Agrotóxicos para los países del Sur

Por María José Atiénzar

Alrededor del 30 por ciento de los plaguicidas comercializados en los países en desarrollo - por un valor comercial que se calcula en 900 millones de dólares al año- incumple las normas internacionales de calidad. Esto representa una grave amenaza a la salud de los seres humanos y al ambiente, como han declarado la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hay que distinguir entre los tratamientos orgánicos, aplicados como defensa y para fortalecer las plantas, de lo que los agrónomos conscientes han denominado con el término agrotóxicos que designa a los biocidas de la industria agroquímica. Con el término genérico "pesticida" o "plaguicida" se engloba a insecticidas, herbicidas y fungicidas empleados sobre todo en la agricultura, pero también en el ámbito de la sanidad pública, como por ejemplo, los insecticidas contra los insectos que provocan la malaria.

En el 2000, el mercado mundial de plaguicidas ha alcanzado los 32.000 millones de dólares, y la cuota correspondiente a los países en desarrollo ha sido de 3.000 millones de dólares. Entre otros motivos, la baja calidad de los plaguicidas se debe a una producción defectuosa y a una selección inadecuada de las sustancias químicas; en algunos casos, la concentración del ingrediente activo está fuera de los límites de tolerancia aceptados. La etiqueta, que es a menudo la única fuente de información que tiene el consumidor sobre el producto, no suele facilitar datos correctos sobre el ingrediente activo, el empleo, la fecha de fabricación, y la manera de utilizar con seguridad la sustancia química. Tanto la FAO como la OMS han invitado a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a adoptar unas recomendaciones sobre calidad de los plaguicidas que los países tendrían que hacer jurídicamente obligatorias. Esas normas de FAO y OMS resultan especialmente importantes para países que carecen de infraestructuras de control adecuadas. Todas las industrias de plaguicidas, entre ellas las de genéricos, deberían que pasar esos controles de calidad.

La ’plaga de los pesticidas tóxicos’, como subraya Mohamed Larbi en Le Monde Diplomatique, es un fenómeno que puede tener efectos devastadores. Grandes multinacionales de químicos continúan vertiendo en los países del Sur, decenas de miles de toneladas de pesticidas cuyo uso está prohibido en los países occidentales.

Las transferencias de pesticidas a países africanos, por ejemplo, representan el 80% de las importaciones de productos agroquímicos en el continente. Gran parte de ellos, acaban ocasionando serios problemas con la acumulación de miles de toneladas de pesticidas excedentes. Es el caso de Sudán, Marruecos, Benin y Guinea Bissau entre otros países, que no saben cómo deshacerse de ciertos ’regalos’ envenenados. Eliminar los excedentes por incineración supone riesgos de emanaciones gaseosas y residuos de combustión, además de atraer hacia las incineradoras del Sur a los traficantes de residuos tóxicos, dado el alto precio que supone ese almacenamiento en el Norte.

Los cargamentos han sido de bromuro de metilo, un fumigante peligroso, o de viejos productos no degradables, como el DDT, el lindano, la dieldrina o el HCH, prohibidos en los países del Norte desde hace décadas. Desde EEUU se han expedido en los últimos años, productos tan tóxicos como el mirex, el clordano o el heptaclor a países como Guatemala, Brasil y Sri Lanka. Algunos de los productos son mutágenos, carcinógenos y teratógenos, que suelen asociarse con el cáncer y la esterilidad. Por no hablar del benlate o benomyl al que se le atribuyen casos como la anoftalmia de un niño que nació en 1990 sin ojos por haber estado la madre expuesta al fungicida. Algunos de los daños ocasionados han costado a las empresas agroquímicas millones de dólares en multas e indemnizaciones, pero es incontable el número de afectados que nunca han recibido respuesta.

En 1982 Naciones Unidas adoptó una lista de pesticidas prohibidos o retirados, pero no prohibió el uso ni la fabricación. Los países del Sur, que utilizan apenas el 20% de la producción mundial, registran el 99% de las muertes provocadas por esas sustancias, pues aunque en el Norte también se usan, es en el Sur donde carecen de equipos y personal apropiados, y no existen suficientes medidas de protección al consumidor, al trabajador del campo y al medio ambiente.

Se hace necesario, pues, no solo vigilar la exportación de productos tóxicos del Norte hacia el Sur, sino cuestionar la lógica que apoya el uso de tales productos y promover métodos alternativos para reducir o eliminar su uso. Una agricultura sostenible pasa por la eliminación de los agrotóxicos. Parece tarea complicada, cuando son las 20 multinacionales que controlan el 94% de este mercado quienes deberían dar marcha atrás. La búsqueda del beneficio y la preservación del secreto de fabricación pesan en muchas ocasiones más que la salud de las personas, las generaciones que vienen y el futuro del planeta.

¿Dónde encontrar un producto eficaz que acabe con la insolidaridad, auténtica plaga letal que compromete el futuro?