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18 septembre 2007

El año de la verdad.

Una multa de 25 millones de dólares para las bananas Chiquita por financiar paramilitares en Colombia.

 

La justicia de Estados Unidos impuso la sanción a la multinacional por haber dado plata a los "grupos narcoparamilitares" de las AUC -incluso después de los atentados de las Torres Gemelas-, pero acordó que ninguno de sus directivos vaya a la cárcel. Incluso se prohibió revelar sus nombres. El Gobierno colombiano se declara "perplejo" por el fallo.

Semana.
Colombia, 17 de septiembre de 2007 -

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Un tribunal federal aceptó este lunes un acuerdo entre el Departamento de Justicia y Chiquita Brands International Inc. que impone una multa de 25 millones de dólares a la compañía por pagos que efectuó a grupos "narcoterroristas" en Colombia, según la expresión del juez. Si bien el monto económico es llamativo, el caso deja en el ambiente un profundo sabor de impunidad porque el acuerdo estipula que ninguno de los directivos de la compañía irá a la cárcel. Es más : la justicia blindó a los ejecutivos que dieron la plata a los ’paras’ al negar la posibilidad de que sus nombres se conozcan. Tampoco serán objeto de cargos penales.

Esto significa que quedarán en absoluto secreto las identidades de quienes fueron las personas que financiaron a los ’paras’ que -como se comprobó en el juicio- lo hicieron incluso después de los atentados contra las Torres Gemelas cuando ya eran considerados como un grupo terrorista.

Varios analistas estadounidenses consideraron que semejante decisión es "escandalosa" pues cualquiera puede aportar dinero a un grupo terrorista y "simplemente después llega a un acuerdo económico" que le permita la impunidad.

En la noche de este lunes en el programa ’Hora 20’ de Caracol Radio, el canciller Fernando Araújo, en nombre del Gobierno colombiano, se declaró "perplejo" por el hecho de que ninguno de los responsables vaya a la cárcel.

El juez de distrito Royce C. Lamberth aprobó el acuerdo que había sido sellado en marzo y que también dispone un período de prueba de cinco años para la empresa. Se trata de la mayor multa impuesta bajo las leyes antiterroristas en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia expresó en un documento la semana pasada que decidió no presentar acusaciones contra 10 ejecutivos de la empresa, como parte del acuerdo. La decisión fue tomada "basándose solamente en los méritos y las evidencias" que enfrentaban en su contra, expresó un portavoz del departamento el 12 de septiembre.

En su defensa, Chiquita expresó en una presentación judicial del viernes que fue obligada a efectuar los pagos y sólo actuaba para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

"Chiquita fue extorsionada", dijo la empresa. "Las amenazas que enfrentaba Chiquita eran muy reales, aspecto que el gobierno no ... disputa".

Chiquita alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en abril del 2003. Ya llevaba por ese entonces 15 años realizando los pagos.

La compañía bananera admitió que pagó cerca de 1,7 millón de dólares entre 1997 y el 2004 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es de anotar que el gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como un grupo terrorista en septiembre del 2001.

Historia de una relación peligrosa

Una reunión en 1997 entre Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las AUC, y el gerente general de Banadex, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, fue el inicio de una relación criminal que, según la multinacional, le ayudó a proteger la vida de sus trabajadores, pero que para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria "pacificación" del Urabá antioqueño y en su expansión por el resto del país.

Desde ese momento y hasta el 4 de febrero 4 de 2004, la bananera hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de sus principales financiadores.

Además, el 7 de noviembre de 2001, Banadex fue la responsable de descargar y almacenar por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC. Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su "mejor gol" y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian.

Estos hechos quedaron plenamente confirmados por la Justicia de Estados Unidos y que ahora se cierra con la millonaria multa. Sin embargo, más allá de la sanción, el caso de Chiquita inaugura las revelaciones sobre la responsabilidad del sector privado y el alcance del dominio paramilitar en grandes zonas del país. Así como hay una ’para-política’, este caso revela cómo ha existido un ’para-empresarismo’. Sin embargo, en el caso de la ’para-política’ todos sus protagonistas han recibido una sanción social porque sus nombres han sido expuestos a la luz pública. En este caso, sencillamente pagaron para que esto no ocurriera.

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