« El gobierno argentino está buscando un enemigo interno en los mapuches »

El pueblo mapuche, cuenta a Tiempo, es preexistente a la constitución de los Estados nación y por tanto, quedó dividido en dos jurisdicciones políticas : Chile y Argentina. Si bien es muy difícil de establecer cifras exactas, se considera que hay alrededor de dos millones de mapuches entre ambos países. La mayoría quedó del lado chileno.

¿Cómo es la relación de la comunidad con el Estado argentino ?

A partir del reconocimiento que marcó la reforma constitucional del ’94, que plantea la preexistencia étnica y cultural, el pueblo mapuche ha ido proponiendo una agenda de prioridades. En esa agenda el tema excluyente es el territorial. Aquí en Chubut la conflictividad es por la posesión y la propiedad de la tierra. Son conflictos con terratenientes, empresas extractivas de corte minero o petrolero y, en menor medida, con el Estado.

¿Y qué es la reafirmación territorial de derechos en la que se enmarca el conflicto del Pu Lof de Cushamen ?

Esto empieza en 2015 y, en el caso de Cushamen se dice Pu Lof porque Pu es plural y son varias las comunidades que recuperaron ese espacio territorial que esgrime como propio la multinacional Benetton. El conflicto tuvo sus idas y vueltas pero se profundizó en 2016. Hubo un quiebre que consistió en una agudización de la criminalización en la parte judicial. Eso se ve no solo con el lonko (cacique) Facundo Jones Huala, que estuvo preso tres meses, sino también con el armado de causas por delitos que son tipificados como no excarcelables. Lo que advertimos es que la forma de sacar a las personas de su territorio es judicializando su caso. Y también con la represión y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad que llegó al punto máximo con la desaparición de Santiago Maldonado.

¿Cómo interpretan el discurso del gobierno sobre los mapuches ?

Creemos que el gobierno está buscando un enemigo interno y la ministra Patricia Bullrich lo dijo claramente. Para ella, el pueblo mapuche es un problema para la seguridad nacional. Si se analizan los once principios de propaganda de Goebbels vemos que se cumplen a la perfección, alineando a los grupos hegemónicos de comunicación. Lo entendemos como una alineación de la corporación mediática con el poder económico. Porque Benetton no es una empresa cualquiera, maneja mucho capital e influencia política. El fiscal de Chubut le dijo en una de las audiencias del año pasado al representante de Benetton que su empresa tenía más de diez patrulleros en su estancia protegiendo sus bienes, que los sacaban de atender las ciudades aledañas.

¿Qué es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ?

Como lo explicó Jones Huala, en nuestra comunidad hay muchas expresiones de resistencia. Algunos prefieren la vía diplomática, pero también hemos sido testigos de nuestros abuelos que se han muerto yendo de oficina en oficina buscando la legitimación de sus tierras. El RAM en ese sentido es una expresión del pueblo mapuche cansado de esta injusticia histórica, pero consciente de dónde está el poderío económico que maneja todo esto. Porque la recuperación no se hizo a un vecino, sino a una multinacional. Benetton tiene casi un millón de hectáreas en la Patagonia. Entonces, al que le preocupe la soberanía argentina en Malvinas, que también lo haga en la Patagonia, que está fuertemente extranjerizada.

Javier Borelli

Tiempo argentino. Buenos Aires,12 de Agosto de 2017

MAS DE 200 CONFLICTOS CON PUEBLOS ORIGINARIOS
SIGUEN SIN SOLUCION EN ARGENTINA

Además, crece la cantidad de detenciones ilegales.

Organizaciones que trabajan la problemática de los pueblos originarios contabilizan más de 200 focos en todo el país, aunque los especialistas consultados reconocieron que podrían ser muchos más. En los últimos meses, coinciden, se agravó la situación.

Hace casi dos años, Amnistía Internacional Argentina (AIA), con la asistencia de distintos organismos, encabezó la tarea de enumerar estos conflictos. Los 212 casos, que figuran hoy en su web oficial, están tipificados en conflictos territoriales (122) ; ambientales (40) ; violentos (24) ; desalojos (1) ; personería jurídica (7) ; criminalización (2). Algunos comparten varias categorías.

La directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de AIA, Paola García Rey, aclara que « no está pensado como un mapa exhaustivo, pero sí es una herramienta que ayuda para saber qué pasa con la agenda de los pueblos originarios ».

« Este tema fue abandonado por todas las administraciones. Todos los gobiernos demostraron una persistente falta de voluntad en traducir las normas de la Constitución Nacional », agrega García Rey, quien hace una salvedad de lo que ocurre desde hace dos años : « Históricamente, los líderes indígenas tenían una cantidad importante de denuncias, pero solían archivarse o caerse. Ahora, las causas son motorizadas y avanzan con cierta connivencia judicial y política. Hay muchas detenciones ilegales ».

Tal es el caso de Agustín Santillán, referente de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez, en Formosa, quien está preso desde el 14 de abril imputado en más de 20 causas penales por intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, amenazas, lesiones, agresión y usurpación.

Las razones de tanta persecución son las mismas de siempre : el reclamo por el derecho al territorio, a la salud, a la educación, al trabajo o al acceso al agua potable.

La abogada Silvina Ramírez, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, puntualiza que « los conflictos se han ido agudizando con el paso del tiempo. No sólo en la Patagonia sino en toda la Argentina ».

Ramírez explica que « las comunidades mapuches se convirtieron hoy en el enemigo público número uno » gracias a la « idea equivocada de que pretenden la fragmentación o la disociación en un nuevo Estado, cuando lo que demandan es respeto a sus derechos y la construcción de una nación mapuche compatible con la idea de un sólo Estado ».

El presidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, Rodrigo Sola, argumenta que « existe un marco jurídico propicio en la actualidad, que de aplicarse, evitaría la sucesión de conflictos en territorios indígenas y el recrudecimiento de la violencia para intentar encauzarlos ».

Sola se refiere a la Ley 26.160, sancionada en 2006, que establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realice un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y que se suspendan los desalojos. Por el momento, se registraron 1532 comunidades, de las cuáles fueron relevadas 759. Sin embargo, sólo 459 cuentan « con resolución ».

Esta norma vence en noviembre y si bien se viene prorrogando periódicamente, decenas de organizaciones sociales y jurídicas advirtieron esta semana la demora por parte del Congreso en revalidarla. Según coinciden es un reflejo de la poca voluntad política en resolver estos conflictos.

Federico Trofelli

Tiempo argentino. Buenos Aires, 12 de Agosto de 2017.