Escándalo con la concesión eléctrica que se quedó con dinero de los usuarios de la Provincia de Catamarca en Argentina.

En San Fernando del Valle de Catamarca, que se prepara para una dura elección interna del justicialismo el 5 de enero y esto agita muchos ánimos, el titular de la Unión de Usuarios, Víctor Bollada, pidió que se rescinda el contrato de concesión eléctrica a Edecat.

El presidente de la organización de defensa al consumidor Unión de Usuarios, de Catamarca, Víctor Bollada, consideró que la empresa concesionaria del servicio provincial de energía incurrió en "graves" causales de rescisión de contrato al desconocer la rebaja tarifaria que tendría que haberse puesto en vigencia desde hace casi dos años.

Edecat es una empresa de los hermanos Taselli, quienes tuvieron la concesión de la mina de carbón en Río Turbio, Santa Cruz ; y se encuentran en la concesión ferroviaria El Metropolitano, como accionista de Trainmet.

De acuerdo al diario El Ancasti, de Catamarca, con la ratificación del órgano resolutivo que fijó tal rebaja, señaló que de acuerdo con el contrato de concesión, el Gobierno podría aplicar la más dura sanción y quitarle la explotación de la distribución de energía.

El dirigente consideró que la puesta en vigencia de la rebaja tarifaria por parte del Poder Ejecutivo "es simplemente el fruto de la participación de los usuarios representados por medio de sus instituciones en la Comisión de Renegociación". Cabe recordar que en el marco de esa comisión fue que en reiteradas oportunidades se reclamó una definición al gobierno del Frente Cívico y Social, que tenía en sus manos la firma del decreto en cuestión desde hace más de seis meses.

Por ello, señaló también que la confirmación de la Resolución ENRE 076/01 "pone en evidencia una grave falencia : todos sabemos que la secretaría de Servicios Públicos es crucial para la economía de Catamarca, por cuanto tiene que ver con los contratos de los servicios privatizados de agua y energía y los de obras públicas. En estas dos materias no puede haber dudas, ni dilaciones, y las decisiones que se toman deben ser en tiempo útil y no se puede dudar en eso. Los contratos, ya sea que estén bien o mal se cumplen sí o sí, y la regulación del ENRE y el Ejecutivo debe aplicarse sin hesitación alguna", afirmó.

"La empresa está sospechada de incumplimiento en la atención de las multas porque hay un proceso penal abierto en su contra, y si sumamos la apropiación indebida del dinero de los usuarios, pensamos que ya está inmersa en las causales de rescisión del contrato", señaló Bollada.

La "apropiación" a que se refiere el dirigente de la Unión de Usuarios es nada menos que, según cálculos estimativos, 11,5 millones de pesos que la empresa cobró de más al conjunto de usuarios residenciales y comerciales durante todo 2001 y 2002. Ese monto debería ser resarcido a sus clientes. Bollada sostuvo al respecto que "la tarea de determinar forma, modo y cuantía de lo que la empresa debe devolver es tarea excluyente del ENRE". Durante estos dos últimos años, en cada una de las facturas que la empresa envió a 85.000 usuarios cobró entre $4 y $600 extras, dependiendo del rango de consumo de cada uno.

Derivaciones

Según Bollada, la "tardía" aplicación de la resolución del ENRE 076 "trae terribles consecuencias en el proceso de renegociación, debido a que la empresa se apropió en forma incorrecta de importantes sumas de dinero que ahora se verá obligada a devolver. La interpretación de ese contrato en un período de casi dos años torna muy difícil el análisis sobre el cumplimiento empresarial", y "no sabemos si estas sumas retenidas indebidamente están reflejadas en los balances y si se realizaron previsiones para devolverlas a los usuarios".

"Además -agregó- retener dinero y no volcarlo en inversiones para mejorar el servicio es también una grave causal de incumplimiento en el contrato". Y marcó un paralelismo con la situación que se podría generar con el servicio que presta Aguas del Valle, al señalar que "algo similar va a ocurrir cuando se analice en el contrato de agua esa pseudo tarifa fijada por el decreto 334 , que modifica la tarifa y suspende los planes de obra de la empresa. Esto torna engorroso el análisis del cumplimiento de esta empresa".

"Esa dilación y el no tomar decisiones a tiempo por parte del poder público nos debe dejar una enseñanza, porque los gobiernos que sucedan a éste en el devenir de los 30 años que dura el contrato, no deben volver a incurrir en estas dudas y apelaciones al ENRE. Así no vamos por buen camino, ya que las empresas que buscan el lucro en su actividad, en cualquier resquicio de los contratos o de la regulación o el control del ENRE afectan los intereses de los usuarios", concluyó.