Día clave en el juicio iniciado por Fondos Buitres en New York

Por Claudio Scaletta
Página 12, 30 de enero del 2004

Van a tener que buscar cómo cobrar

Hoy vence la prórroga de 90 días en la ejecución del fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que obliga al país a pagar más de 730 millones de dólares al fondo buitre EM Ltd., e importes menos significativos, alrededor de 200 millones en total, a otros tres fondos. Los representantes legales de la Argentina no pedirán una nueva prórroga y lo más probable es que a partir de hoy comience el proceso de ejecución de la sentencia. Si esto es así, los posibles embargos no serán tarea fácil. La clave será la definición de cuáles son los activos realmente realizables.

Cabe destacar que no pueden embargarse los bienes que el Estado utiliza para su representación sino sólo los activos destinados a una actividad comercial, lo que elimina de la lista a muchos bienes con los que se especuló en su momento, como el Tango 01 o las propiedades en las que funcionan las embajadas, todos excluidos por definición. Incluso la sucursal en Nueva York del Banco Nación, un activo claramente comercial, tampoco podría ser sujeto de ejecución al tratarse de una persona jurídica diferente al Estado argentino. No obstante, en este caso en particular no está demás recordar que se trata de una propiedad alquilada.
Técnicos del Ministerio de Economía discutieron ayer por videoconferencia con los abogados del fondo buitre de Kenneth Dart (EM Ltd.), de Old Castle Holdings y de Macrotecnic, entre otros, la extensión del "discovery" de activos que dispuso el juez Griesa. Se trata concretamente de la cantidad de información que el país debe brindar a los demandantes sobre sus activos comerciales. Los acreedores persiguen que esta información incluya no sólo a los que la Argentina poseería en Estados Unidos sino también en todo el mundo, datos que, por obvias razones, el Estado no está dispuesto a suministrar. A pedido de los demandantes, el juzgado de Nueva York ordenó a principios de noviembre pasado, junto con la prórroga de 90 días, que las partes presenten un cronograma de fechas para concretar el rastreo de los bienes antes del 31 de enero. Los abogados de la Argentina sostuvieron en reiteradas oportunidades que el país no posee activos comerciales en Estados Unidos.

Kenneth Dart, en origen un industrial dedicado a la fabricación de envases plásticos que actualmente reside en las Islas Cayman, compró una serie de Bonos Global 2008, uno de los papeles emergentes del ruinoso megacanje, en noviembre de 2001, cuando todos los analistas internacionales descontaban el default argentino y cuando el precio de mercado de los papeles era mínimo. El valor nominal de la adquisición fue de 595 millones de dólares, en tanto que la demanda judicial fue por 700 millones al sumarse los intereses caídos. La generosidad en materia de ajuste del juez Griesa se tradujo en una sentencia por más de 730 millones, bastante más que los 148,75 millones que EM Ltd. obtendría en caso de aceptar la quita del 75 por ciento propuesta por la Argentina.

Dart es un especialista en ganar cifras millonarias a costa de los países endeudados. Ya lo hizo en Brasil, Ecuador y Rusia. La elección del juzgado de Griesa no fue casual. En 1994 consiguió del juez neoyorquino una sentencia favorable contra Brasil por cerca de 1400 millones de dólares.

Como cabe la posibilidad de que los activos comerciales necesarios para cubrir la sentencia simplemente no existan, los acreedores intentan caminos alternativos. Por ejemplo lograr, a través de la aplicación de la cláusula pari passu, interceptar los pagos que la Argentina envíe al FMI o a cualquier otro acreedor. La aplicación de dicha cláusula veda en la práctica la existencia de acreedores privilegiados, porque obliga a que si se paga a uno, se pague a todos. En una jugada fuerte, el estudio jurídico que representa a la Argentina ante los tribunales de Nueva York, Cleary, Gottleib & Hamilton, pidió a Griesa que se expida sobre la pari passu. La respuesta del juez fue "que no existía caso o controversia para decidir", con lo que la situación quedó indefinida. Pero entre el requerimiento argentino y la respuesta del juez mediaron algunos movimientos. Si Griesa hubiese considerado que correspondía aplicar la cláusula, los organismos financieros internacionales habrían perdido su carácter de acreedores privilegiados. No extrañó, entonces, que tras el pedido de Argentina, tanto la Reserva Federal como el Tesoro hayan solicitado a Griesa que, en interés del gobierno de los Estados Unidos, a la sazón el principal accionista de los multilaterales, y de la preservación del "sistema internacional de pagos", no disponga la pari passu.

El voto de los italianos

Rafael Bielsa explicó por qué algunos países del G-7, como Italia, se abstuvieron anteayer en la votación del directorio del FMI, cuando se aprobó la revisión de las metas del acuerdo con Argentina. "Yo creo que en las cuestiones de intereses se pasa del amor de la historia al espanto de los números", analizó, con un estilo similar al de su hermano Marcelo. El canciller recordó que las autoridades italianas le señalaron hace algún tiempo "sin eufemismos y con toda claridad que 400 mil tenedores privados de títulos de la deuda en default son 1 millón 600 mil votos. Y yo creo -enfatizó- que eso explica todo." Bielsa afirmó que con Italia "tenemos relaciones excelentes en lo comercial, en materia de aeronavegación espacial y acabamos de firmar un convenio para un desarrollo conjunto".

"La verdad es que las relaciones son inmejorables, pero hay que hacerse cargo de que 1 millón 600 mil votos en un sistema parlamentario de márgenes tan estrechos y tan finos no son una cifra para desdeñar", interpretó. Además de Italia, otros miembros del G-7 que se abstuvieron fueron Gran Bretaña y Japón

LA LINEA DE NEGOCIACION DE ALBERTO FERNANDEZ
"Concientizar al acreedor"
Página 12, 30 de enero del 2004

El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, describió ayer que la negociación con el FMI es "un juego de presiones", dentro del cual el Gobierno seguirá trabajando "con la misma convicción" para no repetir experiencias que dejaron al país "consecuencias bastante negras". En declaraciones formuladas desde Madrid -donde acompaña al presidente Néstor Kirchner, de visita oficial en España-, Fernández subrayó que la Argentina "ha cumplido con exceso las metas que nos ha pautado el FMI" y agregó que "va a costar trabajo, pero hay que seguir esforzándose" para lograr que la segunda revisión del acuerdo, que comenzará el mes próximo, también sea aprobada.

El jefe de los ministros se refirió a la discusión sobre la reprogramación de la deuda con los acreedores privados como "una tarea difícil" que "va a demandar mucho tiempo". "Tendremos que soportar muchas presiones y opiniones adversas, pero hay que seguir adelante con nuestra prédica", añadió. Fernández destacó que "la Argentina no pretende tener un mal diálogo con los acreedores, solamente intenta hacerle entender al mundo que no puede pagar lo que está debiendo si no es a riesgo de profundizar la crisis que ha vivido".

"Esos son los términos de nuestra propuesta, que algunos llaman inflexible", dijo. Y agregó: "De todos modos, nosotros seguiremos trabajando y tratando de concientizar a la gente y al mundo de lo que queremos y podemos hacer, y creemos que vamos a lograrlo".

El directorio del FMI aprobó finalmente con demora la primera revisión del acuerdo firmado en septiembre pasado. Sin embargo, la decisión -que significó la liberación de 358 millones de dólares para la Argentina- sólo fue votada por doce de los veinte directores del organismo, en tanto los ocho restantes se abstuvieron. La votación reflejó la división existente en el seno del organismo y entre los países más poderosos acerca de la propuesta de reestructuración de su deuda con acreedores privados, que incluye una quita de 75 por ciento del valor nominal de las obligaciones.

En tanto, el ex funcionario del FMI Claudio Loser quien era el responsable de supervisar el caso argentino durante los ’90, que como bien se sabe terminó en un fracaso rotundo, no se inhibe por ello: sostuvo ayer que el organismo crediticio le otorgó a la Argentina "el beneficio de la duda" al aprobar las metas del último acuerdo.

Deserciones en el grupo de bancos para vender la quita de la deuda

Por David Cufré y Claudio Zlotnik
Página 12, 30 de enero del 2004

La convicción acerca de que el Gobierno no modificará sustancialmente la poda del 75 por ciento del valor nominal de la deuda en default y la exigencia rechazada de más comisiones derivaron en el abandono de varios bancos a integrar el sindicato colocador. Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas, tendrá que rearmar la estrategia con los bancos que quedan.

Además de tener que lidiar con el FMI, los acreedores y los juicios, el Gobierno tropezó con otro obstáculo. Varios de los bancos internacionales que habían ofrecido sus servicios para intermediar en la reestructuración de la deuda decidieron retirarse. A las deserciones iniciales del Citi, el JP Morgan y el Deutsche Bank se sumaron esta semana las de Morgan Stanley y Goldman Sachs, mientras que Barclays, Dresdner Bank y Lehman Brothers, todavía en carrera, abandonarían en cualquier momento. El sindicato de bancos quedaría reducido de ese modo a sólo dos entidades: UBS y ABN Amro. Para el canje en el tramo local no hay tanto problema, porque harán el trabajo el Banco Nación, el Galicia y el BBVA Francés. Pero para llevar adelante la operación con los acreedores del exterior la estructura que quedaría en pie sería insuficiente. Roberto Lavagna diseñaría un nuevo plan, mientras los especialistas empiezan a advertir que la reestructuración no terminaría este año.

Las dificultades que surgieron para cerrar trato con bancos internacionales demorarán todo el proceso. El equipo económico lo toma con calma, mientras los bonistas y los economistas que defienden sus intereses creen haber encontrado otro argumento para repetir la muletilla de moda: "el Gobierno no negocia de buena fe". La función del sindicato de bancos es ayudar al Gobierno a preparar el menú de títulos que se ofrecerán a los acreedores, publicitar el canje -y las ventajas de plegarse- y llevar a cabo el traspaso de los títulos viejos por los nuevos. Para eso se necesitan bancos con gran penetración, experiencia en deuda soberana y conocimiento del mercado.

El asesor financiero que Lavagna había contratado el año pasado, Lazard Frers, tenía restricciones de envergadura para encarar esa tarea. Por eso el ministro resolvió convocar a otras entidades, dividiendo el trabajo por continentes. Dos o tres bancos actuarían en Europa, otros tantos lo harían en Estados Unidos, uno se encargaría de los acreedores de Japón y tres de los bonistas de la Argentina. De todo eso, lo único que está en pie es la estructura para el ámbito local.

Los tenedores de bonos se sienten con más razón para protestar porque el Ministerio de Economía había dicho que el sindicato completo estaría listo las primeras semanas de diciembre pasado. Para defenderse, Lavagna le echa la culpa al FMI: como ellos tardaron en aprobar la primera revisión de las metas, nosotros tuvimos que esperar para arreglar con los bancos colocadores, afirmó anteayer. Aunque tiene parte de razón, también es cierto que las deserciones -informadas por fuentes de la city, ya que oficialmente todavía no hay nada- se produjeron por conflictos de interés entre los bancos y el Gobierno.

El punto central es que las entidades financieras perciben que Kirchner no flexibilizará su posición con respecto a la quita nominal del 75 por ciento. Mientras más enfatiza el Presidente que no se moverá de esa propuesta, más se alejan los bancos, porque, a su vez, sostienen que los tenedores de bonos no la aceptarán. En tal caso, lo que vislumbran es que quedarán en medio del conflicto, con riesgo de ser llevados a juicio -varios de esos bancos fueron en el pasado colocadores de los bonos que cayeron en default-, con mucho trabajo y poca ganancia. "Si le vieran la punta al ovillo, si creyeran que pueden sacar una ganancia fuerte y rápido, nadie se hubiera ido", explicó un banquero local a Página/12.

En ese marco, aparecieron disputas por las comisiones. Morgan Stanley y Goldman Sachs, que renunciaron esta semana, pretendían cobrar más de lo que les ofrecía el Gobierno, aduciendo que serían quienes liderarían la operación. Esas mismas entidades y la mayoría de las demás también exige una cláusula de salida. Eso significa que si decidieran renunciar a seguir adelante con el proceso de reestructuración, el Gobierno debería aceptarlo y pagarles por su trabajo hasta ese momento. Lavagna lo rechazó una y otra vez, porque reclama que quien se suba al barco siga firme hasta el final. Es la única forma de convencer a los acreedores de que no tienen opción, según afirma el ministro.