SOBERANÍA BAJO ASEDIO
Venezuela entre sanciones y despliegue militar

Esta declaración se produce en medio de una creciente tensión debido al despliegue y patrullaje de buques militares estadounidenses en el Mar Caribe, lo cual el gobierno considera una amenaza externa. En consecuencia, ha ordenado a la Fuerza Aérea Bolivariana y a otras unidades que se mantengan en alerta máxima y ha puesto a varias unidades en máxima preparación para el combate.

El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado reiteradamente lo que califica de planes intervencionistas estadounidenses y el despliegue de fuerzas navales en el Caribe (incluyendo, según sus declaraciones, lanchas lanzamisiles y un submarino nuclear), lo cual considera una amenaza directa para Venezuela. Estas declaraciones forman parte de una escalada de tensiones que, según el gobierno, se intensificó en agosto de 2025 con el aumento del contingente naval estadounidense en la región, acciones que Washington justifica oficialmente como parte de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano considera esto un acto unilateral e injustificado, violatorio del derecho internacional y que amenaza la paz y la soberanía de los países de América Latina y el Caribe.

Mientras tanto, el gobierno advierte sobre operaciones de las fuerzas de la oposición destinadas a desestabilizar el país como parte de una agresiva estrategia de cambio de régimen para beneficiar los intereses estadounidenses, con el pretexto de la guerra contra las drogas. En este contexto, Estados Unidos ha impuesto sanciones a funcionarios venezolanos y ha designado al llamado « Cártel de los Soles » como organización terrorista. Estas medidas han intensificado las tensiones diplomáticas y, según declaraciones de Washington, presagian una nueva fase de operaciones encubiertas contra Venezuela.

Ante este escenario de alto riesgo, el presidente Maduro hizo un llamado a la unidad nacional y a la cohesión de la Revolución Bolivariana para defender la soberanía nacional. El gobierno advirtió que, en caso de agresión extranjera, podría declarar constitucionalmente la « República en Armas », con el correspondiente fortalecimiento de los mecanismos de defensa y seguridad. También ordenó a la Fuerza Aérea Bolivariana y a otras fuerzas armadas permanecer en alerta máxima y dispuso varias unidades en preparación para el combate.

En noviembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el cierre total del espacio aéreo venezolano. Esta medida provocó cancelaciones de vuelos, interrupciones en las rutas aéreas internacionales y consecuencias inmediatas para países vecinos como Cuba y Trinidad y Tobago. El gobierno venezolano calificó este acto de « hostil, unilateral y arbitrario », afirmando que constituye una amenaza a la soberanía nacional.

En respuesta, Maduro activó un plan especial para la repatriación de venezolanos varados en el extranjero y para facilitar la salida de quienes necesitan abandonar el país. Además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la activación de mecanismos multilaterales, de conformidad con el derecho internacional, para exigir el cese inmediato de lo que Caracas considera una medida ilegítima. Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno venezolano para defender su soberanía aérea y territorial, reforzando su discurso de resistencia a la presión externa.

Finalmente, cabe destacar que Venezuela cuenta con suficientes fundamentos jurídicos, frecuentemente invocados por el gobierno de Nicolás Maduro, para prevenir una guerra de guerrillas en caso de una invasión estadounidense. Estos fundamentos se basan en el derecho constitucional a declarar a Venezuela una « República en Armas », estatus que faculta al Estado para organizar la defensa nacional mediante la movilización del pueblo y las fuerzas armadas dentro del marco legal reconocido por la Constitución.

Esta medida, sumada a las acusaciones de Venezuela sobre reiteradas violaciones al derecho internacional por parte de Estados Unidos y su invocación de los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, constituye la base jurídica con la que el Poder Ejecutivo busca legitimar la resistencia armada y fortalecer los mecanismos de seguridad y defensa, evitando así que la respuesta degenere en una guerra irregular sin base legal.

Luis Miguel Rodríguez Noguera* para IR-Press

IR-Press, 11 de diciembre de 2025.

Traducido del francés desde El correo de la Diaspora : Carlos Debiasi.

El Correo de la Diáspora. París, 11 de diciembre de 2025.

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