Documento el EDI (IV) :
Seguro universal de alimentación y educación

La primera medida de un programa económico popular es la implementación de un seguro universal que brinde alimento y educación a toda la población. Como la canasta básica de alimentos (CBA) se ubica en 327 pesos garantizar este mínimo derecho a todos los habitantes constituye el punto de partida de cualquier proyecto que pretenda revertir el desastre social. Esta suma debería ser complementada con una asignación de 45 pesos por hijo para que cada familia pueda también solventar los gastos educativos más elementales.

Instaurar este seguro -que muchas organizaciones popularizan en torno a los 380 pesos- es indispensable para que el derecho a la vida se convierta en una realidad. Comer todos los días es indispensable y no debe depender de la eventualidad e incertidumbre de las condiciones de empleo y desempleo. Es un derecho básico indiscutible que debe ser garantizado a través de un subsidio universal. La ausencia de este derecho en un país como la Argentina -que es el quinto exportador mundial de alimentos- es particularmente inadmisible.

Urge implementar este seguro, porque desde la devaluación el aumento los precios aumentaron 46,7% pero la suba de los productos alimenticios para el hogar alcanzó el 74,9%. Se estima que la dieta actual del 35% de la población es insuficiente. Más aún , algunos especialistas detectan el surgimiento de una nueva generación de ’petisos sociales’, es decir de individuos cuya estatura decrece por el efecto acumulativo de la desnutrición.

El seguro permitiría eliminar inmediatamente la indigencia que afecta al 25% de la población y debería reemplazar el plan de Jefes y Jefas de Familia, para que un mecanismo universal sustituya la arbitrariedad del sistema vigente. El seguro no debe depender de la buena voluntad de los funcionarios, ni de los cálculos de los punteros.

El gobierno rechaza la implementación del seguro porque destina los recursos que lo financiarían al pago de la deuda. Pero además, la universalidad del sistema le quitaría el gran instrumento de clientelismo que habitualmente disputan las fracciones del Justicialismo. En la pelea por este control la ministra Alicia Kirchner está concentrado en sus manos el manejo de los subsidios para restarle poder a los intendentes y a los consejos consultivos. Por eso mantiene cerrada la inscripción y ha realizado una violenta depuración de padrones, cuando más bien correspondería ampliar el número de beneficiarios a todos los inscriptos. Esta manipulación apunta a debilitar al combativo movimiento piquetero y a resucitar el viejo poder de los punteros locales. También se intenta manejar el sistema a través de una tarjeta que apuntalaría los negocios bancarios de intermediación.

El gobierno se opone al seguro universal, porque introduciría un serio obstáculo a las presiones patronales para mantener achatado el salario. Si todas las familias tuvieran asegurados los 380 pesos, nadie trabajaría por una cifra inferior a ese piso.

Mantener en la miseria absoluta a una gran parte de la población es un objetivo premeditado de los sectores patronales más reacios a cualquier recuperación del salario. Por eso la derecha está empeñada en una intensa campaña contra la ’vagancia de los desocupados’. El gobierno se hace eco de estas presiones e impulsa la conversión de los planes actuales de 150 pesos en subsidios a las empresas que contraten desocupados. Esta iniciativa -junto a las ’contraprestaciones laborales’ que pretende supervisar el Banco Mundial - va a contramano de un seguro universal.

Cualquier logro parcial en la dirección de este objetivo constituiría una conquista popular. Pero estos posibles avances no deben encubrir la persistencia de la miseria. Obtener por ejemplo una asignación por hijo de 45 pesos no resuelve la imposibilidad de alimentar a la familia con los 150 pesos de los planes actuales. No hay que perder de vista que el dinero para el seguro está en las arcas oficiales, mientras se mantiene un perverso endeudamiento con el Banco Mundial, que financia los planes y luego exige su recorte para recibir giros por los préstamos adeudados.

El cálculo es muy sencillo. Si al número actual de preceptores de los planes (entre 1,8 y 2,2 millones de personas) se le añade los inscriptos sin planes (900.000) y se estima un seguro promedio de 380 pesos, se requerirían 9500 millones de pesos adicionales para garantizar su implementación. Este destino constituye la primera prioridad del fondo constituido por la cesación del pago de la deuda, la reforma fiscal y el impuesto de emergencia a las ganancias empresarias.

Cuatro vías para crear trabajo genuino

Lavagna intenta maquillar las cifras del desempleo buscando que el INDEC publicite los datos que imagina el ministro. Por eso se empeña en clasificar como empleados a los receptores de los planes de Jefes y Jefas y llegó a anunciar el porcentaje de desocupados había caído al 14,3% cuándo la estadística oficial lo sitúa en el 20,3%.

Pero el gobierno sabe que la población ya experimentó la falacia del ’derrame’ y por lo tanto no es fácil resucitar la creencia que ’el empleo llegará con el crecimiento’. Los propios anuncios gubernamentales ilustran la inconsistencia de este mito. De acuerdo a los cálculos oficiales, el año pasado con la reactivación record del 8 % sólo se pudieron eliminar 80.000 subsidios de desempleo sobre un universo de 2 millones de parados. La insignificancia de esta cifra confirma la débil relación entre ocupación y aumento del PBI que caracteriza actualmente al capitalismo y que afecta en forma más aguda a la Argentina.

Se estima que si la tasa de crecimiento se mantiene elevada (5-6% anual), la desocupación sólo caería del 21,3 al 18 % (del 16% al 13% si no se computan los planes de Jefes y Jefas) sobre el fin del mandato de Kirchner (2007). Una proyección de más largo plazo que realizaron los técnicos de la OIT indica que se necesitarían por lo menos 20 años de crecimiento muy sostenido y parejo para revertir la brutal destrucción de empleos que provocó la depresión. En una economía periférica y dependiente los ciclos de reactivación no reconstruyen el nivel de ocupación al mismo ritmo que en una economía central e industrializada. La elasticidad del empleo en relación al producto -el aumento de la primer variable en proporción al incremento de la segunda- se ha contraído sensiblemente en la Argentina, al cabo de varias décadas de reprimarización.

Esta terrible perspectiva de desempleo crónico tampoco podrá revertirse con la simple multiplicación de los ’emprendimientos productivos’ que algunos funcionarios presentan como el remedio inmediato al desempleo. Estas iniciativas sólo constituyen formas de supervivencia elemental que la población ha puesto en práctica con enormes esfuerzos para contar con algún ingreso adicional. Los pequeños talleres textiles y de calzado o las huertas comunitarias que se expanden en distintas zonas han sido montadas en forma cooperativa por los propios desempleados sin ningún auxilio oficial. Pero enfrentan terribles obstáculos para seguir adelante cuando deben competir con los grandes empresas. Los emprendimientos solidarios no tienen crédito, ni medios de transporte y tampoco cuentan con redes de comercialización. Sólo recientemente el gobierno comenzó a publicitar algún tipo de subvenciones, pero discrimina la aprobación de cada proyecto para favorecer a sus aliados políticos.

Por otra parte, el total de fondos comprometidos para esta actividad no supera hasta el momento los 90 millones de pesos, es decir un monto irrelevante para apuntalar a la pequeña de producción. Tampoco se han dispuesto compras estatales del sector, ni leyes que permitan contrapesar el monopolio de las grandes empresas en este ámbito. Muchos funcionarios simplemente buscan controlar los emprendimientos para que los desempleados trabajen por 150 pesos, sin convenio ni obra social.

El drama de la desocupación no se resuelve con el aumento espontáneo de la demanda laboral privada, ni con la multiplicación de los emprendimientos. Estas dos fuentes de recomposición del empleo sólo podrían cumplir un papel positivo si complementan la recreación centralizada del trabajo genuino, a través de las cuatro vías que debería contener una nueva legislación de empleo.

El punto de partida es el cumplimiento estricto de la 8 horas como primer paso hacia la progresiva reducción de la jornada laboral, a fin de multiplicar el empleo repartiendo las horas de trabajo. Es evidente que la falta de trabajo que padecen los ’excluidos’ constituye la contracara del sobreempleo que soportan los ’incluidos’, ya que la jornada de trabajo en el país (2000 horas anuales) supera la media vigente en EEUU, Europa, Brasil o México. Con la reimplantación de las 8 horas se podrían crear inmediatamente 900.000 puestos de trabajo.

En segundo lugar, se impone la puesta en marcha de un plan de obras públicas centrado en la construcción y financiado con los tres recursos del programa popular (deuda, reforma fiscal, impuesto de emergencia). Tomando en cuenta los cálculos que tradicionalmente se plantearon en este terreno podría estimarse que con 6000 millones de pesos se podrían crear 200.000 nuevos puestos de trabajo.

En tercer lugar debe legislarse un mecanismo de expansión del empleo en las empresas que registran altos rendimientos. Ya se demostró por la propia experiencia que ’incentivarlas’ a tomar trabajadores reduciendo las cargas sociales multiplica el quebranto fiscal, sin mejorar la ocupación. Por eso hay que transitar el camino inverso y fijar pautas de ligazón de las ganancias con la creación de puestos de trabajo. Lejos de constituir una atribución exclusiva del empresario o del gerente, el problema del empleo debe convertirse en un tema a resolver por el conjunto de la sociedad. Ya no es admisible presentar a los despidos como sinónimo de eficiencia, porque el objetivo del proceso económico deber ser justamente el inverso : crear y no destruir fuentes de trabajo.

Finalmente, el sostén estatal a los microemprendimientos debería alcanzar un volumen significativo. Los propios técnicos del Ministerio de Desarrollo Social estiman que en las actuales condiciones sólo el 20% de estos proyectos se mantendrá en pie cuando tengan que enfrentar la competencia capitalista. Pero en otro marco económico y social signado por la expansión del trabajo genuino, estos emprendimientos no estarían condenados al fracaso. Al contrario, podrían actuar como un gran estímulo para el desenvolvimiento de la producción.

Buenos Aires, 26 de febrero del 2004