La defensa argentina ante la Corte Constitucional de Alemania por el default

Por Cledis Candelaresi
Página 12, 18 de febrero del 2004

País al borde de la disolución

Con la esperanza de que los tribunales extranjeros dejen de actuar en contra de la Argentina en la renegociación de la deuda, la Procuración del Tesoro justificó a fines de la semana pasada ante la Corte Constitucional de Alemania la declaración del default en un grave "estado de necesidad" sufrido a fines del 2001, que puso al país "al borde de la disolución" y que sólo pudo superarse con medidas excepcionales, incluido el no pago de sus obligaciones. En virtud de un principio consagrado por la legislación germana, si los argumentos esgrimidos por Horacio Rosatti y su equipo fueran admitidos por el máximo organismo judicial de ese país europeo, sus tenedores podrían ser obligados a aceptar el mismo recorte que finalmente sufran los bonistas argentinos, que representan nada menos que la mitad de los acreedores. El eventual éxito de esta jugada serviría, además, de precedente para que el equipo de Roberto Lavagna renegociara con más soltura sobre la base de una audaz quita del capital, frenando al mismo tiempo una catarata de embargos.
El flamante texto reproduce en parte argumentos que la Procuración ya esgrimió en diciembre pasado ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial ante el cual los accionistas extranjeros de empresas privatizadas demandaron al Estado argentino por la ruptura de contratos que implicó el congelamiento de tarifas, y reclamaron una indemnización que en conjunto suma 17 mil millones de dólares.

Al responder a la demanda de CMS, accionista minoritario de Transportadora del Gas del Norte, la defensa argentina también invocó un estado excepcional en el país, en virtud del cual aquella ruptura contractual estaría justificada. Lo hizo como una "segunda línea argumental", ya que, en ese caso, el primer punto de la estrategia fue probar que, si bien se alteraron los acuerdos con las privatizadas, no se vulneró ningún tratado de inversión suscripto con otros países, algo que sí habilitaría la jurisdicción del fuero bancomundialista para analizar este tema.

Según datos no oficiales, en Alemania habría cerca de 200 mil inversores titulares de bonos argentinos por 8 mil millones de dólares. Algunos de ellos plantearon en su país decenas de juicios contra la Argentina, que quedaron paralizados a la espera de que la Corte Constitucional alemana resolviera si la legislación internacional admite la figura de la emergencia y si ésta es también contemplada por las leyes de su propio país. Hacia fin de año llegó a Buenos Aires la alentadora noticia de que ese tribunal admitía ese concepto, habilitando a los defensores locales para que presenten sus argumentos. Fue un punto decisivo en una de las varias batallas legales que Argentina está librando ante tribunales extranjeros para frenar las exigencias de los acreedores.

De acuerdo a la interpretación de Rosatti, la legislación alemana equipara en esas instancias especiales los derechos y obligaciones de sus ciudadanos con los de aquella nación que estuvo o está en emergencia. Sobre esta base, la defensa argentina especula que podrían hacer extensivas a los acreedores germanos las condiciones que logre imponer a los bonistas locales, menos agresivos en sus demandas que los extranjeros, aunque muy característicos por la porción del universo de acreedores que representan : el 50 por ciento de los tenedores de papeles en cesación de pagos son de nacionalidad argentina y el 38 por ciento de ellos están radicados en el país.

El estado de necesidad es una situación reconocida por el derecho internacional : la Law Associaton considera que la excepción económica justifica suspender el pago de obligaciones con privados. Pero quizá lo decisivo es que configura un "eximente de responsabilidad", siempre y cuando el país en cuestión no haya generado la situación de emergencia. "El Estado no ha contribuido a su producción (de la emergencia económica) ; las medidas adoptadas constituyeron el único modo para salvaguardarintereses esenciales de un peligro grave de disolución social y anarquía política", explica la Procuración.

A los ojos de los abogados locales, el derrumbe económico que sufrió el país entre 1998 y el 2002 puso a la Argentina al borde de perder la "estaticidad" (la capacidad soberana del Estado), algo demostrado no sólo por lo que para Rosatti fue un evidente "colapso de los servicios de educación, salud y seguridad", sino también por la masiva emigración de jóvenes del país y hasta por las sugerencias que llegaban desde el exterior para que Argentina fuera gerenciada por un equipo extranjero. Un atajo que habría sido insinuado por el fallecido economista Rudiger Dornbusch y que, según los escritos del procurador, constituyeron una "humillante propuesta".

El trabajo girado a la Corte alemana también enfatiza la idea de que no hubo discriminación alguna hacia inversores extranjeros, algo funcional al propósito de que esos jueces admitan la equiparación de sus connacionales con los argentinos.

La presentación abunda en consideraciones políticas y es también una señal clave hacia el exterior. Argentina le dice al mundo que la declaración del default no ha sido una osadía digna de aplausos, ni un premeditado castigo a acreedores que quisieron especular, tentados por altos rendimientos que ofrecían los papeles argentinos. Por el contrario, asume la cesación de pagos como una imposición ineludible, consecuencia inevitable de una penosa crisis terminal.

Quita del 75 o nación indigente

En su pelea con los acreedores privados, el Gobierno sumó ayer el respaldo de la Iglesia Católica. Fue un apoyo categórico, planteando el tema de la deuda de una manera directa. A través de un comunicado, la Pastoral Social de la diócesis de Bariloche se expresó a favor de la quita del 75 por ciento sobre el valor nominal de la deuda en default. Y advirtió que "de no resolverse favorablemente, la Argentina estará condenada a ser un país de indigentes".

El documento elaborado por la Iglesia fue elocuente desde su título : "Deuda externa. El principal freno al desarrollo argentino". Sus tramos más relevantes causan impacto por su vehemencia. Uno de ellos afirma : "Como ciudadanos y como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante este problema porque, de no resolverse favorablemente, la Argentina estará condenada a ser un país de indigentes, con una minoría de gente rica, y se agravará considerablemente la situación que hoy estamos padeciendo".

"No podemos dejar de apoyar la negociación", asegura en otro párrafo, en el cual se expresa el respaldo a la quita del 75 por ciento ofertada por el presidente Kirchner. Un apoyo que el último viernes fue acercado por los empresarios líderes de la Argentina nucleados en AEA.

También fue muy duro otro punto del documento, en el que se mencionó que "una buena parte de la deuda es ilegal".

Es posible que, en medio de la pulseada con los acreedores, las presiones de los organismos internacionales y la ola de inhibiciones de bienes argentinos en el extranjero, la realidad social de la Argentina se pierda de vista. La Iglesia se ocupó de ponerla en primer plano : 16.500 personas por día se convierten en indigentes a consecuencia del pago de la deuda.

En ese marco de extrema pobreza, la dirigencia católica incluyó una reprobación por el reemplazo de la cultura del trabajo por la del asistencialismo. Y al hecho de que el sistema de salud se encuentra "gravemente enfermo".

Si bien el tono del documento es de un total apoyo a la estrategia del Gobierno frente a los acreedores privados, lo cierto es que también se formularon críticas a los últimos acuerdos firmados con los organismos internacionales. "Se podrían haber conseguido condiciones más favorables", refrendaron los religiosos. Se referían a la posición de acreedores privilegiados que lograron el FMI, el Banco Mundial y el BID. A ellos se les paga la deuda, en dólares, y sin ninguna quita. El año pasado, la Argentina giró 7300 millones de dólares en forma neta a los organismos, lo que ayudó a éstos a disminuir su exposición en la Argentina.

En referencia exclusiva a la situación social, la Iglesia alertó que, como consecuencia de la conversión de las escuelas en comedores bajará "dramáticamente" el nivel de capacitación de las próximas dos generaciones. "Esto ocasionará más desocupación y más pobreza", advirtió.

Por último, destacó que deben compartirse culpas entre el deudor que tomó prestado y el acreedor, "que prestó sin controlar quiénes eran los gobernantes, cómo estaban gobernando y cuáles eran los ingresos que tenía el país para responder a estas obligaciones".

Las turbulencias

José Octavio Bordón comparó a la ola de inhibiciones de bienes argentinos en el extranjero con las fuertes tormentas en un vuelo. Previó "turbulencias" para los próximos dos o tres meses, pero dejó en claro que los bienes argentinos públicos y privados "están bajo resguardo" de los embargos. El embajador argentino en los Estados Unidos estimó que las presiones aumentarán a medida que se acerque un acuerdo con los acreedores privados. "Tendremos uno, dos o tres meses muy complicados. Porque esto es como en las tormentas : el momento de salir o entrar es el momento de mayor turbulencia", graficó el funcionario.

Y sobre las inhibiciones dictadas por el Poder Judicial estadounidense la semana pasada sobre activos argentinos, Bordón tranquilizó : "Estamos seguros de que tenemos la protección de la Convención de Viena -que da inmunidad a las propiedades diplomáticas- y la tradición legal de Estados Unidos", ensayó. Para concluir que "no estamos contentos, pero tampoco preocupados. Espero que el caso se resuelva muy rápidamente". Aunque omitió precisar plazos.