Argentina rescindió el contrato con Aguas Argentinas del grupo Suez y re-estatizo el servicio

La concesión de agua y cloacas más grande del mundo terminó. La empresa que nació bajo el menemismo, que tuvo a María Julia Alsogaray como hada madrina, ya no existirá más. Después de una larga pelea, de idas y vueltas -Néstor Kirchner llegó a ponerla como ejemplo ante las demás privatizadas-, el Gobierno decretó ayer la rescisión del contrato con Aguas Argentinas y dispuso que en su lugar opere una nueva compañía estatal, denominada Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA). La decisión se tomó luego de fracasar la última de las negociaciones en marcha para transferir la empresa a otro operador privado, en este caso el grupo Eurnekian.

Suez, controlante de Aguas Argentinas, ya había anunciado su voluntad de abandonar el servicio a fines de septiembre pasado, responsabilizando al Estado por esa situación, pero todavía no le había puesto fecha a su salida. El ministro de Planificación, Julio De Vido, diseñó la operación de reestatización, en acuerdo con el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. De hecho, Carlos Ben, socio político del sindicalista, ex menemista como él y hasta ahora directivo de Suez, fue designado como primer presidente de AYSA.

"Sería un acto de irresponsabilidad de la Nación" dejar que Aguas Argentinas continúe atendiendo a los once millones de usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, sentenció De Vido al dar a conocer la noticia. Fue ayer a la mañana, tras una reunión con Néstor Kirchner. El ministro se presentó ante la prensa en Casa Rosada y dijo que el Gobierno decidió rescindir el contrato "por culpa del concesionario". Esto invalida, según la posición del Poder Ejecutivo, cualquier reparación económica. La empresa contestó más tarde que rechazaba los argumentos del Gobierno y dejó entrever que iniciará un juicio por reparación, aunque aún no lo planteó abiertamente.

El argumento oficial para decidir la anulación unilateral del contrato fue que la empresa puso en "peligro potencial" a la sociedad por distribuir aguas contaminadas. Los afectados son más de 800 mil personas de los partidos bonaerenses de La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown. El hecho fue admitido a principios del verano por la propia concesionaria, que recomendó a través de las facturas el no consumo de agua para embarazadas e infantes.

El problema con esa agua es que rebasa los niveles de nitratos permitidos para el consumo. Y esto se produjo porque la empresa necesitó activar pozos de reserva para lograr mayor presión de agua, a fin de cumplir con el abastecimiento a los usuarios de esas zonas. El Gobierno sostiene que se llegó a esa situación porque la empresa incumplió con las inversiones comprometidas para mejorar el suministro. De Vido anunció obras por 400 millones de pesos con dinero público para resolver la crisis.

"La empresa no puede continuar al frente del servicio de provisión de agua", insistió el ministro. "El Estado debe proteger de manera prioritaria a los más indefensos frente a los abusos de la compañía", agregó. El desplazamiento de Aguas Argentinas y la creación de AYSA se resolvieron mediante dos decretos de necesidad y urgencia, el 303 y el 304. En esta última norma se garantiza la continuidad del personal de Aguas Argentinas y se dispone que la nueva empresa estatal tendrá cinco directores. Por ahora, el único designado es Ben. El Gobierno buscó darle mayor fortaleza legal y política a su decisión y remitió los decretos al Congreso para su ratificación.

AYSA es una compañía que operará bajo la forma de una sociedad anónima. Esto es para "agilizar su funcionamiento", según explicó un funcionario de Planificación a Página/12. Otros especialistas advirtieron que de ese modo no estará obligada a realizar licitaciones públicas para efectuar sus compras y contrataciones. El Estado retendrá el 90 por ciento de la empresa, mientras que el 10 por ciento restante seguirá en manos de los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada (PPP). "La empresa hoy es estatal, mañana veremos", dijo De Vido, quien no quiso avanzar más en este punto. Funcionarios de su confianza señalaron a este diario que el Gobierno tenía toda la intención de transferir el servicio a un operador privado, pero ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los interesados decidió la reestatización. También dijeron que no está prevista la subdivisión de la compañía.

Esta última decisión sería una concesión a Lingeri, quien retendría así mayor poder con un gremio unificado. El sindicalista pasó del menemismo al kirchnerismo luego de convertirse en el número dos de la CGT de Hugo Moyano. Ben, un abogado platense que fue funcionario de Obras Sanitarias y desempeñó un papel importante en favor de la privatización en 1993, fue siempre su socio político. El primer presidente de AYSA era hasta ayer el director general adjunto de Aguas Argentinas. Es decir, era un alto ejecutivo designado por Suez, la compañía francesa con la que tanto peleó el Gobierno.

Suez bloqueó las posibilidades de una transferencia de Aguas Argentinas a otra empresa porque se negó a desistir de su demanda ante el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) por 1700 millones de dólares y porque quería que el comprador o el Estado asumieran su deuda de más de 450 millones de dólares. El Gobierno optó por otro camino.

Acuerdo en Córdoba

José Manuel de la Sota marcó una diferencia con el gobierno nacional. Ayer llegó a un acuerdo con Suez, el dueño de la concesión de agua potable en la provincia de Córdoba, para dar marcha atrás parcialmente con los últimos aumentos de tarifas. A fin de año, Aguas de Córdoba, en la que Suez es el operador técnico con el 39 por ciento del paquete accionario, anunció incrementos de tarifas de hasta 500 por ciento. Ahora ese maxiajuste se desinfló y el nuevo convenio prevé aumentos de entre 15 y 18 por ciento en las boletas. "Después de una negociación madura y democrática con la empresa, esta vez en una negociación conducida directamente por mí, hemos llegado a un acuerdo justo y satisfactorio", anunció De la Sota, pocas horas antes de que Néstor Kirchner diera por terminada la concesión de Suez en Aguas Argentinas. Como parte del acuerdo, la provincia se comprometió a subsidiar durante los próximos dos años obras de ampliación del sistema de abastecimiento de agua con 9,6 millones de pesos anuales. También se duplicó el volumen incluido en el cargo fijo, que pasará a 25.000 litros mensuales.

Con elevada autoestima

Horas después de conocerse la rescisión del contrato, Aguas Argentinas dio a conocer un escueto comunicado en el que calificó de "trabajo ejemplar" lo realizado desde 1993. También recordó que desde entonces, "más de dos millones de personas" se incorporaron al servicio de agua potable y se invirtieron 1700 millones de dólares de inversión. Hasta anoche, solamente uno de los socios de Aguas Argentinas había dado a conocer su postura individual sobre la rescisión del contrato : Aguas de Barcelona, y lo había hecho de manera extraoficial. "No es ninguna sorpresa y confirma la decisión previa adoptada por los accionistas", aseguró un vocero de la compañía catalana. Ni Suez ni el Banco de Galicia, los otros socios de Aguas Argentinas, emitieron, hasta el momento, su opinión.

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Dos opiniones sobre el funcionamiento de la nueva empresa

Por Eduardo Mondino*.

"No existe José Agua"

– ¿Qué debería hacer el Estado con el servicio de agua ?

– Hay que cambiar el modelo. El Gobierno tiene una gran oportunidad para mejorar la prestación. Me parece que la mejor alternativa sería dividir la prestación. Hacer algo más localista, que los municipios tengan una mayor responsabilidad. Tal vez el Estado deba retener la distribución de agua y el manejo de las inversiones, pero dejar en manos más expertas la potabilización o los tratamientos cloacales. Esa debería ser una tarea de plantas químicas especializadas, que el Estado podría contratar, por ejemplo.

– ¿Cómo es la experiencia internacional ?

– Países como España o Francia tienen parcelado el servicio. En París, por ejemplo, se lo reparten entre cinco empresas, algunas estatales y otras privadas. Incluso una de ellas está en manos del gremio. Hay que sacarse de la cabeza que existe "José Agua" que todo lo resuelve. También hay que admitir que el Estado debe estar presente porque el modelo del concesionario privado fracasó. El del agua es un servicio básico e imprescindible del que nadie puede quedar afuera.

– ¿Cuáles son los puntos críticos del servicio ?

– En varios lugares del Gran Buenos Aires donde se conectó el servicio subieron las napas. En otras zonas, como Temperley, Quilmes y Turdera, nunca hubo presión de agua, lo que derivó en una alta concentración de nitratos. Hay obras clave que nunca se realizaron. Varias de ellas vienen anunciándose desde la época de José Luis Machinea.

* Defensor del Pueblo de la Nación.

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"Definir el operador"
Por Américo Garcia*.

– ¿La estatización de Aguas puede resolver la crisis en el servicio ?

– Dependerá de si se les da una mayor participación a los usuarios y a los gobiernos descentralizados. Esa mayor injerencia será la manera de asegurar la expansión del servicio. El objetivo fundamental debe ser abastecer de agua a todos los habitantes.

– ¿Cuál debería ser el próximo paso del Gobierno ?

– Definir el operador técnico. Me inclino por una empresa estatal internacional, como la de París o Porto Alegre, que tienen experiencia en la prestación. Es lo que se está discutiendo en la provincia de Santa Fe, donde también se estatizó el servicio. También debe discutirse la labor del ente regulador, que en todos estos años controló poco y dejó hacer. Necesita una reestructuración.

– ¿El Estado será capaz de mejorar la prestación ?

– Dudo que pueda hacerlo en soledad. En Buenos Aires se sumó una fundación privada, integrada por técnicos, que está ligada al sindicato. Lo que quedó en claro es que la gestión privada exclusiva fue un fracaso.

– ¿Y las tarifas ?

– Las actuales cubren los gastos operativos. No hay ninguna necesidad de aumentarlas. Pueden analizarse distintas alternativas, como los subsidios cruzados. Además, quienes derrochan agua deben recibir duros castigos. También habrá que diferenciar si habrá cargos específicos o partidas presupuestarias especiales para llevar a cabo las obras.

* Unión de Usuarios y Consumidores.

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UTILIZABA POZOS QUE DEBIERON SER DESAFECTADOS
Contaminados de impunidad

Por Raúl Dellatorre
Página 12. Buenos Aires, 22 de marzo de 2006

Suena a personaje de Rep, pero lamentablemente se trata de otra cosa. El "bebé azul" es el nombre de un síndrome que afecta especialmente a los niños de hasta seis meses de edad por ingesta de agua con un nivel de nitratos superior al estándar establecido en el Código Alimentario. Por su corta edad, los bebés son propensos a la reducción de los nitratos en nitritos y estos últimos interfieren con la habilidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo. Es por eso que su piel adquiere una tonalidad azulada y le da nombre al síndrome, que refiere a la enfermedad científicamente denominada metahemoglobinemia infantil.

Ni es un personaje de historieta ni es un problema nuevo. Según el informe de tapa de la revista El Médico de marzo -aún en imprenta-, se han detectado 207 casos de metahemoglobinemia entre 1979 y 1996 en el Gran Buenos Aires, 180 de ellos producidos por el consumo de agua de pozo. La zona afectada comprende La Matanza, Morón, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, Moreno y Florencio Varela.

Según el informe de Pablo Cid, autor de la nota, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) planteó ya en 1994 el denominado Plan Nitratos "como un conjunto de obras destinadas a desafectar las perforaciones que superen los 45 mg de nitratos por litro de agua, techo que finalmente se subió a 100 mg/l (...). En un informe del año 2002, el Etoss estableció que no sólo no se habían cerrado los pozos sino que los nitratos presentes en algunos de ellos seguían siendo muy elevados (...). Cada vez que la empresa tiene problemas de abastecimiento recurre a esos pozos, a pesar de las multas impuestas en el pasado".

Las denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la presencia del compuesto nitrogenado en el agua dieron lugar a una serie de análisis que no hicieron más que corroborar el hecho. La propia empresa asumió, este verano, que "ante el incremento de los consumos de agua por las altas temperaturas, podrían ponerse en marcha pozos de reserva, lo que puede provocar la presencia de nitratos en un tenor levemente superior a la norma" en la zona sur del conurbano.

La reiteración de la utilización de pozos que tendrían que haber sido desafectados movió al defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, a recomendar al Etoss que disponga las medidas necesarias para que Aguas Argentinas "adecue en forma inmediata el suministro". Ya era tarde. La concesión iba en camino a la rescisión y lo que no hizo en más de una década, no lo haría en sus últimos días.

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El desafío
Por Alfredo Zaiat
Pàgina 12. Buenos Aires, 21 de marzo de 2006

El Gobierno no tenía como primera ni segunda opción la estatización del servicio de prestación de agua potable y cloacas. El objetivo inicial era repetir con los franceses de Suez el modelo de negocios acordado con otras privatizadas. La operadora parisina sólo aceptaba sumarse a ese grupo si le aprobaban un aumento de tarifas y si el Estado se hacía cargo de gran parte de su abultada deuda en dólares. Esa alternativa, con tránsitos de amor y odio a lo largo de casi tres años, no prosperó. La otra opción que los funcionarios buscaron con ansiedad fue la de tentar a inversores privados para hacerse cargo de la compañía. Probaron con la catalana Aguas de Barcelona -socia de Suez-, con grupos locales (Brito, Mindlin, Eurnekian, entre otros) y con los fondos de inversión especulativo Latam Assets y Fintech. Los negociadores oficiales no tuvieron éxito. Finalmente, aunque haya sido la alternativa de descarte, el Gobierno ha optado por el desafío que ofrece más expectativas de satisfacer las necesidades de los sectores postergados, por la carencia del servicio o por directamente no contar con él. Ahora habrá que ver si el actual Estado está a la altura de esa tarea.

Obras Sanitarias de la Nación, antes de su privatización, registraba un elevado grado de desinversión, de obsolescencia tecnológica en materia de tratamiento de los efluentes, una creciente polución del medio ambiente por contaminación industrial, una importante desatención de la demanda en los meses estivales, un considerable deterioro en la calidad del agua entregada y una relevante desactualización catastral. Así se preparó el escenario para su enajenación. El actual titular de la flamante compañía estatal Ayssa (Aguas y Saneamiento Argentino SA), Carlos Ben, trabajó en la estatal OSN y luego continuó en el directorio de Aguas Argentinas como representante de Suez, por un acuerdo del gremio con los franceses. Precisamente, el sindicato de trabajadores de OSN, que lideraba y sigue liderando José Luis Lingeri, fue incluido por el menemismo en la "mesa de negociación", que se constituyó para concesionar la compañía pública. El mecanismo para quebrar una eventual resistencia sindical fue la entrega del 10 por ciento del paquete accionario de Aguas bajo el sistema de Programa de Propiedad Participada (PPP). Así el sindicato de Lingeri consintió la política de reducción de más de la mitad del personal que los franceses aplicaron en los primeros tres años de gestión. Entre 1992 y 1995, Aguas Argentinas redujo el plantel de 8400 a 3700 trabajadores. Lingeri es el mismo que ayer festejó la estatización del servicio de aguas. Ben-Lingeri es la dupla que, en teoría, le brinda seguridad al Gobierno para el manejo inicial de una compañía muy sensible para la población.

Más allá de los nombres, la clave de esta nueva etapa reside en comprender las características de este servicio para no caer en los errores de la empresa estatal de los ’80 ni en los de la privada de los ’90. El acceso al agua potable y al servicio de colección y tratamiento de residuos cloacales se encuentra asociado a derechos fundamentales de las personas. Se trata de un servicio esencial para la población. El agua potable no es una mercancía más, reproducible y con posibilidad de ser administrada mediante los mecanismos clásicos que se utilizan en la regulación de mercados monopólicos. La cuestión del agua y de las cloacas constituye un problema ambiental complejo. Y, por lo tanto, dicha complejidad demanda una visión integrada y de largo plazo, "que las empresas, inmersas en la lógica de acumulación capitalista, no se encuentran en condiciones de desarrollar", sostienen en el esclarecedor libro Recursos públicos, negocios privados. Agua potable y saneamiento ambiental en el AMBA los investigadores Daniel Azpiazu, Karina Forcinito y Andrea Catenazzi. Si bien la presencia del sector privado ha aumentado en esas actividades tan sensibles para la gente, "los estados nacionales continúan teniendo la responsabilidad insoslayable e indelegable de garantizar el acceso efectivo del conjunto de la población a dichos recursos y la sustentabilidad ecológica de largo plazo en sus ámbitos de influencia", señalan esos especialistas.

No es incoloro, insípido ni inodoro definir ahora, para aprender de los errores del pasado, que el agua potable y los desagües cloacales no pueden ser considerados como mercancías sujetas a las "fuerzas del mercado" sino que constituyen derechos humanos fundamentales que los estados deben garantizar, especialmente en economías con elevados niveles de pobreza e indigencia. En México se está desarrollando el IV Foro Mundial del Agua, que finaliza hoy -cuando se conmemora el Día Internacional del Agua-, donde se ha expresado el enfrentamiento entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados acerca de si el acceso al agua es o no un derecho humano. La cuestión de fondo, que se viene discutiendo en cada uno de esas reuniones mundiales, es quién debe explotar el recurso, si el sector público o el privado. Los organismos internacionales acompañaron a los países desarrollados en oponerse a la inclusión en la declaración final la idea "el derecho humano al agua", como reclamaron Bolivia y Venezuela, países que señalaron, por ejemplo, que la Organización Mundial de Comercio aplica reglas que convierten el agua en una mercancía. En el mismo día en que el Gobierno anunciaba la reestatización, el representante del país expuso en ese foro una posición intermedia : "El Estado debe dar garantías sobre el agua, porque tiene la obligación de garantizar la salud de las personas y preservar la vida", afirmó Atilio Savino, secretario de Ambiente de la Nación. Pero se diferenció de la posición de Bolivia y Venezuela : "No es que no lo considere un derecho humano, pero prefiero el concepto de ’agua como garantía de vida’, que es lo que sostiene el documento de la declaración final".

Sin embargo, con el agua no hay margen para la ambigüedad. La reestatización brinda la oportunidad de recuperar un modelo social del agua, es decir una prestación estatal y universal, recordando que ésta "fue un elemento clave de la formación del Estado-Nación que asoció la garantía del acceso de determinados servicios al hecho de ser ciudadano, y que representaba sobre todo el valor de un programa político", apunta la investigadora Catenazzi. El agua y las cloacas son bienes básicos de los que millones carecen. Por ese motivo, el manejo del agua y las cloacas no debería ser un tema de estatismo versus sector privado. Y tampoco de negocios -públicos o privados- en el sentido de evaluar el servicio con típicos parámetros de rentabilidad empresaria. Se trata de abordar la cuestión en toda su complejidad, pensando en aquellos que no tienen agua corriente y cloacas, echando al cesto las voces de alarma y aprendiendo de las enseñanzas que dejaron las ineficiencias asociadas con corrupción de los ochenta y la triste privatización del agua en los noventa.

Página. Buenos Aires, 22 de marzo de 2006.