Argentina: niños en riesgo, un desafío de todos!

Instituciones como el Rotary Club, Unicef y la OIT se están ocupando de la cuestión y denuncian cifras espantosas a escala mundial: 40 millones de niños de 14 años o menos son víctimas de maltratos y abandono; 250 millones de menores, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 14 años, trabajan; más de 100 millones viven en la calle; más de 130 millones carecen de escolaridad básica, y así siguen las estadísticas, casi todas escalofriantes. Si descendemos al plano de nuestra propia ciudad, basta una mirada para advertir que el problema de los chicos "de la calle", su realidad y su explotación por terceros constituyen un fenómeno social denigrante y creciente.

Juan Carr, creador e impulsor de la Red Solidaria, sostuvo que esta entidad sin fines de lucro se había abocado a tratar de resolver el problema de los niños perdidos y el de la desnutrición infantil. Respecto de lo primero, comentó que se recibieron 250 denuncias; merced a la solidaridad de la gente fueron ubicados 180 niños. La cifra es extraordinaria y responde a lo que ya se llama la "explosión solidaria", un fenómeno que, a juicio de dicha organización, se está registrando hoy en nuestro país y que si no ha alcanzado una dimensión aún mayor es porque los problemas que lo motivan no siempre son visibles al común de la gente. De ahí la importancia que tiene la labor de la prensa, que debe colaborar en ponerlos de manifiesto.

En la misma reunión, dio su testimonio el matrimonio que preside los Hogares de Belén, grupo que se ocupa de niños en riesgo -algunos de ellos enfermos de Sida-, por vía de hogares de tránsito, intentando acercarlos a la adopción, al servicio del Poder Judicial.

Otros cuatro panelistas, jueces o ex jueces con competencia en temas de minoridad, explicaron cuáles eran las herramientas de las que disponían para encarar la cuestión desde el plano de la justicia civil. Luego de señalar que las normas en vigencia son a su juicio suficientes, aunque naturalmente perfectibles, enumeraron los instrumentos que pueden contribuir de manera decisiva a afrontar los duros desafíos que plantea la realidad: la institución de la protección de la persona , la ley de violencia familiar, las facultades que otorga el Patronato para proteger al menor incluso de sus propias familias -tratando que no se desvinculen de ellas-, el Consejo Nacional del Menor y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que suplen desde hace tiempo las enormes fallas del Estado.

Se reclamó a la comunidad que brinde su apoyo, especialmente en materia de espacios que permitan separar al menor en riesgo en forma temporaria. Desde el derecho penal se expuso la necesidad de adecuar la legislación penal a los postulados de la Convención de Derechos del Niño, con miras a la creación de una justicia de menores más rápida, oral y expeditiva, que abandone la idea de disponer del menor como si fuese una cosa, aceptándolo como sujeto de derecho y reconociendo que la supuesta solución de la internación no lo es en realidad, pues siempre implica una privación de libertad.

Partiendo del grave crecimiento de los niveles de indigencia -hay 600.000 niños argentinos por debajo de la línea que define esa condición-, se planteó la necesidad de reconocer que los mecanismos de protección a los niños presentan fallas en nuestra sociedad. El asistencialismo, el paternalismo y la internación -nuestros viejos asilos- han fracasado totalmente. Siete de cada diez delincuentes adultos han pasado en su juventud por uno de estos asilos o institutos de menores, según estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En el territorio de ese Estado provincial hay 8000 niños internados, cada uno de los cuales le cuesta al Estado 2500 pesos por mes. Es fácil advertir que muchas familias, con sólo una parte de esa suma mensual, podrían darle al niño en sus hogares lo que el instituto nunca les dará: respeto, afecto y contención.

Resulta imprescindible que las ONG continúen capacitándose y trabajando con intensidad. Es fundamental formar un tríptico entre el Estado, la ONG y el menor necesitado. En todo caso, es necesario reformular el pacto social, colocando la solidaridad en primer término, a fin de identificar a los niños en riesgo y ocuparse de ellos. Es imprescindible comprender que los derechos del niño no son meramente declamatorios sino que su rango constitucional debe ser encarnado en todo el cuerpo legal y social del país. En tal sentido, el método de los foros públicos se consideró sumamente eficaz para debatir e identificar los problemas reales de la población, como es el caso de los menores en riesgo.

Se trata sólo de un paso inicial. No se debe ocultar el problema;es indispensable tratarlo y asumirlo, mostrando cómo las instituciones privadas intentan insertarse en la acción común con el Estado para superar las dificultades que afectan a los más desprotegidos, a los más pobres entre los pobres: los niños en riesgo o en situación de abandono, que necesitan recibir fundamentalmente afecto y coraje para luego brindarlo, a su vez, a otros en similar condición. Todos debemos fortalecer la convicción de que esos niños son nuestros, de que "son suyos y míos", como se dijo durante el debate efectuado en La Nación . En consecuencia, "nuestra" debe ser también la solución. Ese fue, sin duda, el mensaje más importante de la jornada vivida en este diario. Es de desear que todos sepamos oír el llamado de esta realidad que nos interpela.