Falta de electricidad en Argentina otro capitulo de una vieja historia

Por Víctor O. García Costa
5 de mayo del 2004

Las jóvenes generaciones argentinas, desconocen el poder corrupto y corruptor de las empresas de electricidad en la Argentina y las múltiples formas que han tenido y tienen para no cumplir sus obligaciones contractuales. Lo mismo podría decirse de las empresas del agua, el petróleo, el gas y los ferrocarriles, hoy todas en manos privadas.

Los que no pueden alegar ignorancia son los dirigentes políticos argentinos. Ni los jóvenes ni los maduros, porque esa vieja y repetida historia del incumplimiento y la corrupción de las empresas de electricidad está escrita, hasta el más mínimo detalle, en los varios tomos del Informe de la Comisión Investigadora de los Servicios de Electricidad, creada en 1943 y que se expidió en 1945, presidida por el Coronel Matías Rodríguez Conde, que aconsejaba el retiro de las personerías a CADE y CIADE porque "estas compañías son focos de explotación pública y de corrupción política y administrativa", y promovía la declaración de utilidad pública de los bienes de esas empresas y su posterior expropiación. Este Informe, del que se hicieron 1.000 copias, primero fue ocultado por orden del gobierno de facto y, luego, sometido a mil maniobras dilatorias durante el gobierno del general Perón, hasta que prescribieron las acciones penales.

No pueden ignorarla porque esa historia está en los libros, trabajos y exposiciones de Jorge del Río, Juan Sábato, Antulio Pozzio, Héctor Iñigo Carrera, Carlos Sánchez Viamonte, Ramón A. Muñiz, Adolfo Silenzi de Stagni, y en los estudios de los Centros de Estudiantes de las Universidades y de la Asociación del Personal Superior de Agua y Energía. Es una larga historia de actos de corrupción que se repiten desde los orígenes de las concesiones, en 1907 y 1912, hasta nuestros días.

Esa historia también está en el Informe de mayoría de la Junta Consultiva Nacional, de 1956, que concluyó pronunciándose contra las ordenanzas del escándalo, 8028 y 8029, de 1936, que prorrogaron las concesiones 21 y 25 años más, antes de que vencieran en 1972 y 1977, llevándolas a 1993 y 2002, respectivamente, ordenanzas obtenidas mediante el pago de coimas. Ello dio origen a la designación por el Poder Ejecutivo de una Comisión Asesora que se expidió en 1957, proponiendo la declaración de nulidad de las ordenanzas 8028 y 8029, la intervención a la CADE y la designación de un liquidador, nombramiento que recayó en el comodoro ingeniero Marcelo Aubone Quiroga.

Cuando se estaba en esa tarea, las empresas iniciaron una campaña periodística en el exterior, desprestigiando a la Argentina, al punto de que el gobierno suizo reclamó oficialmente. Como ha dicho el recordado doctor Jorge del Río, el gobierno de facto "temblando le pasó todo a los Tribunales", lo que le permitió a la CADE obtener una medida de "no innovar" de la que, como haría siempre hasta el final, se enganchó la CIADE. En tanto, en el exterior, el grupo SOFINA a través de su filial SODEC, organizada con leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y presidida por George Messersmith, que había sido embajador norteamericano en Buenos Aires, elaboraba la "salvación de las empresas", que se hizo mediante la ley 14.772, de 1958, y el inmediato Convenio definitivo por el cual : CADE reconoció la nulidad de la ordenanza 8028, pero no se volvió a la concesión originaria de 1907, se sustrajeron a la Municipalidad de Buenos Aires y a otras Municipalidades bienes que les pertenecían por aplicación de la cláusula de reversión, se constituyó una sociedad SEGBA, en violación de todas las normas del Derecho Administrativo, se liberó a CADE de la obligación de entregar las instalaciones bien conservadas y en funcionamiento, se revaluaron las empresas sobre la base de sus propios libros, se dividió el capital en privado y estatal y el Estado se obligó a comprar el capital privado, con lo que compró lo que ya le pertenecía, pagándolo dos veces. Todo se complementó y perfeccionó con la Ley de Energía 15.336, de 1960, que estableció el régimen de concesión que aún sufrimos y para cuya aprobación se trajo a legisladores en ambulancia y en silla de ruedas, sumando a la inhabilidad física una evidente inhabilidad moral.

En 1984, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, investigó la compra de la CIADE y concluyó en 1985 que "El daño moral causado al pueblo argentino y a sus instituciones es inseparable del perjuicio económico ocasionado al erario público". Pero nada pasó porque, otra vez, habían prescripto las acciones penales. Pura coincidencia, al mismo tiempo de producirse el informe, nos visitaba el canciller de la Confederación Helvética, Edward Brunner.

Creemos interesante recordar que Jorge Newbery, cuando fue Director de Alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires, ya había dicho : "...considerando simplemente como una cuestión elemental, no hay razón para que el servicio bajo un sistema, no pueda ser tan bueno y tan económico como el otro. Siendo todas las cosas iguales para ambos, el kilo de carbón no dará más unidades de calor ; estas unidades de calor no convertirán más agua en vapor ; este vapor no podrá ser transformado en más fuerza ; y esa fuerza no podrá rendir más servicio bajo un dueño, que bajo otro. Esto por sí sólo se explica y no lo mencionaría, si no fuera el hecho de que algunos parecen ignorarlo. No hay tampoco motivo alguno para que una corporación pública no pueda tener la misma inteligencia, competencia y economía como cualquier otra privada. Las compañías privadas no tienen, ni pueden tener, el monopolio de la inteligencia".

En 1975 publiqué un pequeño librito titulado "Un capítulo de una negra historia : la CIADE", donde están sintetizados todos los actos de corrupción realizados por las empresas eléctricas CADE, CIADE y ANSEC y la desvergonzada cohonestación del Estado argentino a través de los sucesivos gobiernos. Ese librito, que tuvo varias ediciones, se repartió por millares y fue utilizado y citado por varios diputados de la Nación en oportunidad de debatirse el informe de la Comisión Investigadora que trató el caso CIADE en 1984.

Ese trabajo nuestro concluía así : "...se ha salido a recorrer el mundo para entregarnos a otras empresas no menos poderosas, corruptas y corruptoras... Seguramente dentro de algunos años otras Comisiones Investigadoras nos contarán sobre el gran manejo de la corrupción y la perversión moral de estas empresas". Parece que no nos equivocamos. Esperemos que el final no sea el mismo de siempre.