Restructuración de la deuda argentina en "default"

"Tenemos que crear las instituciones en que la función del vigilante sea meter la finanza en vereda para que no lastime la libertad del pueblo".
Arturo Jauretche

La introducción en el tratamiento de este tema puede hacerse desde senderos alternativos. Uno de ellos puede ser el seguido actualmente por el Gobierno Nacional, donde lo económico es prácticamente excluyente y lo político social se manifiesta solo en el repudio a la actitud de los acreedores, lo que desvía totalmente la atención de lo que debería estar incluido en dicho tratamiento. Otro sendero es el que debería ser el elegido, consiste en el tratamiento integral del tema, comenzando por lo jurídico político y, una vez determinada la legitimidad o no del total o de parte de la deuda, avanzar en lo económico y social.
A partir de esto, se debe analizar sobre las implicancias integrales de la pretendida reestructuración de la deuda que, por cierto, no será la primera que debemos absorber desde el punto de vista económico-social y político.

¿Qué implica la reestructuración de la deuda en default ?, cuya realización fue ordenada por el Poder Ejecutivo Nacional al Ministerio de Economía, en virtud de las facultades que le fueran otorgadas por el articulo 65 de la ley 24.156, que viola la Constitución Nacional, posibilitándole dictar para dicha decisión los Decretos Nº 319/2004 y Nº 1735/2004.

Ante todo, implica que el Gobierno Argentino reconoció como propia y legítima a la totalidad de la deuda externa, cargada sobre las espaldas del Pueblo Argentino por las dictaduras genocidas y los posteriores Gobiernos Constitucionales, que incluyeron en el total de la misma la deuda externa contraída por los empresarios que, prácticamente, iniciaron un sostenido proceso de enriquecimiento ilegal e ilegítimo desde la dictadura de Onganía, aumentando el ritmo de apropiación de la riqueza nacional en los tiempos de los genocidas Videla y Cía., y manteniendo el mismo bajo los gobiernos de Alfonsín y Menem, sin encontrar solución de continuidad visible a la fecha.

Por supuesto, también hicieron suyo el proceso de reestructuración de la deuda, diversas organizaciones empresarias cuyos principales miembros fueron beneficiarios de la estatización de sus deudas privadas externas, pero también la hicieron suya economistas "renacidos de las cenizas" (¿por ello el nombre de Plan "Fénix", bajo el cual están agrupados los Ferrer y compañía ?), a los cuales no les interesa la deuda interna, es decir la social. Y por si ello no fuera suficiente apoyo, también se manifestó a favor el triunviro Moyano de la CGT, así como legisladores que en tiempos de Menem apoyaron la transferencia a manos privadas del capital social acumulado por la Comunidad Nacional en el Estado, bajo la forma de privatizaciones o de concesiones, es decir, legisladores como Miguel Pichetto de Río Negro, Roxana Latorre de Santa Fe, Humberto Roggero de Córdoba, entre muchos otros de variados periplos políticos y orígenes.

Tal tipo de legisladores dijeron que la oferta constituye "una herramienta primordial para crear en el país una dinámica de desarrollo sustentable y útil para reinsertar a la Argentina en el escenario internacional". O sea, la misma mentira en que se basaron el plan Brady, el blindaje, el megacanje, y otros cuentos similares inventados por los economistas orgánicos del régimen. Las consecuencias están a la vista, más desocupación, más hambre, mayor concentración de los recursos naturales, entre ellos la tierra, el agua, los minerales, los bosques, etc. Por ello, en esta circunstancia no debe llamarnos la atención que también vuelvan a aparecer en escena los Domingo Cavallo y sus muchachos, entre los que se destaca, por la magnitud de los daños inferidos, Daniel Marx, "aprobando" la reestructuración de la deuda, gran parte de la cual se debe a las mencionadas mentiras y gestiones que ellos realizaron desde la última dictadura genocida hasta hace escasos años. ¿Regresan como "intelectuales" de consulta quienes deberían estar presos ?.

Pero la reestructuración de la deuda también implica que el Gobierno no manifiesta intenciones de recuperar las funciones privatizadas por el menemismo en las AFJP, ni de encarar un vigoroso proceso de generación de fuentes de trabajo genuinas y permanentes, mediante la plena recuperación de las empresas estratégicas privatizadas o concesionadas, por lo que debemos asumir que se pretende que los Argentinos continuemos sometidos a pagar una deuda que no contrajimos y que sí benefició a las minorías de siempre y a sus profesionales orgánicos, derramando algunos beneficios en un reducido sector de la clase media alta, o clase media a secas, por cuanto los otros tipos de clase media dejaron de estar presentes en el escenario nacional, al igual que una gran variedad de Trabajadores.

Además, significa también que por la no recuperación de las empresas estratégicas que fueron privatizadas o concesionadas, más temprano que tarde tendremos que continuar pagando incrementos periódicos en las tarifas de servicios básicos, para satisfacer las demandas del voraz poder financiero internacional. Eso sí, el Estado Nacional tendrá que recibir algunas empresas vaciadas y endeudadas por los empresarios que, encabezados por Menem, prometían llevarnos de la mano al "primer mundo", y los Argentinos tendremos que realizar nuevos sacrificios, incluso en términos de vidas humanas (como consecuencia del hambre, la miseria, etc.), para que las empresas abandonadas y hoy ineficientes vuelvan a ser eficientes, como lo eran cuando las recibieron graciosamente del Estado Nacional. Seguramente, luego serán reprivatizadas, porque está en la ideología de nuestros "estadistas" (¿ ?), o pésimos tenedores de libros.

La decisión del Poder Ejecutivo, de ordenar la reestructuración de la deuda, reconociendo globalmente en ella la ilegítima e ilegal, altera el orden jurídico y la división de los poderes consagrados por la Constitución Nacional. Cabe recordar que el Juez Jorge Ballestero, mediante fallo dictado el 13 de julio del año 2000 la declaró parcialmente ilícita y, por consiguiente, hasta que no se expida la Justicia, no debería efectuarse ninguna reestructuración. Esto implica que la deuda externa contraída en el lapso 1976-1983 está bajo investigación de la Justicia Federal Penal.

La reestructuración de la deuda externa en "default" totalizaría, según informe del Ministerio de Economía, 81.800 millones de dólares, para lo cual presentó el 1 de noviembre de 2004 la documentación requerida, a la Security and Exchange Commision en Nueva York.
La reestructuración nos afecta a todos los Argentinos por cuanto está relacionada, en primer lugar, con el superávit primario que proviene básicamente de los tributos fiscales que afrontamos y que estará destinado al pago de los servicios e intereses de la deuda. Ello implica que toda compra que efectuemos, todo servicio que requiramos y que están afectadas por algún tipo de impuesto, forman parte de una recaudación del Estado que, además de hacer frente a los gastos corrientes y normales de su administración, tendrá como objetivo el pago de los servicios y los intereses de la deuda que ordenó reestructurar. En segundo lugar, nos afecta por que viola el actual ordenamiento jurídico, al legitimar actos ilícitos por el reconocimiento de montos de deuda que actualmente forman parte de una investigación judicial basada en la sospecha de deuda ilegítima.
Además, según la documentación existente en la Justicia Federal Penal, la deuda que el Poder Ejecutivo Nacional ordenó reestructurar es la misma deuda que fue materia de la sentencia dictada y de las investigaciones mencionadas en párrafos anteriores, por cuanto se trata de simples reestructuraciones y refinanciaciones de la deuda original.

Por ello, la reestructuración ordenada implica que serían transferidos al exterior, en pago de intereses de la deuda ilegitima, alrededor de 4.000 millones de dólares, equivalentes al 3.9 % del superávit primario. Ello, sin contar las otras sumas que se transferirán también para el pago de la deuda con los organismos internacionales, responsables de actuación irresponsable en parte de la deuda externa Argentina, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre los principales. No olvidar que los 4.000 millones de dólares provienen de la recaudación fiscal, por lo que el pago afecta los derechos de incidencia colectiva, como los denomina el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Todo lo anterior implica que solo sería posible aceptar pagar luego que la Justicia Federal se expida, estableciendo si existe deuda legítima a pagar, o si los pagos efectuados desde 1976 a la fecha cubren con exceso los reclamos de los acreedores.
En cuanto se refiere a los tenedores de bonos, correspondería primero establecer el monto real del perjuicio y la forma de una retribución justa.
Los recursos financieros provenientes del superávit primario, hasta tanto no se resuelva lo explicitado en los párrafos precedentes, deberían ser usados para dinamizar la generación de puestos de trabajo e ingresos genuinos que contribuyan en la superación de la actual situación de pobreza, indigencia y hambre que enfrenta una significativa porción de la población Argentina.

Según las estadísticas, generalmente subestimadas en razón de la cobertura de las investigaciones de la Encuesta Permanente de Hogares-INDEC (EPH) que deja a un lado el medio rural, existían en Mayo/2003 trece millones de Pobres Urbanos de los cuales alrededor de seis millones trescientos mil eran indigentes Urbanos y una tasa de desempleo, cuya subestimación es aun mayor por la definición de desempleado y de Población Económicamente Activa asumida en las investigaciones del INDEC, estimada entre 14 y 18%, fácil es deducir la necesidad de usar en el País los miles de millones de dólares de superávit fiscal en la generación de trabajo permanente y genuino, recuperando la dignidad del trabajo, en lugar de aplicarlos al pago de una deuda externa fraudulenta.

Claro está, los economistas del sistema optaron por el pago de una deuda ilegítima e ilegal, postergando el derecho a la dignidad y la vida de generaciones de Argentinos. Aquí cabe recordar algunas de las sabias pautas programáticas contenidas en el Preámbulo de la Constitución Nacional, tales como los objetivos de "afianzar la justicia" ... "promover el bienestar general", y "asegurar los beneficios de la libertad" que, a estar por los hechos, fueron olvidados o postergados a espaldas del Pueblo por los tres Poderes de la Constitución, de la misma manera que fueron olvidados los Derechos y Garantías establecidos por los artículos 14 bis, 16, 24, 29, 40, 41, 42, 75, por solo citar algunos de los que tienen consecuencias de mayor gravedad.

Y ello es así, porque los tres poderes de la Constitución y dirigencias de los partidos políticos y gremiales, capturados parcial o totalmente por grupos de interés, defeccionó en la búsqueda del interés público, constituyéndose en instrumentos útiles para la concentración de riqueza por parte de sectores de privilegio, nacionales y extranjeros, aliados entre sí, o no, según los negocios, es decir, actuando todos los mencionados de acuerdo a las exigencias de los mercados financieros y no del bien común de los miembros que conforman la Comunidad Nacional. Desde los altos estamentos dirigenciales de la Nación, y sus ocasionales apoyos internos y externos, se sostiene que no existen elementos para investigar hacia atrás la deuda externa, a efectos de determinar la legitimidad o no de la misma.

Basta leer la documentación de la Causa ALEJANDRO OLMOS, para verificar la mentira de tal aseveración. Por lo contrario, existen suficientes elementos generados, incluso, desde organismos del Estado, como es el caso del Banco Central en el año 1984 que prueban la ilicitud de la deuda y la complicidad de economistas orgánicos del sistema, como los casos de Daniel Marx y Machinea, ya presentes en esos tiempos que hoy parecen tan lejanos y olvidados por las "memorias flacas" de numerosos políticos. En consecuencia, queda muy clara la ausencia de decisión política para poner en marcha la misma.

Dada la importancia de la documentación obrante en dicha causa, creemos de utilidad generar con ella un próximo boletín que contenga hechos delictivos y sus responsables, a efectos de que leyendo noticias pueda saberse a que intereses responden los políticos y economistas frecuentemente entrevistados por los medios del "mercado".