El Bayh-Dole Act y su Plagio y Fraude en Argentina

EL BAYH-DOLE ACT Y SU PLAGIO Y FRAUDE EN ARGENTINA

Entre las funciones de control simbólico y jurídico se destacan como claves las denominadas transferencias tecnológicas. Estas funciones no son nuevas en Argentina por cuanto remontan sus orígenes a las épocas colonial y decimonónica, cuando las transferencias tecnológicas practicadas en la industria minera fueron transferidas desde España, y las industrias frigoríficas y ferroviarias desde Inglaterra y Francia.

Pero la reciente y moderna noción de transferencia tecnológica, como etapa crucial en la tendencia hacia la corporativización de las universidades, y como eufemismo fraudulento para ocultar la cesión de la investigación pública a los intereses privados, se inició en Estados Unidos en 1980 como forma de superar al Japón en la carrera tecnológica, y tuvo su orígen conceptual en la aprobación por el Congreso Norteamericano de algunas enmiendas a la Ley de Patentes, conocidas como el Acta o Ley de Bayh-Dole (Public Law 96-517, patrocinada por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole en 1980), y como el Acta de Transferencia Tecnológica Federal de 1986 (PL 99-502). [1] Esta noción legal de transferencia tecnológica, o de concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se operacionalizó en Estados Unidos a través de las universidades y fué aparentemente exitosa tanto en materia de producción de patentes universitarias, como en cuanto al aumento del producto bruto y el empleo de mano de obra calificada. [2]

Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de plagiar o mimetizar en 1995 (Ley de Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su traducción en Leyes y Decretos tendió aún mas que en USA a privatizar la investigación pública y a sujetarla a una estratificación geopolítica del conocimiento, acentuando así la brecha científica que separa las metrópolis imperiales con los llamados países en desarrollo y con el Tercer Mundo, e imposible de cubrir sólo con una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), tal como hipócritamente lo perora el Banco Mundial. Esta estratificación opera no solo mediante los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales se hallan cada vez más arancelados en manos de grandes conglomerados privados multinacionales, y por ende cada vez más reservados y secretos para el acceso de las instituciones y universidades de los países periféricos, sino tambien mediante las autorestricciones impuestas por el Consenso de Washington, tales como aconteció con las investigaciones misilísticas y satelitales desarrolladas en Falda del Carmen, Córdoba (Cóndor II). [3]

Las contrataciones de transferencia tecnológica hechas a imitación de esta Ley Yanqui se originaron en Argentina en la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, Ley 23.877 de 1990, proyectada por el Diputado Nacional Jorge Rodríguez (La Pampa), aunque redactada por el físico Conrado González, y en la Ley de Educación Superior de 1995, cuyas cláusulas pertinentes habrían tenido su verdadero orígen en la Bayh-Dole Act (1980). [4] Esta Ley 23.877 y sus Decretos son muy semejante a la Ley Básica de Ciencia y Tecnología de Colombia, así como a los Programas de Apoyo a la Competitividad Industrial y a la Calidad y Productividad en Brasil. [5] Estas Leyes y Decretos, promulgadas en Argentina, debieron además, como aconteció en Estados Unidos, presuponer una radical descodificación de antiguas concepciones acerca del conocimiento, la investigación y la educación superior, y de sus relaciones con el poder político y la industria, que nunca fueron públicamente debatidas. [6] Todo conocimiento —ya sea descubrimiento, invención o interpretación— debe de acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción de la propiedad intelectual, que en las universidades consistía en compartir la propiedad de las mismas en forma común o colegiada y abierta. Por el contrario, a partir de estas Leyes y Decretos dichos conocimientos innovadores deben devenir propiedad individual y secreta, susceptibles de ser registrados, patentados y comercializados, es decir capaces de ser comprados y vendidos y por ende concesionados al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior, debe dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión pública e independiente, y debe constituirse en una suerte de corporación capitalista moderna. [7]

Pero para poner en funcionamiento dicha Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica, se necesitaba reglamentarla mediante un Decreto del PEN. La inescrupulosidad y urgencia de quienes reglamentaron dicha Ley, mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó a estimular la corrupción y las prácticas perversas otorgando incentivos promocionales a personas jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos así como a personas físicas exoneradas de la Administración Pública. Estas circunstancias— que si bien son reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de 1995— no son en ella debidamente detalladas y documentadas, ni siquiera en apéndices.

Por ello, cuando en 1995 se concretan las perspectivas de lograr un préstamo del BID y del Banco Mundial para las universidades, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vió precisado a elaborar un nuevo Decreto, el no. 1331/95, modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo personal gerenciador capaz de llevarlas a cabo a toda marcha y sin escrúpulos. En este aparente nuevo Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para codificar su verdadero caballo de Troya, consistente en una institución plagiada del Bayh-Dole Act de 1980, que establece en su art.1o, inc.a, que "...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas Universidades Nacionales". A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba taimadamente en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentivaba a las mismas Universidades Nacionales para que constituyan "...personas jurídicas de derecho público o privado", o participen en dichas personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877".

Las sucesivas reglamentaciones de dicha Ley, en 1992 y 1995, pusieron a las Universidades Nacionales a merced de una red de funcionarios aventureros interesados en bastardearlas y lucrar con las mismas. En otras palabras, el estado nacional, que crónicamente se había desinteresado de la suerte de las Universidades Nacionales, limitándose a fundarlas como fruto de negociaciones políticas y a dejarlas libradas a la buena de Dios, súbitamente cuando se encontró con los fondos del Banco Mundial se entró a interesar por ellas, para lo cual ideó este último Decreto reglamentario, que vino a acicatear o extorsionar a las Universidades Nacionales para que se corrompieran, o mas bien se prostituyeran, con la cuasi certeza de que por ser autónomas y autárquicas estarían más cubiertas de la persecución de la justicia.

No obstante este preciso Decreto, también se dictaron otros Decretos mas y Ordenanzas específicas para incentivar la adopción de la transferencia tecnológica, que dieron nacimiento —a posteriori del Pacto de Olivos (1994)— a nuevas instituciones, tales como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), el Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y con cuyos respectivos Comités de Pares pudieron luego incurrir sin sobresalto alguno en reiterados prevaricatos e irregularidades de toda laya. [8]

Instituciones como la transferencia tecnológica del Bayh-Dole Act, las practicas de la confidencialidad en las funciones evaluativas, y la acreditación de instituciones y programas académicos, y otras como el voucher y la escuela charter, que en Argentina no alcanzaron a concretarse, tan utilizadas y criticadas en el país del Norte, son manipuladas en países como los nuestros de una manera soez y obscena, y habrían venido a feudalizar y a legalizar la privatización de espacios públicos indelegables e intransferibles, tales como las Universidades Nacionales, sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico, corporativo y financiero.

Las políticas de filantropía corporativa y las estrategias fiscales que promueven el mecenazgo en las instituciones científicas, incluídas las universidades, mediante donaciones y créditos impositivos tendría mucho que ver con la apropiación privada del mundo académico por parte del poder corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas la estratificación geopolítica de la investigación científica. [9] Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido así en prácticas que fueron desinformadoras de la opinión pública, corruptoras de las actividades legislativas y administrativas asi como corruptora de una nutrida minoría de la planta de Investigadores del CONICET, y discriminatorias para con aquellos Investigadores que amén de la investigación ejercen complementariamente la docencia en establecimientos públicos.

Todo esto ha derivado en un cuadro de especulación cultural y científica al privatizar la investigación pública mediante contratos, transferencias y peajes, y sembrar las universidades con un ambiente de lucro y de un sálvese quien pueda que ha acentuado el clima de desolación y estrago moral y espiritual existentes.

Bibliografía.

Barcelona, Eduardo y Julio Villalonga (1992): Relaciones carnales, la verdadera historia de la construcción y destrucción del mísil Cóndor II (Buenos Aires: Planeta Espejo);

Foray, Dominique y Ali Kazancigil (1999): Science, Economics and Democracy: Selected Issues, World Conference on Science, UNESCO-ICSU (Budapest, Hungary), 26 June-1 July 1999; http://www.unesco.org/most/foray.htm

Madani, Blanca (2000): New Report Links Syria to 1992 Bombing of Israeli Embassy in Argentina, Middle East Intelligence Bulletin, v.2, n.3, March 2000;

Minsky, Leonard (2000): "Dead Souls: The Aftermath of Bayh-Dole," en White, Geoffry D. y Flannery C. Hauck ed., Campus Inc: Corporate Power in the Ivory Tower (Prometheus Books), pp. 95-105; http://www.calfac.org/Future/Minsky.html;

Mowery, Daniel C.; Richard R. Nelson; y Bhaven N. Sampat et. al. (2000): The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole act of 1980, Research Policy, v.30, n.1, 99-119; http://www.vannevar.gatech.edu/pdfs%20of%20publications/respolicy.pdf

Noble, David (1984): Science for Sale, in Thought and Action: The NEA Journal of Higher Education, Fall 1984, 25-39; http://www.nea.org/he/heta00/f00p15.pdf
Santoro, Daniel (1998): Venta de Armas: Hombres del Gobierno (Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta);

Soley, Lawrence C. (1995): Leasing the Ivory Tower: The Corporate Takeover of Academia (Boston: South End Press); http://www1.umn.edu/urelate/kiosk/2.96text/ivory_tower.html
Vessuri, Hebe M. C. (1997): Investigación y desarrollo en la Universidad Latinoamericana, Revista Mexicana de Sociología, v.59, n.3, 131-160;

White, Geoffry D. y Flannery C. Hauck ed. (2000): Campus Inc: Corporate Power in the Ivory Tower (Prometheus Books);

Notas