Argentina: Lucros para las Privatizadas, pérdidas para el Estado

En comparación al fanatismo privatizador de Menen y al simple continuismo de Duhalde, el gobierno implementa una política más diversificada en el terreno de los servicios públicos. Impulsa la reestatización en un caso (control del espectro radioeléctrico), la reprivatización en dos sectores (Correo y Lapa-Dinar) y renegocia los contratos baja amenaza de anular las licencias vigentes (Aguas Argentinas, Aeropuertos Argentinos). En otros segmentos renovó los contratos transfiriendo al Estado los costos de inversión (ferrocarriles y peaje), discute la letra chica del aumento tarifario que ya se ha puesto en práctica (electricidad y gas) y mantiene sin cambios el curso actual (petróleo).

Esta diversidad de orientaciones no se apoya en ninguna explicación. "Negociar caso por caso" es un simple postulado oficial que los funcionarios implementan sin ninguna justificación lógica. ¿Por qué en ciertos casos se debe aplicar un criterio y en otros el opuesto? Es un misterio que el gobierno considera innecesario develar. Convoca simplemente a confiar en la habilidad negociadora de Lavagna; como si el ministro actuara en representación de toda la población. Los legisladores han ratificado esta delegación de atribuciones, pero la opinión de los usuarios brilla por su ausencia. No hay audiencias públicas, ni consultas a los vecinos sobre el curso a seguir en el terreno de las privatizaciones.

El gobierno elude esta consultas porque conoce el clima de hostilidad que existe entre la población contra las empresas. Las últimas encuestas indican que 8 de cada 10 usuarios se opone a la continuidad de las concesiones y en muchos casos prevalecen pronunciamientos contundentes a favor de la reestatización.

En este marco Lavagna busca desactivar esta oposición con maniobras y gestos que aseguren la perdurabilidad de un gran negocio capitalista. Por eso el gobierno maneja con tanta cautela la introducción de los tarifazos. Kirchner demoniza a ciertos concesionarios (correos, aguas) para mejorar las relaciones con otros (petróleo, gas). Las fuertes críticas que exhibe en público son completamente olvidadas en las sigilosas negociaciones con las compañías. El presidente es un experto en el ejercicio de este doble discurso y en la enunciación de duras declaraciones en el país que se convierten en amigables comentarios en España o Estados Unidos. Mientras en las tribunas se afirma que "nada está resuelto en materia de tarifas", en las cartas reservadas enviadas al FMI aparecen las fechas de estos aumentos.

Todo el contorneo oficial apunta a ocultar la continuidad de la división neoliberal del trabajo que rige desde los 90 y que asigna los grandes negocios del sector público para las grupos privados y las pérdidas o inversiones para el Estado. Con algunos disfraces, este criterio persiste en la actualidad. La concesión del Correo fue, por ejemplo, anulada porque su rentabilidad resultó muy inferior a la prevista y ahora los 1000 millones de pesos del canon adeudado por el concesionario -el grupo Macri- se mantienen en un limbo jurídico; mientras la intervención estatal busca candidatos para la reprivatización.

La anulación de otra concesión (Thales Spectrum) ha provocado una gran sorpresa mediática, porque el incumplimiento de los contratos constituye un comportamiento habitual en la Argentina. Pero el respeto de ciertas reglas comerciales básicas no es una medida favorable al pueblo, ni un acto que permita abaratar los servicios públicos. Es simplemente una condición para que el conjunto de los capitalistas puedan hacer negocios dentro del marco legal que manejan y que los favorece.

Pero incluso en este terreno el gobierno se maneja con un cauteloso pragmatismo para evitar que la revisión de algunas estafas derive en un reclamo generalizado contra las privatizaciones. Por eso necesita ocultar que los argumentos utilizados para revocar una concesión resultarían aplicables a la gran mayoría de las concesiones. La justificaciones expuestas para hacer caer el contrato de control radioeléctrico (es un sector estratégico, se registraron irregularidades, los informes de la auditoria sobre el manejo del servicio son negativos, los compromisos de inversión no se cumplieron) podrían recaer sobre cualquier otra empresa privatizada.

En lugar de resaltar estas contradicciones los economistas heterodoxos aplauden el pragmatismo gubernamental. Descalifican la "oposición simplista entre privatismo y estatismo" y se manifiestan "contra ambos extremos". ¿Pero cuál es la conveniencia social de apuntalar esta ausencia de criterios y reivindicar la arbitrariedad del gobierno de turno?

Para implementar un modelo de re industrialización y recomposición de los ingresos populares hay que recuperar el manejo y la propiedad pública de las empresas estratégicas. No se trata de una opción, sino de una necesidad. El dominio público directo de los recursos y de las actividades claves de la economía es vital, porque en estos ámbitos se definen los principales precios y los costos determinantes del proceso productivo. Especialmente en un país periférico y dependiente como Argentina este manejo público es imprescindible para afrontar las presiones de las grandes multinacionales.

Algunos heterodoxos afirman que la propiedad pública es innecesaria si el estado logra capturar la renta de los recursos naturales esenciales como el petróleo y el gas. Pero hasta ahora la experiencia ha demostrado que este dominio es impracticable con la privatización. Los concesionarios conocen, manejan y manipulan los datos requeridos para discriminar la renta de la ganancia. En todo caso un sistema de control eficiente terminaría siendo más costoso e ineficaz que la apropiación pública directa.

Como reconstruir los servicios públicos

Brindarle carta blanca al gobierno para analizar los contratos "caso por caso" sólo conduce a perpetuar los servicios actualmente costosos e inaccesibles para la mayoría de la población. En ciertas actividades como el agua la situación es dramática porque el incumplimiento de la concesión ha dejado a millones de personas sin agua potable, ni cloacas, mientras la empresa se niega a invertir e intenta destinar sus ingresos a la cancelación de injustificables pasivos externos.

Esta misma ausencia de inversiones ha determinado una situación de latente colapso en el terreno eléctrico que sale a la superficie cuándo la reactivación incrementa la demanda. La carencia estructural de inversiones determina cortes de energía por el simple repunte de la producción, mientras que las tormentas desembocan en invariables apagones. Penalizar a las compañías con multas por estos descalabros no resuelve los problemas de los usuarios. En tanto, apostar a que finalice la construcción de Yacyretá o Atucha II para incrementar el caudal energético equivale a reconocer otra vez que el Estado se hace cargo de las inversiones. La pregunta es siempre la misma. Si las inversiones en represas, en centrales o en caminos las realiza el Estado: ¿Qué sentido tiene mantener la privatización de los servicios?

La propia revisión actual de los contratos confirma que la anulación de las privatizaciones no exigiría ningún tipo de indemnización. Más bien deberían ser las concesionarias quienes deberían reparar el daño que provocaron en los últimos años, cobrando tarifas dolarizadas o remitiendo al exterior utilidades a cambio de irrisorias inversiones. La reestatización no supone volver al viejo manejo burocrático y mafioso de las empresas públicas ya que, en tal caso, el remedio sería tan dañino como la enfermedad.. Hay que introducir una nueva modalidad de gestión democrática tripartita compartida por funcionarios, trabajadores y usuarios.

La prioridad de este programa es el sector que el gobierno mantiene bajo un total silencio: el petróleo. Kirchner preserva aquí una antigua asociación con REPSOL-YPF, que renueva en cada viaje a España. No hay que olvidar que varios de los hombre claves de su gobierno (Parrilli, Féllner, Gaviola ) jugaron un papel definitorio en la venta a Repsol. El daño que provoca esta privatización al conjunto de la economía nacional es inconmensurable. La principal petrolera continúa gozando el privilegio de liquidar en el exterior el 70% de las divisas obtenidas de la exportación, mientras lucra con la brecha existente entre el precio internacional (28 dólares) y el costo local de explotación (4 a 10 dólares). Solamente el año pasado el balance de REPSOL-YPF indicó 1.800 millones de dólares de ganancia.

Se estima que entre enero del 2000 y septiembre del 2003 el conjunto de las compañías de este sector facturaron 12.600 millones de dólares y reinvirtieron 4000 millones. Los 8.600 millones de dólares que se embolsaron constituyen una suma más que suficiente para encarar un ambicioso plan de inversiones en todas las áreas deficitarias de los servicios públicos. El dinero que no puede autogenerarse en el terreno ferroviario, energético o del agua -manteniendo o reduciendo las tarifas actuales- podría obtenerse de esa renta petrolera. Si las empresas públicas son reorganizadas como un sector financieramente unificado sería factible una redistribución de este tipo de las inversiones.

Pero este programa requiere también la reconstrucción racional de los servicios que fueron destruidos por el menemismo y que el gobierno actual está emparchando con acciones demagógicas o ridículas. La reactivación de un "tren social", que transporta a los empobrecidos mediante agotadores viajes que el ómnibus realiza en pocas horas, sólo convalida la segmentación de los servicios entre un sector eficientes disponible para los ricos y la clase media y otro segmento de unidades destartaladas para los pobres e indigentes. Con los fondos surgidos de la unificación financiera de los servicios públicos se podría achicar esa brecha poniendo en marcha un plan de modernización de los ferrocarriles y apuntando, también, hacia la reconversión de este medio para incrementar el transporte de cereales. Resulta posible rehabilitar toda la red y recrear los puestos de trabajo para avanzar en un modelo de servicios públicos baratos y eficientes.

Por el EDI *
Buenos Aires, enero del 2004

* Grupo de Economistas de Izquierda compuesto por: Luis Becerra, José Castillo, Alfonso Florido, Guillermo Gigliani, Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchim, Andrés Méndez y Pedro Resels.