Propuesta de reconstrucción popular de la economía argentina.

Tercer documento de los Economistas de Izquierda (EDI) *
Buenos Aires, marzo de 2003

RESUMEN

Este nuevo documento de los Economistas de Izquierda explica cómo financiar con el incremento de tributos al comercio exterior la inmediata extensión a todos los desempleados y la duplicación del monto de los planes Jefes y Jefas de Hogar. Interpreta que las clases dominantes pretenden estabilizar un nuevo patrón de miseria basado en el abaratamiento de la fuerza de trabajo y propone como alternativa un plan de crecimiento apoyado en la expansión de la demanda interna por vía del aumento de salarios, de los subsidios y de la creación de empleo.

El texto promueve restaurar el trabajo genuino mediante la contratación de personal por parte de las empresas beneficiarias de la devaluación-pesificación y describe cómo implementar un programa de obra pública sin la intermediación de los contratistas privados. Alienta financiar esta iniciativa cortando la gran evasión, introduciendo impuestos progresivos sobre las ganancias y eliminando el sistema privado de capitalización previsional. El documento reivindica las experiencias de gestión obrera que se desenvuelven en las fábricas recuperadas y propone leyes
orientadas a consolidar estos emprendimientos.

Se presentan ejemplos contundentes del fracaso de las privatizaciones y se señala que el comprobado incumplimiento de los contratos justifica la reapropiación pública de las empresas estratégicas sin ningún tipo de indemnizaciones. Destaca cómo podría instrumentarse en el futuro una gestión tripartita democrática y eficiente de estas compañías a cargo de administradores, trabajadores y usuarios.

El EDI plantea apuntalar todas las iniciativas comunitarias y los pequeños emprendimientos productivos con créditos de largo plazo y bajo interés, a partir de la creación de un sistema único de banca pública, que compense la expropiación sufrida por los pequeños ahorristas. Subraya que esta medida es además indispensable, para frenar la privatización de los bancos públicos y evitar el remate de las propiedades de los pequeños deudores.

Los Economistas de Izquierda proponemos cesar inmediatamente el pago de la deuda externa y puntualizamos varias alternativas de utilización provechosa de las divisas que el gobierno derrochó al abonarle al FMI y al Banco Mundial. Señalan que no es factible desenvolver una política económica autónoma sin poner fin a las negociaciones con el Fondo. Objetan tanto la alternativa de preservar estas tratativas con concesiones y pagos que desguasan la economía nacional y la sociedad, como la opción de transmutar desembolsos en subsidios a sectores capitalistas locales. El EDI también destaca que esta batalla contra la deuda es el pilar de cualquier avance en la integración latinoamericana.

El documento discute la eventualidad de una recuperación, destacando que un proceso de crecimiento favorable para la mayoría exige recomponer el poder adquisitivo de la población. También destaca que el control de cambios y el monopolio del comercio exterior constituyen los fundamentos de una transformación agraria que revierta el proceso de extranjerización y concentración de la propiedad de la tierra. Los Economistas de Izquierda recogemos ideas debatidas en asambleas, barrios y piquetes e inscriben su aporte en el marco del creciente reclamo y la movilización popular.

Buenos Aires, marzo del 2003

INTRODUCCIÓN

Durante el año pasado se registró la peor catástrofe social de la historia argentina que se venía gestando en la última década y cobró nuevas fuerzas una rebelión popular sostenida. En medio del hambre, la desocupación y el empobrecimiento general, la mayoría de la población se ha movilizado en piquetes, asambleas sindicales y reuniones barriales para discutir un camino de reconstrucción popular de la devastada economía nacional. En los cortes de ruta, las fábricas recuperadas y los encuentros vecinales madura un proyecto alternativo, que exige transformar los deseos en realidades y las consignas en programas. En esta elaboración colectiva participamos los Economistas de Izquierda y a partir de esas experiencias propiciamos las siguientes propuestas.

EMERGENCIAS FRENTE AL GENOCIDIO SOCIAL

La política económica de las clases dominantes apunta a consolidar el nuevo patrón de miseria que irrumpió durante el colapso del año pasado. Bajo la gestión del Ministro de Economía Lavagna la pobreza se expandió del 53% al 57,5% y la indigencia alcanzó al 24% de la población. El ministro hace malabarismos estadísticos para disfrazar estos datos y pretende revisar el índice de pobreza utilizando precios que solo existen en su imaginación. Pero ni siquiera estas fantasías pueden ocultar la tragedia social que sufre el país.

Este drama incluye el infanticido del 20% de los niños desnutridos y afecta a las familias que padecen la duplicación de la mortandad infantil y la generalización de la parasitosis. Las dificultades de aprendizaje ya están creando daños cerebrales a toda una generación confinada a la miseria y declarada "excedente" por el mercado.

La acción popular constituye el único dique de contención frente a esta degradación social. Lo que ha impedido un mayor número de hambrientos es la movilización de los desocupados y trabajadores contra los atropellos de la clase dominante. Este es el gran mérito de los piqueteros, de las asambleas y de las agrupaciones que batallan por garantizar la subsistencia de la población empobrecida.

El sistemático aumento de la indigencia confirma que este drama no se resuelve con algún punto de incremento presupuestario. Resulta impostergable la adopción de las medidas de emergencia que exigen las organizaciones populares : duplicación del monto de los planes de jefes de familia a 300 pesos, -en rigor este valor debiera alcanzar los 350 pesos para superar la línea de indigencia- su extensión de los dos millones de perceptores actuales a los tres millones de inscriptos, reincorporación de los beneficiarios caídos, ampliación de los planes a todos los parados y cobertura sanitaria generalizada. Estas medidas son el punto de partida para crear un subsidio de desempleo de 750 pesos, que supere la línea de pobreza, ambos montos deben ser indexados trimestralmente para mantener su poder adquisitivo.

Como ya es habitual el gobierno afirma que no cuenta con ese dinero. Pero los 4550 millones de dólares sustraídos durante el 2002 de las reservas para pagarle al FMI, al BM y al BID representan 45 veces lo que mensualmente se gasta en los desempleados. La suma entregada a los organismos internacionales hubiera sido más que suficiente para comenzar a duplicar los planes y extenderlos a todos los desempleados. También los 50.000 millones de pesos que hasta ahora fueron dilapidados en el rescate del sistema financiero local alcanzarían para solventar con creces estas medidas de emergencia.

En la actualidad, la fuente de recursos para afrontar este gasto es el uso parcial de los impuestos a las exportaciones (retenciones), gravando a los principales grupos beneficiarios de la devaluación. Se requiere una duplicación de este impuesto para que el subsidio de emergencia reclamado de $ 300 pesos pueda ser cobrado por los tres millones de desempleados.

Esta alternativa es radicalmente opuesta a la negociación en curso para financiar los planes con créditos del BID, ya que estos préstamos incrementan la deuda pública y anticipan los futuros ajustes que se implementarán para pagarla. Paliar la miseria con créditos que conducen al aumento de la misma es manifiestamente suicida. El BID exige, además, mantener congelado el subsidio en 150 pesos (es decir el 38% de la canasta básica de alimentos) frente a una inflación prevista del 22% para este año y promueve la reducción de 300.000 planes, junto con el traspaso de su control a los funcionarios del banco. El evidente objetivo es quitarle la relativa supervisión que han conquistado las organizaciones piqueteras. Para los Economistas de Izquierda rechazar este atropello y defender la gestión democrática de los planes por sus propios perceptores es la condición para una efectiva instrumentación de las medidas de emergencia.

EL MODELO EXPORTADOR DE REDUCCIÓN SALARIAL

Un aumento generalizado de los salarios junto a la derogación de la legislación flexibilizadora del trabajo resultan imprescindibles para impedir que los 150 pesos de los planes sean convertidos en un nuevo piso de los sueldos. Este abaratamiento apunta a inducir una mayor declinación del ingreso de los trabajadores. Al exigir rigurosas contraprestaciones laborales a cambio de la irrisoria remuneración de los planes se legitima un nuevo salario mínimo.

El gobierno intenta transformar, además, los planes en subsidios directos a los empresarios, a través de un programa de "reinserción laboral" que desconoce la cobertura sanitaria y previsional de trabajadores que rotarán a prueba cada seis meses y serán despedidos sin preaviso, ni indemnizaciones. Para evitar este atropello los EDI proponemos elevar inmediatamente el salario mínimo a 900 pesos, como primer paso hacia su establecimiento en los niveles actualizados de la canasta familiar.

Mantener achatados los salarios se ha vuelto una "política de estado" de toda la clase dominante. En el sector público ni se habla de aumentos y son generalizadas las rebajas nominales en el sector privado, a pesar del incremento del 40% de los precios minoristas durante el 2002 y en el comienzo de un año signado por previsiones inflacionarias del 22 %. No es la falta de recursos lo que impide la mejora, ya que el repunte de la recaudación -resultante de la inflación y del congelamiento de gastos- ha creado un superávit fiscal muy superior al programado. Pero como la prioridad del gobierno es cumplir con el FMI, sigue recortando el salario y pagando deudas salariales en bonos, cuya conversión en pesos provoca una desvalorización inmediata del 30%. Mientras que al BM y al Fondo se les pagó en dólares efectivos a los jubilados se les abona en cuotas, sabiendo que la mayoría no llegará a cobrar lo adeudado.

En el sector privado la clase capitalista dominante pretende preservar la baja salarial, para lucrar con la disminución del 30% de los costos laborales que provocó la masificación del desempleo. La tragedia que significa para un tercio de la fuerza de trabajo haber perdido sus puestos desde 1998 constituye una fuente de lucro para muchos empresarios. Como la caída salarial triplicó el derrumbe del PBI durante el 2002, los capitalistas aprovechan el florecimiento del trabajo precarizado que ya predomina en el 42% de las actividades laborales y que tiende a expandirse ante cualquier repunte de la demanda de trabajo. Mientras que la depresión destruyó empleos formales, los atisbos de recuperación incentivan el trabajo en negro que se realiza con medias salariales inferiores a 300 pesos.

El nuevo marco de explotación es tan regresivo que un reciente informe de la OIT evalúa que sólo el 28% del empleo vigente en el país puede considerarse "decente".
La jornada de trabajo actualmente promedia 55 horas semanales, frente a 35, 37 y 38 de Francia, Alemania y Gran Bretaña respectivamente y dos de cada tres horas extras no se pagan. Desde la introducción en 1997 del régimen de riesgos de trabajo (ART), la tasa de accidentes laborales ha crecido como consecuencia de la reducción del costo de las indemnizaciones.

El deterioro histórico del ingreso y de las condiciones de trabajo apunta a divorciar el salario del ciclo económico, preservando su actual achatamiento ante un eventual ciclo de recuperación. Pero el objetivo es también sostener el modelo de factoría exportadora que promueven los grupos más dominantes del capital. Esta estrategia exige mantener en el largo plazo la caída en dólares de los salarios argentinos, que actualmente se ubican entre los más bajos de Latinoamérica. Este abaratamiento de la fuerza de trabajo es festejado por los economistas que saludaron la devaluación o que convocan al "aprovechamiento de las ventajas" creadas por el nuevo tipo de cambio.

La estrategia económica predominante favorece al lobby exportador de las 80 compañías que concentran el 70% de las ventas al exterior. El gobierno subsidia directamente a este sector manteniendo un tipo de cambio alto y un nivel de retenciones marginal que encarece brutalmente el costo de los alimentos. Por eso los beneficios de los exportadores se traducen en padecimiento para los consumidores populares, que han soportado durante el año pasado incrementos del 75% de los precios de la canasta alimenticia.

También los bancos acreedores alientan el modelo exportador porque un alto superávit comercial nutre las divisas que adquiere el estado para pagar la deuda. La política cambiaria del gobierno apuntala esta estrategia sosteniendo la brecha entre el aumento del dólar (200-250%) y los precios internos (40%) que siguió a la devaluación.

TRABAJO GENUINO PARA SUPERAR EL DESEMPLEO

Al igual que la pobreza, el desempleo se ha estabilizado en niveles escandalosos. Afecta al 42% de la población si se computa la desocupación abierta (20%) y el subempleo (22%). Pero en las regiones más arrasadas del interior, este flagelo golpea al 60 o 70% de los habitantes.

El gobierno pretende maquillar esta catástrofe con manipulaciones estadísticas considerando que los peceptores del subsidio de 150 pesos (lecops) son empleados. Partiendo de esta ficción anuncia que "el desempleo abierto bajó del 21,5% al 17,8%", como si el trabajo efectivo aumentara con digitaciones numéricas del ministro. En la realidad del mercado laboral sólo se percibe que los despidos en la industria se estarían deteniendo, pero desde ningún punto de vista hay recuperación real del empleo. Además, aún están pendientes las "racionalizaciones" previstas por los bancos y las empresas privatizadas y muy pocas empresas proyectan la contratación de nuevo personal. Los sectores reactivados con la exportación no son "mano de obra-intensivos" y si la "teoría del derrame" (el crecimiento asegura la ocupación) tiene escasa verificación en el conjunto de la economía, su vigencia es directamente nula en las ramas exportadoras. El modelo de factoría basado en la primarización agro-industrial afianza las desigualdades regionales y carece del impacto que tradicionalmente tuvo el repunte del consumo sobre el nivel del empleo.

Por eso crece el reclamo popular de "trabajo genuino", que ha sido particularmente instalado por las organizaciones piqueteras que proponen la contratación de los desempleados por parte de las grandes empresas. Quienes integramos el EDI apoyamos esta iniciativa porque es la antítesis del proyecto oficial de reinserción laboral, porque en lugar de postular la toma provisoria de personal precarizado promueve nuevos puestos de trabajo surgidos de la reducción de la jornada de trabajo, el aumento salarial y el respeto a las conquistas laborales.

Si se generaliza esta propuesta al mapa de las grandes empresas ganadoras de la convertibilidad y/o la devaluación, cabe exigirles a las compañías que registraron balances positivos en la última década la inmediata creación de 100 mil puestos de trabajo. La mayoría de los desempleados detentan la calificación necesaria para ser incluidos inmediatamente en las nuevas labores.

Una segunda fuente de creación masiva de empleo es la obra pública, especialmente a través de proyectos ligados a la construcción. No es osado proyectar el rápido surgimiento de 300 mil puestos de trabajo si se diseña un plan básico de revitalización de la infraestructura del país.

Pero la historia de las últimas décadas indica que los principales beneficiarios de estas iniciativas siempre han sido las compañías constructoras, especializadas en el soborno de funcionarios, la manipulación de los costos y la realización de obras defectuosas. Un ejemplo de estos vicios aparece en el último presupuesto del estado nacional, que contempla incrementos del 300% de los precios percibidos por Roggio, Techint, Gualtieri, Siderca o Macri. El lobby de la CAC (Cámara Argentina de la Construcción) -apoyado por la burocracia sindical de la UOCRA- invariablemente presiona por la derogación de impuestos o por mayores subsidios para retomar cualquier obra paralizada. Por esta vía no habrá empleo, ni crecimiento.

Hay que erradicar la intermediación parasitaria y viabilizar un gerenciamiento directo de las obras centralizadas y descentralizadas, dentro de una estructura estatal completamente modificada con criterios de transparencia, democracia y eficiencia. Pero el punto crítico inmediato de este proyecto es obviamente su financiación.

COBRAR IMPUESTOS PROGRESIVOS A LAS GANANCIAS

Para encarar cualquier programa de reconstrucción popular de la economía hay que cobrar impuestos a los grandes evasores y modificar drásticamente la regresiva estructura fiscal. Los gravámenes al consumo constituyen el 58% de la recaudación frente al 22% en Suecia, el 27% en España y el 17% en Estados Unidos. En nuestro país la masa de la población solventa el gasto público de un estado manejado por grupos capitalistas que están exentos de tributación efectiva. Esta inequidad es fruto del poder que ejercen los grupos empresarios locales y de las exigencias de los bancos acreedores, que siempre reclaman recargar los gravámenes indirectos. El FMI impuso, por ejemplo en la última negociación, la eliminación de la reducción transitoria del IVA (volvió a subir del 19 al 21%) y una nueva ampliación del impuesto a los combustibles.

El origen de esta estructura regresiva es el manejo prebendario del estado por parte de los capitalistas, que se renueva con la duplicidad de los políticos que prometen gravar a los ricos y terminan convalidando la evasión. Según reiteradas estimaciones de los directivos de la DGI, los sectores capitalistas eluden anualmente el pago de 30.000 millones de pesos en concepto de bienes personales, ganancias, previsión social y exportaciones. El fraude más grosero se concentra en el comercio exterior de los grandes grupos que maniobran operaciones con declaraciones falsas perpetrando estafas millonarias al fisco.

Por otra parte, la recaudación impositiva en la Argentina es de 18% del PBI frente a mas del 40% en los países desarrollados. Esto se explica por el descarado nivel de evasión y elusión de la clase dominante y el descontrol y complicidad del estado al servicio de los mismos grupos que evaden. Los economistas de la clase dominante hacen la vista gorda frente a este fraude y nunca mencionan la necesidad de gravar los grandes depósitos radicados en el exterior. Por estas colocaciones que suman 100.000 millones de dólares se han dejado de percibir en la última década por el impuesto a los bienes personales 2.200 millones de dólares al año. Sin embargo, cada vez que se insinúa la necesidad de gravar esta riqueza se difunde el fantasma de los "capitales que no volverán". Esta amenaza se reitera como si la eximición fiscal hubiera servido para contrarrestar la sistemática fuga de divisas de los últimos 20 años.

A los publicistas del poder tampoco se les ocurre concebir un impuesto a los grupos beneficiarios de la devaluación y la pesificación, como Techint o Perez Companc, que durante el primer semestre del año pasado multiplicaron sus ventas y licuaron sus deudas acumulando fortunas. En lugar de aumentar la carga impositiva a estas corporaciones se les ha permitido pagar impuestos con bonos desvalorizados, que el fisco computó al 100% cuándo en el mercado se cotizaban al 25% de su valor. Pero el broche de oro de la estafa fiscal se ubica en el campo previsional, porque el sistema privado de capitalización ha sustraído desde su creación 4000 millones de pesos anuales al fisco (que fueron dólares durante la convertibilidad). En lugar de amputar esta gangrena, las AFJP continúan obteniendo nuevos privilegios. Últimamente bloquearon el proyecto de permitir el libre traspaso al sistema público y la incorporación de los nuevos aportantes al sistema de reparto. Además, negocian nuevas compensaciones por la pesificación y nuevas atribuciones para el manejo de las inversiones, que realizan recolectando el diezmo que forzosamente le entregan todos los trabajadores.

Los Economistas de Izquierda sostenemos que ninguna reconstrucción popular de la economía es factible manteniendo este cuadro de estafa y regresividad fiscal. Pero cortando la evasión ($ 30.000 millones), gravando al capital radicado en el exterior ($15.000 millones) instaurando impuestos a los beneficiarios de la devaluación pesificación ($ 7.000 millones) y anulando el sistema previsional privado ($4.000 millones) existen fondos suficientes para financiar el arranque de una reactivación económica sostenida.

"OCUPAR, RESISTIR Y PRODUCIR"

En las empresas recuperadas por los trabajadores se libra actualmente una de las principales batallas por el trabajo genuino. La rebelión popular en curso le ha otorgado a estas experiencias un nivel de reconocimiento social pocas veces visto en el pasado.
Esta legitimidad es producto tanto de la solidaridad local que rodea a estos emprendimientos, como del desprestigio que arrastran los vaciadores de las plantas. Incluso existe un llamativo impacto internacional de estas iniciativas, que la gran prensa
de los negocios (The Economist, The Wall Street Journal) todavía no se atreve a objetar.
La demostración de que las fábricas pueden operar sin sus patrones constituye un acontecimiento de extraordinaria relevancia, porque ilustra quiénes son necesarios y quiénes son prescindibles en el proceso productivo. Lo que sucede en Brukman, Zanon, Grisinópoli y otras decenas de empresas recuperadas tiene un efecto revulsivo sobre la conciencia del vasto sector popular que acompaña estos ensayos, imaginando cómo podría desarrollarse una producción no capitalista a escala nacional.

El principal éxito social de esas empresas ha sido bloquear con el apoyo de los barrios los sucesivos intentos de desalojo. En muchos casos se han conseguido también victorias políticas, a través de las leyes de expropiación parcial de estas plantas. Hasta ahora no se ha logrado la transferencia de la propiedad a los trabajadores, sino transitorios derechos de manejo de las empresas. Esta situación deja abierta la posibilidad de restituir las compañías a los viejos (o a nuevos) capitalistas. Pero estas medidas han igualmente servido para frenar los desalojos y permiten continuar avanzando con las experiencias de gestión obrera.

En un contexto económico adverso ya existen ejemplos de mejoras importantes en fábricas que retomaron la producción y alcanzaron los anteriores niveles de fabricación, introduciendo grandes cambios en el funcionamiento (rotación de cargos, eliminación de puestos jerárquicos superfluos, erradicación del "costo empresario", etc). En total se puede computar la existencia de un centenar de fábricas recuperadas que ocupan a unos 10.000 obreros.

La supervivencia inmediata de estas iniciativas exige apuntalar su viabilidad mediante contribuciones y distintas formas de colaboración práctica. La batalla por imponer un sostén estatal mediante contratos de abastecimiento de insumos y de comercialización de productos es vital para la continuidad de estos emprendimientos. Otro problema es el derivado de la escasez o ausencia de capital operativo, que debe necesariamente ser cubierto con crédito. Dicho crédito puede provenir de la acción estatal o de un fondo generado por las propias empresas que registren excedentes. Pero en perspectiva, el futuro de estas fábricas gira en torno a dos grandes alternativas : cooperativización o diversas formas de autogestión obrera. En cualquier caso son los propios trabajadores quiénes deben decidir democráticamente qué opción prefieren. Pero en esta elección conviene tomar en cuenta las dificultades que tradicionalmente frustraron el curso cooperativo y que dieron lugar a quiebras de la dimensión del "Hogar Obrero" a comienzos de la década del 90.

Muchas cooperativas laborales han subsistido a costa de la autoexplotación, el endeudamiento del personal y un proceso ulterior de diferenciación social entre socios, llegando en muchos casos a culminar en la apropiación directa por parte de empresarios capitalistas. Al quedar sometidas a las exigencias de rentabilidad, muchos de estos emprendimientos terminan incorporando formas de explotación abierta de los trabajadores. Esta evolución ha predominado en todo el mundo, especialmente en los últimos años de feroz concurrencia neoliberal.

La alternativa de la gestión obrera presenta una variedad de opciones, cuya conveniencia depende tanto de la viabilidad económica como del acompañamiento popular. Mientras estos emprendimientos deban subsistir en un marco capitalista hay que observar con mucha flexibilidad y realismo la modalidad más conveniente de gestión. No se debe olvidar que las empresas recuperadas son experiencias originales, distantes del modelo clásico de control obrero, ya que no hay dueños a supervisar desde el momento que los capitalistas abandonaron la planta.

La clave del éxito es el número de conquistas obtenidas en el camino de la expropiación de los ex propietarios ausentes. En este proceso se reforzarán todas las trampas que introducen los voceros patronales para que el otorgamiento de la propiedad sea precario, se autoricen indemnizaciones a los viejos dueños y se obligue a los trabajadores a asumir las deudas de la empresa. Además, siempre aparecen los inconvenientes derivados de la falta de financiamiento y mercados. Frente a estas dificultades se puede plantear la estatización de empresa bajo control obrero, pero
tratándose de compañías pequeñas es muy difícil que la mayoría de la población las visualice como un patrimonio público, cuya gestión estatal resulta imprescindible o conveniente.

Para el EDI hay dos medidas pueden contribuir al desarrollo de estos emprendimientos. Primero la conformación de un polo de todas las fábricas recuperadas puede servir de centro de referencia común para las demandas de estas compañías. En segundo lugar, la obtención de una figura legal que brinde un estatuto específico a estas experiencias permitiría acelerar el traspaso de propiedad y al mismo tiempo limitar los peligros de un fracaso cooperativo. Se pueden atenuar estas dificultades mediante un conjunto de normas que socialicen la gestión pero que a su vez restrinja la pertenencia de la empresa a sus trabajadores, desconozca derechos sobre el capital acumulado,
obligue a integrar todas las utilidades al capital e impida la distribución de dividendos.
Ya existen varios proyectos específicos que avanzan en esta dirección.

PROPIEDAD Y GESTIÓN DE LAS PRIVATIZADAS

Al cabo de una década de deterioro de la infraestructura y despilfarro de los recursos del país la mayoría de la población está indignada con el resultado de las privatizaciones. Existe un creciente rechazo hacia las 26 empresas que durante la década pasada acapararon el 56,8% de todas las ganancias empresarias, cobrando tarifas tres veces superiores a las internacionales y remitiendo al exterior el 73% de los beneficios. Este repudio explica la generalizada oposición al compromiso de aumentar tarifas que
asumió el gobierno con el FMI, bajo la presión explícita de los grupos europeos.

Los aumentos por decreto que dispone el ejecutivo violan la propia ley de emergencia que promovió el gobierno, modifican el ámbito de sanción de estas medidas y ratifican el carácter ilusorio de "audiencias públicas" que no tienen ninguna incidencia real sobre las decisiones adoptadas por las compañías. Los aumentos en curso retribuyen pérdidas inexistentes a empresas que maquillan sus balances para ocultar que financiaron su actividad con autopréstamos, mientras expatriaban las ganancias en divisas.

Los tarifazos están acompañados de nuevos subsidios (eximición de multas, reducción de la carga impositiva, subvenciones "sociales" que costea el estado o la clase media) y de un perceptible deterioro de los servicios, que proviene de la casi completa paralización de las inversiones. En todos los sectores privatizados se han consumado desfalcos contra la población.

– En las áreas de petróleo y gas se están depredando los recursos, porque luego de rematar YPF a cambio de títulos desvalorizados, el país perdió el manejo de una renta cuantiosa e imprescindible para financiar proyectos prioritarios en otros sectores.
Las compañías manejan el precio interno del combustible con total discrecionalidad y mientras que en la última década la exportación creció 450%, la exploración decreció un 40% con la consiguiente reducción de las reservas. Se cobran las regalías más bajas del mundo y las empresas cuentan con la increíble atribución de liquidar fuera del país el 70% de las divisas obtenidas con sus ventas externas. Las compañías se han apropiado por completo del petróleo sin necesidad de invadir, ni ocupar militarmente el país.

– El colapso ferroviario es dantesco. El levantamiento de vías que redujo una red de 35.700 km. a 11.600 km., impuso el despido de 80.000 trabajadores y transformó varias localidades del interior en ciudades fantasma. Los concesionarios recibieron dos o tres veces más subsidios por km. de vías que la anterior empresa estatal, pero aumentaron las tarifas entre 50 y 70% sin realizar ningún tipo de inversión. A pesar de los informes lapidarios de cualquier organismo del estado, el gobierno ha decretado una emergencia ferroviaria para que la población financie con un impuesto al gas oil ($ 1 millón diario) la continuidad del servicio y para pagarle deudas ficticias a los vaciadores de las empresas.

– La desinversión eléctrica ya comienza a traducirse en cortes de luz. Desde 1998 las adjudicatarias del irracional desmembramiento del servicio han paralizado sus obras. Los efectos de esta inacción serán mucho más visibles si una reactivación intensifica la reducida demanda eléctrica actual.

– Las compañías de agua exigen un aumento tarifario del 15% cuando realizaron ajustes del 13% durante un período que debía regir el congelamiento. Las inversiones prometidas a cambio de estos incrementos son completamente invisibles, especialmente para las 500.000 personas sin agua potable en el Gran Buenos Aires. El tema es vital porque el agua no es un servicio más sino que es un derecho fundamental de la población para asegurar su salud.

– Las telefónicas son presentadas como ejemplo de una "buena privatización" porque pueden exhibir una mejoría de las comunicaciones. Pero nadie se interroga sobre el costo de este frágil avance, que comienza a naufragar con el corte de las inversiones.
Entel fue regalada en medio de un festival de coimas y contratos que por ley aseguraron a las compañías altísimas ganancias.

– Los adjudicatarios del Correo y de los Aeropuertos se autoeximieron de pagar el canon y manejaron las concesiones por medio de pleitos judiciales contra el estado, mientras recaudaban significativos ingresos. Los piratas del asfalto que controlan los peajes han acumulado una experiencia única en la actividad de obtener 1,3 millones de pesos diarios a cambio de instalar casillas de cobro. Lo que ha sucedido con Aerolíneas ya es un misterio indescifrable al cabo de tantas compras, fusiones y reventas, que no alcanzan para explicar cómo una empresa que contaba con una prestigiosa estructura se quedó sin aviones, agencias, ni personal técnico.

Frente a la irritación popular que ha provocado este desastre, florece la demagogia de políticos del sistema que insinúan la necesidad de una reestatización, sin aclarar porqué ellos participaron en la privatización. Quiénes ahora exigen "regular los combustibles" fletaban especialmente aviones desde sus provincias para asegurar la mayoría parlamentaria que desmembró a YPF. Pero el discurso dominante es notoriamente vago y quiénes se van de boca durante la noche, alivianan sus propuestas a la mañana siguiente. Una vez superado el exabrupto recuerdan la necesidad de preservar la "seguridad jurídica", que las compañías han violado sin pausa durante los últimos 10
años.

Los políticos más consultados suelen afirmar que "están abiertas todas las alternativas" para el manejo futuro de las privatizadas. La estrategia de "no descartar nada" es el conocido pasaporte para introducir cualquier estafa y especialmente para amparar a los grupos capitalistas interesados en cuantiosas indemnizaciones, a cambio del abandono de negocios que perdieron atractivo con el fin de la convertibilidad. Como lo demuestra el caso de YCF son capaces de devolverle el muerto al estado sin dejar ni siquiera un inventario de los activos. Para los integrantes del EDI cualquier reestatización que incluya el pago de indemnizaciones es simplemente un fraude, porque todas las empresas han violado tantos contratos y desconocido tantos compromisos que las únicas compensaciones concebibles debieran destinarse al estado
y ser solventadas por las compañías.

Reiteradamente se afirma que la solución radica en la "renegociación de los contratos" y el reforzamiento del control. Pero este tipo de revisiones ha sido la norma de la última década, ya que ningún contrato cumplió la letra original. Aunque se prometa que "esta renegociación será distinta", no existen fundamentos para suponer que el fuerte lobby de las compañías resignará en el futuro ganancias en favor del usuario. Pero lo más cuestionable de la propuesta renegociadora es su aceptación de la validez de los contratos. Este reconocimiento implica discutir en un terreno
estructuralmente favorable a las compañías. Si se les exige, por ejemplo, el cumplimiento de ciertas inversiones podrán argumentar que el contrato también autoriza fuertes tarifazos. ¿Y en este caso cómo sigue la renegociación ?

Algunos economistas estiman que la "desfavorable relación de fuerzas" aconseja primero la recaptura estatal de la renta acaparada en el sector (por ejemplo, por vía impositiva) para en un futuro encarar la discusión de la propiedad. Pero partiendo de esta premisa de debilidad, no se entiende cómo se lograría sustraerle una cuota mayor de la renta a las empresas. Tampoco resulta muy sensato argumentar que las condiciones políticas son inoportunas, en un país sacudido por la mayor rebelión popular de los últimos años, el colapso de servicios esenciales y un generalizado rechazo a las privatizadas. De todas formas, antes de precisar cuál es el momento
indicado para erradicar el manejo privado de los servicios conviene definir con claridad que tipo de propiedad es deseable en este sector.

Los integrantes del EDI somos partidarios de la reapropiación pública de las empresas sin ningún tipo de indemnización, considerando que los incumplimientos de las compañías brindan un amplio sustento jurídico a este traspaso. La propiedad pública resulta indispensable en este terreno por el carácter estratégico que cumplen estas empresas en la determinación de costos esenciales para el conjunto de la economía (energético, eléctrico, ferroviario). Por otra parte, el tamaño y complejidad del funcionamiento de estas compañías tornan inviable su manejo con formas de propiedad social o cooperativa.

Pero la propiedad pública no es sinónimo de estatización en la acepción más corriente de este término, es decir como retorno al pasado de corrupción, burocracia, ineficiencia y clientelismo que predominaban en las viejas empresas. Si los grupos capitalistas y sus socios de la burocracia sindical vuelven a controlar indirectamente a las compañías reestatizadas, el remedio será peor que la enfermedad. Una futura gestión tripartita, democrática y transparente de funcionarios estatales, trabajadores y usuarios debe constituir el nuevo modelo de desenvolvimiento de estas compañías, cuya actividad debe estar complemente fuera del radio de influencia de los contratistas.

La profesionalidad de los administradores debe ser periódicamente verificada a través de mecanismos que aseguren tanto la estabilidad de los especialistas, como la revocabilidad de cuerpos directivos seleccionados a través de procedimientos visibles para el conjunto de la población. Los trabajadores deben ejercer un control interno de las compañías superando las viejas manipulaciones de la burocracia sindical y los usuarios deben incidir mediante controles externos, que ilustren permanentemente la realidad técnica y económica de cada empresa. Es obvio que el conjunto de la población no puede determinar el rumbo cotidiano de estas compañías, pero si puede influir activamente en la selección de las estrategias y las prioridades de estas empresas. Una participación popular efectiva en el destino de los principales entes económicos del país constituiría una fuente de orgullo y un gran incentivo para el trabajo colectivo.

EMPRENDIMIENTOS, CRÉDITOS Y PEQUEÑA PRODUCCIÓN

La dramática depresión de los últimos años alentó el surgimiento de múltiples iniciativas de subsistencia popular. Algunas formas del trueque constituyeron un primer refugio cuando la virulencia de la crisis neutralizó la moneda. Con el reestablecimiento de la circulación se han expandido los proyectos comunitarios. Bajo el impulso de piqueteros, sindicatos combativos y asambleas barriales, día a día aparecen nuevos comedores, guarderías y centros sanitarios, se afianzan las ferias y tienden a consolidarse numerosos talleres de fabricación de pan, galletas, guardapolvos y zapatillas, mientras se propagan las huertas y los cultivos.

Todas estas modalidades de economía solidaria constituyen expresiones de la resistencia popular, que deben ser apuntaladas por el estado a través de subsidios y contratos de provisión de insumos y adquisición de productos. Las donaciones también son útiles, siempre y cuando no deformen estas iniciativas para su posterior transformación en fuentes de lucro del capital. Especialmente los créditos del BID o del BM pretenden desnaturalizar a estos emprendimientos para convertirlos en nichos de negocios.

Como gran parte de las iniciativas comunitarias se desarrollan para asegurar la alimentación de los desocupados, resulta indispensable comenzar a implementar un sistema de control popular de precios de los productos básicos, en las distintas etapas de la formación de esos precios. Los siete conglomerados capitalistas que comercializan entre el 60% y el 90 % de los alimentos son directamente responsables del colapso nutricional que sufre la población. La carestía de estos consumos (aumentaron el año pasado 75% frente a una inflación minorista del 40%) se vio agravada por la acción monopólica que ejercen estos grupos, junto a sus socios de las grandes cadenas de distribución.

Pero el desarrollo de los pequeños emprendimientos no depende solo de una custodia popular de los precios, sino también de la existencia de créditos para financiar a estas actividades. Es una obligación del estado proveer en este segmento préstamos de mediano plazo y tasas reducidas.

La recomposición del crédito al servicio de los grupos comunitarios debe extenderse también al conjunto de la pauperizada clase media, mediante una variada gama de créditos personales, de consumo, hipotecarios y orientados al desarrollo de pequeñas producciones y comercios. Este grupo social -que fisonomizaba muchos rasgos peculiares de la Argentina- ha sido completamente arrasado por la crisis capitalista. Miles de profesionales se alistan en el ejército de inmigrantes perseguidos en el Primer Mundo o subsisten en el país con empleos ocasionales y descalificados. Por ejemplo en la Capital Federal, más del 50% de los graduados universitarios no encuentra como ejercer su profesión. El cierre de 100.000 comercios durante el año pasado ha dejado en la quiebra a un gran sector de la población, cuyas modalidades de consumo se degradan día a día. El publicitado despegue turístico del último verano solo incluyó a uno de cada 10 argentinos.

El desarrollo de un programa alternativo común de la clase media con los trabajadores ocupados y desocupados es vital para el futuro de la rebelión popular, porque en esta alianza social se sostienen las luchas de tres sectores del pueblo que la clase dominante busca dividir, recurriendo a viejos prejuicios que en el pasado utilizó para controlar los resortes del poder. Y por eso es tan importante también el rumbo que adopten los reclamos de los pequeños ahorristas y deudores expropiados por los bancos.

¿QUÉ HACER CON EL SISTEMA FINANCIERO ?

Quienes integramos el EDI sostenemos que nacionalizar los bancos y crear un sistema financiero único y público es la condición para reconstruir el crédito en una dirección que favorezca la reactivación popular de la economía. Solo este curso permitiría revertir la nueva fase de concentración que sellará la confiscación definitiva de los pequeños ahorristas y deudores.
La nacionalización propuesta excluye todo tipo de indemnización a los banqueros que perpetraron durante los últimos dos años un vaciamiento sin precedentes de los recursos del país. También difiere del viejo control estatal de los depósitos, porque en las actuales condiciones sería inefectivo para frenar la fuga de capitales y sólo apuntalaría el subsidio público a las entidades quebradas. El control de los trabajadores y de los organismos populares resulta indispensable para que la nacionalización no reproduzca la corrupción prevaleciente en las entidades estatales. El caso más conocido es el Banco Provincia, que otorgó créditos incobrables a los capitalistas amigos del Presidente (Gualtieri, Soldati, Yoma, Perez Companc), traspasando al erario público un quebranto de 1.100 millones de dólares.

La nacionalización es una medida imprescindible para frenar el nuevo compromiso de privatización de los tres grandes bancos públicos que Lavagna asumió con el FMI y que comenzará con la cotización en Bolsa del 10% de las acciones de estas entidades. Es falso que esta acción "transparentará" el desenvolvimiento de estas instituciones, porque todo el sistema bancario se rige por la norma del secreto. Justamente este ocultamiento sirvió para enmascarar la fuga de 20.000 millones de dólares al exterior durante el año pasado.

La privatización del Ciudad, Nación y Provincia son actualmente exigencias de bancos extranjeros que buscan recuperar la clientela perdida luego de la expropiación.
Los ahorristas, que abandonaron muchas de las entidades privadas, se desplazaron hacia las entidades estatales que los grupos foráneos ahora pretenden deglutir. Les interesa no solo manejar los depósitos, sino también acceder a las grandes acreencias que especialmente el Banco Nación tiene sobre los grandes propietarios de la Pampa Húmeda. Por esta vía intentan capturar uno de los últimos sectores que aún no ha sido extranjerizado.

La privatización de los bancos acentuará el gran achique pendiente en la rama financiera, porque el cierre de 200 sucursales y el despido de 10.000 trabajadores solo ha marcado el debut de una gran reorganización, que el gobierno ya avaló al negociar con varias consultoras el diseño del recorte. Esta poda -que apunta a concentrar el crédito en desmedro de las cooperativas y pequeños productores- perfeccionará la descomunal subvención que han recibido los banqueros a través de seguros de cambio, canjes de títulos y pesificaciones de activos. Los financistas ya recibieron auxilios por 13.700 millones de dólares y esperan estirar la factura hasta los 16.000 millones.

Mediante este socorro el conjunto de la población sostiene en pie un sistema quebrado por la confiscación de los ahorros y la incobrabilidad de los créditos. A fines del 2002 los bancos eran oficinas completamente vaciadas, porque los préstamos morosos superaban a los depósitos y el 58 % de los activos estaba conformado por
títulos públicos de un estado en default. En los últimos meses los depósitos han comenzado a recuperarse, pero el crédito no repunta por temor a la insolvencia de los deudores y la irresolución de muchos aspectos del rescate estatal. La nacionalización
permitiría revertir este descalabro, al introducir una reorganización integral del sistema en tres ramas (transaccional, comercio exterior e inversión) y facilitaría su capitalización por vía impositiva, al establecer una clara orientación de los préstamos
hacia las prioridades productivas y regionales del país.

La nacionalización permitirá también diagramar un régimen de compensación de los pequeños ahorristas que fueron confiscados, a través de una perversa sucesión de bonos, reprogramaciones, cierres y aperturas del corralito o el corralón, que han ido pulverizando el dinero de los depositantes. Los títulos que reciben los ahorristas suponen múltiples puniciones para quiénes se ven obligados a venderlos en el mercado por debajo de su valor nominal.

Los pequeños ahorristas fueron distraídos por los bancos y sus comunicadores con infinitas promesas de "recuperación futura de las acreencias", "devolución en moneda original" u otorgamiento de "favorables bonos garantizados". Esta campaña apuntó a inducirlos a una masiva renuncia de derechos, que no se ha concretado como lo prueba la existencia de decenas de miles de recursos de amparo irresueltos. Frente a esta resistencia el gobierno aumenta la presión confiscatoria y ya anunció que responderá con un bono compulsivo a cualquier fallo judicial favorable a los ahorristas. La expropiación definitiva es intensamente promovida por el FMI, pero cuenta también con el aval de muchos economistas del progresismo y el enfático sostén de los banqueros disfrazados de cooperativistas.

El retorno actual de muchos depositantes a los bancos no constituye un signo de "recuperación de la confianza". Es un simple resultado del temor que generan las formas más rudimentarias de ahorro y expresa también la necesidad que muchos tienen de operar en un circuito formal de financiación. Es completamente absurdo afirmar que mediante los bonos el gobierno brindó "un trato equitativo a todos los afectados", porque los banqueros no fueron víctimas y disponen de recursos inigualables para especular con esos títulos.

En la medida que puedan cerrar el conflicto con los ahorristas, los bancos comenzarán el atropello a los pequeños deudores. El FMI ya exige poner fin a la prórroga de las ejecuciones detenida durante el año pasado para comenzar la apropiación bancaria de unas 20.000 casas, campos y pequeñas propiedades. Suponer que la mediación voluntaria que ha dispuesto el gobierno pueda conducir a "arreglos satisfactorios para ambas partes" es una ilusión, porque el zorro y las gallinas no pueden negociar de igual a igual en el mismo corral. La única forma de evitar la expropiación
de los pequeños deudores es frenando los remates y rechazando los ultimátum de los auditores del Fondo que el gobierno recibe con terror. Asimismo hay que poner fin a la extorsión que los prestamistas privados ejercen contra los deudores hipotecarios fuera del circuito formal.

CESAR EL PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

Para el EDI poner fin a los pagos de una deuda pública fraudulenta, que en dos décadas saltó de 8.000 a 160.000 millones de dólares luego de haberse saldado varias, es la condición para comenzar a superar la tragedia social argentina.

Con los 4550 millones de dólares que durante el año pasado el gobierno le entregó a los Organismos Internacionales mas un aumento de las retenciones al doble de su nivel actual se podría haber solventado 3 millones de subsidios de planes "jefes y jefas de hogar" de $ 300, incrementado en 50 % los salarios de todos los empleados públicos y de las jubilaciones, financiado 200.000 pequeños emprendimientos mediante subsidios de $15.000 cada uno y solucionado el deterioro de la red ferroviaria. Pero el gobierno utilizó este dinero para realizar los mayores pagos en efectivo de los últimos años, a los organismos internacionales que asfixian al país y permitió suculentas ganancias de los exportadores.

El gobierno se comprometió además a destinar el 22% del presupuesto público de este año al pago de intereses y para reforzar el ajuste elevó la meta del superávit fiscal que absorben los acreedores del 1,8% al 2,5% del PBI. En este contexto el gobierno festeja haber acordado una renegociación transitoria para evitar que el default con la banca privada se extendiera al FMI, el BM y el BID. Pero el precio de este convenio fue una carta de intención que incluye nuevos recortes del gasto provincial, tarifazos, congelamientos de salarios y una política de absorción de bonos circulantes y restricción monetaria que conspira contra la reactivación. Además, ya comenzó la habitual presión sobre el Congreso para que reafirme todas las leyes que favorecen a los bancos en situaciones de quiebra
empresaria.

Es completamente falso que "el país necesita salir inmediatamente del default". La actual cesación de pagos ya no afecta tanto a la Argentina que tiene el crédito internacional cortado, sino al BID y al BM que se financian colocando títulos, cuya calificación decrece con la incobrabilidad de uno sus principales deudores. Los mayores interesados en limitar el default son los bancos acreedores que manifiestan su disgusto con el privilegio de cobro que hasta ahora tuvieron los organismos internacionales. Si el "caso argentino" provoca tantos enfrentamientos en la cúpula del FMI es porque los bancos y los fondos de inversión expuestos con títulos de nuestro país están apurados por recibir dólares o revalorizar sus acreencias. Esta urgencia no es compartida por las entidades más cubiertas y por lo tanto orientadas a proseguir con el castigo al moroso argentino.

En estas circunstancias la decisión de no pagar con reservas al FMI fue una imposición de la realidad y no un mérito del ministro Lavagna, ya que las divisas acumuladas en el Banco Central simplemente no alcanzan para afrontar los vencimientos. Por eso parte del establishment apoyó este curso y también los acreedores se han mostrado condescendientes frente a una medida que les asegura negociar con un país que al menos mantiene algunas divisas en el Tesoro. En cambio, los otrora voceros del menemismo, como el CEMA, FIEL, el multimedios de Hadad y Ambito Financiero tuvieron una posición mas favorable aún al capital internacional pretendiendo que la exacción de los pagos de deuda fueran todavía mayores.

La única sorpresa que acompañó al reciente convenio de ajuste con el FMI fueron los elogiosos comentarios que recibió Lavagna de muchos "opositores al modelo". Algunos ponderaron la "política heterodoxa" de un ministro que ha suscripto la típica receta de ajustes del neoliberalismo. Otros reivindicaron los "aspectos positivos" de un convenio que solamente incluye brutales ajustes y que ni siquiera pueden justificarse con el argumento del "mal menor". El acuerdo contempla cumplir con todas las exigencias de los bancos en las dosis y en los plazos que el gobierno pueda implementar.

Hay que tener mucha imaginación para afirmar que Lavagna "se plantó firme ante el FMI". El ministro no utilizó su habilidad negociadora frente a los hombres del Fondo, sino ante los medios de comunicación para disimular que accedió a las exigencias de los acreedores. Es cierto que se enojó muchas veces con sus colegas del Fondo, pero estos malestares son la regla en el mundo de los negocios y resultan irrelevantes frente a las desavenencias que predominan entre los propios financistas. En la Argentina devastada ya se ha visto de todo. Pero resulta todavía insólito observar los elogios que un amplio espectro de economistas del "progresismo" le propina al ministro del ajuste. Este aval indica que esos opositores carecen de un proyecto alternativo y confirma que si llegaran al gobierno implementarían la misma política.

PONER FIN A LAS NEGOCIACIONES CON EL FMI

Romper con el Fondo es la única vía que tiene la Argentina para desenvolver una política autónoma favorable a la reconstrucción de la economía. Continuar las negociaciones con el FMI implica someter al país a la sucesión de ajustes que mensualmente auditan los funcionarios del organismo. Ningún programa popular puede implementarse mientras las decisiones se adopten en Washington. Suponer que se puede negociar con ese organismo "desde otra posición" es una ilusión. Este objetivo es siempre repetido por muchos políticos antes de acceder al gobierno, pero luego descubren que la "herencia es muy pesada" y que "no queda otra alternativa que aceptar" las exigencias del FMI. Con el nivel de endeudamiento que arrastra la Argentina, el país no saldrá de su situación de rehén en el marco de esas tratativas.

Tampoco es realista reiterar la expectativa de "negociar un respiro para volver a crecer" y así retomar los pagos. Buscar convencer a los banqueros de las ventajas que presentaría para ellos este camino es una ingenuidad, porque los acreedores saben perfectamente cuáles son sus conveniencias y prefieren seguir practicando la presión permanente. Por eso promueven acuerdos de corto plazo, que son firmados en un clima de máxima tensión.

El último convenio es un ejemplo de esta política. Su fragilidad apunta a condicionar al próximo gobierno y a exigir compromisos multipartidarios a gobernadores, legisladores y candidatos. Es por eso equivocado objetar el "carácter provisorio" de la última carta de intención, olvidando que un acuerdo más definitivo no implicaría menores ajustes. Los banqueros propician negociar la salida del default en este contexto de nerviosismo.

Muchos economistas auguran que estas tratativas incluirán una quita de la deuda, sin aclarar que esta sustracción no aliviará ningún sufrimiento. Si la reducción fuera del 60%, al cabo de 10 años de pagos recién predominaría la misma relación deuda/PBI que precedió a la cesación de pagos. Como consecuencia de la devaluación y la depresión este porcentual saltó del 54% al 117%, lo que torna irrelevante la magnitud de la quita alcanzable en una negociación. El ajuste fiscal para pagar la deuda continuará durante generaciones cualquiera sea la magnitud de esa reducción. Quiénes sí tienen mucho que perder o ganar con esa medida son los bancos y fondos de inversión especulativos posicionados en títulos argentinos, ya que registrarán fuertes ganancias o quebrantos según el resultado final de esa operación.

Es claro que en el caso de las AFJPs y para resguardar el ahorro de millones de trabajadores argentinos, no hay otra solución que la expropiación del sistema privado y la creación de un único organismo público que garantice jubilaciones dignas bajo un sistema de reparto solidario. Ningún trabajador o desempleado del país obtendrá tampoco algún beneficio de la prórroga de los plazos de pago o de la reducción de las tasas de interés. Como ya ocurrió en el pasado con los bonos Brady y con los megacanjes, estas medidas solo implican un intercambio de títulos viejos por nuevos bonos que se revalorizan en el mercado según las garantías de pago que ofrece el país. Estas seguridades invariablemente implican deterioro de las condiciones de vida de la población. Cuánto más festejen los banqueros el "éxito" de una reconversión de la deuda, mayores serán los sufrimientos que se avecinan para la población.

Al seleccionar a los comisionistas que cobrarán varios millones de dólares tan solo para organizar estas tratativas, Lavagna ha dado el puntapié inicial de estos nuevos padecimientos. El aliento de la rápida sanción de leyes de impunidad judicial para todos los involucrados en estas conversaciones ya es un indicio de las irregularidades que acompañarán a este proceso. Las tratativas serán igualmente tortuosas, porque el nivel real de la deuda es un dato estructuralmente inestable bajo un gobierno que negocia quitas del pasivo emitiendo al mismo tiempo un festival de nuevos títulos.

Duhalde asumió con un pasivo de 144.550 millones de dólares y se irá dejando una hipoteca de casi 160.000 millones de dólares. Este aumento de la deuda no se ha hecho a espaldas, ni escondidas del FMI sino bajo su directa indicación, porque los nuevos bonos han estado principalmente destinados a rescatar a los propios bancos. La hipocresía del ajuste radica justamente en esta duplicidad. Mientras se achica el gasto social se agiganta el pasivo derivado del socorro público a los banqueros y mientras se elimina de la circulación los títulos que mantienen económicamente en pie a varias provincias se emiten nuevos bonos para auxiliar a las entidades que confiscaron depósitos.

Muchos analistas comparten este diagnóstico, pero proponen mantener la negociación con los acreedores, buscando que el ajuste lo paguen los grupos capitalistas locales a través de impuestos progresivos y convenios internacionales que graven sus colocaciones en el exterior. Pero suponer que se puede afectar a este sector contando con el sostén táctico del FMI equivale a ignorar la fuerte asociación que liga a ambos grupos. Esta vinculación está a la vista cada vez que los funcionarios del Fondo exigen ajustes que son recibidos con beneplácito por los grupos locales. Pero incluso si esta asociación no existiera, tampoco habría justificación alguna para privilegiar a los acreedores extranjeros frente a los capitalistas radicados en el país.

Cómo ambos grupos son igualmente responsables del empobrecimiento de los trabajadores, resulta también equivocado el curso inverso de apuntalar a los empresarios locales en desmedro de los acreedores. Esta orientación aparece cuándo se alientan "rupturas con el FMI", cuyo objetivo es reorientar los pagos de intereses a los bancos hacia subsidios a los capitalistas que operan en país. Este tipo de subvención predominó durante distintos momentos de cesación de pagos de los años 80 y 90 y se instrumentó mediante variadas estatizaciones y seguros de cambio, que financiaron la fuga de capital. La reproducción de este curso es actualmente alentada por muchos promotores del "camino malayo" de congelamiento de la negociación con el FMI. Lo que importa es siempre definir cuál sería el destino de los fondos sustraídos del pago de la deuda.

¿Se canalizarían inmediatamente hacia aumentos de salarios y el sostenimiento de la educación, la salud popular o serían dirigidos al bolsillo de Perez Companc y Techint ?

Conviene ser muy precisos en esta aclaración.

LOS EJES DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

La extensión de la crisis al conjunto de Latinoamérica confirma la oportunidad de cesar el pago de la deuda externa y romper relaciones con el FMI. Desde la mitad del año pasado Uruguay comenzó a padecer los mismos síntomas de la debacle argentina (fuga de capital, vaciamiento de los depósitos, corrida cambiaria) y sólo un crédito internacional de emergencia concretado a cambio de nuevas leyes de privatización y liquidación de los bancos públicos frenó la debacle. Todavía es una incógnita si esta repetición de la película argentina concluirá o no en un corralito de los pequeños ahorristas y en el quebranto de las familias endeudadas en dólares.

En Brasil la economía se mantiene estancada ante la amenaza de un default de la deuda, que no se ha despejado luego del crédito de emergencia que concedió por el FMI a cambio de un severo compromiso de ajuste hasta el 2005. Cómo la deuda pública equivale al 78% del PBI y la mayor parte del presupuesto público es destinada al pago de intereses, el país está sujeto a constantes presiones recesivas. La política en curso de incrementar el superávit fiscal conspira contra los proyectos de crecimiento y distribución del ingreso que anhela la población.

La lista de candidatos a protagonizar el próximo colapso en Latinoamérica es muy amplia. Puede ser Paraguay que enfrenta un grave deterioro bancario, Perú que soporta fuertes salidas de capital, Ecuador que no arranca con la dolarización, Bolivia que es empujada a sanguinarios impuestazos para cumplir con los bancos, Colombia y Venezuela que ya perdieron su anterior status de países privilegiados para la inversión o México que padece los efectos desequilibrantes del NAFTA. Lo inocultable es el carácter generalizado de la crisis en toda la zona.

Durante el año pasado el PBI regional retrocedió 1,1%, lo que revirtió el tibio repunte del 2001 e implicó la mayor contracción de las últimas dos décadas. El deterioro en curso supera lo que se vivió durante la "década perdida" del 80 y también a los colapsos financieros del 90, porque el actual nivel de empobrecimiento, desempleo y degradación social no tiene precedente desde la gran depresión del 30. El alcance de este desmoronamiento es también mayor que el tifón que sacudió al Sudeste Asiático de 1997-98, porque América Latina es más vulnerable a escala industrial y comercial que esa región. Además, el impacto del temblor asiático quedó limitado por el crecimiento norteamericano, mientras que la coyuntura actual está dominada por una desaceleración más global y sincronizada al freno económico estadounidense. En este contexto, los acreedores tienden a imponer políticas de sofocamiento de los deudores, como lo prueba el escarmiento padecido por la Argentina.

La severidad de la crisis latinoamericana acelera la implementación de la agenda de objetivos imperialistas que Washington ha definido para cada país (punición a la Argentina, eliminación de los cocaleros de Bolivia, confiscación de los campesinos en Paraguay, extranjerización de la industria de Brasil, apropiación del petróleo de Venezuela, privatizaciones en el Perú, freno de emigración en México). Frente a estos atropellos crece la rebelión popular y se agiganta la brecha entre la población y los gobiernos que debutan prometiendo reformas y autonomía y terminan accediendo a todas las exigencias de los banqueros. En este cuadro ya es evidente que el derrumbe soportado por la Argentina no obedece a causas exclusivamente internas, ni deriva tan solo de la corrupción, la indisciplina fiscal o el pesimismo nacional. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos enfrenta un descalabro peculiar resultante de tres padecimientos
comunes a toda la región : las políticas neoliberales, la inserción periférica y la irracionalidad capitalista.

Esta convergencia de la crisis impone encarar una batalla conjunta por la anulación de la deuda y la ruptura con los condicionamientos del FMI. Estas decisiones constituyen el punto de partida de cualquier proyecto de integración regional, que no podrá concretarse mientras cada país latinoamericano continúe aceptando el marco de negociaciones balcanizadas que han impuesto los acreedores. En la competencia por "diferenciarse" de sus vecinos más golpeados, las clases dominantes de cada nación rivalizan por el trofeo de mejor alumno de Washington y por eso chocan tan abiertamente con la exigencia popular de organizar una resistencia común contra el
imperialismo en toda la región.

La deuda y el FMI son los problemas cardinales de Latinoamérica. Ningún otro objetivo puede encararse con éxito si se desconoce esta prioridad. Rechazar, por ejemplo, el ALCA aceptando al mismo tiempo la política de ajustes que imponen los acreedores conduce a un callejón sin salida porque ambos procesos están estrechamente vinculados. Para imponer las exigencias comerciales las corporaciones norteamericanas se apoyan en los bancos que han colocado a los deudores latinoamericanos en una situación de total indefensión.

Estados Unidos impulsa el ALCA para promover sus exportaciones, desplazar a los rivales europeos y asegurarse el control de las privatizaciones y los recursos naturales de su "patio trasero". La creencia de que este avance imperialista tendrá como contrapartida un mayor acceso de las ventas latinoamericanas al mercado estadounidense ya fue categóricamente desmentida por la ratificación de los subsidios al agro y las trabas para-arancelarias vigentes en Estados Unidos. La resistencia contra esta colonización comercial es inseparable de la batalla contra la dominación financiera de los acreedores. La integración latinoamericana y la construcción de un Mercosur de los trabajadores sólo es posible a través de una acción común contra el FMI.

¿CÓMO CRECER ?

Dilucidar cuál es el diagnóstico de la coyuntura económica argentina se ha convertido en la principal preocupación de los economistas durante el primer trimestre del 2003. Como se busca determinar si la recesión concluyó o persiste, existe en primer lugar una discusión técnica sobre la forma de comparar la evolución del PBI para definir si la caída ha tocado fondo. Hay varios indicios de un freno del desplome, pero más que una nítida recuperación prevalece una "meseta", es decir un piso al derrumbe. El "veranito financiero" (inflación contenida, dólar estable, recuperación de depósitos) tiene un opaco correlato en el plano industrial, porque luego de la catástrofe vivida, los porcentajes de crecimiento moderados no revierten la debacle. Si el PBI crece por ejemplo este año un 3% la recuperación será irrelevante, luego de una caída del 11%
durante el 2002 y al cabo de una reducción neta del 25 % del producto per capita resultante de la depresión.

Igualmente es difícil que la eventual reactivación alcance una intensidad sostenida en las condiciones de retracción internacional del crédito hacia la Argentina, condicionamientos recesivos del FMI y descomunal desplome de la inversión. Esta variable declinó durante el año pasado 44 %, acentuando el proceso de envejecimiento de la maquinaria que se arrastra desde 1998. Esta obsolescencia se ha incrementado a un ritmo del 8,7% acumulativo anual desde el 2000 y por eso la antigüedad de los equipos actualmente promedia un nivel equivalente a 1970. La reversión de este deterioro es improbable con el nivel actual de fuga de capitales y bajo la presión de los acreedores por recortar los subsidios a la industria.

En este cuadro la reactivación que podría avizorase estará principalmente centrada en el modelo exportador de productos agroindustriales, basado en el abaratamiento salarial, la marginación social y la disgregación regional. Los grupos dominantes apuntalan esta perspectiva, alentando ajustes fiscales que mantienen planchada la demanda y sosteniendo un tipo de cambio que potencia el superávit comercial a costa del empobrecimiento popular.

Todos los economistas del establishment hablan de la prioridad del crecimiento olvidando lo sucedido durante el primer gobierno de Menem. El problema no es cuánto se crece, sino quién se beneficia con esa mejoría. La reconstrucción sostenida de la Argentina indudablemente necesita un importante incremento del PBI durante un período prolongado y no los pequeños ciclos de endeudamiento, privatizaciones y jolgorio financiero que se han vivido en las últimas décadas. Pero si el eje de este crecimiento no es el aumento salarial, la recomposición del poder adquisitivo y el despegue del consumo, la prosperidad será otro spot publicitario del gobierno de turno
completamente imperceptible en la vida cotidiana de la gran mayoría.

Un plan de crecimiento favorable al pueblo deberá ser la antítesis de la actual estrategia exportadora porque la Argentina no padece desequilibrios externos, sino un descalabro interior. Resulta perfectamente factible mantener y ampliar la corriente de ventas externas si este curso complementa la prioridad de recomponer el poder de compra, a partir de un aumento generalizado de los salarios. Este objetivo no exige "cerrar la economía", ni "vivir con lo nuestro", sino simplemente poner fin a la succión de recursos que provoca el pago de la deuda, revirtiendo el despilfarro de las privatizaciones y derroche que impuso un sistema financiero expropiatorio.

COMERCIO EXTERIOR Y TRANSFORMACIÓN AGRARIA.

La recomposición de los ingresos populares es más prioritaria que el auge exportador. Pero una política favorable a la mayoría en este último terreno requiere dos medidas opuestas al curso actual : el control de cambios y el monopolio estatal del comercio exterior. El primer tipo de regulación es un mecanismo de orientación elemental de las variables económicas, que la Argentina ha perdido por la simple exigencia del FMI. Los financistas promueven sistemas cambiarios liberalizados para ingresar y fugar capitales en función de los rendimientos especulativos estimados en cada mercado.

Los banqueros han impuesto en el país esta norma del descontrol y por eso desde el inicio de la crisis, las divisas se esfuman a la vista de todo el mundo. Cuando esta fuga amenazó provocar el colapso total de la moneda se dispusieron algunos controles ineficientes y tardíos, que Lavagna redujo al mínimo apenas se estabilizó el dólar. El resultado final de este jolgorio ha sido la virtual evaporación del superávit comercial y de gran parte de las reservas. Completando la masiva fuga del 2001, la salida de divisas totalizó el año pasado 18.300 millones de dólares.

El control de cambios resulta indispensable no solo para frenar este vaciamiento, sino también para poner fin a la aterradora presión que ejercen los 20 grandes exportadores sobre la cotización del dólar. Estas compañías retienen o liquidan divisas según su conveniencia, sin preocuparse por el efecto de estas acciones sobre los precios locales. Es necesario instaurar el monopolio del comercio exterior para cortar este manejo y para evitar las maniobras de evasión que a plena luz del día realizan las grandes compañías.

Sólo adoptando estas medidas de control de las divisas puede comenzar a implementarse una política cambiaria acorde a un plan de crecimiento basado en la recuperación del poder adquisitivo. No se puede discutir la conveniencia de un tipo de cambio fijo, flexible o convertible, sin asegurar primero el sustento real de cualquiera de estas alternativas. Mientras las reservas sean manejadas por los burócratas del FMI y el comercio exterior se encuentre en manos de los gerentes del "agrobusiness", ninguna modalidad cambiaria favorecerá a la reconstrucción popular de la economía.

El manejo estatal del comercio exterior es por otra parte indispensable para que el excedente agrícola sea utilizado en la inmediata eliminación del hambre. El récord conjunto de cosechas y desnutrición es la expresión más dramática de la irracionalidad capitalista. Resulta escandalosa la coincidencia del superávit comercial de 16.300 millones de dólares con la explosión de la pobreza. La Argentina exporta productos que alimentan a 300 millones de personas, cuando el 60% de la población no tiene acceso a una dieta suficiente, ni adecuada. Si el hambre es un padecimiento cotidiano en el país que ostenta el quinto lugar en el ranking mundial de exportadores alimenticios es porque los grupos exportadores cotizan muy bajo el precio de las vidas humanas. Al gobierno no se le ha ocurrido ni siquiera incrementar las retenciones para abaratar los precios internos de los alimentos básicos, a pesar de los 1.200 millones de dólares de ingreso adicional que recibirán los exportadores este año por el simple aumento de los precios internacionales.

Poner fin a estas injusticias es también el primer paso de una transformación radical de la estructura agraria, que favorezca al pequeño productor y revierta el inminente proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra.
Frente a una perspectiva de incremento de la demanda mundial de alimentos varias corporaciones están preparando un desembarco apropiador de los campos más lucrativos que fueron abaratados por la devaluación. Los rendimientos de la soja constituyen la principal atracción para estos capitales, porque desde hace varios años se afianza la especialización agrícola en un producto transgénico, que en el país se expande irrestrictamente cuándo a escala internacional se cuestiona su impacto ecológico y sanitario. El perfil sojero de la Argentina es muy ilustrativo del actual modelo de enclave exportador, porque se ha priorizado el desarrollo de una "commodity" que depende de la provisión de insumos tecnológicos manejados principalmente por Monsanto y Cargill.

En un acto de inigualable cinismo los promotores de este producto han lanzado una campaña de "soja solidaria" para propiciar que los pobres sustituyan la dieta habitual por un consumo masivo de un producto que no tiene capacidad nutritiva ni vitamínica integral. Impedir que los capitalistas de la agroindustria consoliden este nuevo "apartheid" alimenticio y aumenten su apropiación de la tierra exige apuntalar un modelo progresista de transformación agraria, basado en reformas, cambios de la propiedad, procesos de colonización y controles estatales y populares de los insumos del sector.

EL APORTE DEL EDI

Todas las propuestas recogidas en este documento surgen de consignas, opiniones y reflexiones debatidas en el movimiento sindical, piquetero, vecinal y juvenil. La sistematización de estas ideas en documentos y plataformas precisas contribuye a la gestación de un proyecto alternativo y a la difusión de caminos de reconstrucción popular de la economía. Para avanzar en la promoción del programa antiliberal, antiimperialista y anticapitalista que se requiere en la Argentina hay que demostrar la factibilidad y conveniencia de esta plataforma. Este es el objetivo del nuevo documento del EDI, que pretende ilustrar un rumbo en la batalla estratégica por el socialismo y la erección de una sociedad sin explotadores, ni explotados.

La instrumentación de esta propuesta será el resultado de las victorias que obtengan los movimientos sociales, sindicatos y partidos que participan activamente en la resistencia contra los atropellos capitalistas. Este horizonte complejo y crucial requiere la construcción de una fuerza política de izquierda, que ya tiene hoy múltiples expresiones y que debe afianzarse al compás de la rebelión popular, el descrédito del régimen vigente y la radicalización de amplios sectores de la población. En este proceso estamos comprometidos los Economistas de Izquierda, que presentamos algunos aportes para la transformación social que se está gestando con la acción popular.

* Claudio Katz, Jorge Marchini, Luis Becerra, Guillermo Gigliani, Eduardo Lucita, Andrés Méndez, Alberto Torres, Alejandro Fiorito, Eduardo Crespo, Aldo
Romero.