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Las guardias blancas, grupos paramilitares en Santiago del Estero, Argentina
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunció que en la provincia de los Juárez los dueños de la tierra mantienen bandas armadas que intimidan, secuestran y balean. La denuncia fue tomada por la CIDH, que recibió fotos de una de las "guardias blancas" privadas en acción.
Por Alejandra Dandan
Página 12, 22 de septiembre 2003
A las denuncias por persecución política, espionaje a ciudadanos, torturas a chicos y adolescentes, entre otras violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, Página/12 agrega ahora un nuevo dato del terror en tierras donde reina el matrimonio Juárez: la existencia de grupos paramilitares organizados y controlados por terratenientes, hacendados y ganaderos -bajo el amparo policial y político-, armados para combatir con métodos de tortura, desapariciones, muerte o amedrentamiento a los campesinos de distintas regiones de la provincia. Este diario revela en exclusiva las denuncias de los campesinos y las fotos que las prueban. El material fotográfico fue recogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como documento de estos nuevos ejércitos irregulares.
Cuando Santiago del Estero comenzaba a buscar con fuerza un camino nacional para romper el cerco que silenciaba las denuncias por violaciones a los derechos humanos, Luis Eduardo Duhalde pronunció una palabra: "Guardias blancas". En ese momento, el secretario de Derechos Humanos estaba sentado a una mesa de trabajo. A un lado tenía a Gustavo Beliz y del otro a un puñado de campesinos que finalmente habían conseguido espacio en la agenda de visitas del ministro de Justicia. Duhalde había entendido lo que aquellos campesinos decían. Mencionó sus experiencias recogidas como funcionario de organismos internacionales, y encuadró las denuncias bajo ese nombre.
Fuera del país, las Guardias Blancas son denunciadas por los miembros del Movimiento de los Sin Tierra del Brasil o los chiapatecos en México. La Secretaría de Derechos Humanos analizó esta nueva pesadilla de Santiago como parte del relevamiento jurídico-institucional encarado por el gobierno nacional. Bajo el apartado de "peonadas armadas", el informe da cuenta del andamiaje económico, jurídico y policial que alienta la propalación de estos nuevos escuadrones de la muerte formados por paramilitares.
Las Guardias Blancas nacieron en la ex Unión Soviética, después de la Revolución del 1917. La página web del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Chiapas da cuenta de los comienzos de este tipo de organizaciones, para situarlas más tarde en la topología social de América latina, donde en los últimos años se fueron replicando. "En la Revolución de Octubre, el gobierno soviético optó por repartir la tierra pero se encontró con la resistencia de la policía particular de los propietarios: se las llamaba guardias blancas -explica la página web-, en contraposición con las guardias rojas organizadas por el gobierno para recuperarlas." En México, los ejércitos paralelos tomaron carácter de institución a partir de un decreto de 1961 que habilitaba a los ganaderos a usar armas y contratar policías particulares.
Santiago del Estero no está lejos de ese modelo.
Los casos
"Cuando a mí me secuestraron, me desnudaron al lado del río Salado durante todo un día y toda una noche. Me querían obligar a acusar a los compañeros y compañeras como ladrones de vacas." Adolfo Farías es uno de los campesinos del Mocase, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, que viene denunciando la existencia de los grupos armados. "Mientras me tenían secuestrado -dice- pensé en mi familia, en mis compañeros, y cuando aparecía el miedo lo mataba pensando que era mejor orgullo estar siendo apretado y quizás hasta asesinado para que nos hagamos más fuertes."
La Mesa de Tierras coordinada por el Obispado de Santiago relevó una serie de situaciones similares en distintos departamentos de la provincia. Los resultados del informe forman parte de un documento que fue presentadoa los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su reciente paso por allí.
"En nuestro lote viven tres familias", comienza otro de los testimonios, esta vez de una de las familias del lote 55 del departamento de Mariano Moreno. "El día 27 -continúa-, el supuesto dueño fue con la policía de Añatuya y de Los Juríes. Un grupo de 15 campesinos apoyaba a las familias, llegaron patrulleros de Juríes, Bandera, y Gendarmería diciendo que tenían orden de detención para Sergio Ledesma y Roberto Dosplat, por usurpación de campo y hurto de productos forestales. No mostraron la orden del juez, entraron a buscar a Dosplat, discutieron con él, empezaron a pegar y tirar con armas, hiriendo a uno de los muchachos, que ahora está internado."
La denuncia no termina allí: en ese mismo momento, "a otro de los chicos lo golpean a patadas en el piso con las manos atadas con el cordón de las zapatillas. Reconocimos al oficial Nieto, que el día anterior anduvo en una camioneta con empleados de Nazar, que estaban encapuchados, y el oficial Galván que dijo ’tiren a matar’".
Mirta Quiroga, otra de las mujeres del Mocase, explica algunas de las causas de los hostigamientos. "La práctica de reunirnos una y otra vez para tratar de entender lo que nos pasaba con los aprietes que nos hacían la policía, y otros mandados por el gobierno -dice-, nos ha hecho olvidar el miedo."
Los derechos
Como ocurre con los pueblos aborígenes, los campesinos cuentan con un andamiaje jurídico que garantiza sus derechos sobre los suelos. El grueso de estas familias es poseedora de las tierras que durante varias generaciones han ocupado, pero no tienen regularizada su situación dominial. "Si bien el derecho asiste a la gran mayoría de los campesinos -dice el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos-, la Ley de Prescripción Veinteñal es muy compleja." Requiere de "carísimas mensuras, además de que el plazo de posesiones es excesivamente largo, y requiere de un sostenido, preciso y costoso asesoramiento legal que impide tácitamente el acceso a la Justicia".
Esta condición de inaccesibilidad a la Justicia por cuestiones de pobreza es uno de los puntos nucleares del problema en Santiago. Según el informe, los problemas con la Justicia disparan los siguientes efectos:
– "Muchos de los campesinos tenedores de derechos son injustamente desalojados de sus legítimas posesiones por supuestos dueños o compradores".
– "Otros terminan aceptando tratos desfavorables, siendo literalmente arrinconados en mínimas superficies".
– "Como consecuencia, se deterioran las condiciones económicas de las familias campesinas, pierden su entorno social y cultural, lo que aumenta la expulsión hacia las ciudades".
Con estos datos, la Comisión realizó uno de sus diagnósticos más críticos sobre la violación a los derechos humanos en la provincia: "La problemática de la tenencia y posesión de la tierra es una de las principales cuestiones de la agenda de derechos humanos santiagueña, ya que el proceso de avance indiscriminado de la frontera agrícola de las oleaginosas con eje en la soja, atenta no sólo contra los derechos reales de la posesión sino también contra el patrimonio ambiental de las comunidades campesinas".
El modelo
Las denuncias y las entrevistas realizadas durante un mes con distintos integrantes de los centros campesinos de la provincia permitieron que los técnicos de la Secretaría elaboraran un "modelo de conflicto deapropiación" ilegal de las tierras. Es un método en tres fases, descripto en el informe del Ministerio de Justicia:
– Primera fase: El supuesto dueño o apoderado se presenta ante la comunidad, aduciéndose como legítimo dueño de los campos. Intenta o bien llegar a un acuerdo por lo general muy desfavorable para los campesinos o, directamente, los amenaza con el desalojo judicial o extrajudicial (paramilitar). El engaño está montado sobre una situación registral bastante difusa, con superposición de títulos dominiales, inscripción de escrituras de dudosa confección y destitución de la justicia de derechos ya consagrados de legítimos poseedores veinteñales regularizados.
– Segunda fase: Los supuestos dueños producen sus propias marcas de ocupación: alambrados, mensuras, desmonte, quemas ilegales de montes. Esto incluye la destrucción de marcas de los campesinos, elementos probatorios de la ocupación veinteñal y del animo domini. Entre las prácticas de presión, existe el taponado u obstrucción del acceso a los pozos de agua, cierre de caminos vecinales, envenenamiento doloso de animales y la amenaza constante de desalojo por la fuerza y extrajudicialmente efectuada por peones contratados por los terratenientes como por personal policial.
– Tercera fase: Gracias a una lectura sesgada del artículo 182 bis del Código provincial, el supuesto propietario suele obtener una orden de desalojo con un despliegue desproporcional de fuerza por parte de la policía, lo que aumenta la presunción de complicidad o cooptación de la Justicia y de la fuerza de seguridad.
Durante los relevamientos se detectaron casos de personal policial montado en las camionetas de los terratenientes, oficiales que acampan en sus bases o situaciones de expulsión sin orden judicial, o donde los oficiales de Justicia no se hacen presentes. Entre otros casos, los técnicos recogieron dos relatos claves: la experiencia de un campesino llamado Oscar Peralta, del lote 42, que el 28 de febrero de este año recibió un impacto de bala 9 mm en su pierna izquierda y el desalojo de las familias del lote 55, donde sin orden judicial la policía abrió fuego luego de golpear a los integrantes de tres familias.
"Peones armados"
Las imágenes fotográficas presentadas hoy por este diario muestran a los grupos que la Secretaría de Derechos Humanos define como "paramilitares" o "bandas de peones armados". Estos nuevos ejércitos estarían mostrando una nueva forma de apropiación ilegal y extrajudicial de las tierras. La escena, dicen los técnicos, "parecería ser un indicador del cambio del modelo presentado, a partir de la presencia en la zona de peones armados". El giro de modelo estaría basado, dicen, "en el abandono de la instancia judicial por parte de los supuestos compradores para pasar a la organización de grupos de peones armados con escopetas y perros, que mediante intimidación con disparos al aire, obstrucción de caminos, exhibición de armas de fuego y ’reflectoreo’ nocturno de las viviendas intentan el retiro y amedrentamiento de los campesinos poseedores de las tierras".
Las fotos forman parte del cúmulo de documentos explorados en Santiago por la Secretaría y por los integrantes de la Comisión Interamericana encabezada por Robert Goldman durante su paso por la provincia de los Juárez. Página/12 recibió las imágenes de manos de sus propios autores, los campesinos del lote 20, un paraje cercano a la ciudad de Pinto. Las fotografías muestran a un grupo armado y financiado aparentemente por el señor Dutto, el supuesto comprador de esas tierras, según las denuncias.
Un empresario de la localidad de Tintina habló sobre este tema con los miembros de la Comisión encargada del informe que preparó la Secretaría de Derechos Humanos. "Hemos tomado conocimiento -dice el informe- de la existencia de reuniones periódicas de empresarios en Añatuya cuyo objetivoes la organización y financiamiento de grupos armados para el desalojo extrajudicial de los campesinos, agravado con el hostigamiento a la actividad del Mocase y otros grupos de campesinos."
La Defensoría del Pueblo de la provincia asegura que unos 24 mil campesinos, poseedores legítimos de las tierras, están expuestos a ser desalojados por medio de maniobras como éstas.
NUEVAS TECNOLOGIAS VALORIZAN TERRENOS MARGINALES
La pelea es por la tierra
Santiago del Estero es una de las provincias con mayor población campesina del país. Según el documento central de la Mesa de Tierras de Santiago, coordinada por el Obispado, en el campo vive aproximadamente el 40 por ciento de los santiagueños, unas 28.000 familias ubicadas en los departamentos más pobres de la provincia. En esa dimensión situó su diagnóstico la Comisión de la Secretaría de Derechos Humanos.
Bajo el capítulo número 3, el preinforme de la Secretaría de Derechos Humanos retoma la "Situación del campesinado" como parte de los mecanismos de violación a los derechos humanos instalados en territorio de los Juárez. Desde hace unos años, los campesinos saben que las condiciones climáticas y tecnológicas mejoraron la calidad de las tierras santiagueñas. Y saben, como dice el informe, que "viven en espacios cuya renta potencial es importante". Este es el núcleo del problema.
"Desde mediados de los ’90 se viene produciendo una expansión de la frontera agrícola -explican los técnicos de la Secretaría- liderada por el cultivo de la soja transgénica y acompañada por el maíz, el trigo y en menor medida el algodón." Ese proceso, cuyos protagonistas principales son empresarios extranjeros o extraprovinciales, sobre todo santafesinos y cordobeses, sucede en suelos cuyas mejores superficies ahora rondan los 450 dólares por hectárea, precio comparable con la Pampa Húmeda. La expansión y revalorización de la tierra se monta, según los investigadores, sobre un proceso muy localizado de "cambio climático" y de "ciclo húmedo" caracterizado por un aumento de los niveles de humedad que hace a la agricultura más viable. Pero esta situación es una consecuencia directa de una presión altísima sobre los ecosistemas y, como consecuencia, sobre los habitantes. Junto a la expansión de la frontera, indica el informe, "avanzan los paquetes de químicos, como el glifosato, de gran impacto ambiental".
Tarde o temprano, este proceso acabará: la rentabilidad de las tierras santiagueñas tiene un período corto y limitado, de unos cinco años. El proceso de intensificación del cultivo con químicos y desmonte de tierras debilita los suelos y baja el contenido de materia orgánica, alentando irreversibles procesos de lavado y de desertificación. Los empresarios tienen sólo el tiempo presente para extraer todos los recursos posibles de esta nueva pampa fértil, con inversiones que son mucho más rentables desde el comienzo de la devaluación.
Uno de los efectos de este proceso son las "violaciones a la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación firmada por el país en 1994 y ratificada en 1996", según el informe. Durante su estadía en Santiago, la Comisión de Derechos Humanos registró numerosas denuncias de desmontes ilegales, incumplimiento de la zonificación y de las cortinas de viento y desmontes.
Ocho denuncias por abusos
La lista de ejemplos es innumerable. En la compilación de casos presentados por el Obispado existen menciones sobre 32 localidades con la misma dinámica.
A continuación, se reproducen algunos casos allí mencionados:
– Tintina, departamento Mariano Moreno: Las familias Villalba y Mansilla presentaron su caso. Tienen problemas con el empresario de apellido Lorenzo, buscarán asesoramiento jurídico.
– Productores de Avellaneda: Hace 18 años trabajan sus tierras, han sido amenazados por un supuesto dueño para que se vayan en el término de 24 horas. El supuesto dueño le habría comprado las tierras al Señor Lanes.
– En Garza y Matará: Las comunidades se están reuniendo por las amenazas de desalojo. En el paraje Chicán están afectadas tres familias, el supuesto dueño es Abdala. Llegó con una escribana y confundió a dos familias, que firmaron reconociéndolo como dueño.
– En Colonia Siegel, departamento Sarmiento: Hay cuatro familias afectadas en sus derechos. El dueño es Alfonso Leguizamón.
– San Bernardo y San Antonio, departamento de Avellaneda: Se está asesorando a los pobladores frente al avance de empresarios de Tucumán. Los supuestos dueños contrataron aviones que pasaron tirando un defoliante que delimita las líneas o ángulos del campo.
– El Pirucho, Tablada de Boquerón: El 20 de abril, el señor Perren, supuesto dueño, comenzó a hacer una picada: instaló una casa rodante, un grupo electrógeno para llevar adelante la privatización de la caza del pato. La policía no tomó las denuncias de los pobladores.
– Bilbao, proximidades de Lilo Viejo: Una familia tiene hecha su declaración jurada sobre 2600 hectáreas. Aparecieron compradores que tendrían relación con el ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz. Aparecieron topadoras y quieren comprar los derechos posesorios de las familias.
– El Rincón, departamento de Figueroa: Aparecieron supuestos dueños de Córdoba, acompañados por la policía de Bandera. Dijeron que habían comprado las tierras. Ofrecieron negociar, dejándoles una parcela.
Aprietes a campesinos
Qué es el Mocase
Los campesinos de Santiago son los descendientes de los hacheros de quebracho empleados a principios del siglo pasado por los latifundistas de la región. Con el correr del siglo y de los años, aquellos hombres, despojados del trabajo y de la tierra, comenzaron a producir alimentos en pequeñas parcelas de tierra. A comienzos de los ’90, sus descendientes comenzaron a reunirse después de siete años del juarismo en democracia.
En este momento, los centros de campesinos reúnen a unas 9600 familias, unas 50 mil personas. Estas familias organizan métodos de producción, de explotación, de defensa, de seguridad propia sobre sus tierras. Forman parte de lo que se llama la Vía Campesina, una organización más amplia donde confluyen los centros campesinos de América latina. Aún ahora conservan como filosofía métodos ancestrales de explotación de la tierra, colectivizan el fruto de la producción obtenida y combaten las técnicas de los sistemas industrializados para preservar la cadena alimentaria.
Detrás del gobierno de Carlos Juárez denuncian a las empresas de transgénicos que, según explican, pretenden transformar los suelos de la provincia en territorios aptos para la producción de forraje destinada al ganado internacional y no a la producción de alimentos.
Miembros del Mocase explicaron la situación que viven:
– Expulsión: Roque Acuña: "Vamos perdiendo todo miedo, porque si nos vencen, nos vencen los que quieren someternos a la pobreza, mandarnos a vivir a las villas miseria de las grandes ciudades, donde sabemos por nuestros parientes santiagueños que están allí que no hay trabajo, o que el trabajo que hay no es digno y te explotan. Acá, si seguimos en la tierra, si crece nuestra organización y aguantamos, estamos viviendo, por nuestro propio trabajo, sin patrones".
– Soja: Cacho Escudero: "Si perdemos la tierra, perdemos la posibilidad de producir un cambio, porque nosotros producimos alimentos para nosotros, alimentos sanos, no esa mierda de soja transgénica. Y con la tierra podremos producir también alimentos sanos para otros, para todos".
– Comunidad: Angel Lazo: "El miedo nos paraliza frente a los que nos hicieron creer que tienen la autoridad para dirigir nuestra vida. Aun cuando haya que empezar de menos que cero, con sueños, con ideas, nos largamos a caminar un camino de organización de otra manera de vivir. Estar en la tierra, en el campo, que da un margen inmenso de posibilidadesde armar otra cosa diferente: una vida comunitaria, de muchas comunidades".
