Accueil > Empire et Résistance > Ingérences, abus et pillages > Base de datos para saber quiénes esquilmaron al Estado argentino.
Hoy se presentara la base de datos con las 750 principales causas por delitos económicos. Un relevamiento realizado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica detalla las más importantes investigaciones realizadas desde los ’80 por delitos económicos y corrupción. Abundan los nombres de ex funcionarios menemistas imputados o procesados, pero escasean las condenas : sólo rompe la regla María Julia Alsogaray.
Por Irina Hauser
Página 12. Buenos Aires, 11 de octubre de 2005
Las cifras que aparecen en la pantalla tienen tantos ceros que es imposible imaginarlas en billetes. Reflejan sólo una parte del daño causado al Estado por los delitos económicos y la corrupción desde 1980 hasta el presente, aquella que quedó registrada por las denuncias ante la Justicia. Junto a cada número hay un nombre, un posible responsable.
– Carlos Menem, María Julia Alsogaray, los Yoma, Ramón Hernández, Raúl Granillo Ocampo, Domingo Cavallo, Ricardo Cossio, Germán Kammerath, Víctor Alderete y Gerardo Sofovich baten records en las planillas, por los avatares de los noventa.
– Fernando de la Rúa no se salva.
– Del gobierno actual llevan la delantera el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
– Los bancos más escrachados son el Citibank, el Banco General de Negocios, el Velox, el Multicrédito, el de Italia y el Alas.
Algunas empresas :
– IBM,
– Ciccone Calcográfica
– y el Grupo Macri.
Los datos surgen de una base de información montada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) con las 750 principales causas judiciales que revelan el daño económico causado al país por funcionarios, empresas y empresarios. " Pretende ser un archivo nacional que haga visibles los casos, el sistema de corrupción permanente y la impunidad judicial sistemática ", define Pedro Biscay, director ejecutivo de la organización. " También apostamos a que se recupere el dinero robado ", añade (ver aparte).
Algunas cifras que aparecen en este registro son llamativas. El perjuicio atribuido sólo al banco Velox, entre 1996 y 2001, es de 2000 millones de dólares. Es en un expediente sobre lavado de dinero y vaciamiento de empresas donde nunca hubo indagatorias. El Banco de Italia figura involucrado en una causa por un fraude de 744 millones de dólares. Aunque son entidades que ya no existen dejaron las huellas más fuertes por acusaciones en fraudes bancarios.
Los investigadores del Cipce se toparon con varias resistencias para acceder a nociones mínimas de los expedientes. La jueza María Servini de Cubría les negó cualquier elemento sobre la pesquisa del Banco de Italia. Lo mismo hizo en relación al Banco General de Negocios de los hermanos Rohm, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares. Tuvieron que recurrir a otros canales para averiguar. En el juzgado de Claudio Bonadío encontraron dificultades para tener un panorama de las maniobras del Banco Velox. Tampoco les quisieron decir o mostrar nada sobre la causa de los créditos millonarios con que el Banco Nación benefició al Grupo Yoma. En el despacho del juez Jorge Urso les cerraron la puerta en la cara. El juez penal económico Julio Speroni les puso una barrera infranqueable en la causa sobre el contrabando de armas.
El Cipce presentará hoy públicamente su base de datos, que podrá ser consultada por cualquier ciudadano. La inauguración iba a ser a mitad de año, pero unos días antes del evento alguien entró a sus oficinas durante un fin de semana y se llevó tres computadoras con la investigación de dos años. Ahora el equipo del Cipce tiene todo listo y revelará el monto total de lo que llaman "el daño social" derivado de los casos que llevan relevados.
Algunos invitados clave ya avisaron que no irán porque tienen la agenda completa. Uno es el titular del Banco Central, Martín Redrado, quien integra la nómina de la ONG porque la Justicia lo investiga por sobresueldos de 46 mil pesos cuando dirigía la Comisión Nacional de Valores en los ’90. Tampoco irá el titular de la Sindicatura General de la Nación, Claudio Moroni, quien había sido especialmente convocado por ser quien fiscaliza los gastos del Estado. A Moroni lo investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral por irregularidades en la Superintendencia de Seguros del menemismo.
Agujero negro
El archivo contiene información acerca de unas 2.000 personas (funcionarios, banqueros y empresarios) y 1.000 empresas. Se puede ver de qué están acusados y cuál es su situación judicial. Al lado de cada nombre y causa se señala un monto que representa el posible perjuicio público.
Hay ex funcionarios y actuales que se destacan por repetirse varias veces en el listado de expedientes recopilado por el Cipce y/o por los montos a los que aparecen asociados.
Los más recientes :
– Fernando de la Rúa : 5.000.000 de pesos provenientes de la SIDE para pagar coimas a senadores para la aprobación de la reforma laboral. Por este tema también figura Alberto Flamarique, ex ministro de Trabajo de la Alianza. El ex presidente aparece atado a otro caso, el del pago de 38.000.000 de pesos de una deuda dudosa a la concesionaria de la autopista Illia.
- Roberto Giacomino, ex jefe de la Policía Federal : casi 10.000.000 en contratos destinados a beneficiar a familiares y conocidos.
- Julio De Vido : 12.000.000 de pesos por la compra de locomotoras con presuntos sobreprecios. Aún no hubo indagatorias en la causa, donde también están imputados - Jaime y Julio Tito Montaña. El mismo trío está implicado en una investigación por la concesión de 13.000.000 en subsidios a los operadores ferroviarios.
Los clásicos más antiguos incluyen a :
- Germán Kammerath, ex secretario de Comunicaciones : 20.000.000 de dólares por el rebalanceo telefónico de 1997.
- Ricardo Cossio, ex titular de la DGI : 100.000.000 de dólares por la provisión de sistemas informáticos de IBM para la recaudación impositiva y previsional. Este famoso affaire de la década pasada, que incluía sobreprecios, sigue en etapa de instrucción.
- Carlos Menem, su ex secretario Ramón Hernández, Gostanian y Alberto Kohan : figuran juntos por 6.000.000 de dólares que la Justicia rastrea en Suiza. Kohan tiene su propia causa sobre enriquecimiento ilícito. Menem todavía tiene pendiente la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia.
- María Julia Alsogaray, ex secretaria de Recursos Naturales : lleva la delantera con más de 60 expedientes judiciales enumerados en las computadoras del Cipce y un juicio oral por un enriquecimiento ilícito de 642.000 dólares.
- Raúl Granillo Ocampo, ex ministro de Justicia : 2.000.000 de dólares, por posible enriquecimiento ilícito.
- Gerardo Sofovich, ex interventor de ATC : involucrado, no procesado, en una defraudación al Estado por 20.000.000 de dólares. Es porque al dejar el canal quedaba esa deuda, que en realidad ya se había saneado.
- Roque Fernández, ex ministro de Economía : 2.000.000 en redescuentos al banco Basel otorgados sin garantía y con conocimiento de insolvencia.
- Domingo Cavallo : 55.000 millones de dólares fue el aumento de la deuda a raíz del megacanje según la querella en la causa penal. También tiene pendiente la indagatoria por los sobresueldos.
Pocas nueces
De todas aquellas historias, sólo Alsogaray recibió una condena por no poder justificar el incremento de su patrimonio mientras fue funcionaria. Junto con ella, Alderete es uno de los más denunciados del menemismo. En el expediente que lo llevó preso se lo acusó de manejar discrecionalmente 2.400 millones. Una de las grandes causas históricas que fue elevada y está a la espera de juicio es IBM-Banco Nación, donde Aldo Dadone -ex titular de la entidad- y otros directivos serán juzgados por una estafa de 58.000.000 de dólares en un contrato de informatización. La mayor parte de los fraudes y estafas está bajo investigación en el fuero federal. Los delitos más frecuentes, señalan en el Cipce, son los tributarios, las defraudaciones contra la administración pública y la malversación de fondos. Pero hay otros como subversión económica, lavado y enriquecimiento ilícito. Salvo el contrabando agravado, la asociación ilícita y ciertos casos de evasión, los demás son excarcelables.
En el ranking de bancos del archivo de la ONG :
– Citibank : es uno de los más denunciados, especialmente por ahorristas.
– Banco Alas : se le atribuye un perjuicio de 140.000.000 de dólares.
Otros que arrastran denuncias complicadas son :
– Multicrédito y el Banco Mercurio.
– El Grupo Macri : está entre los empresarios que nunca logran escapar de la telaraña judicial que analiza posibles fraudes.
– Enrique Piana : todavía carga con la causa de la mafia del oro, con 19.000.000 de dólares en juego.
– Ciccone Calcográfica : emblema de los negocios del menemismo, sólo en un expediente está acusada por un fraude de 72.000.000 de dólares y asociación ilícita.
"Los delitos económicos en la Argentina no se suelen pensar como un problema delictivo ni de seguridad, no se los persigue como al delito común. Son expedientes que duermen -concluye Biscay-. Lograr que los hechos queden al descubierto permitirá un sistema de prevención."
El mapa del delito
Con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a la información sobre los señalados como responsables de las pérdidas multimillonarias del Estado, el director del Cipce, Norberto Biscay, detalló que algunas de las metas son las siguientes :
– "Armar un mapa de la criminalidad económica en la Argentina que muestre el comportamiento de empresas, funcionarios y bancos".
– "Que sea un archivo nacional contra la corrupción y la criminalidad económica que sirva como memoria histórica. Esto a su vez permitiría generar un sistema de alerta temprana para advertir a los organismos encargados de investigar".
– "Que la sociedad civil pueda monitorear casos de alto interés público". En la presentación que se hará hoy en el Teatro San Martín estarán otras Organizaciones No Gubernamentales con las que esta institución trabaja en conjunto como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento (Cippec), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), entre otros.
Para recuperar algo
Uno de los grandes objetivos que se fijó el Cipce desde un comienzo apunta a lograr que los funcionarios y empresas involucrados en delitos económicos y casos de corrupción devuelvan el dinero malhabido al Estado. Fue lo que plantearon frente a la condena de María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito. Finalmente la sala IV de la Cámara de Casación Penal dispuso que la ex secretaria de Recursos Naturales reintegre al Estado algo más de 700 mil dólares para "paliar, siquiera parcialmente" el "daño social causado". El tribunal propuso un destino puntual para la plata : el Hospital Garrahan. La decisión está apelada en la Corte Suprema.
Con mirada federal
Hasta ahora la mayor parte del banco de datos sobre corrupción hace foco en la Capital Federal. El Cipce espera recibir información desde el interior del país a partir de la divulgación de su sistema. Desde que comenzó a girar invitaciones, la semana pasada, ya recibió denuncias. El fiscal general de Chubut informó sobre un caso emblemático de alta corrupción para una provincia. Es el vaciamiento del Banco de Chubut -a través de la concesión de créditos y la compra de lotes urbanos en Rawson-, de donde surge un perjuicio de 9.815.000 dólares al Estado provincial. Están involucradas las empresas del llamado Grupo Fernandes y hay siete personas procesadas. Hace tres años que la causa está a la espera del juicio oral. Otro caso que seguramente resultará paradigmático, señalan, es el de los manejos del Grupo Ick en Santiago del Estero.
El banco de datos, definido como "una herramienta de uso público para enfrentar la impunidad de la delincuencia económica", será lanzado el martes 11 de octubre a las 18:30 en la Sala C del Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551.
Detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario que corrompe
Por CIPCE
Sabado, 8 de octubre de 2005
prensa@ceppas.org
Te : 4373-6303/4372-0570
Se presenta el primer banco de datos nacional sobre corrupción, lavado de dinero y otras formas de criminalidad económica.La base de datos, que recopila la información de las 750 principales causas de la Argentina, mide el daño social que produjo la corrupción en los últimos años.
Detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario que corrompe.
Primer Banco Nacional de Datos sobre Corrupción y Criminalidad Económica
La base de datos, que recopila la información de las 750 principales causas de la Argentina, mide el daño social que produjo la corrupción en los últimos años.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentará la primera base nacional de datos contra la corrupción y la criminalidad económica de la Argentina el martes 11 de octubre a las 18:30 horas en la Sala C del Centro Cultural General San Martín, situado en Sarmiento 1551.
Participarán en el evento, en el que se dará a conocer la estimación total del daño social que suponen las principales causas de corrupción del país, Julio Sevares -Clarín-, Marcelo Zlotogwiazda -Rock&Pop, Página/12-, Marcela Rodríguez -Consejo de la Magistratura-, Matías Kulfas -FLACSO-, Alberto Binder -CEPPAS-, Pedro Biscay -CIPCE- y Christian Gruenberg -CIPPEC-.
La base de datos que se dará a conocer tiene información sobre 750 casos judiciales donde empresas, empresarios y funcionarios públicos aparecen imputados por fraudes contra el Estado, soborno, lavado de dinero, fuga de capitales, quiebras societarias, vaciamientos de bancos y compañías de seguros y subversión económica. La información recopilada en la base permitirá cuantificar el daño social producido por estos hechos ilícitos (el perjuicio total estimado en pesos) así como promover la recuperación del dinero robado como una manera de reparar el perjuicio causado a la comunidad.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) es una organización no gubernamental que promueve el desarrollo de políticas de recuperación de activos de origen ilícito en delitos económicos y es a través de este lanzamiento que se pretende hacer un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales y a la prensa para potenciar el valor de la información almacenada, transformando así el banco de datos en una herramienta de uso público para enfrentar la impunidad de la delincuencia económica.
Para confirmar asistencia u obtener más información sobre el evento, contactarse por teléfono con Francisco Godinez, Bárbara Mastronardi o Inés Binder al 4373-6303/04 o 15-5329-4680 o con Pedro Biscay al 15-5645-1962, o vía mail a prensa@ceppas.org o cipce@ceppas.org