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30 juillet 2004

Se le viene a Bolivia el tratado de libre comercio

 

Por Wilson Jaime Villarroel Montaño
La Paz, 28/07/2004

Ni bien se pergeñan los argumentos para la Madre de todas las Batallas -el debate parlamentario sobre la nueva Ley de Hidrocarburos- estamos ya en vísperas de la suscripción obligatoria e inminente del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, apurado por cerrar estos acuerdos antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2004.

Comparativamente, la del TLC es una batalla de mayor envergadura por la trascendencia de los recursos que están en juego.

Si Bolivia no adopta una firme posición negociadora, los efectos podrían ser devastadores para la preservación de nuestra riquísima biodiversidad -una de las mayores en el mundo actual- o en su caso para asegurar cotas mínimas de desarrollo económico y humano sostenible, soberanía alimentaria, etc. Por si fuera poco, se arriesga también lo poco que queda de nuestra identidad cultural.

Pero, ¿cuáles son estos riesgos ?

La aplicación de la tecnología al supuesto mejoramiento de las especies vivas se denomina biotecnología, generalmente a través de la genética. Esta manipulación ha resultado, en muchos casos, en productos denominados ’transgénicos’ que son rechazados por los consumidores de los países en desarrollo. En estos países, paradójicamente, se prefieren los productos naturales, esto es, no manipulados.

En Estados Unidos ya se han patentado, entre muchas otras, variedades de quinua, maíz, papas, medicinas alternativas y procedimientos médicos tradicionales. La patente es un registro que permite obtener ciertos beneficios económicos de quienes utilizan los inventos, creaciones, diseños, etc. El régimen jurídico se denomina Propiedad Intelectual y/o Industrial y, hasta hace poco, las patentes sólo versaban sobre inventos o mecanismos y no sobre variedades vegetales o animales. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMC) no admitió ’patentar’ organismos vivos.

Es posible pensar, entonces, que nuestros países -y entre ellos, Bolivia, en razón a su gran biodiversidad- podrían verse gravemente perjudicados porque :

 a) algunas variedades agrícolas y tradicionales podrían ya no ser lícitamente producidas si no es con pago previo de ’royalties’ a las transnacionales dueñas de las patentes ;

 b) algunos productos de nuestra medicina natural, incluyendo tratamientos y procedimientos podrían también, a futuro, no ser lícitamente aplicables si no es con pago previo de ’royalties’ ; y

 c) el mercado nacional podría ser inundado con productos transgénicos, incluso aquellos que el Primer Mundo ha rechazado.

¿A quiénes aprovechan las patentes ?

Quienes aspiran a obtener el máximo beneficio patrimonial de las patentes son los consorcios transnacionales de la agroindustria y la farmacopea que esperan réditos espectaculares por el pago de ’royalties’ o derechos de utilización de sus ’creaciones’, es decir, de la patente de especies reputadas como ’nuevas’ cuando, en realidad, algunas ya llevan cientos de años -o miles- produciéndose en nuestros países. En meses recientes, ciertos labriegos norteamericanos que conservaron las semillas adquiridas a cierta transnacional sin destinarlas totalmente a la siembra, fueron llevados a juicio cuando pretendieron realizar una segunda siembra porque no pagaron los ’royalties’ que reclamaban las transnacionales.

Así las cosas, ¿qué podemos esperar nosotros ? ¿Corren riesgo nuestros productos ?

En 1994 dos investigadores de la Universidad de Colorado obtuvieron la U.S. Patent 5.304.71, que les otorga control exclusivo sobre las plantas masculinas estériles de una variedad de quinua boliviana de uso tradicional llamada la ’apelawa’. Los investigadores reconocieron que, en rigor, no crearon la variedad masculina estéril aunque han manifestado ser los primeros en identificar y utilizar un sistema fiable de esterilidad citoplásmica masculina en quinua para la producción de híbridos.

El único obstáculo para las transnacionales es que, en la mayoría de los países tercermundistas, no hay mecanismos adecuados de persecución de la piratería. Les es imperativo que, a través de un acuerdo como el TLC, los gobiernos se comprometan a la defensa y respeto de ’su’ propiedad intelectual e industrial, es decir, de sus patentes sobre organismos vivos y sobre procedimientos médicos copiados y pirateados de los propios países en desarrollo.

La biopiratería es pues una práctica, a cargo -principalmente- de investigadores de transnacionales que utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los conocimientos colectivos de pueblos indígenas o campesinos, para realizar productos y servicios que se explotan comercial y/o industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores o, en su caso, a precio vil. Los biopiratas recorren el mundo todavía natural al encuentro de la posibilidad de comercializar un producto, un tratamiento o una aplicación medicinal o alimenticia que no esté contemplado en los catálogos y registros de los países más desarrollados.

Se desconocen así, de un plumazo, las milenarias prácticas culturales de nuestros países y que hoy gozan de gran reputación como medicina alternativa. Piénsese, por ejemplo, en que, a futuro, podrían patentarse -y luego explotarse, no por nosotros, por supuesto- nuestros mates de ruda, toronjil, retama, etc., cuya aplicación medicinal es notable y beneficiosa pero cuya práctica podría quedar criminalizada si no se pagan los ’royalties’ que demandan las transnacionales.

Por ello, resulta altamente sugestivo que el artículo octavo del TLC, cuya versión oficial y única se ha distribuido a todos los países latinoamericanos, rece :

’Cada país deberá permitir las patentes para las siguientes invenciones :

 a) plantas y animales ; y

 b) procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales’.

Es obvio que el inciso b) podría atentar no solamente a la industria de medicamentos de bajo precio -como los que se adquiren y desarrollan en nuestros mercados locales- sino que, más importante, implicaría la apropiación del conocimiento acumulado por generaciones enteras, siguiendo procesos de transmisión culturales muy estrictos.

Inicialmente se adoptó una estrategia multilateral (varios países en ’negociación’ con los Estados Unidos) a fin de alcanzar la suscripción del acuerdo del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), aunque hoy se la ha abandonado por los avances muy lentos en la convocatoria. Se optó entonces, por la estrategia bilateral (cada uno de los países ’negocia’, por separado, con los Estados Unidos) y, en verdad, la nueva estrategia resulta mucho más rápida y eficaz. Ya suscribieron el TLC en Centroamérica, Chile y, por supuesto México. El TLC está en ’discusión’, en Colombia, Ecuador, Perú (la aprobación será en un referendo), Argentina y, principalmente, Brasil. El TLC fue rechazado por Venezuela.

El bilateralismo acrecienta la gran asimetría entre las partes ’negociadoras’. Bolivia tendrá muy poco que argüir frente a su poderosa contraparte y, es más, ésta aduce -en lo que es una paradoja- que es nuestro país, al igual que el resto de los países latinoamericanos, quien verdaderamente pide y presiona para suscribir el TLC. En verdad, hay una poderosa corriente empresarial que está obnubilada por la posibilidad de acceder inmediatamente a los mercados norteamericanos como, por ejemplo, la industria textilera, o la de ciertos enlatados, o la de la orfebrería o la artesanía. ¿Se privilegiará la exportación de estos productos -por poner algunos ejemplos- a costa de nuestras especies vegetales, animales e identidades culturales ?

Esta, y no otra, es la pregunta de fondo. Y también la batalla.

Es una batalla silenciosa a la que estaremos sustraídos los bolivianos, entretenidos en el debate parlamentario sobre el contenido de nuestro voto referendario a propósito del gas en ’boca de pozo’. Esta discusión tendrá el efecto de una cortina de humo en las ’negociaciones’ sobre el TLC, a puerta cerrada, lejos de la indiscreta y vocinglera opinión pública. Al fin de cuentas, así como el gas, el tema del TLC -se aduce, con cierto margen de razón- es una cuestión eminentemente técnica.

Sintiendo, o presintiendo la presión internacional, el Gobierno boliviano ya ha adoptado los recaudos para el acuerdo del TLC soslayando, incluso, las prescripciones constitucionales que encargan el cometido de las relaciones internacionales a la Cancillería. Ha encomendado la ’negociación’ a una funcionaria del Ministerio de Industria y Comercio y, a tiempo de escribirse estas líneas, la misión ya había llegado a Lima. Podrá aducirse que tal misión concurrió únicamente en calidad de ’observadora’, pero el hecho innegable es que en el ambiente oficial ya se respira el aire enrarecido de una imposición casi imposible de resistir.

El gran error conceptual de esta estrategia gubernamental reside en que :

(I) el tiempo corre en contra de Estados Unidos -en realidad de la administración Bush- no de Bolivia ;

(II) hay una gran resistencia generalizada en todo el continente a la suscripción incondicionada del TLC ;

(III) la versión oficial del TLC no es totalmente aceptada por las clases dirigenciales y políticas en los Estados Unidos, según lo comprueba la posición del candidato Kerry, mas bien flexible en lo que toca al modelo manejado por Bush ;

(IV) la visión no puede ser únicamente comercial, sino, principalmente, de protección de nuestra biodiversidad, soberanía alimentaria, etc.

Las negociaciones -a pesar de sus contenidos técnicos- no pueden desarrollarse en un ambiente casi subterráneo y alejado del control y fiscalización de todos los bolivianos. La experiencia reciente de Octubre de 2003 debiera merecer más de un motivo de reflexión. Pero, aún si no hubiera reacción visible de la opinión pública, al menos quisiéramos albergar la seguridad de la tutela y preservación de nuestros recursos naturales, biodiversidad, así como nuestras prácticas ancestrales.

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