Los sesenta prófugos por crimenes de Lesa Humanida en Latinoamérica

Han pasado 30 años desde que Augusto Pinochet cedió el poder en Chile al democristiano Patricio Aylwin. Tendrían que pasar ocho años más hasta que los juzgados de ese país dejaran de aplicar la Ley de Amnistía que, aprobada aún durante la dictadura, impedía juzgar a personas acusadas de delitos de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 —día del golpe de Estado que dio el poder a Pinochet y acabó con la vida de Salvador Allende— y el 10 de marzo de 1978. El periodo sumó, según los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, 28.459 casos de víctimas de torturas y 3 227 personas asesinadas o desaparecidas. Fue la última dictadura basada en el anticomunismo y apoyada por Estados Unidos de América en Latinoamérica. Desde entonces varios centenares de militares y afectos al régimen de Pinochet han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

Otros países de Latinoamérica siguen hoy, décadas después, buscando a los responsables de cientos de muertes relacionadas con las dictaduras que sufrieron en la segunda mitad del siglo XX. Interpol suma, en sus alertas rojas de fugitivos de la justicia, varias decenas de personas buscadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras fascistas latinoamericanas. Todas ellas provienen de tres países : Guatemala, Uruguay y, sobre todo, Argentina.

565 cuerpos sin vida, atados de pies y manos y distribuidos en 84 fosas.

Las primeras informaciones sobre una de las mayores fosas comunes de Latinoamérica surgieron en el año 2000, cuando varias víctimas de la masacre perpetrada por militares y paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en el municipio Plan de Sánchez, en Baja Verapaz (Guatemala), hablaron de la Zona Militar número 21 como el lugar donde enterraban a las víctimas. El terreno, ubicado en el municipio de Cobán, es actualmente el Centro Regional de Entrenamiento de Operadores de Mantenimiento de Paz (Creompaz). No fue hasta doce años después cuando la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) comprobó la información, llevando a cabo 14 exhumaciones en las que encontraron medio millar de cadáveres, noventa de ellos de niñas y niños, la mayoría de ellos con señales de tortura.

A día de hoy, al menos siete personas relacionadas con el caso Creompaz siguen prófugas de la justicia y con alerta roja en la Interpol. Uno de ellos es Edgar Justino Ovalle Maldonado, fundador del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), un partido nacido en 2008 y formado por los militares veteranos del conflicto armado unidos en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) que ocupó el poder en Guatemala entre 2016 y 2020 de la mano de Jimmy Morales, investigado por financiación ilegal. Otro de los prófugos del caso Creompaz es Luis Felipe Miranda Trejo, que también fue miembro del gobierno guatemalteco, en su caso de la mano de Efraín Ríos Montt, ya condenado por genocidio.

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« RIOS MONTT, CONDENADO POR GENOCIDIO »
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En las alertas rojas de Interpol aparecen otros seis guatemaltecos acusados de delitos de lesa humanidad. « No se ha logrado capturar a nadie, todos están fugados y esperando juicio », confirma a El Salto Mario Polanco, representante del organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)de Guatemala, fundado hace ya 36 años para denunciar crímenes cometidos durante la guerra en Guatemala.

Otro de esos prófugos es José Manuel Castañeda Aparicio, exmilitar acusado de la desaparición forzada de los líderes campesinos Francisco Guerrero López, Jacobo López Ac y Rodolfo López Quej, en enero de 1983 en la aldea Tampo, en Tactic, Alta Verapaz. Castañeda fue detenido en noviembre de 2013 y juzgado y absuelto un año después, pero el GAM recurrió la absolución. « La sala anuló la absolución, por lo que se dictó orden de captura nuevamente, pero Castañeda había escapado, se encuentra fugado y por eso existe una orden de captura internacional », explica Polanco. El caso de Castañeda es, según explica este defensor de los derechos humanos, ilustrativo de lo que pasa en Guatemala con los militares prófugos de la justicia ya que su hija, Sofía Castañeda, conocida como ‘La Sirenita’, condenada por asociación ilícita, es una conocida narcotraficante. « Es importante porque demuestra los vínculos entre quienes promovieron la violencia en el pasado con quienes actualmente forman parte del crimen organizado », señala Polanco. « Estos militares fugados no dudaría que estén siendo protegidos por el narcotráfico actual », añade.

Desde que, en junio de 1973, el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry se dio un autogolpe de Estado y disolvió la Cámara de Senadores y Representantes de Uruguay hasta que volvió la democracia al país, en 1985, el informe de la Comisión para la Pazcontó 175 personas desaparecidas. En esos doce años, el país entró de lleno en la Operación Cóndor, la estructura organizativa por la cual las dictaduras latinoamericanas y Estados Unidos trabajaban conjuntamente en el espionaje, represión y asesinato de disidentes políticos.

Actualmente, Interpol tiene entre sus alertas rojas las órdenes de busca y captura de tres ciudadanos uruguayos que, hoy en día, según confirman a El Salto desde el Observatorio Luz Ibarburu, siguen prófugos de la justicia. Dos de ellos, Eduardo Ferro y Pedro Antonio Mato Narbondo, están relacionados con la Operación Cóndor. Eduardo Ferro está actualmente investigado por la justicia uruguaya por desapariciones en el marco del Plan Cóndor, entre ellas la del comunista Óscar Tassino. Aunque fue detenido en septiembre de 2017 en un hotel en Madrid y mandado a prisión preventiva, cuando, en mayo de 2018, el Consejo de Ministros y la Audiencia Nacional aprobaron finalmente su extradición a Uruguay, Ferro ya había sido puesto en libertad y había vuelto a huir de la justicia.

Pedro Antonio Mato Narbondo, por su parte, sí ha sido condenado, aunque por la justicia italiana. Mato es uno de los 13 militares uruguayos que, en julio de 2019, fueron condenados por el Tribunal de Apelación de Roma en un proceso comenzado hace ya 21 y que, en un primer momento, habría resultado en la absolución de la mayoría de los militares imputados por prescripción del delito. Prófugo desde 2013, Mato también está investigado por la justicia uruguaya por el homicidio, en 1972, de Luis Batalla, trabajador en el sector de la construcción y militante del Partido Demócrata Cristiano, Batalla fue detenido el 21 de mayo de 1972 y devuelto a su familia cuatro días después, sin vida y con el hígado roto a golpes. Mato, al que llamaban ‘El Burro’ y se había titulado en la Escuela de las Américas [hoy llamado « Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad ». Nota de El Correo], era miembro de la unidad militar que le detuvo y le torturó hasta la muerte. Cuando fue llamado ante la justicia, cruzó los escasos metros que se contaban entre su residencia de entonces, en Rivera, y el municipio ya brasileño de Santana do Livramento.

Hermes Tarigo Giordano, el tercer prófugo uruguayo, está acusado del asesinato del estudiante Gerardo Alter, en agosto de 1973, pero, cuando fue llamado por la justicia paraguaya en 2011 no acudió por encontrarse de viaje en Europa. Desde entonces está bajo busca y captura.

Pero es Argentina el país que más nombres tiene en busca y captura por delitos de lesa humanidad relacionados con su última dictadura. Actualmente, las alertas de Interpol incluyen a 16 argentinos relacionados con crímenes cometidos en dictadura, a los que se suman otras 28 personas que aún no han sido juzgadas y que aunque no sigan en las notificaciones de la policía internacional, sí siguen bajo la mira de organizaciones de derechos humanos y juzgados. Son algunas de las que huyeron de este país a partir de 2003, escapando de una justicia que se les venía encima después de que se anularan las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Como en España con la Ley de Amnistía, la nueva democracia en Argentina impidió con estas leyes durante años que se juzgaran a los criminales que diezmaron a la oposición política hasta que los jueces se atrevieron a aplicar la legislación internacional a la que el país se había adscrito.

« La recuperación democrática argentina de 1983 aparejó un larguísimo proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado iniciado poco antes del golpe militar de 1976 », explica Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina y abogado querellante en causas de lesa humanidad. El primer gran hito fue el juicio a las Juntas Militares, en el que se acreditó la existencia de un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos y desaparición de personas. Sin embargo, tras la celebración de varios juicios por los que desfilaron varios cientos de militares, Torremare recuerda que las fuerzas armadas presionaron al gobierno de Raúl Alfonsín y éste dictó, en 1986, la Ley de Punto Final y, el año siguiente, la Ley de Obediencia Debida. « Más allá de sus tecnicismos, ambas importaban la impunidad para los represores que estaban en la mira del Poder Judicial », señala el abogado y defensor de derechos humanos. « El gobierno democrático posterior, encabezado por Carlos Menem, culminó la obra dictando dos decretos de indulto por el cual se liberó a los pocos e importantes militares que aún permanecían detenidos porque, debido a la gravedad de sus acciones no había sido incluidos en las beneficiosas leyes anteriores ».

Una de las beneficiadas por los indultos fue Beatriz Arenaza, actualmente en las alertas rojas de Interpol a pesar de que fue detenida en España en 2016. La Audiencia Nacional rechazó su extradición. « Durante los 18 años de vigencia de la impunidad legal, el territorio argentino fue un verdadero aguantadero de los represores responsables del genocidio. Nadie pensaba en abandonar el país porque no era necesario hacerlo, solo algunos pocos que tenían procesos abiertos en el exterior por aplicación del principio de jurisdicción universal no podían salir del país », relata Torremare.

Las leyes de impunidad y los indultos fueron anulados a partir de 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, y la justicia argentina pudo retomar los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura. Fue entonces cuando comenzó la carrera por salir del país. « Fue y está siendo necesaria una dura lucha, policial primero, para buscarlos y encontrarlos, y judicial y diplomática después, para lograr la extradición », explica el abogado. « En esa lucha no siempre ha triunfado la justicia. No ha triunfado por la dificultad de buscar y de localizar, y más tarde por la de vencer las barreras legales para que permitan la detención y la extradición », continúa Torremare. « La no aplicación lisa y llana de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial del Estatuto de Roma, por parte de algunos países que esconden a los asesinos, sumado a la inexistencia de algunos tipos penales específicos por los que se ha pedido la extradición de varios de ellos ha conspirado contra el propósito de lograr lrápida repatriación de los imputados por delitos de lesa humanidad », concluye. Torremare añade que el enriquecimiento conseguido mediante robos y las relaciones de complicidad sembradas en las épocas de ejercicio de poder les han facilitado el refugio fuera de Argentina.