Argentina:
El Poder Judicial no puede gobernar con medidas cautelares

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que fallar en la causa « Thomas Enrique c/ Estado Nacional s/amparo », aseguró que un diputado no tiene legitimación para reeditar en sede judicial un debate que perdió en el Congreso. Es que el diputado nacional Enrique Thomas había cuestionado la Ley de Medios Audiovisuales y había obtenido una medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley, por parte de la Justicia mendocina. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti expresó que « no se puede buscar en el Poder Judicial lo que se pierde en el Parlamento ».
Esta afirmación deberían tenerla en cuenta los diputados y dirigentes de la oposición al gobierno de Cristina Fernández, que buscan a través de fallos judiciales, suspender u obstaculizar medidas de gobierno que son dictadas por órganos competentes y legitimados para ello.

En dicho fallo, la Corte consideró que el amparista debía invocar un interés concreto, ya que el Poder Judicial no hace el control de legalidad de las leyes de manera abstracta. Admitir esto, sería « ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares ». Para la Corte, una medida cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad.

Las reservas.

A principios de este año, a pedido de dirigentes de la oposición, hubo un fallo judicial que cuestionaba la validez del decreto de necesidad y urgencia con el cual la presidenta Cristina Fernández intentaba utilizar las reservas del Banco Central para pagar deuda externa. También se cuestionó a través de la Justicia, la facultad de la presidenta para remover al entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, y la designación en su reemplazo de la economista Mercedes Marcó del Pont.

El ex « Chicago boy » se erigió de manera insólita, en defensor de las reservas del Banco Central, cuando cinco años antes, durante la presidencia de Néstor Kirchner había ejecutado una medida similar para pagar deuda externa al Fondo Monetario Internacional.

A tal punto llegó la furia por judicializar la política, que el dirigente de Proyecto Sur, Fernando « Pino » Solanas, denunció penalmente a la presidenta Cristina Fernández, por el uso de esas reservas para pagar deuda externa.

No se recuerda que otros presidentes que tomaron medidas mucho más perjudiciales para el conjunto del pueblo argentino, como Carlos Menem ó Fernando De la Rúa, hayan debido enfrentar semejante andanada de presentaciones judiciales.

La entrega del patrimonio nacional, que no otra cosa fue la política privatizadora por la cual se remataron las empresas públicas, como Entel, Aerolíneas Argentinas, YPF, YCF, Ferrocarriles Argentinos, los bancos públicos, etc., fue posible no sólo por la complicidad de un vasto arco político, sino también por la mayoría de la dirigencia sindical y obviamente, de un Poder Judicial cuya cabeza era la Corte menemista.

Otra avanzada.

Ahora se plantea una nueva arremetida judicial contra la presidenta, esta vez a través de un abogado, Enrique Piragini, quien la acusa de « abuso de autoridad, discriminación, instigación a la violencia y violación de los deberes de funcionario público », y se anima a inferir que hay un afán de « denostar » a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura de la Nación, porque en el presupuesto nacional, cuyo proyecto elevó el Poder Ejecutivo al Congreso la semana pasada, hay una reducción en el presupuesto asignado a ambos organismos. Piragini va más allá y acusa a la presidenta de « malversación de caudales públicos », por la supuesta utilización del programa Fútbol Para Todos para incluir publicidad convocando a la marcha que se realizó ayer en apoyo a la Ley de Medios Audiovisuales. Este abogado, que pide ser aceptado como querellante en aras del « interés difuso » que le asiste, se presenta por sí y como presidente de la organización no gubernamental Ariel (Argentina Recupera Identidad en Libertad), que reclama mayor seguridad.

La acusación de Piragini se origina en un ácido comentario de la presidenta en su Twitter, aunque en tono de broma, donde critica la medida cautelar que dictó la semana pasada el juez federal de La Plata, Elvio Sagarra, que en el mismo sentido de los fallos anteriormente comentados, suspendió la aplicación de la resolución gubernamental de caducidad de la licencia de Fibertel. El fallo dispone que la Resolución 100 de la secretaría de Comunicaciones, que dispuso la caducidad de la prestadora de banda ancha, afecta la libertad de elección y la libertad de expresión de todos los usuarios de Fibertel, y la declaró inconstitucional.

Aunque el juez bonaerense afirmó en la prensa que no está presionado por nadie, es evidente que no tomó en cuenta las recomendaciones del presidente de la Corte Suprema, cuando afirmó que « lo que la Constitución prevé es una división de poderes donde cada uno tiene una función. La del Poder Judicial es la de poner límites, fortalecer las instituciones, pero no es gobernar ni legislar ».

Independencia de qué.

La independencia del Poder Judicial es uno de los debates más fuertes que atraviesa a la sociedad argentina y tiene mensajes contradictorios, por no decir hipócritas. Cuando asumió Carlos Menem en 1989 una de sus primeras medidas fue aumentar a nueve el número de miembros del máximo tribunal, asegurándose lo que se llamó la « mayoría automática ».

El excelente libro de Horacio Verbitsky « Hacer la Corte » relata con crudeza algunas de las trapisondas judiciales que tuvieron que hacer para concretar el desguace del Estado, como el « per saltum » que permitió la privatización escandalosa de Aerolíneas Argentinas o directamente « arrancar » una sentencia del libro de Protocolos.
En aquellos años, muchos de los que hoy desde la oposición al gobierno se desgarran las vestiduras por la « independencia » del Poder Judicial, callaron y consintieron aquella situación. Hoy, con una Corte Suprema renovada y prestigiada, y a tenor de los fallos que ha dictado, no pueden hablar de « Justicia adicta », aún cuando la mayoría de los ministros hayan sido designados bajo la presidencia de Néstor Kirchner. El ex presidente y actual secretario general de la Unasur afirmó que « no queremos solamente una justicia independiente del poder político y dependiente de los factores de concentración económica o mediática. Le haría bien a la Argentina que las leyes del Parlamento se pudieran aplicar tranquilamente ».

Otro fallo a medida.

Otro fallo, del juez federal de Dolores Adolfo Harisgarat, hizo lugar a un amparo presentado por una empresa productora de contenidos para televisión y le ordenó a la Autoridad de Servicios de Comunicación la suspensión de la resolución 296/10 respecto de esa compañía. Además, dispuso que la sucursal Cablevisión Dolores siga emitiendo la señal de la titularidad de la actora en las mismas condiciones y modalidades con que actualmente se emite. Otra resolución judicial que contradice aquello que la Corte resolviera, cuando dijo que « no se puede ejercer el gobierno a través de medidas cautelares ».

Por ello, en defensa de un Poder Judicial independiente en serio, los jueces, tanto de los tribunales inferiores como de las cortes provinciales y la nacional, deberían mantenerse no prescindentes de los grandes debates que hoy están presentes en la realidad argentina, como la Ley de Medios, o la restitución de los niños apropiados durante la dictadura, pero sí al margen de las presiones de las grandes corporaciones, que ejercen un poder mucho más grande, incluso, que la del propio gobierno.