Thales Spectrum y los interrogantes sobre el espacio radioelectrico nacional.

Por Héctor López Torres
ANC-UTPBA, 6 febrero 2004.

La decisión oficial de anular el contrato que una empresa privada extranjera tenía para realizar los servicios de administración, gestión y control del espacio radioeléctrico -cuya concesión fue otorgada por el gobierno de Menem en 1997- es, por supuesto, una buena noticia, especialmente para la radiodifusión.

La nulidad decretada, con tener suficiente justificación en el incumplimiento del pago del canon acordado y en haber sido una de las tantas privatizaciones que enriquecieron a los funcionarios de entonces, abre algunos interesantes interrogantes. Entre todos ellos : si esos servicios quedarán en manos del Estado ; si la actuación de la empresa será revisada no sólo por sus implicancias delictivas sino por las políticas ; si el Congreso de la Nación retomará sus facultades para legislar las reglamentaciones ; si este puede o no ser un paso hacia la elaboración de una nueva ley de radiodifusión con la participación de los distintos sectores que construyen cotidianamente la comunicación.

Porque, si la anulación del contrato obedeció solamente a los motivos invocados, puramente administrativos, la ausencia de las otras causas, las verdaderamente importantes -estratégicas para el destino del espacio radioeléctrico- podría fundar un indeseable equívoco : creer que el tema se soluciona reemplazando a Thales Spectrum por cualquiera otra empresa del "mercado".

La UTPBA, hace ya más de dos años, denunció que en el monitoreo de las estaciones radioeléctricas, a cargo de ese grupo extranjero, había notables falsificaciones para respaldar decisiones políticas de eliminación de emisoras preferentemente en FM y AM. Tan cierto era esto que, en algunos casos, el Poder Judicial obligó al COMFER a retractarse de sus decisiones de declarar la "ilegalidad" y la "clandestinidad" de numerosos radiodifusores.

Ese clima de presunta "piratería" en el espacio radioeléctrico les dio pie a los integrantes de lo que ahora se conoce como el "viejo senado" para inventar un proyecto de ley, no aprobado, de penalización de aquellos que no tuviesen la autorización del COMFER para emitir, incluía la cárcel. Y también para que algunos jueces dictaran clausuras y decomiso de equipos de emisoras barriales, con un alcance de diez cuadras, bajo la acusación de interferir el descenso de aviones en Aeroparque aún durante el período en el que el sistema YLS, sobre el que oportunamente hicimos las debidas consideraciones técnicas, ni siquiera estaba en funcionamiento.

La privatización y extranjerización del espacio radioeléctrico nacional es escandalosamente inexplicable porque, en una comparación razonable, representa lo mismo que hacerlo con la Junta de Calificación de los docentes o con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial ; es decir : no se trata sólo de una descabellada oportunidad para la corrupción sino que forma parte de uno de los ejes del modelo neoliberal, que fue entregando al "mercado" todo el control de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

Por eso, para la UTPBA, en coincidencia con la anulación del contrato y la averiguación sobre si hubo corrupción -estableciendo las más severas penas para los responsables, con el reintegro de los fondos mal habidos- sostiene además que es preciso revisar todas las actuaciones que derivaron en clausuras y decomisos de emisoras en base a los falsos informes de esa empresa.

Ello sin olvidar en ningún momento, como dijo Jeremy Rifkin, citado en el último libro de los argentinos Claudio Schifer y Ricardo Porto, que la conversión del espacio radioeléctrico "de patrimonio público -administrado por el gobierno en representación de sus ciudadanos- en un dominio electrónico privado -controlado por los gigantes mundiales de las comunicaciones- altera radicalmente la relación entre la gente y las empresas. Al perder la propiedad del espectro, el acceso de los ciudadanos a los medios que les sirven para comunicarse queda a merced de un puñado de multinacionales".