Macri, el hombre que debe mil millones al Estado argentino

Por Maximiliano Montenegro
Pagina 12, 8 de octubre 2003

Fue un hombre record : en negocios mágicos, mujeres hermosas o vínculos con los inquilinos de la Casa Rosada (militares o políticos, daba lo mismo) siempre estuvo al tope de la lista de empresarios vernáculos. Hoy, Franco Macri ostenta otro record : es la persona que más dinero le debe al Estado argentino. En números redondos, a través de Correo Argentino, adeuda al fisco 1000 millones de pesos. Sí, mil millones, el doble de lo que se conocía hasta ahora oficialmente. Ayer trascendió que el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois rechazó el pedido formulado por Macri para extender el plazo de renegociación del pasivo de Correo Argentino con sus acreedores, con lo cual la empresa quedaría a un paso de la quiebra. La gran incógnita es si ésta no era en definitiva la estrategia de Macri, que dejaría así otra millonaria factura en cabeza de todos los argentinos (ver aparte).

La historia puede ser dividida en partes.
Uno. Es conocido que por la concesión de Correo Argentino Macri adeuda al Estado 408 millones de pesos por incumplimientos del canon desde septiembre de 1999.
Dos. A esa cuenta hay que sumarle una factura algo menos conocida : 60 millones (sin contar intereses) en préstamos del Banco Nación, cuyo pago cesó hace más de 1000 días.

Tres. Lo que hasta ahora casi nadie conoce es la multimillonaria intimación que recibió el 8 de septiembre último el Correo de Macri de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Según la AFIP, la deuda del empresario "en concepto de contribuciones patronales" asciende a un monto total de 528 millones de pesos.

Sumando uno, dos y tres, se superan los 1000 millones de pesos, lo que convierte al Estado en virtual "socio mayoritario" del empresario más famoso de la Argentina.
En este punto, hay que volver a la intimación de la AFIP, tan reciente que todavía no fue incluida entre los acreencias de la convocatoria judicial de Correo Argentino.

De acuerdo a las actas labradas por el organismo recaudador, el 8 de septiembre pasado, dos funcionarios de la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes se hicieron presentes en la Av. Paseo Colón 746, PB, domicilio fiscal de Correo Argentino SA. Allí fueron recibidos por el "Sr. Eduardo Borda, apoderado administrativo especial" de la empresa, a quien le entregaron dos facturitas.

Con el primer documento, los funcionarios intervinientes notificaron al apoderado del "Acta de inspección Nº 046941", mediante la cual se determinó una deuda en concepto de "Decaimiento del Beneficio de Reducción de Contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social" por la suma de $ 164.576.117,14 (Pesos ciento sesenta y cuatro millones, quinientos setenta y seis mil, ciento diecisiete, con 14 centavos).
La segunda nota era el "Acta de Infracción Nº 046942", que establece una multa, de acuerdo al régimen sancionatorio vigente -al cual se allanan todos los mortales- por la suma de $ 363.871.648,68 (Pesos trescientos sesenta y tres millones, ochocientos setenta y un mil, seiscientos cuarenta y ocho, con 68 centavos).

En total, entre deuda y multa, 528.447.765,82.
Eduardo Borda, como apoderado de Macri, firmó la recepción de ambas actas sin que le temblara el pulso.
El 9 de septiembre, las principales áreas de la AFIP (Recaudación y el Departamento Técnico Legal de Grandes Contribuyentes) fueron informados por la División de Fiscalización Externa de la actuación realizada el día anterior.

La intimación de la AFIP a Macri es similar a la efectuada hace dos meses, como reveló Página/12, a los principales concesionarios viales -entre los que se encuentra también Macri- por una deuda de 140 millones de pesos. El organismo recaudador sostiene que el empresario se aprovechódel régimen de rebaja de aportes patronales dispuesto por Domingo Cavallo a partir de 1993. De acuerdo al decreto 292/95, las empresas privatizadas o concesionarias de servicios públicos sólo podían acceder al beneficio si presentaban un plan de reducción de las tarifas basado en la baja de los costos laborales, el cual debía ser aprobado por el ente regulador. De esa manera se buscaba que la disminución impositiva en el caso de los servicios no redundara en más utilidades para los empresarios, sino que fueran transferidas a los usuarios y consumidores.
Sin embargo, según la AFIP, Macri no cumplimentó el requisito y rechazó los argumentos esgrimidos por el empresario en un nota previa a la intimación, del día 4 de setiembre.

De otro modo : el empresario se aplicó unilateralmente la baja impositiva, dio las gracias a Cavallo y mejoró en cientos de millones sus ingresos. A nadie puede sorprenderle que, para completar la maniobra, durante el gobierno de Menem y de De la Rúa, la AFIP silbara bajito, y mirara para otro lado.

Correo S.A. cada vez más cerca de la quiebra

El juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois rechazaría el pedido formulado por Correo Argentino para extender el plazo de negociación con sus acreedores por una deuda del orden de los 900 millones de pesos. El plazo vence mañana y si el juzgado no homologa un acuerdo con los acreedores -entre los que figura el Estado por el monto del canon adeudado y el Banco Nación por préstamos impagos- quedarían dos alternativas. O se declara la quiebra o se autoriza un sistema de salvataje de empresas conocido como "crown dawn", mediante el cual los principales acreedores podrían hacerse cargo de la administración de la compañía. Así, quedaría abierta la puerta para que el Gobierno retomara el control de la empresa.

Paradójicamente, esa situación podría ser una "solución" buscada por el propio Macri, que dejaría atrás una monumental deuda impaga al Estado.
Hasta el viernes pasado, voceros del Grupo Macri aseguraban que el juez aceptaría la extensión del plazo de negociación. Pero ayer fuentes de tribunales descartaron esa posibilidad y aseguraron que el juez denegó la solicitud de prórroga.

Las fuentes consultadas precisaron que una eventual declaración de quiebra "no implicaría la suspensión del servicio", cuestión que, en esa hipótesis, "deberá ser resuelta por el Estado".

Agregaron que la declaración de quiebra "se puede apelar", pero la presentación del recurso "no suspende la ejecución de la decisión judicial" mientras que, por el sistema de "crown dawn", vencido el período de negociación, se admite la intervención de terceros -los acreedores mayoritarios- que aseguren la continuidad de la actividad y convenios de pagos de la deuda.

Que Macri quiere bajar la persiana en el Correo es algo que, si se sabe escuchar, él mismo ha dicho, como al pasar, en más de una declaración televisiva. De ahí que su propuesta de renegociación de la deuda habría sido tan agresiva que, a su lado, la oferta de Lavagna para la deuda pública en default luce generosa.

Macri pretendería una quita de dos tercios de la deuda, y ofrecería pagar el tercio restante en papeles a 25 años, con varios años de gracia y 1 por ciento de interés anual. Obviamente, todo pesificado.

Desde que se hizo cargo de la concesión del correo, el empresario echó a más de 10.000 empleados. Y ayer la Sala II de la Cámara de Casación Penal determinó que no correspondía contabilizar como "inversión" las indemnizaciones. Según los pliegos, debía hacer inversiones por unos 25 millones al año. Pero la única inversión importante habría sido la planta de Monte Grande, hoy totalmente embargada.

Expediente Kammerath

La denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción ante la Justicia contra Germán Kammerath, ex secretario de Comunicaciones, por presunto fraude contra la administración pública en favor de Correo Argentino, sigue su lento y sinuoso camino por los tribunales. Dicha repartición denunció al ex funcionario -el año pasado debió renunciar como intendente de Córdoba por otros escándalos- por haber reconocido como "inversiones obligatorias" los casi 99 millones de pesos que pagó la empresa en concepto de retiro voluntario al personal del que se deshizo en su plan de reestructuración. Tras varios fallos contradictorios en primera instancia sobre la culpabilidad de Kammerath, el expediente llegó este año a cámara, donde se generó una nueva contradicción entre la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (consideró "inmotivada" la denuncia) y la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que anuló la anterior. Ahora, la controversia deberá ser resuelta por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.