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18 février 2005

Compilación de casos judiciales referidos a ámbitos universitarios mundiales

par Eduardo R. Saguier

 

MEDIDA CAUTELAR
- UNIVERSIDAD NACIONAL de CATAMARCA

Jurisprudencia

San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de agosto de 2001.-

AUTOS Y VISTOS : En la causa Nº312/01 caratulada "Universidad Nacional de Catamarca c/Poder Ejecutivo Nacional s/amparo Ley 16.986" traída a despacho para resolver medida cautelar y ;

CONSIDERANDO : Que el Dr. Rolando Federico Crook, en carácter de representante de la Universidad Nacional de Catamarca, presenta y promueve acción de amparo con expresa petición de inconstitucionalidad fundada en el art. 43 de la C.N., en contra de la ley Nº25.453 (arts. 10, 11, 14, 15 y demás) ; de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº896/2001 (in totum) ; sus modificaciones, normas concordantes, disposiciones reglamentarias ; en contra de la Decisión Administrativa Nº107/2001 de la Jefatura de Gabinete de Ministros ; y en contra de todos los actos u omisiones del Poder Ejecutivo que en forma actual y/o inminente contengan aplicaciones concretas de las referidas normas legales en perjuicio de los derechos e intereses constitucionales garantizados de la Universidad Nacional de Catamarca.

Que asimismo plantea y solicita medida precautoria de No Innovar a efectos de que se ordene no hacer efectivos los actos, disposiciones y aplicaciones de las normas atacadas, mientras se sustancia la presente acción y hasta que se dicte sentencia.

Que respecto a la medida de no innovar, también plantea la inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 25.453 que modifica el C.P.C.C.N., agregando que el fundamento de la existencia de las medidas cautelares responde a un principio inviolable so color de convertir el derecho en nada. Se trata nada menos que "el derecho a la Jurisdicción y el principio mismo de la Administración de justicia".

Que no se concibe, continúa diciendo, un sistema Republicano sin división de Poderes entre los cuales uno de ellos (Poder Judicial) administre justicia ; y no se concibe una real y eficaz Administración de justicia sin un principio o régimen legal que asegure la efectividad o cumplimiento de las decisiones judiciales o sentencias. Allí están, las denominadas Medidas cautelares. Dice Calamandrei : " las medidas cautelares están inspiradas en el propósito de salvaguardar el imperium inducis, por que tienden a impedir que la soberanía del Estado en su mas lata expresión -que es la justicia- se reduzca a un tardío e inútil verbalismo o a una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como la guardia de la ópera, a llegar siempre demasiado tarde. Las medidas cautelares se disponen, más que interés de los individuos, en interés de la Administración de Justicia." (Mercader, "Estudio del Derecho Procesal).

Por último expresa que, el art. 14, último párrafo de la ley 25.453 es franca y deliberadamente inconstitucional, cuando anihila el conjunto de facultades otorgadas por el Código de Procedimientos Civiles a los Jueces, bajo el rotulo de medidas cautelares, al impedir el ejercicio de las mismas so pretexto de posibilitar el plan de ajuste contenido en la ley.

Que así las cosas, debo avocarme al estudio de la Medida Cautelar deducida.

Entrando el Suscripto en el análisis de esta cuestión considera que el pedido de inconstitucionalidad debería ser sustanciado con la contraria, lo que entonces violaría lo previsto en el art. 198 del C.P.C.C.N., por lo que ante estos dos derechos en pugna, el de la parte actora de obtener una medida rápida y eficaz sin la intervención de la demandada, y el derecho de defensa de ésta última de ser oída ante de resolverse la inconstitucionalidad de las limitativas normas procésales, y teniendo el deber y derecho de resolver, haré primar el de los actores en virtud de considerar que la demandada de así entenderlo puede interponer contra la cautelar recursos de reposición y/o apelación para ser oída ya sea en esta instancia o en la doble instancia quedando así asegurado su derecho de defensa.

Que el art. 195 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación en su tercer párrafo (que fuera incorporado por el art. 14 de la Ley N025.453), establece : "Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquiera forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias".

Comienzo por señalar la prudencia con que la jurisprudencia del más alto tribunal ha encarado lo relativo a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. En tal sentido se ha dicho : "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable."

De este modo considero, que la disposición en análisis, al disponer que no se podrán ordenar medidas cautelares que afecten recursos propios del Estado, resultando en consecuencia inaplicables las normas de los arts. 195 al 223 del Código Ritual, resulta en forma clara y evidente violatoria de disposiciones contenidas tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales.

En efecto, los artículos 14 y 15 de la Ley 25.453, al impedir a los jueces decretar medidas cautelares que de "cualquier forma perturbe los recursos propios da Estado", constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución Nacional (arts. 14, 16, 18 y 116) y a tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Violan nuestra Carta Magna, la que asegura la división de poderes como base de nuestro sistema republicano, al avanzar sobre la función jurisdiccional que constituye la última garantía que tiene el ciudadano para la defensa de sus derechos.

El fallo reciente y al tratar sobre el mismo tema, la Jueza Gianella declaró inconstitucional la prohibición a los jueces de dictar medidas cautelares dispuesta por la ley 25.453, de déficit cero, y sostuvo la magistrada en su resolución que esa disposición constituye "Un avasallamiento inaceptable sobre la justicia en tanto 1imita totalmente al magistrado, y coloca en indefensión al ciudadano".

Las soluciones fáciles, a las que apunta dicha ley, se terminaron hace tiempo, no sólo porque ha quedado demostrado que no son "soluciones", sino porque ocasionan un problema más, mayor ineficiencia del gasto público, nuevo dispendio jurisdiccional y una retroalimentación -desde el mismo Estado- de la llamada "industria del juicio".

Por ello declararé inconstitucional el último párrafo del art. 14 de la ley 25.453 en cuanto impide promover y decretar medidas cautelares en los términos de los art. 195 a 233 del C.P.C.C.N. que de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado y contra los actos emanados principalmente de la aplicación de esa ley.

En cuanto a la Medida Cautelar solicitada, cabe recordar que las mismas tienen por objeto asegurar el cumplimiento de pronunciamientos que eventualmente habrán de dictarse en un proceso, por lo que se ha dicho que constituyen un anticipo de garantía jurisdiccional y son, por lo tanto, un accesorio o instrumento del aludido proceso. Sabido es que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto "no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho dicutido" (Confr. C.S. ’’in re’’ Estado Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos c. Provincia de Río Negro del 24/07/91).

Así y atento a la naturaleza de la medida solicitada : de no innovar o prohibición de innovar, es dable recordar que estas son medidas precautorias dictadas por el órgano jurisdiccional intimando a cualquiera de partes que se abstenga de alterar, mientras dura el proceso, el estado de cosas sobre la que versa la litis, existente en el momento de notificarse la medida ; consistente en un no hacer, en mantener el "statu quo" que de hecho existe al tiempo de la demanda, tratando de evitar que se torne ilusorio el eventual derecho que pueda corresponder al reclamante.

Constituyen presupuesto para su procedencia la verosimilitud del derecho, que exista el peligro inminente en la demora (periculum in mora), a los que debe añadirse un tercero -constitución de caución- previsto en el art. 199 del C.P.

Así, la verosimilitud del derecho se traduce en la expresión latina "fumus bonis iuris" y concierne a la apariencia que presenta el derecho invocado por el pretensor de la medida precautoria ; se halla estrechamente ligado con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado, de modo que sea factible aprecia superficialmente la existencia del derecho en discusión :
"...éste no impone al tribunal la obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, que es necesario para resolver el pleito, sino que el derecho invocado tenga o no "apariencia de verdadero" (Confr. CNFed. Cont-Adm. Fallo del 14/10/82 "Pesquera de1 Atlántico S.A. c. B.C.R.A.") :

En cuanto al Peligro en la Demora, cabe definirlo como el interés jurídico qué justifica las medidas cautelares, que se traduce en el estado de peligro en que se encuentra el derecho principal, la posibilidad o certidumbre de que la actuación norma del derecho llegará tarde.

Que efectuadas estas precisiones, debo dejar sentada que la acción esta dirigida contra la recientemente sancionada ley nº 25.453, del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 896/2001 y de la Decisión Administrativa nº107/2001 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que se encontrarían involucradas garantías constitucionales.

Corresponde ahora avocarme al estudio de si se encuentran reunidos los requisitos para el otorgamiento de la medida solicitada. Así y atento a las constancias de la causa, encuentro que en principio y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, se encontraría acreditado el presupuesto del "fumus bonis iuris", al surgir evidente de la sola consideración de los actos y normas atacadas. Respecto al otro presupuesto, esto es el "Peligro en la Demora", si bien no es necesaria la plena acreditación de su existencia, se requiere que resulte en forma objetiva ; la ley incluso permite presumirlos en ciertos casos dada la situación de las personas o la naturaleza de la acción. En tal sentido la peligrosidad en la demora resulta más evidente todavía, dado que ya se habrían efectuados los envíos de partidas con las reducciones del trece por ciento e incluso con afectación de todo el salario correspondiente al mes de julio de 2001.

En cuento al tercer requisito, contracautela, la actora se encuentra comprendido en la exención dispuesto por el art. 200 del C.P..

Que por todas estas razones, me inclino a tener por acreditados reitero, "prima facie" y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, atento a la instrumentalidad y provisionalidad de estas medidas, los requisitos para su procedencia, admitir la misma, y en consecuencia ordenar al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de practicar las reducciones en los envíos presupuestarios y que se restituyan las retenciones ya efectuadas.

Que teniendo en cuenta que la Medida Cautelar fue peticionada dentro del proceso de Amparo, y conforme al criterio adoptado anteriormente por este Juzgado, requerir al Poder Ejecutivo Nacional, que en el término de veinte días hábiles a contar desde la notificación de la presente resolución, evacue el informe circunstanciado del art. 8 de la Ley 16.986.

Por lo que ;

RESUELVO : I.- DECLARAR la inconstitucionalidad del tercer párrafo del art. 14 de la ley 25.453, conforme lo considerado.-

II.- HACER LUGAR a la Medida Cautelar de No Innovar solicitada por la Universidad Nacional de Catamarca, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de practicar las reducciones en los envíos presupuestarios por aplicación de ha Ley Nº25.453,del Decreto del P.E.N. nº 896/2001 y de la Decisión Administrativa de la .Jefatura de Gabinete de Ministros nº 107/2001 , todo ello hasta tanto se resuelva 1a cuestión de fondo, atento la provisionalidad e instrumentalidad estas medidas.-

III.- REQUERIR a la demandada que en el término de veinte días hábiles de notificada la presente resolución evacue el informe circunstanciado del art. 8 de la ley 16986, oficiándose a sus efectos.¬

Notifíquese personalmente o por cédula.-
Regístrese.

Fdo. Dr. FELIPE FEDERICO TERAN - JUEZ FEDERAL CON COMPETENCIA ELECTORAL EN LA PROV. DE CATAMARCA

Jurisprudencia

MEDIDA CAUTELAR-UNIVERSIDAD NACIONAL del NORDESTE

Arquitectura sin salida : Medida cautelar embarró la cancha.
Enviado por Chaco Virtual, el Miércoles, 21 abril a las 12:24:42
Contribución de Chaco Virtual

Se judicializó la crisis de en la Facultad de Arquitectura tras la decisión de una jueza de dictar una medida cautelar para cancelar la aplicación del Plan de Estudios.

Por otro lado durante una nueva reunión de consejeros se frenó la realización del encuentro oficial del cuerpo que se esperaba para mañana.

En el día de ayer "la jueza Cintia Lotero de Volman del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 dispuso una medida cautelar a través de la cual se deja sin efecto la resolución 061 con la que el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ernesto Galdeano, implementó el nuevo Plan de Estudios para el ciclo 2004", anunció la doctora María Inés Pilatti Vergara.

Inmediatamente conocida la medida, y con las copias de la Resolución en mano, la doctora, quien asesora legalmente a los estudiantes, y una oficial de justicia se dirigieron a la facultad tomada y luego al domicilio particular del Galdeano para notificar al arquitecto de lo dispuesto por la justicia.

Esto es el resultado de las presentaciones realizadas el último viernes por los alumnos a través de las abogadas Pilatti Vergara y Tissembaum de un amparo con medida cautelar accesoria a fines de que se obligue al decano a anular la resolución 061.

Reunión del Consejo en dudas

Ayer también se realizó una reunión entre los integrantes del Consejo Directivo que arrojó un nuevo manto de dudas sobre la fecha en que el cuerpo pueda reunirse a tratar el Plan de Estudios.

Según el arquitecto Víctor Pelli, docentes y alumnos han coincidido en una serie de puntos pero "no se pudo resolver aún una fecha para la reunión oficial". Hoy se realizará una nueva reunión en la biblioteca central de la universidad.

En tanto Agustín Romero, primer secretario del Centro de Estudiantes, se mostró satisfecho debido a que "se dieron pasos importantes en cuanto a poder constituir esa reunión del Consejo Directivo que posibilite una solución al conflicto". "Nosotros hemos cedido un montón de condiciones que planteábamos", concluyó.

La situación universitaria en la Facultad de Arquitectura queda abierta y no se descarta el cumplimiento de las acciones de la justicia federal.

Fuente : Diario Norte.
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SUSPENSION CAUTELAR-UNIVERSIDAD de CANTABRIA

28 de noviembre de 2003

Levantada la suspensión cautelar del proceso electoral por falta de consistencia en la impugación.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha decretado hoy, viernes, el levantamiento de la suspensión cautelar del proceso electoral en la Universidad de Cantabria, decretada el pasado martes al admitir a trámite la impugnación del catedrático Javier Álvarez. [+]

El rector en funciones expresa su satisfacción por la decisión judicial
A la vista de la decisión judicial que levanta la suspensión cautelar del proceso electoral, el rector en funciones, Fernando Moreno, ha comunicado a los tres candidatos a rector que desde hoy, viernes, pueden reanudar sus actividades electorales. [+]

El plazo de presentación de candidatos al Claustro finaliza el próximo lunes
El plazo de presentación de candidaturas para las elecciones al Claustro de la Universidad de Cantabria finaliza el próximo lunes, 1 de diciembre. [+]

27 de noviembre de 2003
La UC confía en reanudar el proceso electoral "lo antes posible para evitar graves perjuicios"
El rector en funciones de la Universidad de Cantabria, Fernando Moreno, ha expresado su confianza en que "la institución pueda reanudar lo antes posible el proceso electoral, para finalizar así la situación de provisionalidad e inestabilidad en la que nos encontramos". [+]

SUSPENSION COMICIOS-UNIVERSIDAD de CARABOBO

Miércoles 19 de julio de 2000


Por decisión de la Sala Electoral del T.S.J :

REVOCADA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDIO
COMICIOS EN UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Se trata del recurso contencioso electoral introducido contra el Reglamento de las Elecciones de la Universidad de Carabobo para el período 2000-2004, la Sala anuló el artículo 47 del referido Reglamento porque choca con el artículo 30 de la Ley de Universidades, el cual perjudicaba la participación estudiantil en las elecciones universitarias

Igualmente la Sala declaró la validez de los artículos impugnados 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51 62 numeral 2, y 125 parágrafo único del Reglamento de Elecciones de la Universidad de Carabobo, aprobado por el Consejo Universitario de esa Casa de Estudios el 4 de octubre de 1999, por resultar compatibles con el artículo 63 de la Constitución de 1999

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del magistrado Octavio Sisco Ricciardi declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso electoral interpuesto contra algunos artículos del Reglamento de las Elecciones de la Universidad de Carabobo para el período 2000-2004 y contra los actos de convocatoria a elecciones de autoridades de la Casa de Estudios, dictados en base al Reglamento impugnado. En la decisión se revocó la medida cautelar de suspensión de elecciones universitarias decretado por la misma Sala el pasado 28 de junio, por lo tanto, las elecciones podrán celebrarse.

El caso comenzó el 22 de junio cuando Oswaldo Angulo Perdomo, actuando en su propio nombre, en su carácter de miembro del personal docente de la mencionada Universidad, interpuso ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo un recurso de nulidad conjuntamente con amparo contra los artículos 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 62 numeral 2, y 125 del Reglamento de las Elecciones de la Universidad de Carabobo para el período 2000-2004 y contra los actos de convocatoria a elecciones de autoridades de la casa de estudios, dictados con base en los dispositivos reglamentarios cuya nulidad se solicitó. Igualmente, solicitó una medida cautelar innominada de suspensión de los actos impugnados.

Indicó el profesor universitario, entre otros alegatos, que el 14 de octubre pasado el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo dictó el Reglamento de las Elecciones de dicha Universidad, pero el mismo -según Perdomo- está viciado de ilegalidad. Al respecto manifestó el demandante en su escrito que el Reglamento viola los artículos 30 y 117 de la Ley de Universidades, porque establece en su artículo 37 que "los alumnos regulares de la Universidad participarán en la elección de Autoridades Universitarias mediante votación simultánea, universa, directa y secreta", lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 30, numeral 2 en el cual se desprende -para Angulo Perdomo- "que las elecciones de autoridades deben realizarse de manera previa a las elecciones de autoridades, y no de manera simultánea, a los fines de poder elegir a los representantes de los alumnos que integrarán el registro electoral que sirve de base a la elección de las autoridades universitarias.

Además agregó que el acto de convocatoria a elecciones de autoridades de la Universidad de Carabobo, "fue dictado sobre la base de unas normas reglamentarias y legales, por lo cual está viciado de nulidad absoluta", violando los ya mencionados artículos de la Ley de Universidades. En materia constitucional, expresó el demandante que se violó el artículo 22 de la Carta Magna, porque la actuación de la Comisión Electoral infringe el "derecho al sufragio efectivo".

El 29 de junio la Sala Electoral del Tribunal Supremo en ponencia del magistrado Octavio Sisco Ricciardi declaró con lugar la medida cautelar intentada por el profesor Oswaldo Angulo Perdomo, ordenando la suspensión de las elecciones de las autoridades universitarias de la Universidad de Carabobo, pautadas para el 29 de junio, hasta que no se decida el recurso de nulidad interpuesto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

La Sala Electoral al pasar a estudiar el fondo del asunto encontró en primer termino, que la controversia planteada por el demandante con respecto al artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el voto directo, mientras que el sistema de elección de los estudiantes en los comicios rectorales, de indirecto a directo, constituiría una violación del artículo 30, numeral de la Ley de Universidades, la Sala encontró que "resultaría incongruente que ante el categórico establecimiento del sistema de elección directa por la Constitución, pretendiera dársele aplicación a una disposición de una ley preconstitucional, como es el artículo 30, numeral 2, de la Ley de Universidades, y más que una incongruencia, revelaría una infracción del artículo 63 de la Constitución Nacional".

Dicho lo anterior, la Sala dictaminó que el procedimiento electoral regulado en los artículos 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51 62 numeral 2, y 125 parágrafo único del Reglamento de Elecciones de la Universidad de Carabobo resulta perfectamente compatible con el artículo 63 de la Constitución vigente que consagra la elección directa.

Por otra parte, en cuanto a la legalidad del artículo 47 del Reglamento impugnado que establece : "...si ningún alumno concurriese la elección será igualmente válida y se considerará, además, que todos y cada uno de ellos se abstuvieron y, por lo tanto, que también se abstuvieron sus representantes virtuales en el Claustro por cada escuela no serán ni distribuidos ni asignados a candidato alguno...", observó la Sala que el mismo choca con el artículo 30 de la Ley de Universidades que reconoce el significativo componente de la representación estudiantil ante el Claustro Universitario, por lo tanto, la norma cuestionada "podría conducir a que hipotéticamente ningún estudiante votase, lo que daría lugar a unas elecciones rectorales válidas sin la participación de este significativo componente del Claustro, es decir, por un cuerpo electoral irregularmente constituido", por lo que se declaró ilegal el artículo 47 ya reseñado.

DECISIÓN DE LA SALA ELECTORAL

Por las consideraciones anteriores, la Sala Electoral declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo constitucional, por Antonio Angulo Perdomo, declarándose entonces la validez de los artículos 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51 62 numeral 2, y 125 parágrafo único del Reglamento de Elecciones de la Universidad de Carabobo, aprobado por el Consejo Universitario de esa Casa de Estudios el 4 de octubre de 1999, así como los actos electorales que sirvieron de fundamento para su emisión, es decir, la convocatoria de las elecciones y la conformación del Registro Electoral. Además, se anuló el artículo 47 del mencionado Reglamento y se revocó la medida cautelar de suspensión del proceso eleccionario decretado por la Sala el pasado 28 de julio.


COURT CASES INVOLVING TENURE
AS REMEDY FOR DISCRIMINATION
April 2003
Donna Euben
Staff Counsel *

I. Introduction

This memorandum summarizes many of the cases in which courts have considered tenure as a remedy for discrimination. This memorandum first explains some legal terminology, next reviews Brown v. Trustees of Boston University, the seminal "tenure as a remedy" case, and then summarizes pre- and post-Brown cases in which courts have considered awarding tenure as a remedy for discrimination.

Recognizing the complexity of the academic tenure process, courts usually "take special care to preserve the University’s autonomy in making lawful tenure decisions." Brown v. Trustees of Boston University, 891 F.2d 337, 346 (1st Cir. 1989). As Judge Campbell noted in his concurring opinion in Kumar v. Board of Trustees, University of Massachusetts, 774 F.2d 1, 12 (1st Cir. 1985)(Campbell, C. J. concurring), cert. denied, 475 U.S. 1097 (1986) :

Courts must be extremely wary of intruding into the world of university tenure decisions. These decisions necessarily hinge on subjective judgments regarding the applicant’s academic excellence, teaching ability, creativity, contributions to the university community, rapport with students and colleagues, and other factors that are not susceptible of quantitative measurement. Absent discrimination, a university must be given a free hand in making such tenure decisions.

However, "once a University ha[s] been found to have impermissibly discriminated in making a tenure decision . . . the University’s prerogative to make autonomous tenure decisions must be subordinated to the goals of Title VII." Gutzwiller v. Fenik, 860 F.2d 1317, 1333 (6th Cir. 1988). Courts tend to recognize that reinstatement with tenure is a "significantly more intrusive remedy than remedies ordinarily awarded in Title VII cases, such as reinstatement or seniority, because a judicial tenure award mandates a lifetime relationship between the University and the professor." Brown at 359. Nevertheless, "an employee’s right not to be denied tenure for discriminatory reasons prevents insulating the tenure process from any judicial review." Id. at 346. In the end, courts award tenure as a "make whole" remedy in "exceptional cases" only. Id.

This material is meant solely as a general overview of the issue, and is not exhaustive. Individuals considering legal action should consult their own lawyers.

II. Legal Citation Terminology

Non-lawyers may wish to know that the term aff’d mem. means that an appeals court affirmed a trial court’s decision without writing an opinion. The term reh’g denied indicates that a court has declined to rehear a case, and the term cert. denied means that a state’s highest court or the United States Supreme Court declined to review an appellate court’s decision. The term en banc means that all the judges of a court, not just a panel of judges, heard a case, a practice sometimes followed in important cases in which an earlier decision merits reconsideration. The term sub nom means that the court used a different name for the same case on appeal.

Readers should cite-check, or "Shepardize," cases listed in this memo for their current legal status before relying on them. Although the AAUP occasionally updates this list of cases, staff doesnot check the status of the cases-whether they might have been reversed, overruled, or affirmed-on a regular basis.

III. The Brown v. Trustees of Boston University Decision

Brown v. Trustees of Boston University, 891 F.2d 337 (1st Cir. 1989), cert. denied, 496 U.S. 939 (1990)
Trial court had ordered university to grant plaintiff position of associate professor with tenure, after jury had found that, but for sex discrimination, plaintiff would have immediately, upon consideration, been granted tenure. Federal appellate court upheld trial court’s tenure award order. Court noted that tenure had been awarded only infrequently as a remedy for discrimination, but that "once a university had been found to have impermissibly discriminated in making a tenure decision . . . the University’s prerogative to make autonomous tenure decisions must be subordinated to the goals of Title VII." Court reasoned that it was required to fashion most complete relief possible for victims of discriminatory employment decisions and that legislative history of Title VII supported tenure as appropriate remedy. Court found that no reason existed to deny professor relief that made her whole. Court rejected university’s claim that judicial imposition of tenure violates academic freedom : "Academic freedom does not include the freedom to discriminate against tenure candidates on the basis of sex or other impermissible grounds."

IV. Post-Brown Cases Involving the Consideration of Tenure as a Remedy

The cases below are listed in reverse chronological order :

DeSanto v. Rowan University, 2002 WL 31011231 (D.N.J. 2002)
Temporary replacement faculty member alleges discrimination and violation of due process after being denied tenure-track position and seeks, as equitable remedy for due process violation, to be awarded tenured position at university. Federal district court held that earlier court ruling, which found that faculty member was not entitled to tenure, precluded him from introducing evidence that he was entitled to tenure or possessed a constitutional property interest in tenure.

Honadle v. University of Vermont and State Agricultural College 56 F.Supp.2d 419 (D. Vt. 1999)
Unsuccessful candidate for tenured department chair sued university for racial discrimination, seeking reinstatement as remedy. Federal district court held that even if discrimination were found, second-choice candidate is not entitled to tenured position because that remedy would injure current department chair, inappropriately involve court in tenure decisions, impose working relationship between estranged parties, and cause undue harm to fledgling academic department.

Meling v. St. Francis College, 3 F.Supp.2d 267 (E.D.N.Y. 1998)
Professor alleged that she was dismissed in violation of Americans with Disabilities Act because of her disabilities stemming from automobile accident. Professor applied for tenure, but was denied reappointment before consideration of her candidacy. Jury found for professor and awarded compensatory and punitive damages. Professor was reinstated without tenure. Court stated that it had authority to reinstate professor with tenure but declined to do so, citing concerns with judicial intervention into academic matters and an inability to determine whether professor would have received tenure absent discrimination.

Thornton v. Kaplan, 937 F. Supp. 1441 (D. Colo. 1996)
Professor alleged discrimination in violation of Title VII when colleagues denied professor’s tenure application. Jury ruled for professor and awarded monetary damages. Court declined to reinstate professor with tenure : "This Court is . . . unable . . . to make any determinations as to whether reinstatement with a corresponding order to grant tenure is an appropriate remedy. It is only a most extraordinary case that would compel this Court to entangle itself in those matters that are best left to the academic community."

Nelson v. University of Maine System, 944 F. Supp. 44 (D. Me. 1996)
Professor alleged that he was denied tenure in violation of Title IX in retaliation for speaking out on behalf of students who claimed that they were sexually harassed or were discriminated against based on gender. Jury found for professor and awarded monetary damages. In arbitration hearings preceding suit, arbitrator determined that university improperly used collegiality, a factor not contained in collective bargaining agreement, as criterion in professor’s tenure denial. To remedy inclusion of collegiality in that tenure hearing, arbitrator suggested that professor reapply for tenure. Professor did not reapply for tenure or appeal arbitrator’s decision. Court ruled that failure to mitigate damages by reapplying for tenure or appealing arbitrator’s decision disqualified professor from reinstatement with tenure.

Roberts v. University of South Florida, No. 90-1588-CIV-T-99-C, 62 FEP 247 (M.D. Fla. June 3, 1993)
Court ruled that white assistant professor was disparately treated when she was hired at lower salary than male black professor with similar credentials for identical positions. Jury found for plaintiff on her Title VII claim and awarded monetary damages. Court denied granting tenure to plaintiff, citing Ford v. Nicks (see below) : Tenure should be awarded "only in the most exceptional cases . . . [w]hen the court is convinced that a plaintiff reinstated to her former faculty position could not receive fair reconsideration . . . of her tenure application." Court ruled that opportunity to be awarded tenure still existed and that professor had only been delayed in obtaining tenure.

Kendrigan v. Michigan State University, File No. 86-55903-CL (MI Circuit Court for the County of Ingham, Sept. 27, 1991)
Plaintiff alleged that she was improperly denied tenure because of, among other reasons, sex discrimination. She brought suit under state civil rights act for monetary damages and injunctive relief. Jury verdict was in favor of professor. State trial court upheld jury’s finding of sex discrimination and concluded that, but for the discrimination, plaintiff would have been awarded tenure. It therefore held that "in order to make Plaintiff whole and to prevent the various abuses so prevalent in this case, Plaintiff must be reinstated with tenure."

Watlington v. University of Puerto Rico, 751 F. Supp. 318 (D. P.R. 1990)
Professor alleged that university failed to renew his full-time teaching contract and also rejected his application for tenure-track position because of age discrimination. Jury returned verdict for professor. Trial court then upheld portion of verdict pertaining to renewal of contract, but ruled that professor was not entitled to appointment to tenure-track position. Concluding that professor had not established a prima facie case of discrimination with regard to tenure-track position, court found that to order appointment to tenure-track position would place plaintiff in better position than he had been in at the time his full-time contract was not renewed. In addition, court held that combination of award of liquidated damages and plaintiff’s subsequent earnings, which exceeded salary of his full-time contract, rendered placement in tenure-track position unnecessary to return professor to economic status he would have occupied but for university’s failure to renew his full-time contract.

V. Pre-Brown Cases Involving the Consideration of Tenure as a Remedy

The cases below are listed in reverse chronological order :

Gutzwiller v. Fenik, 860 F.2d 1317 (6th Cir. 1988)
Professor alleged denial of tenure resulted from sex discrimination. Jury found for professor, but trial court dismissed her claims and denied relief. Appellate court affirmed portions of trial court’s holdings but reversed dismissal of professor’s Title VII claim and remanded for determination of proper equitable relief. Court noted that reinstatement is a "presumptively favored equitable remedy," but that here, plaintiff desired not only reinstatement, but reinstatement with tenure. Court held that such an award would "entangle the courts in matters best left to academic professionals. Accordingly, such relief should be provided in only the most exceptional cases. Only when the court is convinced that a plaintiff reinstated to her former faculty position could not receive fair reconsideration . . . of her tenure application should it order reinstatement with tenure." Court was unable to determine whether this was an "exceptional case."

Fields v. Clark University, 817 F.2d 931 (1st Cir. 1987), on remand, 59 FEP 124
(D. Mass. 1991), aff’d, 966 F.2d 49 (1st Cir. 1992), cert. denied, 506 U.S. 1052 (1993)
Federal district court had held that sex discrimination was significant factor in denial of tenure. Rather than award tenure as remedy, however, court ordered faculty member reinstated to probationary appointment. After two years she was to have been reevaluated for tenure in nondiscriminatory manner. Appellate court reversed and remanded for new trial by another district court judge. On remand, district court held that professor failed to establish prima facie case of discrimination (having failed to show by preponderance of evidence that she was sufficiently qualified for tenure), and appellate court affirmed.

State ex. rel. Norton v. West Virginia Board of Regents, unpublished per curiam order granting tenure (W.Va. S.Ct. 4/3/86) sub nom. State ex rel. Norton v. Stone, 313 S.E.2d 456 (W. Va. 1984)
After faculty member at West Liberty State College was twice denied tenure through improper evaluations, state supreme court granted "extraordinary relief" of tenure in light of "ample evidence . . . to justify award of tenure." Second review had been conducted, pursuant to court order, by president of another state college appointed for limited purpose of evaluating faculty member for tenure. In second review, however, no "identifiable tenure standard or criteria" had been employed. Rather than order third review, court awarded tenure.

Pyo v. Stockton State College, 603 F. Supp. 1278 (D. N.J. 1985)
Trial court denied college’s motion to strike judicial award of tenure as a possible remedy in case that involved denial of tenure to female assistant professor. Court engaged in lengthy discussion of why judicial award of tenure might be appropriate, concluding : "[D]iscrimination in the tenure process is not a simple concept. Depending on the type of discrimination (the substantive evaluation of a candidate’s merits versus the decision on how to treat one with a particular set of evaluations) and the level at which the discrimination occurred, a judicial award of tenure may or may not be appropriate. Since, in this case, ’discrimination’ has not been clearly defined by the college, the court cannot rule out an award of tenure."

Briseno v. Central Technical Community College, 739 F.2d 344 (8th Cir. 1984)
Where professor had not yet met tenure qualifications, trial court’s order directing college to reinstate professor in permanent position was modified to reinstatement as probationary faculty member.

Ford v. Nicks, 741 F.2d 858 (6th Cir. 1984), cert. denied, sub nom. Nicks v. Ford, 469 U.S. 1216 (1985), on remand 703 F. Supp. 1296 (M.D. Tenn. 1988), aff’d in part, rev’d in part, 866 F.2d 865 (6th Cir. 1989)
Lani Ford and William Ford contended that the terminations of their faculty appointments violated Title VII. Trial court awarded back pay and reinstatement to them with tenure. Appellate court affirmed trial court’s decision with respect to William, and reversed and remanded for new trial as to Lani. The court relied on state law providing tenure automatically after five years, a state law since amended to abolish automatic tenure. On remand, trial court found in favor of Lani, ordering that she be appointed to full professorship with tenure. Appellate court held that evidence supported finding of discrimination and reinstatement as assistant professor, but that trial court abused its discretion in ordering reinstatement with tenure. Since state law no longer provided for automatic tenure, to make an award of tenure would entangle court in a matter "best left to academic professionals." Citing its decision in Gutzwiller (see above), court did not consider the case to be one of those "most exceptional cases."

Kumar v. Board of Trustees, University of Massachusetts, 566 F. Supp. 1299 (D. Mass. 1984), rev’d on other grounds, 744 F.2d 1 (1st Cir. 1985)
District court awarded back pay but not lifetime cash equivalent of tenure, where candidate received excellent peer ratings and unanimous departmental support but was denied tenure because of poor student evaluations. Appellate court reversed finding of liability and, therefore, provided no remedy.

Claim of Linda DeBeau-Melting (Rajender v. University of Minnesota) (Special Master’s File No. 0000027 A&B and Magistrate’s decision, Civ. No. 4-82-194 (D. Minn. Dec. 19, 1984))
Special Master had ordered award of tenure to professor because of overwhelmingly positive peer support and impossibility of subsequent unbiased review. Master’s order was reversed by magistrate on grounds that, because of mixed record and professional opinion as to plaintiff’s teaching effectiveness, research, and writing, professor had not proved that she was denied tenure because of her sex.

Gladney v. Thomas, 573 F. Supp. 1232 (D. Ala. 1983)
Court awarded tenure where university had earlier denied tenure because of plaintiff’s lack of publications. Court found that university had then given professor a year to remedy this deficit, and that she had done so.

Felton v. California State Universities and Colleges, 708 F.2d 1507 (9th Cir. 1983)
Court affirmed dismissal of university’s counterclaim that arbitrator should not have awarded tenure.

Kunda v. Muhlenberg College, 621 F.2d 532 (3rd Cir. 1980)
Faculty member deemed otherwise qualified by faculty committees and dean was denied tenure solely because of lack of advanced degree. Court found discrimination in college’s failure to advise faculty member of degree requirement and ordered that, should she obtain advanced degree within two years, she should receive tenure.

Countiss v. Trenton State College, 77 N.J. 590 (Sup. Ct. 1978)
State’s highest court declined to reinstate assistant professor with tenure under state statutory scheme because tenure denial was based on her failure to have a doctorate. In so ruling, court noted : "It is not necessary for us here to decide that reinstatement with tenure could never constitute an appropriate remedy in a college discrimination case. We may leave for determination in a pertinent case a situation, for example, of direct denial of a tenure appointment to an apparently qualified applicant because of race, sex, etc."

Younus v. Shabat, 336 F. Supp. 1137 (N.D. Ill. 1971), aff’d mem., 6 FEP 314 (7th Cir. 1973)
Tenure awarded by court after duly constituted faculty committees had reviewed qualifications of professors and recommended tenure, where sole reason for denial was plaintiffs’ status as resident aliens.

VI. Secondary Sources

Kathryn R. Swedlow, "Suing for Tenure : Legal and Institutional Barriers," 13 Review of Litigation 557-595 (Summer 1994)

45B Am. Jur. 2d Job Discrimination § 793 (2002)

"Remedies in Promotion and Tenure Cases," Employment Discrimination Coordinator (Treatise) § 36,020 (2002 Supp.)

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We ask that you forward to us additional cases that are relevant to this topic for inclusion in future updates. Please contact Donna Euben, Staff Counsel, AAUP, 1012 Fourteenth St., NW, Suite 500, Washington, DC 20005-3465.


* Special thanks to Marguerite Martel, AAUP law fellow, for her assistance in updating this document.



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Cortesía de Eduardo R. Saguier

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