CARTA ABIERTA SOBRE LA DEUDA PÚBLICA ARGENTINA

De nuestra mayor consideración :

Los abajo firmantes somos diputados de diversos partidos políticos representados en el Congreso Nacional, que denunciamos públicamente la naturaleza parcialmente ilegítima y fraudulenta de la deuda pública de nuestro país.

El motivo de esta carta es transmitirle sintéticamente información que pueda contribuir a comprender las verdaderas causas de la situación de insolvencia que atraviesa nuestro país, e informarle de la existencia de causas judiciales pendientes donde se ha cuestionado la legalidad de una parte sustancial de los bonos que se encuentran en default.

Nuestra intención no es eludir la responsabilidad del Estado Argentino, sino extender la corresponsabilidad hacia quienes contribuyeron dolosamente a este colapso : los funcionarios públicos responsables, sectores prebendarios de la cúpula bancaria y empresarial, los bancos colocadores y los organismos financieros internacionales que auditaron ese irresponsable e ilegal endeudamiento.

También entendemos que no es justo que se descargue sobre una sola clase de acreedores el peso de la quita y que una salida más razonable debería basarse en un reparto equitativo de las pérdidas en función de las responsabilidades que cada parte haya tenido en este proceso. Para ello es imprescindible que se haga transparente lo que sucedió en la Argentina

El proceso de endeudamiento externo comenzó a fines de la década del ’ 70 cuando el país era gobernado por una dictadura y los bancos internacionales comenzaron a dirigir sus flujos financieros hacia los países en desarrollo. En muchos casos los préstamos se realizaron sin respetar las formas y violando leyes internas. La posterior suba unilateral de intereses, y el hecho de que dichos préstamos alimentaron en su mayor parte la fuga de capitales, determinó que se forjara una situación de insolvencia económica financiera estructural. Como resultado de todo ello la sociedad argentina sin que pudiera ni siquiera opinar al respecto, vio como la deuda externa se multiplicaba 7 veces en pocos años, concentrada en un reducido núcleo de grandes bancos internacionales.

Por ese origen ilegítimo podemos afirmar que de acuerdo al derecho internacional, parte de la deuda externa argentina es una "deuda odiosa". Este fraudulento proceso fue motivo de una causa judicial criminal (Alejandro Olmos contra Martínez de Hoz causa 14.467) donde la Justicia Federal Nacional en un fallo de Julio del 2000, determinó que existían préstamos irregulares, y que hubo connivencia entre banqueros y funcionarios ; y corresponsabilidad del FMI en ese endeudamiento ilegítimo. Ese expediente judicial fue finalmente derivado al Congreso Nacional donde se encuentra pendiente de un veredicto político, al que sin embargo el Congreso no se ha abocado, como consecuencia de presiones externas y del FMI.

Cabe agregar que en 1983 cuando se reinicia la democracia, el Congreso Nacional sancionó la ley Nro. 23.854 mediante la cual rechazó todas las Cuentas de Inversión de la dictadura. Esta trascendente decisión transformó a la deuda de la dictadura no solo en ilegítima, sino también en ilegal. Las presiones internacionales para que la Argentina reanudara los pagos a los bancos, y la imposibilidad de pago de esa deuda fue la causa de fuertes desequilibrios económicos, que dieron entre otras cosas como resultado que la Argentina sea el único país en el mundo que registró dos hiperinflaciones sucesivas.

Por ello la Argentina entró forzadamente en el Plan Brady, con el cual la deuda con los grandes bancos internacionales se vio reemplazada por deuda en bonos, que a cambio de un momentáneo alivio financiero, llevó a la ruinosa venta y extranjerización de las empresas públicas, o sea a la liquidación del patrimonio público, cuyos ingresos se dilapidaron en pago de la deuda, en gastos corrientes ; y en una indiscriminada apertura de la economía. Esta política de apertura comercial no encontró ninguna reciprocidad en los países centrales, que con sus políticas de proteccionismo y subsidios agrícolas, siguen perjudicando la balanza comercial argentina. Muchos analistas consideran que de no existir estas distorsiones en el comercio internacional, nuestro país ya habría cancelado su deuda externa.

No podemos dejar de reconocer que existieron graves errores de política económica interna, que sin embargo fueron deliberadamente ignorados o incluso alabados y sostenidos desde afuera, como lo es la adopción en la década del ’90 del rígido sistema monetario de la convertibilidad de la moneda, con una enorme sobrevaluación cambiaria. Esto perjudicó gravemente a la actividad productiva interna, pero funcionó como un seguro de cambio para la inversión externa, sobre todo la financiera, y le permitió a las empresas de servicios públicos extranjerizadas cobrar altísimas tarifas en dólares. A ello debe sumarse la privatización del sistema jubilatorio por exigencia del FMI, que no sólo desfinanció al fisco, sino que hizo que buena parte del ahorro argentino se encaminara hacia el exterior, o volviera al fisco como préstamos con altísimos intereses.

Todo esto debilitó la estructura económica argentina al punto que desde 1998 entró en una fuerte recesión, cuya tendencia recién se comenzó a revertir cinco años después, habiéndose hasta ahora, sólo recuperado parcialmente la caída del producto bruto interno. Esto, junto a un proceso de agudización de la desigualdad de la distribución de la riqueza, ha provocado que los indicadores sociales se agravaran sustancialmente a partir del año 2001, cuando se declaró el default.

Durante la década del ’90, la deuda pública degeneró en una enorme burbuja especulativa, que creció vertiginosamente porque cada nueva emisión de bonos estaba destinada a pagar los emitidos anteriormente. Las sobretasas de interés fruto del crecimiento de la tasa de riesgo país, y la subvaluación en la colocación de los bonos en el mercado, alcanzan por si solas para explicar el crecimiento de la deuda con la dinámica de una bola de nieve, cuyo núcleo inicial se remonta a la deuda con los grandes bancos contraída por la dictadura militar. Por ende no es cierto que la emisión de bonos fuera para paliar el déficit primario del Estado, al que por otro lado se le fue haciendo imposible obtener fuertes superávit primarios, para pagar una deuda que ya era insostenible, en una economía que se hundía en la recesión. Esta imperiosa necesidad de lanzar nuevas emisiones de bonos para financiar viejos bonos se realizó en muchos casos sin las debidas autorizaciones legales.

En el 2001, cuando se agotaron las posibilidades de seguir refinanciando los vencimientos, sobrevino una crisis financiera total, de deuda, cambiaria y bancaria. Aquí es donde entendemos se produce una verdadera estafa a los bonistas en el denominado "megacanje" de deuda llevado a cabo en junio del 2001. Un ruinoso negociado financiero y a la vez una maniobra de engaño a bonistas desprevenidos de la inminente crisis que se avecinaba en la Argentina, que permitió a otros tenedores de bonos más informados (especialmente a las firmas de Wall Street) desprenderse de estos títulos argentinos próximos al default. En esta maniobra se beneficiaron las casas matrices de los bancos extranjeros del sistema financiero argentino quienes, aprovechándose de la información privilegiada de que disponían, tuvieron la habilidad de desprenderse anticipadamente de los bonos argentinos, antes de que la crisis del 2001 estallara.

De esta manera los bancos norteamericanos, ingleses y españoles que tenían títulos con jurisdicción en Nueva York (que eran la mayoría), los internalizaron nuevamente en la Argentina, a través de sus filiales y sucursales bancarias, llevándose a cambio las reservas de que éstas disponían. Esto ha sido denunciado vivamente, y existen las pruebas de investigaciones realizadas sobre los balances bancarios. A su vez los restantes bancos de Europa y Japón los transfirieron engañosamente a los pequeños ahorristas y jubilados, que creyeron que como esos bonos contaban con el aval de esos bancos y del FMI, estaba asegurado el cobro de las altísimas rentas que prometían.

Es evidente la corresponsabilidad del FMI en todo este proceso irracional de endeudamiento, que destruyó a la economía y empobreció a la mayoría de los argentinos, el cual incluso en la fase final de la crisis, con sus "salvatajes" lo único que hizo fue financiar una descomunal fuga de divisas, cuya existencia no podía ignorar. También es evidente la corresponsabilidad de los bancos creadores del mercado y de las calificadoras de riesgo, que alimentaron una burbuja especulativa con bonos argentinos cuando nuestro país era técnicamente insolvente, contrariando así el principio de conocer e informar al cliente.

Por todo lo anteriormente expuesto se encuentran en trámite judicial causas de nulidad de los bonos en el fuero penal y contencioso administrativo. Asimismo se encuentra cuestionada la validez de la prórroga de jurisdicción y de renuncia a la inmunidad soberana, por ser violatorias de la Constitución Nacional, y por haberse realizado mediante un procedimiento irregular.

Es obvio que cualquier país no coaccionado desde el exterior, después de un acontecimiento catastrófico como el default argentino del año 2001, habría dispuesto inmediatamente realizar una investigación y auditoría de la deuda, para determinar el origen, legalidad y validez de ese proceso de endeudamiento, y el por qué de la enorme crisis bancaria. Sin embargo, por exigencia de los grandes bancos internacionales y del FMI, esto no se hizo, debiendo incluso derogar el Congreso argentino por requerimiento expreso de ambos, leyes internas que sancionaban el vaciamiento bancario, con las que se habían abierto múltiples causas en la Justicia. Y por el contrario, también por requerimiento expreso del FMI, el Estado argentino debió afrontar una capitalización integral de los bancos, mediante una masiva emisión de bonos de la deuda, cuyos pagos hoy se están atendiendo normalmente.

Pasaron así de ser corresponsables de las maniobras de endeudamiento y vaciamiento, a ser beneficiarios de la crisis que contribuyeron a generar.

Para que la enorme deuda argentina no se vea abultada aun más, el actual gobierno se propone efectuar una sustancial quita a los bonistas individuales, nacionales y extranjeros, que a lo largo de la historia de la opaca deuda argentina, han sido expresamente desinformados por los bancos sobre las escabrosas vicisitudes de la misma.

Esta desinformación es consecuencia también de que tampoco se hizo esa auditoría en el año 1983, cuando cesó la dictadura militar que había contraído la deuda ; ni en el año 1991, cuando se renegoció con el Plan Brady. Y hoy nuevamente se vuelve a renegociar la misma deuda, pero enormemente abultada, sin que los acreedores estén suficientemente esclarecidos sobre su origen, el destino de los fondos, y las causas de esta tremenda catástrofe financiera y de hundimiento de un país.

En los actuales planteos del FMI, los comités de bonistas y los bancos, se privilegia la variable económica financiera de la deuda, pero ésta es sólo una pata del problema al que le faltan otras dos : el de la sustentabilidad legal de una deuda parcialmente ilegítima desde sus orígenes ; y el de la sustentabilidad social de una deuda, que aún obteniendo la quita que se propone obtener en desmedro de algunos de los acreedores, a poco de andar puede tornarse social y políticamente insostenible.

Por ello el problema de la deuda argentina no tiene solución, si se prescinde de la verdad sobre su evolución desde sus orígenes hasta la fecha, cuya omisión ha permitido sacar del escenario a los verdaderos responsables de ella, dejando sólo enfrentados en él, a un gobierno coaccionado por el FMI y los bancos internacionales -los corresponsables del problema- y a los pequeños ahorristas desesperados, que temen perder todo lo que en su vida ganaron.

A partir de la verdad se pueden construir soluciones alternativas, en las que no necesariamente tienen que perder los más débiles, sino los que generaron el problema. Al respecto deben trabajarse distintas ideas alternativas, que atendiendo a la objetiva corresponsabilidad del FMI y de los bancos frente a los acreedores individuales, genere el reclamo de que ellos concurran a resolver el problema, afrontando costos proporcionales a sus propias responsabilidades.

Ponemos a su disposición los antecedentes documentales que sustentan nuestras opiniones.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

BARBAGELATA, María Elena (Partido Socialista)
BORTOLOZZI, Adriana R. (Partido Justicialista)
BREARD, Noel E. (Union Civica Radical)
CAFIERO, Mario A. (Soberanía Popular)
CARBONETTO, Daniel (MMTA)
CASTRO, Alicia A. (Frente para el Cambio)
CONTE GRAND, Gerardo A. (PJ)
ESAIN, Daniel S. (FISCAL)
FERRIGNO, Santiago (FREPASO)
FILOMENO, Alejandro O. (FREPASO)
GARCIA, Susana (ARI)
GARRE, Nilda C. (FREPASO)
GIOJA, Juan Carlos (PJ)
GODOY, Juan Carlos (NEP)
GODOY, Ruperto E. (PJ)
GONZALEZ, Maria A. (ARI)
JOHNSON, Guillermo E. (PJ)
KUNEY, Mónica A. (PJ)
LOVAGLIO, Antonio (PJ)
LOZANO, Claudio R. (Fuerza Porteña)
MACALUSE , Eduardo (ARI)
MAFFEI, Marta (ARI)
MUSSA , Laura (ARI)
MONTEAGUDO, Lucrecia (Partido Intransigente)
OSUNA, Blanca Inés (PJ)
PEREZ, Adrián (ARI)
PEREZ MARTINEZ, Claudio (UCR)
PICCININI, Alberto (ARI)
POLINO, Héctor T. (PS)
RIOS, Fabiana (ARI)
RIVAS, JORGE (PS)
RODRIGUEZ, Marcela (ARI)
ROMERO, Héctor R. (UCR)
STOLBIZER, Margarita R. (UCR)