Entre las guerras y el expolio de Africa

Por Txell Centeno
Los Pueblos. Madrid, 1° de junio de 2005

Por un lado tanto la Unión Africana como las Naciones Unidas han reconocido al fin la necesidad de gestionar los recursos naturales y de potenciar el desarrollo económico con criterios de sostenibilidad ambiental, pero por otro lado, ninguna administración local o supranacional ha sido capaz de detener la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de empresas y multinacionales extranjeras. Además, a esta explotación de los recursos hay que sumarle ahora los proyectos de deforestación para crear sumideros de CO2, que ciertas compañías del norte de Europa han empezado a impulsar en distintos países africanos, y que suponen una alteración de los ecosistemas autóctonos y una nueva forma de explotación del territorio y la población local.

En julio de 2001, la Unión Africana adoptó oficialmente el documento de la NEPAD, Nueva Asociación para el Desarrollo de África. La filosofía de esta asociación se basa en que la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico en el continente sólo se pueden conseguir a través de un uso y una gestión sostenibles de los vastos y heterogéneos recursos naturales del continente. La NEPAD sigue la misma filosofía que la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, que acoge administraciones con competencias en temas medioambientales e instituciones y organizaciones ecologistas y conservacionistas), que considera la gestión sostenible de los recursos naturales el postulado básico para el desarrollo económico. Poco a poco, los criterios de sostenibilidad y de gestión medioambientales van introduciéndose y normalizándose dentro de las organizaciones y las instituciones africanas, de la misma forma que lo han ido haciendo en otras regiones del planeta.

Buena salud ambiental

El ESI 2005 (Índice de Medio Ambiente), que valora la situación del medio ambiente en distintos países y se hizo público en el último forum de Davos, reveló que muchos países africanos tienen valores de salud ambiental alrededor de la media, con buenos sistemas de gerencia ambiental y de desarrollo. Países como la República Centroafricana, Namibia, Botswana y Malí ostentan una puntuación comparable a la de muchos países europeos. Pero otros países como Sudán, Etiopía, Burundi y Zimbabwe están muy por debajo del promedio.

Un país que destaca por encima del resto del continente es Gabón, con una puntuación de 61,7 y sólo por detrás de Finlandia, con 75,1 puntos. Gabón figura en la lista del citado índice que analiza 146 países, en el puesto número 12, con una gran parte de su territorio nacional protegido, concentra una gran variedad de recursos, biodiversidad y agua de alta calidad y en mucha cantidad, además del bosque ecuatorial mejor conservado de África.

Los países africanos caminan cada vez con mayor claridad hacia la sostenibilidad, y otro ejemplo que lo demuestra es la reciente entrada de Mozambique en el Protocolo de Kyoto, el pasado 19 de abril. Actividades como el seminario de formación sobre cambios climáticos, vulnerabilidad y adaptación, celebrado en Maputo este mes de abril, muestran un aumento de la conciencia ambiental de la sociedad mozambiqueña y de sus dirigentes.

Pero la perversión de la explotación de los recursos naturales para satisfacer el afán de lucro de algunas compañías extranjeras y multinacionales pesa todavía de forma abrumadora sobre esta tímida, pero cada vez más clara, concienciación ambiental de la sociedad y las instituciones africanas. La otra cara de la moneda de este camino hacia la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente en África la protagonizan las empresas privadas y los dirigentes locales corruptos, que forman una alianza difícil de detener, especialmente porque la sociedad civil todavía no tiene la fuerza suficiente para actuar de forma contundente.

Un ejemplo aterrador es el de la isla Annobon, en Guinea Ecuatorial, que durante los años de gobierno de Teodoro Obiang ha pasado de ser un pequeño territorio de gran riqueza biológica a convertirse en un cementerio de residuos tóxicos. Según los datos que un médico local recopiló entre los años 1988 y 1998, la empresa británica Buckinghamshire dispuso de licencia para almacenar 10 millones de bidones de residuos tóxicos a cambio de pagar a Obiang 1,6 millones de dólares.

Otra empresa británica, Emvartex, y la compañía de Nueva York Consortium Groups, estuvieron exportando a la pequeña isla residuos nucleares. Estos son sólo algunos ejemplos de la basura industrial rechazada en otros lugares y que ha ido a parar a Annobon. Una de las consecuencias de esta situación es que la mayor parte de los poco más de 2.000 habitantes de esta pequeña isla de 15 kilómetros cuadrados, padecen anemias, pérdida de peso y distintas enfermedades gastrointestinales.

Empresas europeas

La explotación de los recursos es el otro ejemplo de esta cara de la moneda: la extracción de coltán, tantalita y niobi para la fabricación de teléfonos móviles, la recolección masiva de frutas y raíces vegetales para las industrias farmacéutica y cosmética, el tráfico ilegal de especies exóticas, la mayoría amenazadas de peligro de extinción, o la tala de árboles para obtener las valoradas maderas tropicales. Y, ahora ha aparecido otra forma nueva de explotación de los recursos naturales del continente: la forestación. Esta medida, prevista y descrita en el Protocolo de Kyoto, consiste en la plantación de monocultivos forestales destinados a secuestrar el carbono del aire y compensar así las emisiones de CO2.

Las primeras experiencias, a cargo de compañías noruegas, se están realizando en Uganda y en Tanzania. La empresa noruega Tree Farms llegó en 1996 a Uganda con un proyecto de forestación de entre 80.000 y 100.000 hectáreas, más tarde, en 1999, el grupo Norwegian Afforestation inició nuevos proyectos. En ambos casos se utilizan especies como el pino y el eucalipto, de rápido crecimiento, y que actúan como sumideros de CO2. Pero la ONG NorWach, también noruega, ya ha advertido de los riesgos de estas prácticas, no sólo por la alteración de los ecosistemas autóctonos y el peligro que para estos supone la introducción de especies de fuera, sino también porque ya han provocado la expulsión de más de 8.000 personas de comunidades locales.

Esta ONG también advierte del hecho que el país no podrá disponer de estos territorios por un periodo de 50 años, durante los cuales tampoco podrá contar con su papel de sumideros de carbono para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto. La misma compañía Free Faros que actúa en Uganda, ha iniciado un proyecto similar en las planicies herbáceas de Tanzania, en un territorio de 150 kilómetros. Una "forma barata de secuestrar el carbono que los países industrializados emiten", según NordWatch, que al mismo tiempo advierte que este sistema se basa en unos argumentos científicos poco fiables y tampoco es una forma efectiva de reducir las concentraciones de CO2.

El impacto de la guerra

Los conflictos armados que todavía persisten y se reactivan en muchos países africanos son la parte más visible de esta cara sucia de la moneda, con consecuencias nefastas e imprevisibles para el medio ambiente. El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) trabaja desde hace tiempo en recoger datos y emitir informes sobre el impacto ambiental de los conflictos armados, especialmente en el continente africano. En uno de sus informes Koffi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, advierte que "las nuevas armas tecnológicas, como municiones de uranio, representan nuevas amenazas para el medio ambiente con impactos todavía desconocidos".

También se deben añadir los vertidos de aceites y sustancias químicas de las municiones convencionales, las municiones no detonadas, el saqueo de los recursos naturales y de los cultivos, y una consecuencia de los conflictos que también provoca un importante impacto sobre el medio ambiente: los asentamientos de los refugiados. En definitiva, impactos sólo de una de las muchas actividades que se realizan en el continente africano para perpetuar unas formas de poder que facilitan la actuación de las compañías que representan los grandes poderes económicos, extranjeros y ajenos a África.

* Txell Centeno es periodista ambiental. Este artículo ha sido publicado en la revista La Pau (nº 12, mayo de 2005, p. 11) y traducido para Pueblos por María Ribas.