Programa para la recuperación popular de la economía argentina I y II

UN PROGRAMA DE RECUPERACION POPULAR DE LA ECONOMIA

Resumen introductorio

Los Economistas de Izquierda cuestionamos la continuidad del modelo empobrecedor. Entendemos que los acuerdos suscriptos con el FMI consolidan la degradación social y otorgan a ese organismo el doble status de acreedor privilegiado y auditor de la política económica argentina. Este curso reafirma la preponderancia de los intereses de los grupos monopólicos, la banca transnacional y las grandes empresas favorecidos en el último cuatro de siglo.

Los acreedores cobran la deuda a costa el sacrificio popular. Consideramos que la disyuntiva de utilizar el excedente del superávit fiscal para concretar o no mayores pagos es una falsa opción. Este superávit se obtiene anclando los sueldos, las jubilaciones y las pensiones deterioradas por la inflación y posponiendo la realización de indispensables obras públicas. Ningún problema de la mayoría popular se resuelve dirimiendo el uso de esa suma adicional surgida del ajuste. Para comenzar a recomponer el ingreso popular hay que destinar el dinero girado a los banqueros a las prioridades sociales.

Nos oponemos a la contracción de los gastos productivos que consagró el presupuesto 2004 que fue amoldado a las exigencias del FMI. Proponemos modificar radicalmente la actual estructura impositiva regresiva para lograr un aumento significativo de la recaudación resultante de la introducción de gravámenes a la riqueza. Pensamos que la reactivación en curso constituye una reacción cíclica frente a la depresión precedente que está generando altas ganancias para una minoría de empresarios. Estos beneficios deberían quedar sujetos a un impuesto extraordinario que permitiría contrarrestar la creciente desigualdad social.

Con una retórica antiliberal el gobierno pretende ocultar que el modelo de bajos salarios, consumo segmentado e inversiones primarizadas se mantiene invariable. Por eso planteamos un programa alternativo de recuperación inmediata del poder adquisitivo, cuya financiación debería recaer sobre quienes acumularon fortunas durante la última década.

Propiciamos un seguro universal de 327 pesos más una asignación de 45 pesos por hijo para asegurar el alimento básico y la educación esencial a toda la población. La ausencia de este derecho a la vida es inadmisible en un país que ocupa el quinto lugar del ranking mundial de exportadores de alimentos. Este seguro pondría fin a la manipulación oficial de los planes de desempleo y contribuiría a fijar un piso al achatamiento salarial. Consideramos que el drama del desempleo no se resuelve maquillando estadísticas o esperando un ’derrame’ de la reactivación. Hay que garantizar el cumplimiento de las 8 horas como primer paso hacia la reducción de la jornada laboral, implementar un plan de obras públicas, legislar la expansión de la ocupación en las empresas de altos rendimientos y asegurar el financiamiento público de la pequeña producción.

En nuestra opinión la retracción salarial agrava la situación de pobreza que afecta a la masa de trabajadores informales. Este deterioro coexiste con significativos aumentos de la productividad en el sector privado formal y se asienta el congelamiento de sueldos de los empleados públicos. La recomposición salarial debería implicar la fijación de un salario mínimo de 716 pesos e incrementos generales del 20 al 30 % para todos los asalariados del sector privado y público. De esta forma se podría motorizar un crecimiento basado en el consumo popular. Contraponer los auxilios a los ’excluidos’ con las mejoras a los ’incluidos’ constituye una falsa antinomia.

Por otra parte, consideramos que el cuadro de flexibilización laboral actualmente vigente neutralizaría cualquier repunte del salario. Por esta razón no alcanza con derogar la ’ley Banelco’ si se preservan todos los atropellos patronales consumados en las últimos años. Para reconstituir una fuerza laboral calificada hay que reimplantar los derechos históricos conquistados por los asalariados.

Estimamos que el funcionamiento de las fábricas recuperadas constituye un gran éxito de la resistencia obrera que ilustra el carácter prescindible de capitalistas en el manejo de las empresas. El gobierno pretende diluir este significado promoviendo la conversión de estas fábricas en ’pymes’. Sostener estas experiencias es vital para avanzar en la gestación de un programa popular de recuperación de la economía.

Los integrantes del EDI alertamos contra el colapso del sistema previsional que se agrava con la expansión del trabajo en negro y el incumplimiento generalizado de las obligaciones patronales. Si este desmoronamiento resultante de la desfinanciación presupuestaria que generó la creación de las AFJP no es revertido, la mayoría de la población no podrá jubilarse o cobrará pensiones de miseria. A través del endeudamiento público se ha financiado el fraude de las AFJP que ahora transfieren a sus afiliados las pérdidas generadas por la desvalorización de los bonos estatales que acumularon en sus carteras. El gobierno avala esta estafa porque utiliza estos recursos para refinanciar la deuda pública. Por eso promueve una reforma que preservará a las AFJP, consagrando una bajísima jubilación básica y un complemento dependiente de la marcha de ese negocio. Proponemos anular el régimen de capitalización y reimplantar los aportes patronales, a fin de recrear un sistema único, universal y autofinanciado.

Llamamos también la atención sobre las maniobras que realiza el gobierno para enmascarar su sostén de las privatizaciones. A pesar de la hostilidad popular contra estas concesiones los usuarios no son consultados. En tanto, se renegocian en secreto los contratos y comienzan a implementarse los tarifazos. Persiste el criterio de asignar los negocios rentables a las compañías y las pérdidas al Estado, cuando correspondería recuperar la propiedad pública de todo este sector. Si se pretende cambiar el curso actual, no alcanza con regular las actividades o controlar la renta. Hay que retomar el manejo directo de las empresas, porque la falta de inversión se ha generalizado y amenaza el abastecimiento energético y la provisión de agua. Además, mientras se encubre con demagogia la continuada declinación del ferrocarril, el negocio de los petroleros privados marcha viento en popa. Un programa de reconstrucción de los servicios públicos exige recapturar integralmente la administración pública del petróleo para implementar una redistribución racional de las inversiones.

Otro tema central es el futuro del sistema financiero. Sigilosamente se afianzó la compensación de los banqueros que expropiaron a los ahorristas. El monto de este socorro alcanzó cifras siderales, mientras se consumó la confiscación de los pequeños depositantes. Pero a pesar de este salvataje la adaptación del sistema financiero al nuevo contexto económico no ha concluido y, por eso, la recomposición del crédito es débil. Ha quedado nuevamente demostrada la inutilidad de un régimen privado sostenido en el rescate oficial y es evidente la conveniencia de sustituirlo por un sistema bancario único y estatal.

También rechazamos la negociación en curso de un ’ALCA light’ que consolidará la dominación comercial norteamericana ; favoreciendo las ganancias de los grupos exportadores locales en desmedro del resto de la población. Estas tratativas reflejan la crisis del MERCOSUR que no ha servido para revertir la desintegración regional ya que cada gobierno negocia con el FMI su propio plan de ajuste. Impulsamos un cambio de prioridades : coordinar la solidaridad y no la competitividad, asegurar la estabilidad del empleo y no la libre movilidad del capital, eliminar la pobreza y no las restricciones a los negocios descontrolados de las corporaciones.

Los Economistas de Izquierda rechazamos la naturalización de la miseria y presentamos este documento para contribuir a la elaboración del programa alternativo que se está gestando en el movimiento de resistencia popular.

Segunda parte

En un nuevo contexto económico se está afianzando la degradación social. Esta constatación es el punto de partida del nuevo documento colectivo que difundimos los Economistas de Izquierda. Nuestro propósito es caracterizar cuáles son los cambios que se están registrando en el funcionamiento del modelo económico empobrecedor que mantiene en pie el gobierno. En oposición a este continuismo proponemos una alternativa basada en la recomposición inmediata de los ingresos populares.

Nuestro análisis aborda primero los tres rasgos que distinguen la coyuntura actual : negociación de una deuda en ’default’, superávit presupuestario y reinicio de un ciclo ascendente de los negocios, para explicar luego cómo se podría implementar una plataforma popular alternativa.

Las presiones del acreedor privilegiado

La deuda pública externa constituye el principal condicionante del proceso económico argentino, tanto por su magnitud como por la crisis que ha desatado la cesación de pagos. Esta situación determina un nivel de ingerencia y presiones permanentes de los acreedores. Como estas tensiones subsistirán durante un largo período, conviene distinguir las reyertas cotidianas de la estrategia central que promueve el gobierno : pagar la deuda con un superávit fiscal que consolida la miseria popular. Este es el dato relevante que no hay que perder de vista en medio de los chisporroteos que acompañan la renegociación de esta hipoteca nacional.

El gobierno ha decidido que el 3 % del PBI destinado a la deuda se distribuya entre dos grupos de acreedores privilegiados : los organismos internacionales y los tenedores nacionales de los títulos emitidos luego del ’default’. Los restantes acreedores han quedado rezagados y con ellos se discuten opciones de quitas del pasivo y extensión de los plazos de repago.

El ministro Lavagna y los economistas heterodoxos argumentan que con el primer grupo hay que cumplir, mientras que con el segundo resulta posible demorar los pagos. Pero nunca explican las razones de esta selección, aunque a veces sugieren que por este camino se evita una nueva crisis recesiva. Sin embargo, la cesación parcial de pagos que impera desde hace más de dos años no ha impedido en el reinicio del crecimiento, el boom de exportaciones, ni tampoco ha derivado en embargos significativos de los bienes en el exterior. Esta coexistencia de la reactivación y el superávit comercial con el ’default’ indica que estos procesos no guardan la estrecha relación que auguraban tantos economistas. Pero, más allá de estas eventualidades, lo importante es recordar que la crisis no ha sido consecuencia de ningún desplante a los acreedores, sino de las sucesivas transferencias de fondos y compromisos de ajuste que asfixiaron la actividad productiva.

La ’necesidad de acordar con el FMI’ es un mito tan arbitrario como todas las creencias propagadas durante la última década. Antes se decía que la ’ convertibilidad era inamovible ’ o que ’la extranjerización del sistema financiero garantizaba su solidez’. Y ahora se afirma que concertar con los organismos es indispensable para que la ’Argentina se mantenga dentro del mundo’. Pero en realidad, la atadura a estas instituciones condujo a la marginación financiera del país y al sometimiento actual. Los pagos al FMI tienen un efecto más gravoso que cualquier permanencia en el universo de financiero internacional, porque son solventados con la miseria popular.

Los organismos han cobrado 7.200 millones de dólares netos desde el inicio el default. En lugar de refinanciar los vencimientos con nuevos créditos, han absorbido divisas para reducir su exposición financiera. Y cuanto más cobran, mayores son sus exigencias. Cada trimestre revisan la recaudación y, si observan mejoras en los recursos del Tesoro, reclaman más dinero. La tranquilidad que imaginó Lavagna luego del acuerdo con el Fondo fue una ficción. El FMI actúa a cuenta de otros acreedores y grupos capitalistas que exigen interminables concesiones.

Hasta ahora el gobierno norteamericano es el mayor beneficiario de esta situación, porque debería hacerse cargo de la recapitalización del FMI si la Argentina declarara su ’default’ con esa institución. Por eso Bush elogia a Kirchner y aprovecha que los bancos norteamericanos se desprendieron de los títulos argentinos o contabilizaron la pérdida a cambio de otras ventajas. Pero los momentos de luna de miel con el establishment estadounidense nunca han sido duraderos. Ellos suelen aplaudir o insultar a sus interlocutores en función de las conveniencias del momento y, por eso, el despectivo maltrato que predominó hasta el año pasado podría reaparecer en cualquier momento.

Esta hostilidad apuntaría a que el país amplíe el monto de los pagos. La expectativa de mantener apagado el conflicto con los organismos mientras se negocia con el resto de los acreedores es completamente infundada. El FMI esquilma las divisas del país y mantiene un chantaje sostenido. En las fases recesivas exige pagos para favorecer el ’retorno de los inversores’ y en los períodos de reactivación reclaman el cumplimiento inmediato de todos los compromisos. Siempre hay que pagar más. Si el ’país está en llamas’ se afirma que es para atenuar el incendio. Y si la economía crece se explica que es imprescindible para demostrar que ’se respetan los contratos’. En estas condiciones la reactivación no permite un respiro, sino que se convierte, irónicamente, en una pesadilla adicional.

El gobierno norteamericano es el principal agente de los acreedores y defiende esos intereses con argumentos de ocasión. Por ejemplo, al mismo tiempo que le exige a la Argentina el pago de su inmensa deuda, promueve que el pasivo de Irak con Europa sea declarado ’odioso’. De esta forma, el gobierno títere de los marines podría dilapidar el gasto público en el sostenimiento financiero de los invasores. Pero ese doble parámetro para definir conductas de los deudores olvida que el pasivo argentino es tan ’odioso’ como la iraquí, porque se gestó bajo una dictadura mediante autopréstamos y seguros de cambio, que posteriormente fueron incrementados con sucesivas renovaciones de bonos, para cubrir déficits fiscales que solventaron la fuga de capitales y los subsidios a los grupos empresarios. Por ejemplo, solo desde mayo del 2002 hasta la actualidad la deuda saltó de 114.600 millones a 178.000 millones de dólares. En lugar de repudiar esta estafa, el gobierno negocia aceptando la legitimidad del fraude.

Ni miseria explícita, ni miseria encubierta

El segundo grupo de acreedores privilegiados aglutina a los bancos y empresarios nacionales que recibieron bonos emitidos después del default. Un 26% de la deuda que se paga (84.400 millones de dólares sobre 178.800 millones totales) se canaliza a través del principal título de estas emisiones (Boden). Los más favorecidos por este cobro son los bancos que confiscaron a los pequeños ahorristas y las grandes empresas beneficiarias de la devaluación o la pesificación.

Lavagna ha sido fiel a su origen en el gobierno de Eduardo Duhalde y al mandato de sus ministros ’devaluadores’ José de Mendiguren y Jorge Remes Lenicov , al apuntalar a los grupos que más lucraron con el fin de la convertibilidad. Quienes tanto se esfuerzan por demostrar el ’cambio de modelo’ deberían constatar la continuidad de este subsidio estatal. El establishment elogia a Lavagna no sólo por la recuperación de los negocios, sino también por la preservación de los privilegios de cobro que tienen los grandes grupos locales. Por eso las cámaras empresarias ponderan el superávit fiscal, ya que ellos se han ubicados en la ventanilla de cobro de una cuenta que paga el conjunto de la población. Los economistas heterodoxos suelen argumentar que la ’deuda post-default es distinta’ y debe ser pagada sin ningún atraso. Pero no brindan ninguna explicación de esta obligación porque el pago simplemente obedece a la estrecha asociación que mantienen el gobierno con los capitalistas locales.

Por el momento la cesación de pagos sólo afecta a los tenedores extranjeros de títulos. El 44% de estos acreedores son pequeños ahorristas (especialmente italianos, japoneses, holandeses y alemanes) que fueron inducidos por los bancos y fondos de inversión a adquirir los riesgosos bonos argentinos. Estas entidades deberían hacerse cargo de las pérdidas de sus clientes y no el Estado nacional que ha sido financieramente asfixiado por los mismos usureros. El gobierno rehuye este legítimo planteo porque sería inadmisible para sus interlocutores del FMI. Por eso ha propuesto una quita del 75% o la emisión de nuevos bonos de más largo plazo, menor interés o mayor rendimiento asociado con la tasa de crecimiento.

Cualquiera de estas alternativas exigiría tremendos sacrificios a la población por suponer un horizonte indefinido de superávit fiscal. La perspectiva de sacrificios populares es inmensa tanto con una quita del 75%, del 60% o del 40% (según se calcule el valor efectivo de los bonos) o con la emisión de nuevos títulos que amplifiquen el monto adeudado.

Hasta ahora rige un ’bolsillo único’ del 3% del PBI para pagarle a todos los acreedores, pero este porcentaje estará sujeto a las negociaciones que año tras año realice el país para actualizar sus compromisos de pago. Después de lo ocurrido el 20 de diciembre del 2001 ya ningún funcionario se atreve a declarar que se ’pagará con el hambre del pueblo’, pero silenciosamente están imponiendo ese sacrificio. Sólo en concepto de comisiones el grupo de banqueros intermediarios que negocia una salida al default se embolsará una suma cercana a los 200 millones de dólares.

El gobierno enmascara estas tratativas desplegando un gran arsenal de hostilidad discursiva contra los sectores marginales del campo acreedor. Los ’fondos buitres’ -que se especializan en adquirir títulos públicos de países en bancarrota para luego demandar su cobro nominal en los tribunales internacionales- son especialmente atacados. Pero el margen que tienen estos especuladores para embargar activos del Estado argentino en el exterior es muy estrecho. Además, el daño que pueden causar al país es irrelevante en comparación a los planes de ajustes que impone el FMI y sus socios locales. La ira gubernamental está premeditadamente concentrada en los secuaces de la estafa para encubrir los compromisos suscriptos con los grandes depredadores.

Los funcionarios emiten mensajes sobre la deuda especialmente adaptados a cada auditorio. Mienten cuando afirman que ’el ajuste se terminó’. Se sinceran cuando piden disculpas a los acreedores. En este último caso el canciller Rafael Bielsa se ha olvidado que la solicitud de perdón debería ser inversa : de los banqueros hacia la mayoría del país.

También el periodismo dócil suele acompañar al gobierno ponderando ’el papel pedagógico’ de las frases altisonantes de Kirchner en los foros internacionales. Esta retórica enmascara que los 12.500 millones de pesos que este año se destinarán al pago de la deuda obligan a mantener salarios miserables, en una coyuntura de alto crecimiento y excepcional saldo comercial.

Presentando a estas transferencias como un dato inamovible de la realidad se ha planteado un falso debate sobre cómo utilizar el excedente del superávit fiscal que ha generado la reactivación. Los ortodoxos propugnan realizar mayores pagos de la deuda, reducir impuestos al patrimonio o formar un fondo de reserva para afrontar la próxima recesión. Los heterodoxos, en cambio, promueven la inversión o alguna mejora del salario. Los defensores del gobierno -que se ubican en el segundo campo- pretenden demostrar que esta disputa constituye una divisoria de aguas entre los conservadores y los progresistas. Algunos funcionarios incluso ya promueven distintas maniobras políticas para convertir en una ’causa nacional’ el apoyo al acuerdo del FMI contra la opción de mayores pagos.

Pero este escenario plantea una falsa disyuntiva, porque el excedente en discusión es completamente insuficiente para comenzar a resolver la tragedia de desempleo, pobreza y retracción salarial. Mientras que el 3% del PBI representa una cifra significativa para recomponer el ingreso popular, el excedente del superávit es un monto pequeño y de evolución incierta para quienes lo apropian. La miseria explicita que propugna la ortodoxia y la miseria encubierta que promueve la heterodoxia son dos variantes de una misma política antipopular. La real alternativa es utilizar todo el superávit fiscal para cubrir necesidades prioritarias e impostergables de la población.

Para lograr ese excedente se está forzando un sacrificio popular inmenso, ya que el 3% comprometido supera el 2,5% logrado el año pasado y se ubica muy por encima del ’déficit cero’ de Cavallo. Además se sitúa en las antípodas del déficit fiscal que actualmente prevalece en todos las economías desarrolladas a fin de contrarrestar las tendencias recesivas.

Por otra parte, el superávit del 3% está destinado a reembolsar una deuda que ya pagada y abusivamente refinanciada. Se estima, por ejemplo, que la carga de intereses adosada a la deuda argentina entre 1990 y 2001 (93.900 millones de dólares) fue semejante al total de créditos otorgados por Estados Unidos a Europa a través del Plan Marshall. Por eso, en lugar de solicitar una nueva versión de este programa de expansión imperialista para el país o Latinoamérica, correspondería simplemente reclamar que no se lleven más dinero. La Argentina no necesita nuevos préstamos, sino la cesación del pago del pasivo. Al rechazar esta perspectiva, lejos de ’negociar con dignidad’, el gobierno condena a millones de argentinos a un ajuste perpetuo. Suspender el pago de la deuda, revisar inmediatamente su administración y reasignar el uso de los 12.500 millones de pesos de superávit en función de las necesidades sociales prioritarias es punto de arranque de un programa alternativo.