Ha comenzado en Argentina otra batalla en la Guerra de las Tarifas.

Las empresas concesionarias de servicios públicos insisten en 50% ; el Ejecutivo Nacional no les concederá más de 20% ; los consumidores insisten en que, en ese caso, el Gobierno debe bajar impuestos para compensar a los usuarios ; y lo peor es que la renegociación de contratos que permita una recomposición justa, no se ha producido.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, firmó la resolución administrativa que dispone el aumento de 7,2% para el gas y 9% para la electricidad, pero se incorporará a un decreto de necesidad y urgencia que espera que lo refrende el presidente Eduardo Duhalde y luego irá al Boletín Oficial.

Duhalde hoy regresa de la cumbre económica que se realizó en Davos, Suiza.

Los ajustes son similares a los que el Gobierno intentó aplicar en diciembre pasado, mediante un decreto de necesidad y urgencia : del 7,2% para el gas y de entre el 9 y el 10% en electricidad.

Entre los considerandos del decreto, que Josefina Giglio, del porteño diario La Nación, anticipó, se sostiene que "la prohibición de aplicar cláusulas indexatorias (...) expresados en la Ley 25. 561 (...) en modo alguno coartan el derecho a las revisiones tarifarias (...)".

Varios magistrados se basaron en la Ley 25.561, conocida como de Emergencia Económica, para suspender en su momento los aumentos.

El decreto también menciona que los aumentos son a cuenta de la negociación final con las empresas y hace hincapié en las facultades que se atribuyó el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 120 (publicado el viernes en el Boletín Oficial) para establecer "en forma transitoria y hasta que concluya el proceso de renegociación de los contratos (...) revisiones, ajustes o adecuaciones tarifarias para dichos contratos que resulten necesarias (...) para garantizar a los usuarios la continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones de tales servicios".

Las entidades defensoras de los consumidores, el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, y la defensora porteña, Alicia Oliveira, insisten en que debe renegociarse, previamente, la totalidad de los contratos para establecer, mediante audiencias públicas, si corresponde otorgar aumentos a las empresas.

El representantes de los usuarios ante la Comisión Renegociadora de los Servicios Públicos, Ariel Caplan, declaró que las entidades de consumidores "van a plantear judicialmente la ilegalidad e inconstitucionalidad" de las normas que disponga el Poder Ejecutivo para autorizar los aumentos en tarifas eléctricas y de gas. Dijo que el Decreto 120 es "ilegal e inconstitucional", por entender que ninguna norma de este tipo "puede derogar o modificar una ley : el Poder Ejecutivo no se puede autorizar a sí mismo a conceder los aumentos de una forma que la ley prohíbe".

El diario Ámbito Financiero recordó que en el World Economic Forum, en Davos, el presidente Duhalde hizo referencia a la recomposición de los contratos con las empresas de servicios públicos al reconocer que "la seguridad jurídica vinculada con los contratos es importantísima y estoy de acuerdo en que debemos reinstaurarla lo más inmediatamente posible", pero lo tamizó con el contexto crítico, al advertir que "también está la seguridad jurídica vinculada con los derechos humanos básicos, que en una situación de las características de las que vivió la Argentina se torna realmente dramática".

El sábado, Duhalde dijo a la salida de su reunión con Anne Krueger, la directora-gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional, que le había asegurado que el gobierno concedería a las empresas de servicios públicos un incremento adicional al que está previsto para febrero. "Es un problema menos que queremos dejarle al próximo gobierno", declaró el Presidente.

Pero luego el gobierno ha negado que otorgue otro incremento en abril, y entonces apareció la cuestión de fondo : el FMI pidió, en nombre de las empresas concesionarias, un 50% ; y Duhalde no quiere otorgar más de 20%.

También el ministro Roberto Lavagna reiteró que con los actuales niveles tarifarios "las empresas no tienen déficit operativo".

Según las empresas, Lavagna na considera que con el cuadro tarifario vigente, las empresas no invierten en tecnología e, inclusive, sacrifican el mantenimiento : en el corto plazo los servicios se deteriorarán.

Lavagna reiteró que no hay ningún compromiso con el FMI en torno de las tarifas de los servicios públicos, salvo una definición muy general de que se tomarán en cuenta los ajustes necesarios, y en esto el gobierno seguirá con la política de ajustes mínimos.