Una mayoría de Senadores peronistas está en favor de la impunidad y no quieren tratar la nulidad de la leyes

Por Eduardo Tagliaferro

El complejo entramado judicial y político que garantizó la impunidad de los crímenes de la última dictadura militar no parece tarea sencilla de desmontar. A la creciente oposición que un amplio sector de diputados peronistas muestra a la hora de avanzar en la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se le suma el recelo que evidencian varios senadores del PJ. No dejó de sorprender que fuera la duhaldista Mabel Müller la que arriesgara públicamente que "casi la mayoría" del bloque de senadores estaría en desacuerdo con votar la nulidad de las leyes del perdón. Aunque el debate recién comienza y no está definido que el tema pueda sortear la Cámara baja, los peronistas del Senado esbozaron sus posiciones en la reunión que la bancada mantuvo antenoche.

"El bloque no tiene posición tomada, no es cierto que la mayoría está en desacuerdo con sancionar la nulidad de ambas leyes", comentó a este diario un destacado senador del oficialismo que estuvo presente en la primera reunión del bloque en la que comenzó a discutirse el tema. Más allá de que el legislador pretendía minimizar cualquier enfrentamiento entre el duhaldismo y el Gobierno, es evidente que en este punto los kirchneristas y muchos de sus aliados bonaerenses aparecen en veredas opuestas.

El encuentro no tuvo un lleno total pero concurrieron mucho más de la mitad de los 40 y tantos senadores justicialistas. El tema no figuraba en agenda pero fue inevitable desembocar en él. El riojano Eduardo Menem quiso advertir a sus colegas que los legisladores que al referirse al Punto Final y la Obediencia Debida hablan de derogación incurren cuanto menos en un grave desconocimiento, ya que ambas leyes fueron derogadas en el año ’98.

Para Menem la nulidad de las leyes es un tema judicial. Esto implica que la decisión es un resorte de la Corte Suprema. Curiosamente, y aunque en la reunión de la bancada no dijo nada, Müller luego hizo suyos los argumentos de Menem. No por casualidad los duhaldistas supieron ser activos compañeros de ruta del menemismo. Menem también aventuró que conceder las extradiciones es ceder soberanía. Incluso criticó a "los jueces que vienen a buscar víctimas y victimarios sentados arriba del millón de cadáveres de la guerra civil española".
Fue otro riojano el que salió al cruce de las definiciones de Menem. Para Jorge Yoma, la cuestión pasa por ratificar la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad", adoptada por la ONU en 1968, convención que la Argentina firmó y todavía no ratificó (ver aparte).

Para Yoma, ratificar este convenio incorpora la figura de lesa humanidad y la imprescriptibilidad. Sus argumentos fueron en línea con los mismos que supo suscribir en sus reiterados intentos para que los gobiernos de Carlos Menem primero y de Fernando de la Rúa después lo ratificaran. Lejos de desatarse una polémica, el resto de la bancada escuchó en silencio las dos posturas. Más de uno habrá pensado que podían evitarse la discusión, ya que hoy por hoy el tema está en Diputados y nada asegura que quienes se muestran partidarios de declarar nulas las leyes cuenten con los votos necesarios.

"Estamos de acuerdo con que hay que enterrar el hacha. La discusión es si se la entierra sucia de sangre o limpia", le dijo el santacruceño Nicolás Fernández a Página/12. En su parábola el hacha serían las diferencias entre los argentinos y enterrarla limpia sería hacer justicia con los aberrantes crímenes de la dictadura. En nombre de la seriedad jurídica menemistas y duhaldistas vuelven a unirse contra la nulidad de las leyes de impunidad.

El Gobierno tiene la clave sobre los "Crímenes Imprescriptibles"

El Gobierno tiene en sus manos la llave para que la Justicia avance en el juzgamiento del plan genocida llevado adelante por la dictadura militar. De ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, firmada por la Organización de las Naciones Unidas en 1968, la demora de la Corte Suprema en definirse sobre la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sería un dato menor.

También se convertiría en un debate de poca trascendencia la discusión parlamentaria sobre la nulidad de las leyes de impunidad. Luego de la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales tienen rango constitucional, por lo que de esta manera quedarían superadas muchas de las discusiones jurídicas sobre la ley más benigna o sobre la prescripción judicial de algunos delitos.

El tratado que en estos momentos tiene en estudio el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, fue también analizado por el presidente Néstor Kirchner y la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

La Argentina firmó su adhesión a la Convención de la ONU. Incluso ambas cámaras legislativas lo aprobaron en el año 1995. La ratificación por parte del PEN lo pondría en vigencia. El senador Jorge Yoma intentó sin éxito que los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa lo ratificaran. Entre sus puntos más salientes, el tratado contempla que "los crímenes de lesa humanidad y los de guerra son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que hayan sido cometidos".

También obliga a los Estados a adoptar las medidas para "hacer posible las extradiciones de acuerdo al derecho internacional".