"Hay que disolver el régimen privado de fondos de pensión (jubilaciones) de Argentina" Carlos Lozano

Por Claudio Lozano
Línea Digital

El debate sobre el régimen privado de fondos de pensión. Las definiciones del Gobierno nacional y sus consecuencias. La propuesta del Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA).

El gobierno nacional ha planteado un importante debate respecto del régimen privado de fondos de pensión que está signado por tres definiciones.

La primera está referida a lo que se menciona en el punto 32 del memorando de política económica que el Gobierno elevó al Fondo Monetario Internacional. Allí se establece que entre marzo y setiembre del año 2004 se discutiría en el Parlamento argentino un conjunto de reformas a la seguridad social.

El segundo dato brindado por el Gobierno es la presentación que hiciera el Ministerio de Economía ante los acreedores privados de la deuda argentina. Una parte de la propuesta dice que el régimen privado de fondos de pensión se mantendría hasta el año 2018, con el objetivo de que la mitad de los fondos captados por este régimen tengan por destino financiar al sector público.

Y la tercera definición del Gobierno en este debate es la puesta en circulación desde el Ministerio de Trabajo del denominado ’libro blanco’, cuya propuesta, lejos de impulsar la construcción de un nuevo régimen público, lo que hace es buscar mecanismos que organicen y hagan más eficiente el régimen privado actual.

Este es el escenario planteado, y por eso es importante remarcar algunas cosas. La primera es que debemos recordar lo que implicó la instauración del régimen privado de fondos de pensión en nuestro país. Significó un fuerte proceso de descapitalización del régimen previsional público y, consecuentemente, del propio sector público argentino. A partir de esto, se han perdido aproximadamente unos 3.900 millones de pesos anuales, que son los aportes de los trabajadores activos que antes financiaban el régimen público y que hoy van a las administradoras privadas.

Por otra parte, ese proceso de descapitalización dio lugar a un proceso de endeudamiento del sector público, que se dio a tasas descomunales de interés, y que fue lo que las administradoras presentaron como rentabilidad mentirosa al conjunto de sus afiliados. Esto representó prácticamente el 65% del endeudamiento que el Estado argentino tuvo desde el año 1994 hasta el 2001.

O sea, descapitalización y, seguidamente, endeudamiento del sector público.

Finalmente, es importante remarcar que el otro efecto que produjo el régimen privado de fondos de pensión fue la sustancial reducción de la cobertura previsional. Es decir, de la cantidad de gente que llega a la edad de jubilarse y que podrá realmente hacerlo por vía de este régimen. En la práctica, y a pesar de que hoy la información que circula habla de 9 millones de afiliados amenazados con la pérdida de sus fondos, lo cierto es que de esos 9 millones sólo están aportando alrededor de 3 millones. Es decir que sólo el 30% del total de ellos son los que siguen aportando y los que, en todo caso, podrán jubilarse por vía de este régimen.

El resto de los afiliados ha dejado de aportar como consecuencia de las condiciones que tiene el mercado laboral argentino : alto desempleo, elevado nivel de clandestinidad y bajo nivel de ingresos de la población. En proyección, el 70% de los afiliados a las administradoras no se van a poder jubilar, sino que en todo caso van a tener que ser sostenidos por el Estado a través de alguna pensión.

Resulta muy absurdo que, en este contexto de descapitalización, endeudamiento del sector público y reducción de la cobertura previsional, lo que haya trascendido en la propuesta presentada a los acreedores sea la estrategia de perpetuar el régimen privado de fondos de pensión y de mantener la lógica por la cual los fondos de quienes pretenden jubilarse vayan a financiar los pagos por deuda del sector público.

Nuestra propuesta

Lo más razonable que tendríamos que plantear es la disolución del régimen privado de fondos de pensión y permitir, de este modo, la afirmación de un proceso que permita que el Estado retome el control de los fondos que aportan los trabajadores activos anualmente. Que el Estado pueda controlar los cerca de 4 mil millones de pesos que hoy están manejados por administradoras que no garantizan su futuro y por otra parte, que se pueda diseñar un nuevo régimen público previsional.

Este nuevo régimen público podría ponerse en práctica en tres tramos :

El primero que significaría cubrir con una prestación básica y universal a todos aquellos que llegan a la edad de jubilarse y que, por determinadas razones, no pueden demostrar sus años de trabajo, ya sea por una situación de desempleo o por los niveles de ilegalidad e informalidad laboral. Es decir, implementar una prestación básica, equivalente a un haber mínimo, que esté garantizada para todos aquellos que tengan más de 65 años.

La segunda etapa de este esquema previsional que proponemos tiene que ver con crear un sistema similar al de reparto histórico. Similar porque se financiaría con los aportes de los trabajadores en actividad y que iría fijando los niveles del haber jubilatorio en función de los años de aporte que cada uno efectivamente realiza.

Y finalmente dejar abierto, de manera absolutamente optativa y voluntaria, la posibilidad de que quien pueda o quiera haga un aporte para una capitalización individual, pero en instituciones que no sean de carácter financiero sino de carácter social y sin fines de lucro, para no seguir habilitando a los bancos como administradores del régimen de pensión.

Estos serían los tres tramos de un nuevo régimen previsional a construir en base a la disolución del régimen privado de fondos de pensión actual sobre la base de retomar el control de los aportes de los trabajadores activos.

Qué hacer con los aportes ya hechos

En este punto, la ofensiva política y legal tiene que estar dirigida a que las administradoras estén obligadas a responder por los fondos de quienes efectivamente los depositaron. El Estado tiene que fortalecer y acompañar la demanda de quienes aportaron para que esos fondos no se pierdan. Además deberían preverse mecanismos tributarios, impositivos, o contribuciones de emergencia que permitan la devolución de estos fondos sin que pierdan su valor en pesos a futuro. En la práctica es muy probable que lo más conveniente, en términos sociales, sea utilizar estos fondos para recapitalizar el nuevo régimen público que construyamos.

Lo que también corresponde decir es que, a diferencia de lo que ha pasado con la negociación oficial, los fondos de las administradoras deben ser pesificados. Nosotros no podemos seguir manteniendo una discusión que supone que el Estado argentino debe devolver dólares o que la discusión del régimen previsional deba hacerse en dólares. Hay que garantizar que la gente pueda jubilarse en la moneda local, y que se mantenga la capacidad de compra de aquello que ahorró en la moneda de su país. Debe quedar claro que las divisas en nuestro país son escasas y se necesitan para otros menesteres que tienen que ver con el desarrollo general y las operaciones comerciales y financieras de la nación. Las divisas no pueden ser dilapidadas en una discusión de esta naturaleza, cuando además jamás existieron, ya que los aportes de los trabajadores se realizaron en pesos y la mistificación de la convertibilidad hizo que aparecieran como presentación en divisas.

Se trata entonces de disolver el régimen de las administradoras, preservando los ahorros que quienes depositaron en ellas, y de construir, con la recuperación de los fondos de los trabajadores activos año a año, un nuevo régimen previsional sobre la base de estos tres pilares. Porque no es justo que la consecuencia de un régimen nefasto de esta naturaleza la tenga que pagar la gente, que además fue inducida a incorporarse al régimen privado. Quienes en todo caso deben pagar esta situación son quienes fueron beneficiarios directos del mismo.

Una alternativa presupuestaria

En la alternativa presupuestaria que nosotros presentamos (ver presupuesto 2004) se explica claramente que hoy existen condiciones para poner en marcha estas discusiones. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que los cálculos en materia de recaudación presentados por la autoridad económica, indudablemente conservadores, indican que se están ocultando recursos que efectivamente van a existir y que están por encima de los 3 mil millones de pesos adicionales. Además, el Estado va a tener un superávit que va por encima de lo que necesita financiar en materia de deuda. Por lo tanto, hay alrededor de 5.300 millones de pesos que están disponibles en el Presupuesto sin que figuren como tales. Con ese dinero se podría financiar una propuesta que ponga en marcha políticas universales en la sociedad argentina, con sesgos claramente distributivos.

¿Qué significa esto ? Hoy se podría poner en marcha un pilar universal básico para todos los mayores de 65 años que no tienen cobertura previsional. Nosotros demostramos en nuestra propuesta que se pueden pagar 200 pesos a alrededor de 550 mil mayores de 65 años que no tienen cobertura previsional de ningún tipo, dejando de lado las posturas mas asistencialistas y absolutamente restringidas como la del subsidio para los mayores de 70, que está incluido en el Presupuesto pero que sólo se entrega si esa persona demuestra su más absoluta pobreza.

Para nosotros la cobertura previsional es un derecho de carácter universal, al cual debe acceder todo aquel que ha finalizado su vida activa. Entonces, serían 200 pesos que se pueden pagar a los que no tienen nada, sería una asignación equivalente al haber mínimo hoy vigente para todos aquellos que no tienen siquiera el haber mínimo.

La propuesta se completa con la extensión de una asignación universal por hijo y con el fortalecimiento de las estrategias de inversión en áreas sociales. Además, sería necesario un replanteo del régimen de coparticipación para privilegiar los fondos sociales que igualen los derechos en las diferentes regiones del país. Este sería un programa de transición que nos permitiría poner en marcha la estrategia del Seguro de Empleo y Formación que la Central viene planteando.

Transparentar el debate

La cuestión previsional es lo suficientemente importante como para transparentar el debate y permitir la más amplia participación, fundamentalmente de los involucrados : los trabajadores.

Debate que, además, debe permitir dirimir las contradicciones que hasta hoy han aparecido. Por un lado, el Gobierno muestra los problemas que tiene éste régimen y por otro, en la propuesta de restructuración con los acreedores, dice que lo va a perpetuar. También es contradictorio que se señale que habrá una poda sobre los ahorros de quienes han aportado y, al mismo tiempo, entre las ofertas de reestructuración se hayan planteado bonos que no implican descuento alguno en los fondos adeudados.

Lo concreto es que hay tres cuestiones que son objetivas. El punto 32 del acuerdo con el FMI ; el acuerdo para reestructurar la deuda que establece que el régimen se perpetuaría hasta el año 2018, y que esos fondos se van a utilizar para cubrir los vencimientos de deuda posteriores al 2004. O sea que en el 2005 y el 2006 los fondos de pensión serían utilizados para cubrir el nivel de endeudamiento que tiene el Estado argentino.

Y finalmente la circulación del libro blanco, que lleva como propuesta reformar el régimen privado pero manteniendo sus términos y trasladando a toda la población activa al régimen privado. Si el Ministerio de Economía está presentando en su propuesta a los acreedores la idea de que las administradoras van a vivir con nosotros hasta el 2018, es porque tiene una estrategia en esa dirección.