Accueil > Empire et Résistance > Ingérences, abus et pillages > Avión militar de EE.UU. provoca más turbulencias con Barack Obama
El avión Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense quiso entrar el 10 de febrero en el Aeropuerto de Ezeiza con una carga de armas y drogas, detonando un conflicto que está lejos de una solución.
En la máquina venían armas no declaradas y drogas prohibidas, además de equipos de comunicación e intercepción de comunicaciones que bien podrían emplearse con fines de espionaje.
Los militares viajeros llegaron a sentarse arriba de una valija verde, por turno, para impedir que los empleados de Aduana pudieran abrirla, para lo cual debió mediar el canciller Héctor Timerman en persona.
El material que no figuraba en la lista autorizada de ingreso quedó incautado y tomó intervención el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Al cabo de semanas el magistrado entendió que no hubo delito de contrabando pues las armas y drogas impugnadas no venían disimuladas.
Esos militares estadounidenses arribaban para dictar un segundo curso de « lucha antiterrorista » autorizado por el gobierno nacional. Sus alumnos serían efectivos de la Policía Federal ; en otros cursos del mismo tipo habían participado policías bonaerenses, cordobeses, porteños y de fuerzas de seguridad como Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El problema de fondo era la polémica misión de esos militares y no tanto su arsenal. El gobierno argentino se comportó con dignidad pues reclamó una explicación a la administración Obama. Esa disculpa nunca llegó al Palacio San Martín. Al contrario, desde el Departamento de Estado arreciaron los reclamos de devolución de lo decomisado.
Luego que Aguinsky dictaminara que no hubo delito y que en todo caso la Aduana resolviera sobre una mera infracción, aquellos reclamos ganaron en intensidad desde Washington.
La novedad fue que Barack Obama en persona pidió esa devolución. En tono de queja y de apremio, declaró : « se trata de un incidente serio. Ellos tienen algunos de nuestros equipos de comunicación. No hay razón para no devolverlos. No hay razón para que no lo devuelvan. Y la próxima vez que vea a la presidenta Kirchner, le diré : ¿Podemos recuperar nuestro equipamiento ? ».
No tiene razón el jefe del imperio. En aplicación del Código Aduanero, el material incautado debería destruirse en vez de devolverse al gobierno que afectó la soberanía y la seguridad argentina con ese vuelo.
Hiere la vista la imagen de la oposición conservadora argentina, liderada por el duhaldismo y el macrismo, haciendo de coro de Obama y diciendo que no hubo delito de los norteamericanos. Que el Poder Ejecutivo habría hecho « un papelón ». Entre el país y el viejo imperio, estos políticos no tienen dudas sobre con quién alinearse.
Se borraron como Casildo.
Hay un hilo conductor entre aquella conducta podría decirse antinacional, y su faltazo a las movilizaciones democráticas de repudio a los 35 años del golpe de Estado.
Eso no se refiere obviamente al faltazo personal de esos dirigentes, muy poco afectos a frotarse con el público, sino a la completa ausencia política de sus agrupaciones.
La cita del 24 de marzo es obligada para todos quienes tienen una militancia democrática o un compromiso con los derechos humanos. Eso no nace en 2002 cuando se convirtió esa fecha en el sinónimo de la Memoria, Verdad y Justicia, ni cuando en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se aprobó su conversión en feriado nacional.
En rigor, la envergadura de la conmemoración crítica de esa fecha sangrienta para la democracia, la institucionalidad y sobre todo para la vida, viene de muchos años atrás. Exactamente 35. De un modo o de otro, en la clandestinidad, en la resistencia o en las avenidas del país, a pleno día, desde 1976 hasta ahora, conmemorar la jornada en que los argentinos fueron arrasados por un tsunami de terrorismo de Estado, fue una demostración de coraje y espíritu democrático.
Duhalde, Macri, Julio Cobos, Elisa Carrió y otros líderes que « se borraron » este jueves de la Plaza de Mayo y de los actos en la mayoría de ciudades del país, se parecen más de la cuenta a Casildo Herreras, el tristemente célebre secretario de la CGT en 1976. Por lo menos este burrero amante del turf y de la buena vida admitió que se había borrado. Los otros no dijeron nada.
A propósito y no es para comparar, pero en la movilización de esta semana brilló por su ausencia la CGT liderada por Hugo Moyano. Decir que el camionero estuvo muy atareado arreglando sus asuntos personales y judiciales no alcanza el nivel de una explicación. La entidad de Azopardo, con algunas conducciones más rescatables y otras más burocráticas, nunca se distinguió demasiado por su apego a la causa de los derechos humanos.
Esa costumbre cegetista es tanto más criticable cuanto que la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, según el desagregado por ocupaciones y profesiones que hizo en su tiempo la Conadep. La franja de asalariados y obreros desaparecidos superaba el 62 por ciento, por lo que las omisiones de la CGT son aún más graves.
Moyano y su abogado Daniel Llermanos fatigaron los pasillos de tribunales con presentaciones sobre la petición de la justicia suiza que abrió una investigación sobre su supuesto vínculo con la empresa Covelia y su cuenta bancaria de 1.8 millón de dólares.
El verdadero contragolpe moyanista ocurrirá el viernes 29 de abril, cuando convoque a un acto en la avenida 9 de julio. La idea es juntar hasta 300.000 trabajadores movilizados por los gremios en respaldo a la reelección de Cristina Fernández. Un éxito ese día puede ser el mejor abogado del camionero, que lleve al cajoneo de la causa suiza y quizás potencia a los sindicalistas en las listas del FPV.
Por fuera de la CGT hay un espacio a llenar. Así lo demuestra el nuevo sindicato del Subte donde ganó la línea de Hugo Yasky representada por la dupla Pianelli-Segovia.
La quinta pata.
A una semana de la votación en Chubut, todavía sigue el recuento de votos porque el resultado resultó tan apretado como cuestionado. El escrutinio de ese domingo a la noche había informado de una victoria muy ajustada del candidato de Mario Das Neves, Martín Buzzi, por apenas 1.550 votos. El derrotado había sido Carlos Eliceche, del Frente para la Victoria, quien no reconoció el triunfo de Buzzi y denunció irregularidades de la elección.
Una de esas falencias fue que no hubo seguimiento online del escrutinio, donde se informara cuáles urnas se estaban cargando y cuáles faltaba sumar. Como bien apuntaron funcionarios del Ministerio del Interior, Das Neves había reclamado modernidad y transparencia al gobierno nacional pero había pecado de una conducta en contrario en su pago chico.
Florencio Randazzo acusó el miércoles de fraude al oficialismo chubutense. El apoderado del FPV y el mismo Eliceche reclamaron apertura de urnas y nuevo conteo de los votos, que la justicia del sur rechazó. El gobernador Das Neves también negó ese recuento alegando que la justicia electoral provincial no la contemplaba : solamente se revisaban y se abrían las urnas donde no hubiera coincidencia entre el acta labrada por las autoridades de mesa y el telegrama enviado con los resultados.
Aún limitando la revisión a esa sola circunstancia, los sufragios de Eliceche crecieron en 1.200, con lo que la diferencia a favor de Buzzi se achicó a 350. Eso, cuando el peine fino se había pasado sobre mesas que suponían un 40 por ciento del total. ¿Qué pasará cuando se chequee el 60 por ciento restante ?
Los reclamos del kirchnerismo patagónico fueron respaldados con sorna por el cordobés Luis Juez, que el 2 de setiembre de 2007 reclamó infructuosamente la apertura de urnas y el conteo voto a voto, luego que considerara haber sido robado por el PJ mediterráneo. La falta de acompañamiento de Kirchner en esa demanda marcó la ruptura suya con el presidente. Lo de Juez ahora no era un chiste : "los K piden en Chubut lo mismo que me negaron en Córdoba".
Los comicios de Catamarca marcaron una evidente recuperación política y electoral de Cristina Fernández en comparación con su derrota de junio de 2009. Y el resultado de Chubut, cualquiera fuera el definitivo, también es auspicioso para el gobierno nacional.
Pero es una pena que se hayan producido tantas irregularidades, tildadas de de "fraude" también por la UCR. Que estas cosas ocurran en compulsas provinciales, siendo graves, disculpa sólo en cierto modo al Ministerio del Interior. De cualquier forma esa cartera tiene que poner sus barbas en remojo, porque octubre está cerca y en esas elecciones nacionales no va a poder echarles la culpa a gobernadores de la oposición. ¿Acaso está asegurada la transparencia y limpieza de esos comicios ? No parece, cuando incluso varios jueces electorales aseguran que no habrá tiempo de aplicar la nueva ley electoral votada por el bipartidismo. Esta carrera contra padrones, boletas y sistemas sospechados -más que la que debería correr contra los candidatos opositores- es la que debe ganar la presidenta si se decide a buscar la reelección.
Sobre todo porque los perdedores estarán buscando la quinta pata al gato.
La Arena. Argentina, 27 de marzo de 2011.