¿Responsabilidad social de las empresas o control democrático de las decisiones económicas ?

Este artículo trata de proponer por un lado un análisis crítico de la
doctrina de la « Responsabilidad Social de las Empresas » (la RSE)
actualmente impulsada por los lobbies vinculados a las transnacionales
como respuesta a las exigencias sociales y por otra a enunciar algunas
propuestas tendientes a lograr el objetivo, que también lo es de
ATTAC, de establecer pautas de transparencia y de control democrático
de las decisiones económicas que afectan a la sociedad.

La crítica global y la presión local : algunas propuestas

Resulta decisivo ser consciente de los riesgos para preservar la
evolución de ATTAC hacia una radical democratización ciudadana y de la
reapropiación por parte de los ciudadanos del funcionamiento de la
sociedad. Debemos mantener y desarrollar la crítica global del
capitalismo neoliberal, exigir el fortalecimiento de los derechos de
las organizaciones sindicales, de las ONGs de defensa de los intereses
de los ciudadanos, de los productores y de los consumidores, reclamar
a los poderes públicos la defensa del interés general en lugar de
continuar con sus políticas de desregulación y de privatización, que
enaltezcan los derechos sociales, que definan y fortalezcan las leyes
y los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales que garanticen
el respeto de tales derechos. Solo en este marco podrá desarrollarse
la inclusión del tema de la responsabilidad social, ecológica y
democrática de las empresas con el objeto de salir los discursos
huecos sobre la RSE y de las piruetas publicitarias y obligarlas a
ejercitar la transparencia sobre las condiciones sociales y ecológicas
de sus actividades propias o subcontratadas en todo el mundo y
preparar el terreno para la incorporación de regulaciones públicas
para las mismas. Se trataría de desarrollar una estrategia de
hostigamiento constructivo tomando al pié de la letra la virtuosas
proclamas de los dirigentes y exigiéndoles su traducción en acciones
concretas, evaluadas según indicadores objetivos establecidos y
controlados pluralísticamente.

La lucha por la responsabilidad social de las empresas, que debe
diferenciarse de la fraseología sobre la RSE, podría salir muy bien de
los estrechos marcos en que se pretende encerrarla ; la fuerza de las
ideas y de las aspiraciones democráticas no dará lugar a la
manipulación si los movimientos sociales se adueñan del debate,
formulan radicalmente sus términos10 y exigen transparencia y
evaluaciones independientes de los resultados "societarios" de las
empresas. ATTAC podría plantear en tal sentido una cierta cantidad de
principios y de propuestas concretas que tendría por objeto :

1º. Exigir una mejor aplicación del derecho existente

2º. Incorporar nuevos derechos para los trabajadores y los ciudadanos.

3º. Proveer informaciones confiables a los actores sociales y económicos (consumidores, otras empresas, sindicatos) y a los poderes públicos, con el objeto de apoyar las movilizaciones sociales y las políticas públicas.

Es importante, ante todo, reafirmar la necesidad de aplicar
rigurosamente las actuales leyes sociales y desarrollar nuevos
derechos . En el marco de la refundación social el Medef quiere
retrotraer la regulación pública ( leyes iguales para todos) en pro de
una negociación social descentralizada, con sindicatos fragmentados y
a menudo minoritarios. Los lobbies pro-RSE de las transnacionales
desarrollan estrategias similares (cf. Johannesburg) para producir
cortocircuitos en las tentativas de regulación pública internacional.
Contra la autorregulación de la actividad de las empresas, contra la
regulación por parte de organismos privados opacos y captados por las
empresas, contra la privatización del derecho y los patronazgos de las
transnacionales con socios más o menos representativos e
independientes, nosotros exigimos el fortalecimiento de la
intervención pública, el control de los Estados y de las instituciones
internacionales , primero para convertir en obligatorio el respeto a
las convenciones de la OIT (con sanciones penales para las
violaciones) y en hacer respetar simplemente los diferentes códigos
laborales. Esto pasa de manera insoslayable por el fortalecimiento de
los poderes y de los inspectores laborales, así como por la búsqueda
de nuevos métodos a nivel europeo e internacional.

Para favorecer la transparencia y la evaluación independiente del
comportamiento de las empresas, apoyamos la definición de indicadores
ambientales y sociales generales y obligatorios para aplicarlos a las
empresas multinacionales, y permitan evaluar sus prácticas ambientales
y sociales ( condiciones laborales y de empleo, derechos sociales,
revisión de la precariedad y las subcontrataciones...) Se crearían o
apoyarían instituciones ad hoc destinadas a elaborar indicadores y
ayudar a los actores a ponerlos en marcha y para sostener a las ONGs
independientes (a condición de que funcionen transparente y
democráticamente) encargadas de ayudar a los intervinientes y a los
poderes públicos a asegurar la rigurosa aplicación de dichos
indicadores.. En Francia se podría comenzar por actualizar y
especialmente a homogeneizar los indicadores del Balance social anual,
obligatorio desde 1978 para toda empresa con más de 300 empleados11 y
establecer la obligatoriedad de su publicación en internet como así
también el informe anual sobre la situación comparada de hombres y
mujeres en la empresa, (obligatorio desde 1983 para toda empresa con
más de 50 empleados) Los grandes grupos deberán incluir a sus
subcontratistas dentro de estos balances. Por otra parte será
necesario construir indicadores específicos para las PYMES.

Para una mayor independencia y transparencia de los métodos y de los
actores de la evaluación de los resultados de las empresas : quienes
intervienen en el terreno de la responsabilidad social y ambiental
(agencias de auditoria, oficinas de calificación, asesorías de
inversiones, etc) no serán creíbles sino se independiza absolutamente
su financiamiento de la financiación por parte de las empresas
evaluadas. Lo muestra claramente la experiencia de los recientes
escándalos financieros : los organismos de auditoria o de evaluación
financiados por las transnacionales no podrían pretender exhibir
confiabilidad democrática. Para asegurarla estamos convencidos de que
será necesario crear instancias públicas nacionales e internacionales
de evaluación ciudadana que podría de ese modo "etiquetar las
etiquetas" En el nivel nacional esta instancia podría reunir, bajo la
tutela de los poderes públicos, a los representantes de los
principales actores involucrados, empresas, sindicatos, asociaciones y
ONGs, colectividades territoriales) y servir de ventros de recursos y
de experiencias para esos actores, con el objeto de mejorar la calidad
y la comparabilidad de las evaluaciones. Una instancia similar debería
crearse a nivel internacional (asociando a la OIT, al PNUD y a las
ONGs independientes) para trabajar en el establecimiento de normas
internacionales comunes en materia de evaluación de las prácticas
empresarias.

Para fortalecer los contrapoderes a nivel empresarios estamos
convencidos de que se deberán fortalecer los derechos sindicales y la
independencia de los sindicatos con relación a las empresas, el
desarrollo de una estrecha colaboración entre actores internos
(sindicatos, organizaciones representativas del personal) y externos
(asociaciones, ONGs) tendientes al fortalecimiento de las reales y
autónomas capacidades de los expertos y al democrático funcionamiento
de las empresas. Se deberán en consecuencia ampliar las prerrogativas
de los Comités de Empresa con derecho a una intervención sobre las
decisiones empresarias más importantes en materia de empleo e
inversión ; la ampliación de los Comité de empresa con la incorporación
de una serie de actores de la sociedad civil y de las colectividades
territoriales ( que a menudo contribuyen a la financiación de estas
empresas y sufren en consecuencia sus decisiones) ;etc.

Para fortalecer los contrapoderes de los consumidores apoyamos el
desarrollo de acciones colectivas por parte de los consumidores por
medio de boicots (asociados con los sindicatos de las empresas
involucradas) o el comercio ético ; y por lo tanto al desarrollo de
etiquetas definidos en condiciones de transparencia y evaluación,
anteriormente citados referentes a los productos y a los servicios
provistos por las empresas que respetan estándares satisfactorios en
relación a los indicadores sociales y ambientales.

En cuanto a la de definición de políticas públicas estas deberán
incitar a cumplir los objetivos en materia de resultados sociales y
ambientales, planteados por los poderes públicos a nivel local e
internacional (ordenamiento del territorio, políticas de empleo,
protección del medio ambiente, etc) Estamos a favor de tener en cuenta
criterios sociales en los mercados públicos de los Estados de la Unió
Europea : los poderes públicos y las empresas públicas deberán
favorecer, en relaciones calidad-precio más o menos equivalentes a las
empresas que muestren (de manera creíble) resultados sociales y
ecológicos superiores. Se podrán llevar a cabo otras políticas de
apoyo (créditos bonificados, subvenciones, etc...) para favorecer
estas pautas, especialmente en relación a las PYMES.

A propósito de las inversiones socialmente responsables, presentadas a
menudo como una manera de favorecer la conducta socialmente
responsable de las empresas a través de la presión de los inversores,
es necesario distinguir, por un lado el ahorro solidario, y por otro
la tentativa de influir sobre las empresas a través del ahorro de los
asalariados invertido en los mercados financieros. El ahorro solidario
es legítimo como opción ofrecida a los ciudadanos que quieren
contribuir en proyectos de desarrollo comunitario, de utilidad social
o de desarrollo local, mediante una menor pero garantizada retribución
local. Por el contrario ATTAC se ha declarado en contra de los fondos
de pensión en general y contra la ley Fabius (o de su sucesor) sobre
los planes de ahorro salarial en particular. Tratar de impulsar la
inversión "socialmente responsable" con el fin de orientar el ahorro
de los trabajadores, de alguna manera asegurado por acciones
socialmente correctas es una ilusión que puede ser peligrosa. La
ilusión de querer moralizar los mercados financieros mediante la
introducción de criterios no financieros : también en el caso del
masivo desarrollo de los fondos de pensión en Europa (hipótesis
combatida por ATTAC) o de una conversión de los ricos ahorristas
individuales hacia la inversión "ética", no llegará a tener suficiente
tono crítico como para pesar sobre los fondos especulativos
"ordinarios".13 Ilusión peligrosa, sin duda, puesto que se alimenta
del flujo de recursos hacia los mercados financieros, refuerza la
lógica financiera en los comportamientos individuales y colectivos,
contribuye al desarrollo de la esquizofrenia salarial (apruebo mi
despido porque redundará en la suba de mis acciones) El hundimiento
financiero ha desacreditado ( al menos por un buen rato) la aventurada
orientación que incitaba a los trabajadores a querer influir en los
mercados financieros con su ahorro colectivo.

Conclusiones

ATTAC debe comprometerse en el debate sobre la responsabilidad social
y ambiental de las empresas. Este debate ha sido impuesto a las
transnacionales y a las elites dirigentes por los movimientos sociales
de estos últimos años : es nuestro debate. La codificación en ciertos
sectores de negocios de iniciativas de "Responsabilidad Social de las
Empresas" se apoya en compromisos a menudo débiles, raramente
verificables de modo independiente y generalmente definidos de manera
unilateral o por "patronazgos" que por lo general excluyen a los
sindicatos y a los poderes públicos nacionales e internacionales. Esta
iniciativa de autorregulación sobre bases voluntarias está acompañada
por la creación de instituciones y de organismos de evaluación y de
normalización dependientes, a veces financiados, por las
transnacionales , nosotros les contraponemos la construcción
controversial de instrumentos y de instituciones evaluadoras
independientes, las únicas susceptibles de garantizar, en nuestra
opinión, la sustentabilidad democrática y la eficacia social de los
procesos de responsabilidad social de las empresas.