Semana de diálogo y concertación en Bolivia.

Luego del acuerdo con los cívicos de Camiri, el gobierno de Evo Morales logró negociar una salida al conflicto con los cooperativistas mineros. El proceso boliviano atraviesa un momento difícil, pero las perspectivas son promisorias.

Por Fernando M. López
APM. La Plata. Argentina, 8 de enero de 2007.

El lunes pasado, el Comité Cívico de la localidad de Camiri ordenó el levantamiento del paro y bloqueo en la frontera que une el Chaco boliviano con Argentina y Paraguay. La decisión llegó luego de ocho días de protestas y de una larga negociación con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien encontró una solución al interpretar las principales demandas de los huelguistas en torno a la refundación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).
Pocas horas después, los cooperativistas mineros se movilizaron en masa sobre la ciudad de La Paz contra el aumento del Impuesto Complementario a la Minería (ICM), previsto entre un 60 y un 70 por ciento. Una vez más, el gobierno se armó de su mejor voluntad de diálogo y se sentó a negociar con los dirigentes del sector.

El resultado fue más que favorable. La Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) consiguió que Evo Morales diera marcha atrás con el incremento y se acordó una democratización del sistema tributario bajo el principio de "el que más gana más paga". Los mineros también lograron un compromiso expreso de apoyo para mejorar sus condiciones de productividad a través de un fondo de 10 millones de dólares.

El gabinete nacional y la Fencomin seguirán trabajando de manera conjunta en la solución de diversos problemas que impiden la reactivación de sector. Los representantes de ambas partes avanzarán en aspectos tales como tecnología, salud, justicia, electrificación y cumplimiento de convenios desde cinco comisiones creadas para el caso.

De esta forma, Evo Morales logró un importante acercamiento a los cooperativistas, antiguos aliados del Movimiento al Socialismo (MAS) que interrumpieron sus relaciones con el gobierno luego de los enfrentamientos con los trabajadores de la empresa estatal Comibol (Corporación Minera de Bolivia) por el control de las minas de estaño de Huanuni. Como se recordará, los hechos, ocurridos hace unos cuatro meses, terminaron con un saldo de 16 muertos y alrededor de 60 heridos.

"Siento que nos hemos reconciliado. Es un reencuentro con este sector importante como otros", dijo Morales el miércoles, al cerrar las negociaciones con la Fencomin.

Los conflictos de Camiri y La Paz fueron apenas dos manifestaciones de los difíciles retos que enfrenta el proceso de cambio en Bolivia desde el 1º de mayo del año pasado, cuando se anunció la nacionalización de los hidrocarburos, dando cuerpo a un plan viable de recuperación de los recursos naturales.

La disputa de poder entre los diferentes grupos y clases sociales está a la orden del día. Algunos actúan desde posturas reaccionarias, como la derecha conservadora y los movimientos separatistas de la llamada "media luna", que buscan recuperar de cualquier forma los espacios perdidos en manos de los sectores históricamente excluidos ; otros lo hacen desde posiciones radicales, como los cívicos de Camiri y los cooperativistas mineros, que exigen profundizaciones aceleradas del proceso liderado por el MAS, sin contemplar, quizá, los obstáculos internos y externos que surgen con cada medida o decisión oficial de carácter popular.

Sin embargo, el gobierno boliviano ha procedido, hasta el momento, con una actitud digna de ejemplo. En todas sus acciones subyace la búsqueda de consenso mediante el diálogo y la negociación, en un intento por transformar democráticamente las viejas -aunque no por ello débiles- estructuras políticas, económicas, sociales y culturales.

Se debe destacar, no obstante, que la búsqueda de consenso no inhabilita la firmeza necesaria de todo proceso de cambio. Y Evo Morales posee esa cualidad.

Las advertencias hechas por el presidente boliviano en torno del posible sabotaje de la empresa Transredes durante el conflicto de Camiri lo comprueban. El Ministerio de Hidrocarburos investiga por estas horas si los operadores fueron responsables del desabastecimiento de combustibles que sufrió Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Potosí, aprovechando la toma que realizaron los pobladores carimeños de la planta de Choreti.

"Si se demuestra que hay un sabotaje, no tengo ningún miedo, no me va a temblar la mano para expulsar a la transnacional que sabotea y conspira contra el Gobierno, contra la economía nacional", aseguró Morales.

Esta combinación de diálogo, negociación y firmeza será parte fundamental para avanzar en la transformación en marcha y establecer un Estado plurinacional, soberano, socialmente más justo y solidario.

La Asamblea Constituyente, frenada por los partidos tradicionales desde hace varios meses, tendrá una gran responsabilidad en ese proceso. De ahí que el gobierno del MAS, movimientos indígenas, campesinos y otros sectores populares de Bolivia, hayan puesto tantas esperanzas en la redacción de una nueva Carta Magna. Ella deberá garantizar nada menos que la refundación boliviana.