Luces y sombras de las leyes « K » en Argentina

Con el sabor dulce de la venganza, que para los chinos es « un plato que se come frío », los kirchneristas recuperaron el control de todas las comisiones en las Cámaras de Diputados y Senadores, y la mayoría de las presidencias con el ingreso de los nuevos legisladores nacionales votados sobre todo el 23 de octubre. Además, con quórum propio en ambas cámaras, y sumando a sus aliados, ya no hay obstáculos para el tratamiento y la aprobación de las normas que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado como parte de la « sintonía fina » en su discurso de asunción de su segundo mandato presidencial.
El Presupuesto 2012, ya aprobado en Diputados y que se tratará en el Senado esta semana, es la más importante, por ser la « ley de leyes » y porque anteriormente la presidenta tuvo que aguantarse el chubasco de que el Congreso, por la negativa de la oposición, no le aprobara el Presupuesto 2011, una circunstancia que ningún presidente anterior había tenido que padecer.

Contra otro monopolio.

Como reza el título de esta nota, las leyes que pretende aprobar la presidenta, tienen luces y sombras. Por ejemplo, el proyecto que aprobó la Cámara Baja el jueves pasado, por 134 votos a 92, que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios, es una luz muy potente. Viene a democratizar y poner límites al monopolio que tiene la empresa Papel Prensa sobre la producción y venta del papel para diarios, máxime cuando el traspaso de esa empresa a manos de los diarios La Nación y Clarín, en épocas de la dictadura militar, está fuertemente cuestionado pues los dueños de entonces de Papel Prensa (la familia Graiver) habían sido secuestrados y torturados por el Ejército de Videla y Camps. En ese clima viciado de nulidad se produjo la adquisición de esa empresa por parte de los diarios, hoy beneficiados con precios subsidiados por el mismo papel que el resto de los diarios deben pagar a mayores costos, y que en muchos casos los obliga a adquirir el insumo importado.

Fue lamentable el lugar en el que quedaron los diputados nacionales Claudio Lozano, Víctor De Genaro y Fernando « Pino » Solanas, quienes se abstuvieron de votar este proyecto. Peor fue la actitud de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), incluida Victoria Donda, que votaron en contra, junto con la oposición defensora del Grupo Clarín.

Estatuto del Peón.

Otra iniciativa de ley que está dentro de las luces, es la aprobación del nuevo Estatuto del Peón Rural, donde se establecen las 8 horas de trabajo -en lugar de la jornada feudal « de sol a sol »-, las horas extras, el descanso dominical, que no pueden ganar menos del salario mínimo, condiciones de seguridad e higiene y vivienda, etc. Todos estos derechos que deberían ser moneda corriente para cualquier trabajador, pero que en el campo argentino, con tanta soja y rentistas millonarios, no existe para el 75 por ciento de los obreros rurales.

Extrañamente (o no) el secretario general del gremio que agrupa a los peones del campo, la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo « Momo » Venegas, aliado del ex presidente Eduardo Duhalde y de la Mesa de Enlace (sus patrones), se opuso férreamente a este Estatuto y amenazó con una movilización, que finalmente no realizó. Los diputados de la CGT Facundo Moyano (hijo del jefe cegetista) y Omar Plaini, solidarios con Venegas, no votaron el proyecto.

Más que la discusión sobre los derechos que el proyecto reconoce a los peones, lo que molesta al jefe de Uatre y a sus repentinos aliados moyanistas, es que le quita al sindicato el manejo de los fondos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre), organismo que será disuelto. Su tarea, la de controlar el trabajo informal y otras irregularidades, pasará al ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Si nos basamos en los porcentajes de trabajadores informales (75 por ciento) y las denuncias y procedimientos realizados por la AFIP para detectar trabajo esclavo y trata de personas, podemos concluir que la labor del Renatre, ha sido, como mínimo, harto deficiente.

En las sombras.

La ley antiterrorista, en cambio, forma parte de las sombras, y de las más oscuras, del numeroso paquete de leyes que el kirchnerismo viene aprobando en maratónicas sesiones de comisiones y plenarios en los recintos del Congreso.

Hasta un defensor del gobierno de Cristina Fernández, como el periodista Horacio Verbitsky, ha criticado duramente esta ley, que reforma el Código Penal « con la misma técnica de ofertas de supermercado que el ex ingeniero Blumberg impuso en 2004 ». Según el columnista del diario Página 12, este proyecto es una directa presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental con centro en el FMI, cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. O sea, hablando en criollo, una organización creada luego del ataque suicida a las Torres Gemelas en 2001, para que los EE.UU. cuenten en todo el mundo con leyes apropiadas para « combatir el terrorismo », siempre, claro está, que esos « terroristas » no sean aliados de Washington.
El proyecto aprobado establece la duplicación de las penas para todos los delitos del Código « si se cometieran con la finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo ».

Una ley semejante no parece ser la prioridad de las necesidades de un Estado cuyo gobierno se jacta de representar los intereses del pueblo y de sostener « un modelo nacional y popular ». Que se sepa, aquí no hay amenaza terrorista alguna.

Proyecto limitado.

El proyecto de ley de tierras fue otro de los pedidos expresos de la presidenta Cristina Fernández en su discurso de asunción del 10 de diciembre. Aclaró que no era « xenofobia » cuando se establece limitar la propiedad de la tierra en manos extranjeras, sino « cuidar un recurso como los alimentos y la energía ».

Aunque es positivo que la Argentina cuente con legislación sobre esta materia, lo cierto es que para un país con una economía de matriz netamente agropecuaria, donde se dio una disputa tan fuerte en 2008 cuando el Estado quiso gravar un poco más a los productores rurales que tenían ganancias extraordinarias, donde hay numerosos conflictos (con heridos y muertos incluidos) con campesinos y pueblos originarios que no tienen acceso a tierras, este proyecto es limitado.
Está bien que se restrinja la extensión de tierras que puede adquirir una persona o una empresa extranjeras (15 por ciento del total y no más de mil hectáreas por persona o sociedad) pero está mal que esta ley no revise las adquisiciones de tierras realizadas en los últimos años en regiones clave para la soberanía y el cuidado de los recursos naturales, como la Patagonia, o las reservas acuíferas en el noreste argentino.
Es auspicioso que el nuevo ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, anunciara que esta ley tiene por objetivo cuidar la tierra, como recurso natural. Y que también dijera que es intención de la presidenta abocarse al resto de los conflictos alrededor de la tierra, como son las ocupaciones indebidas de campos, alquileres, los inconvenientes que tienen los pueblos originarios para acceder a su tierra, las dificultades de aquellos propietarios que tienen títulos irregulares o que no los tienen, pero que son legítimos dueños, etc.

Sin debate.

En el medio de tanto fragor parlamentario, pasaron buenas y malas leyes. Algunas tuvieron suficiente debate, otras no. Más allá de la legitimidad del gobierno kirchnerista, otorgada por el voto popular mayoritario, sancionar estas normas antes de fin de año para darle a la jefa de Estado las herramientas necesarias para su gestión, deja pendiente el debate no sólo en el recinto del Congreso, sino fundamentalmente en la población. Esta es la que en definitiva va a defender luego las buenas iniciativas públicas y rechazar las que son negativas.

La Ley de Medios Audiovisuales debería servir de ejemplo, pues antes de su sanción fue precedida de un amplísimo debate en foros y conferencias, en todo el territorio del país. Por ello, a pesar de todas las maniobras de los medios monopólicos, apoyados por ciertos sectores del Poder Judicial, es fuertemente defendida por los sectores democráticos y deberá ser puesta en vigencia en toda su plenitud.

La ley de tierras y sobre todo, la ley antiterrorista, ameritaban un debate muy amplio en la sociedad. La primera para poner en la agenda los verdaderos problemas relacionados con la tenencia de la tierra, que el nuevo ministro de Agricultura reconoce como reales. La segunda, para que la ciudadanía conozca el peligroso alcance de una ley sancionada a la medida de los intereses hegemónicos e imperiales de los Estados Unidos.

La Arena. Santa Rosa, 21 de diciembre de 2011.