El debate entre medios y poder

Por Gabriel Colomé
El Periódico
Rebelión, 8 de mayo de 2004

El conocimiento de un informe interno y confidencial sobre los medios de comunicación en Catalunya ha puesto sobre el escenario político uno de los temas relevantes de nuestra joven democracia : la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Dicho de otra manera, entre las administraciones públicas y las empresas periodísticas.

Para entender el origen del problema debemos hacer un poco de memoria histórica. La democracia española se construyó desde unas características peculiares que la hacen diferente del resto de los sistemas políticos occidentales.

En primer lugar, el sistema político y el sistema de partidos españoles se instituye a partir de un elemento fundamental, que es la implantación previa en todo el territorio de la televisión pública y única. Este hecho provocará la personalización en unos liderazgos fuertes debido a la propia debilidad de los partidos.

En segundo lugar, los 40 años de dictadura dura y pura en materia informativa provocaron unos índices de lectura de diarios bastante bajos.

En tercer lugar, recordemos que, además, las emisoras de radio conectaban en cadena con Radio Nacional para emitir las noticias.

En cuarto lugar, la desaparición de las revistas políticas antifranquistas (Triunfo y Cuadernos para el Diálogo).

En cambio, en Europa, desde 1945, las democracias fueron incorporando paulatinamente los avances tecnológicos al propio sistema : prensa y radio y después televisión.

El debate, en la puesta de largo de las administraciones autonómicas en la década de los 80, era poder crear sus propios medios de comunicación públicos pero sin un debate sobre el concepto de servicio público. Todo el mundo pone como ejemplo la BBC británica, pero nadie se atreve a concretar el modelo en su casa. Se prefirió, en cambio, mantener los viejos tics atávicos de control de los medios públicos por parte del poder gobernante. La idea patrimonialista de los medios como si fueran un espacio acotado y casi privado del partido gobernante. Los 23 años de la Generalitat de Jordi Pujol son un buen ejemplo de ello.

El segundo debate es si los gobernantes deben utilizar mecanismos indirectos para mantener una relación cordial con los medios, léase con las empresas periodísticas. La polémica suscitada por la cuantía de suscripciones a unos determinados medios no debería desviar la atención sobre este tema. La Administración, con dinero público, no se puede convertir en un cliente privilegiado de algunos medios. Alguien del anterior Govern monocolor debería explicar cómo es posible comprar tantos ejemplares diarios y, por tanto, subvencionar de forma indirecta esos medios. No se puede confundir a la opinión pública con argumentos de cortina de humo. Cada cual debe asumir su responsabilidad.

El tercer debate es la confusión que a veces se tiene sobre dos conceptos que se parecen, pero que no son iguales. La libertad de información no se puede confundir con la libertad de mercado. La confusión entre medios y empresas no debería, en una lógica casi filosófica, nublar la razón de los gobernantes y de los empresarios. El recorte de poder de decisión del Consell del Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre las licencias o las sanciones deja en manos de la Administración la concesión de frecuencias con las dudas que se han producido en la anterior etapa sobre los criterios utilizados.

Los medios deberían reflexionar como lo han hecho sus colegas de otras democracias. Significar sus preferencias políticas no debe conllevar seguidismo político, sino todo lo contrario ; ésta es una información que el lector y la opinión pública agradecerían. De esta manera, los medios independientes podrían afirmar que no son neutrales. Este cuarto debate no depende del poder político, pero éste no debe tener la tentación de intentar regular las relaciones entre medios y administraciones. Dicen que la mejor ley de prensa es la que no existe. Es posible, pero los políticos deberían aplicarse la lección de la separación de poderes.