Estado Español : CESCE, Dinero público para negocios opacos

Por Jesús Carrión, Iolanda Fresnillo y Dani Gómez-Olivé
Observatorio de la Deuda en la Globalización, Marzo 2004

¿Cómo acabamos con la deuda ?

La deuda externa es una pesada losa que impide el desarrollo de los países del Sur. La transferencia de recursos que, año tras año, tienen que hacer los países empobrecidos a sus creditores en concepto de servicio de la deuda, no permite que estos países puedan
invertir y llevar a cabo políticas adecuadas o inversiones en servicios básicos esenciales para la población. Es así como en el año 2002, los países empobrecidos pagaron en concepto del servicio de la deuda siete veces más de lo que recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo [1].

El endeudamiento de los países empobrecidos parece, además, un problema sin fin, que no para de crecer por el efecto de los intereses abusivos a los que están sujetos los antiguos préstamos y por los nuevos préstamos que los países endeudados se ven obligados a pedir para poder hacer frente a los pagos anuales del servicio de la deuda, además de para poder cubrir las necesidades mínimas de inversión que requiere el país. De esta forma, todo y que los países empobrecidos ya han pagado ocho veces lo que debían a inicio de los 80, hoy aún deben cuatro veces aquella cantidad [2]. Es de esta forma como la deuda se convierte en un espiral eterno.

Según el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure su salud, su bienestar y el de su familia,
especialmente en cuanto a alimentación, a vestir, a vivienda, a atención médica y a los servicios sociales básicos ; toda persona tiene derecho a la seguridad en caso de desocupación, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez o en otros casos de pérdida de los medios de subsistencia a causa de circunstancias ajenas a su voluntad". Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, con el apoyo de los gobernantes de los Países del Norte, exigen que los países endeudados afronten el pago de la Deuda, sin tener en cuenta si estos países necesitan los pocos recursos de los que disponen para garantizar los derechos a los que hace referencia la declaración de Derechos Humanos. La exigencia de las IFIs y de los gobiernos del Norte de cobrar la deuda supone entonces, una flagrante violación de los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, la deuda que para ser pagada implica una violación de los Derechos Humanos tendría que ser considerada como Deuda Ilegítima.

En esta misma línea, para Eric Toussaint [3], existen tres conceptos jurídicos que sostiene la
idea de ilegitimidad de la Deuda : la noción de la deuda odiosa, de fuerza mayor y de estado de necesidad. La deuda odiosa es aquella que ha sido contraída por Estados despóticos y que su uso es contrario a los intereses de la población. El concepto de fuerza mayor se basa en la imposibilidad de actuar legalmente ante una situación imprevista y exterior, ajena a la voluntad del que la invoca, dejándolo en incapacidad
absoluta en cuanto a sus obligaciones internacionales.

El concepto de estado de necesidad está vinculado con la violación del artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y puede ser invocado cuando los pagos ininterrumpidos implican para la población
sacrificios que van más allá de lo que es razonable. No se puede esperar que un Estado cierre escuelas, universidades, tribunales y abandone los servicios públicos, dejando a la comunidad en el caos y la anarquía para atender el pago de la deuda externa.
Desde el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) y otras organizaciones de la sociedad civil, se propone impulsar acciones civiles para denunciar la responsabilidad penal en la que incurren las IFIs y los gobiernos del Norte creando y exigiendo el cobro de la Deuda ilegítima. En este sentido se pueden interponer denuncias por la vía judicial, contra la financiación de proyectos, la imposición de políticas concretas [4] y el apoyo a regímenes criminales, que favorecen el capital transnacional, que haya supuesto un incremento de la Deuda Externa en un país concreto y que vaya en contra de los intereses y el bienestar del pueblo.

Otra propuesta surgida desde la sociedad civil para hacer frente al problema del endeudamiento y de la ilegitimidad de la Deuda, toma como base la vía judicial a partir de la creación de Tribunales de Arbitraje sobre la Deuda Externa. Estos tribunales serían órganos internacionales, aceptados por todas las partes (estados, IFIs y creditores privados, lo que supone uno de los principales escollos para su creación), en los que los creditores y deudores se encontrarían en igualdad de condiciones, ya que la decisión final recaería sobre un grupo de árbitros escogidos de mutuo acuerdo por todas las partes
implicadas. Estos tribunales tendrían que permitir la participación de la sociedad civil, no sólo para ser escuchada, si no que también para poder presentar demandas ante el tribunal. El Tribunal de Arbitraje se tendría que pronunciar sobre la legalidad y legitimidad
de la deuda, teniendo en cuenta si la deuda se contrajo por deudores ilegítimos (ya sean regímenes despóticos como gobiernos democráticos corruptos), con un objetivo ilegítimo (en contra de los intereses de la población) o si el pago de esta deuda supone una violación de los derechos humanos. Una vez evaluados todos estos elementos, el tribunal decidiría si se tiene que continuar pagando o no toda la deuda externa y las condiciones de cancelación o reestructuración de la Deuda, teniendo en cuenta como variable fundamental que el estado deudor esté garantizando la cobertura de los servicios sociales básicos antes de hacer ningún tipo de pago.

Pero para poder dictar sentencia un tribunal necesita información sobre como se contrajo la deuda y cual fue el destino final de los fondos prestados. Esta información se puede generar mediante auditorías públicas que esclarezcan todos los detalles del proceso de endeudamiento. Alejandro Olmos (un periodista argentino experto en temas de Deuda externa) ha elaborado una propuesta complementaria a la de los Tribunales de Arbitraje, según la cual se impulsaría, en diferentes países del Sur con problemas de endeudamiento, auditorías sobre Deuda externa, de forma paralela y coordinada. Estas auditoría serían
demandadas por la sociedad civil ante los tribunales federales o estatales legalmente reconocidos y realizadas por expertos independientes. Una vez concluida la auditoría y disponiendo de toda la información, es la sociedad civil que ha impulsado en diferentes países las auditorías, la que decide cuales son los siguientes pasos a dar.

Ante las diferentes propuestas planteadas para solucionar la problemática de la deuda, también encontramos propuestas más maximalistas, como la de Jubileo Sur [5], que consideran que la Deuda es ilegítima desde una perspectiva histórica, moral, ambiental y de derechos humanos, y por lo tanto defienden que no debe pagarse. La deuda se ve como un instrumento más de los que hacen servir los países poderosos para institucionalizar y reproducir la desigualdad entre pueblos. Las auditorías se consideran útiles como herramientas pedagógicas y de ejemplificación de sus argumentos, para sensibilizar a la población y poder ejercer más presión en los gobiernos. Pero se considera que la Deuda se tiene que cancelar o dejar de pagar sin necesidad de que lo dicte un tribunal. Reclaman, no sólo la cancelación de la deuda, sino también el derecho de los pueblos del Sur a ser restituidos por toda la explotación y expolio ejercido desde el Norte a lo largo de siglos de dominación. En definitiva, quien tiene una deuda real que pagar son los países del Norte. Para Jubileo Sur la movilización ciudadana y la presión a los gobiernos, tanto a los del Norte para que cancelen la deuda, como a los del Sur para que dejen de pagar, es fundamental y constituye la principal herramienta para acabar con la Deuda Externa.

Tanto si la deuda se cancela por iniciativa de los creditores (o por exigencia de los ciudadanos y ciudadanas), como si lo decreta un tribunal (de arbitraje, estatal o internacional), o si los gobiernos deudores simplemente se niegan a pagar, para que la
cancelación de la deuda revierta en el desarrollo y bienestar de la población, es necesario que los fondos liberados que se destinaban a pagarla, se pongan a disposición de la sociedad civil para que pueda participar y decidir como se utilizarán estos recursos,
pensando siempre en clave de satisfacción de los derechos humanos fundamentales.

Como hemos visto, en cualquiera de las propuestas planteadas, acabar con la deuda no es un problema de capacidades. Hoy por hoy es un problema de voluntad política y de dignidad humana. Para refrendar esta afirmación no hay nada mejor que fijarnos en lo que supone la deuda de los países más pobres respecto al PIB o los presupuestos de cualquier país del Norte que exige el pago de esta deuda. Si prestamos atención, por ejemplo, a la deuda externa que acumulan los países más pobre con el Estado español, veremos que a 31 de diciembre de 2002, ésta era de 11.538 millones de euros, cifra equivalente al 1,7% del PIB español, y no significó más del 85% del gasto militar para aquel año.

Sólo con una firme reducción del gasto militar, una persecución del fraude y la evasión fiscal eficaz y/o
un compromiso político que "sacrifique" parte del crecimiento económico español para compensar el no cobro de la deuda, sería suficiente para acabar con la totalidad de la deuda. Sobran los comentarios.