La defensa del acuífero Guaraní del Cono sur

El Acuífero Guaraní está ubicado en el subsuelo de los cuatro países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y se formó en los periodos triásico y jurásico (hace unos 200 millones de años), abarcando 1’190,000 km².

De esa enorme superficie, 850,000 km² corresponden a Brasil, 225,000 a Argentina, 70,000 a Paraguay, y los 45,000 restantes a Uruguay. Los científicos estiman que contiene unos 37,000 km³ de agua apta para todo consumo.

"Desde hacía tiempo sabíamos de la existencia de este tipo de depósitos subterráneos en los diferentes países de la región", dijo la ingeniera uruguaya Lourdes Batista. "Pero ahora sabemos que se encuentran vinculados entre sí y que constituyen un solo acuífero".

Los cuatro países del MERCOSUR se propusieron en 1999 la tarea conjunta de preservar y regular el uso del Acuífero Guaraní, pero la idea de conformar grupos de trabajo conjuntos -que había nacido en 1994 en el ámbito de universidades estatales de Uruguay y Argentina- recién cobró impulso en mayo con la aparición en escena del Banco Mundial (BM) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que se comprometieron a financiar la explotación del Acuífero Guaraní.

El Proyecto para la Protección Ambiental y Manejo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní, que estaría a cargo del BM, tiene como objetivo "apoyar a los países involucrados en el diseño e implementación conjunta de un marco institucional de la cogestión participativa, y la preservación del Acuífero Guaraní en beneficio de las generaciones presentes y futuras".

El interés de los organismos multilaterales puso en estado de alerta a grupos de científicos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos uruguayos que temen que renazcan las presiones para privatizar los servicios de agua y se termine entregando esa formidable reserva natural a manos transnacionales.

En los cuatro países hay una explotación incipiente del acuífero. Brasil está a la cabeza, abasteciendo de agua potable a los habitantes de unas 500 ciudades (entre ellos 5.5 millones en São Paulo), en Argentina existen cinco perforaciones termales, en Paraguay se han abierto unos 200 pozos para consumo humano y en Uruguay 135, en su mayoría en centros termales.

Vinod Thomas y Axel van Trotsenburg, directores del BM para el Cono Sur, anunciaron en mayo, en nombre de los gobiernos involucrados, que el marco normativo para la gestión del acuífero "incluirá convenios sobre medidas para controlar la extracción de agua, conformar una base de datos común y aplicar mecanismos que prevengan la contaminación".

El proyecto insumirá unos US$27 millones, de los cuales la mitad será aportada por el FMAM y la otra mitad provendrá de préstamos que el BM otorgará a los cuatro países. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) apoyan el plan.

Las primeras reacciones ante el proyecto se conocieron en Uruguay, donde los trabajadores del servicio estatal de aguas corrientes ya estaban sensibilizados con el tema desde mediados del 2002, cuando pusieron en marcha una campaña de recolección de firmas contra la eventual privatización de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a favor de la incorporación de una cláusula constitucional que disponga la propiedad estatal de los recursos hídricos.

"Es bueno que nos pongamos de acuerdo para cuidar el acuífero, pero debemos estar alertas ante un intento privatista", dijo Vilma Rosas, de la Federación de Funcionarios de OSE. Rosas recordó que en la carta intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmada en junio del 2002, "quedó planteada la exigencia de que Uruguay desregule sus servicios estatales, entre ellos el agua".

Rosas explicó que en esa oportunidad los expertos del FMI hicieron una alusión explícita a los acuíferos Guaraní y Raigón -un reservorio que se despliega sobre una franja de aproximadamente 1,000 km², situado al oeste de Montevideo y a muy escasa profundidad-, "señalándose que deberían ser parte de una futura negociación".

"Para evitar que se lleven el agua del país, como se llevan el petróleo de otros países, es necesaria una enmienda constitucional que estipule que el agua es un derecho humano esencial. Por lo tanto, debe incorporarse a la Constitución Nacional que el suministro de agua y el saneamiento deben mantenerse dentro de la órbita del Estado", dijo la Comisión de Defensa del Agua y la Vida (CODAV), la que el 3 de noviembre entregó al Congreso 280,000 firmas para que se habilite un plebiscito con ese fin.

Noticias Aliadas , 28 de noviembre 2003