Abren dos megacausas en Argentina a los responsables del "Operativo Independencia"

Por Marcos Taire
ARGENPRESS.info. Buenos Aires, 3 de agosto del 2004

Los Familiares de Desaparecidos de Tucumán querellaron a las autoridades civiles y militares que ordenaron y ejecutaron el Operativo Independencia, que comenzó en 1975 y se prolongó durante la dictadura. Acusan a Isabel Perón, Italo Luder, los ministros que firmaron los decretos dando inicio a las acciones militares y quienes las extendieron al resto del país, en febrero y octubre de 1975. Acusan a Acdel Vilas y otros militares que hasta ahora habían escapado de la justicia gracias a las leyes de impunidad y a jueces cómplices de los crímenes.

La ex presidente María Estela Martínez de Perón, el ex presidente provisional Italo Argentino Luder, sus ministros, los comandantes militares y los jefes y participantes directos del Operativo Independencia fueron querellados por los Familiares de Desaparecidos de Tucumán. Los acusan por los delitos de privación ilegal de la libertad, cautiverio en centros clandestinos de detención, torturas, trato cruel e inhumano, ejecución de personas indefensas, ataque al sistema de división de poderes y por haber creado y/o haber consentido la formación de un grupo paramilitar y parapolicial.

La querella, patrocinada por las abogadas Laura Figueroa y Viviana Vicente solicita al juez federal Jorge Parache la investigación de los centenares de casos de desaparecidos ocurridos durante el período comprendido entre el 9 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976.

El escrito puntualiza que ’a través del Operativo Independencia se produjeron detenciones clandestinas e ilegales, se crearon centros clandestinos de detención o campos de concentración, se aplicaron tormentos crueles provocándoles a muchos la muerte’.

La querella acusa a numerosos militares que tuvieron responsabilidad directa en el Operativo, tales como los generales Luciano Benjamín Menéndez y Acdel Vilas, los coroneles González Breard y Néstor Rubén Castelli, los tenientes coroneles Antonio Arrechea, Néstor Rubén Castelli y Raul Alberto Palomo, los comisarios Roberto Heriberto Albornoz (alias El Tuerto) y Marcos Fidencio Hidalgo ’y contra todos los que surjan de esta investigación’, según puntualiza el escrito.

La presentación abunda en pruebas documentales y testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración y de participantes de la represión. Además, solicita que se libre oficio al Ministerio de Defensa para que facilite las órdenes secretas relacionadas con el Operativo Independencia y que remita la nómina de los miembros del Ejército, Gendarmería y Policía Federal que intervinieron desde febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976.

Los acusadores piden la conexidad de las causas ’teniendo en cuenta que los delitos imputados fueron cometidos por un grupo de personas en cumplimiento de un plan sistemático de desaparición forzada de personas, que respondieron al comando operacional del Ejército’.

El documento precisa que ’las privaciones ilegales de la libertad se produjeron luego de ingresar a los domicilios de las víctimas o de interceptarlos en la vía pública o de individualizarlas a la salida de sus trabajos’. Para las abogadas patrocinadoras, ’el tratamiento procesal unificado permitirá no solo facilitar la producción probatoria sobre el plan sistemático de exterminio, sino también lograr economía procesal, agilizando el trabajo del Juzgado’.

La denuncia contra los responsables del Operativo Independencia recuerda que ’Acdel Vilas reconoció expresamente, a través de los Planes Tácticos, que la lucha contra la guerrilla era netamente de inteligencia, entonces confeccionaron listas de personas que consideraban guerrilleras o marxistas o allegados, familiares, amigos, profesionales relacionados con aquellos e hicieron seguimientos, se infiltraron en la Universidad, en los sindicatos, organizaciones políticas, etc. , para luego secuestrar a esas personas y llevarlas a los ’Lugares de Reunión de Detenidos’, es decir campos de concentración’.

Un capítulo especial está dedicado a desmontar el mito de la ’guerra’, en tanto está probado que ’el Operativo tuvo mayor actividad en los campos de concentración y en las ciudades que en los montes tucumanos’. En ese sentido, recuerda que ’en la ciudad de San Miguel de Tucumán no había combate entre el ejército y grupos armados, sin embargo el Operativo también la abarcó’.

Un dato revelador que consigna la querella es que de acuerdo al Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán ’la estadística indica que el mayor porcentaje (75%) de personas secuestradas y desaparecidas desde el Operativo Independencia correspondió a obreros de fábrica y surco de la industria azucarera, peones rurales y obreros de la construcción’.

El documento presentado por los Familiares de Desaparecidos menciona numerosos casos de enfrentamientos fraguados, que fueron simplemente asesinatos de personas que estaban en cautiverio. También recuerda que Vilas fue reemplazado en la comandancia del Operativo en diciembre de 1975 por Antonio Domingo Bussi, quien ’siguió la cacería humana incalificable como guerra’.