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Una iniciativa del gobierno nacional que merece ser aplaudida es la que ha producido el lanzamiento del Pacto por la Niñez, gestado desde el área del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Es ésta la primera vez que se intenta estructurar un plan orgánico e integral destinado a rescatar a uno de los sectores más vulnerables de la población por medio de una acción en la que participan mancomunadamente el Estado nacional, las provincias, los municipios, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las iglesias e instituciones religiosas y el voluntariado social que trabaja en las diferentes regiones del país.
Lo que se pretende es impulsar un plan que sea el resultado de la acción solidaria de toda la sociedad y no sólo de un ministerio o un gobierno. Como ha señalado el ministro Juan Pablo Cafiero, se intentará ayudar a los segmentos más desprotegidos de la población mediante el rescate estratégico de sus niños y adolescentes, en el contexto de un proyecto que aspira a cortar el ciclo social perverso de acuerdo con el cual los hijos reproducen la situación de extrema pobreza de sus padres y abuelos. Evitar a toda costa la consolidación de esa cadena que perpetúa el desamparo es uno de los fines principales del pacto que se le está proponiendo a la sociedad.
El plan prevé, entre otras novedades, el establecimiento de un seguro infantil destinado a niños y adolescentes que tengan menos de 17 años y vivan en estado de pobreza. A las madres de esos menores se les otorgará un subsidio de 50 pesos por mes, a lo que se agregará otra suma igual, también mensual, que se asignará a cambio del compromiso de que el beneficiario concurra a la escuela y atienda regularmente su salud. El seguro se entregará sin intermediarios políticos y con arreglo a un padrón elaborado con activa participación de las entidades civiles y no gubernamentales. Las provincias y los municipios colaborarán con esa tarea sobre la base de criterios técnicos y legales unificados.
El plan incluye, además, la determinación de que la documentación relativa a todo recién nacido se otorgue gratuitamente, lo que permitirá la integración a los registros civiles de millones de niños que en la actualidad nacen fuera de toda constancia legal. Se estima que, sobre un total de 850.000 nacimientos, hay unos 70.000 que no son registrados. Por otra parte, muchísimos niños que cuentan con partida de nacimiento se ven impedidos, por razones económicas, de tramitar posteriormente su documento nacional de identidad. Se espera que estas medidas ayuden a combatir el tráfico de niños, uno de los delitos aberrantes que padece nuestra sociedad.
El tercer punto que contempla el Pacto por la Niñez es la instrumentación de un plan nacional de chicos de la calle destinado a modificar la sórdida realidad que afecta a la infancia más desprotegida. Se prevé la realización de un censo -extendido a todo el territorio nacional- de niños que viven en esa situación. A partir de la información que aporte ese trabajo, se impulsará un programa destinado a capacitar a ex chicos de la calle para que ayuden a integrar en la sociedad a los niños que hoy están en la condición que ellos lograron superar.
Finalmente, se dispondrá la inembargabilidad de todos los fondos destinados a la protección de la infancia. Lo significativo y valioso del Pacto por la Niñez no reside únicamente en los beneficios concretos que se proporcionarán a niños y adolescentes desamparados o condicionados por la pobreza, sino también -y fundamentalmente- en el hecho de que las medidas sean ejecutadas en todos los casos a través de la responsabilidad compartida del sector público y la sociedad civil.
El pacto debe ser valorado, en suma, como un primer esfuerzo para potenciar la solidaridad social, fortalecer el tejido comunitario y, sobre todo, abrir nuevos de caminos de integración para quienes hoy se ven confinados, desde la infancia, en zonas de marginalidad y pobreza.