planta de la magnitud de la finlandesa sólo creará unos trescientos empleos directos y muy poco indirectos, la mayoría informal y vinculados a los cultivos forestales de muy baja calidad y remuneración. Por el contrario dicha presencia tenderá a destruir muchos más empleos sustentables debido a que desaparecerán pequeños y medianos productores de alimentos y sus cadenas de comercialización, especialmente de productos orgánicos, apícolas de mano de obra intensiva y sus perspectivas de expansión como también del turismo que se halla en franco desarrollo.

No es menor su contribución a la proliferación de la concentración y extranjerización de tierras y al ya mencionado grave riesgo de contaminación y de deterioro del curso hídrico del que se sirve este tipo de producción cuyo impacto en el área será seguramente irreversible. Impedir, la propagación de este tipo de megaplantas cuyos objetivos son de carácter puramente lucrativo y no resuelven sino que agravan los problemas del hambre y el desempleo y de la irracional explotación de nuestros recursos naturales es ciertamente un imperativo que tanto el pueblo como el gobierno deben abordar, con decisión y firmeza, no solo en este caso sino también en otras situaciones similares cuya reiteración comienza a ser cada vez más frecuente en nuestro territorio.