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Por Claudia Korol
Adital, Buenos Aires, Argentina. 23 de enero del 2004
"Dice mi padre
que un solo traidor
puede con mil valientes ;
él siente que el pueblo
en su inmenso dolor
hoy se niega a beber
en la fuente clara del honor.
Tú no pediste la guerra madre tierra,
yo lo sé
en mi país somos duros :
el futuro lo dirá."
Alfredo Zitarrosa.
El gobierno uruguayo emitió un comunicado informando sobre su política de derechos humanos, y evitando al mismo tiempo responder al pedido realizado por el gobierno argentino para que se aporten los datos con que cuentan para llegar a la verdad sobre el caso de María Claudia García Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada junto a Marcelo Gelman, su compañero, en Argentina, y desaparecida en Uruguay durante la dictadura en ambos países. De esta manera - y después de varios días de demora ante la demanda argentina - la Cancillería de Uruguay difundió las acciones emprendidas por el gobierno de Jorge Batlle tendientes a que se esclarezca la situación de los desaparecidos uruguayos.
"El presidente Batlle es uno de los mayores responsables de que el Estado argentino no haya podido hasta el presente hacer justicia en los numerosos casos de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina, por obra conjunta de las dictaduras argentina y uruguaya de entonces", declaró en el periódico Página 12 Alberto Pedroncini, abogado querellante en la causa sobre el Plan Cóndor, quien asegura que en ese expediente constan las respuestas del presidente Batlle, negándose a informar a la justicia argentina, sobre los militares uruguayos que cometieron delitos en territorio argentino. Las respuestas del gobierno uruguayo no se basan en el desconocimiento de los hechos, sino en la defensa de la política de impunidad, elegida por Uruguay hasta el momento, con relación a las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras. Sin embargo, refuta Pedroncini, "el Estado uruguayo no puede pretender, sin atentar contra el derecho de gentes y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que sus leyes sean aplicables a delitos cometidos en territorio argentino, desplazando la jurisdicción de nuestro país, donde se está intentando su debido juzgamiento".
Por su parte el senador uruguayo Rafael Michelini, hijo del senador frenteamplista Zelmar Michelini -asesinado en Argentina durante la dictadura militar-, denunció en una entrevista publicada por el mismo diario el día 20 de enero, que en una conversación que sostuvo con el presidente de su país, Jorge Batlle, éste le manifestó que sabía quiénes eran los asesinos de María Claudia. "El gobierno uruguayo sabe todo sobre este caso y, naturalmente, si un juez me convoca voy a transmitir todo lo que yo sé. A partir de las investigaciones realizadas por el propio Gelman y de la investigación que encaró el mismo gobierno de Batlle en el año 2000 no sólo se llegó a dar con el paradero de la nieta de Gelman, entregada a una familia de apropiadores en enero de 1977 antes del asesinato de su madre, sino que también se obtuvieron todos los datos acerca del lugar donde están los restos de María Claudia. La información nos lleva a que los restos están en una unidad militar de Montevideo."
Según las informaciones recibidas en esa investigación, se cree que en esa unidad militar - el Batallón Número 13 de Montevideo-, se encuentran también los restos de otros uruguayos desaparecidos en Argentina, que estuvieron detenidos-desaparecidos en el campo de concentración Automotores Orletti y fueron trasladados a Uruguay en octubre de 1976.
En el debate entre ambos gobiernos, se mezclan las diferencias existentes con relación a la política de derechos humanos, con la participación cada vez más activa de los presidentes del Mercosur, en la política de los países vecinos. Si Kirchner no olvida que días antes de las elecciones en Argentina Batlle realizó declaraciones señalando que iba a triunfar Carlos Menem, el presidente uruguayo no le perdona los pronunciamientos realizados por Kirchner sobre sus preferencias por Tabaré Vázquez para las próximas elecciones en Uruguay. De esta manera, pasado y presente, pero sobre todo la mirada hacia el futuro, se mezclan de manera natural en la política latinoamericana.
Avanzar en la batalla contra la impunidad, y esclarecer hasta las últimas consecuencias, no sólo el destino de los desaparecidos, sino las responsabilidades de los genocidas, es fundamental en un momento en que la política hegemónica estadounidense aspira a reactualizar el Plan Cóndor, avanzando en la militarización del continente. En este contexto, las decisiones del gobierno de Paraguay de requerir la presencia de Estados Unidos en el control de la Triple Frontera, es un peligroso antecedente que apuntaría a reflotar la coordinación represiva del Cono Sur, con el monitoreo directo de las FF.AA. de Estados Unidos, en regiones estratégicas para asentar la hegemonía norteamericana, como es esta zona importante por su acceso a la Amazonía, por la existencia del más importante reservorio de aguas del continente - el acuífero guaraní -, y por ser una región rica en biodiversidad.
Resulta preocupante, en esta dirección, las afirmaciones realizadas por el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, senador Mario Daniele (PJ-Tierra del Fuego), quien en el diario La Nación señaló que la semana pasada acordó con su par norteamericano, Pat Roberts, reforzar tareas de inteligencia conjuntas en la Triple Frontera para prevenir atentados terroristas en el país. Frente a esto, las organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina intentan unir los esfuerzos de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos realizadas en la dictadura, con la necesidad de no avanzar en estrategias represivas en este tiempo. En esa dirección, el Foro Social de la Triple Frontera, que se reunirá en Puerto Iguazú en junio del 2004, será seguramente un momento oportuno en el que los movimientos populares denuncien la coordinación represiva que se está montando en esta región -límite de Paraguay, Brasil y Argentina-, los riesgos que implica la presencia estadounidense en la misma, e intenten avanzar en su coordinación, como parte de la construcción de alternativas verdaderamente populares, que a la vez permitan preservar la soberanía, la autonomía y la independencia.
* Claudia Korol es secretaria de redacción de la revista América Libre.