Plan Cóndor : Viraje sugerente del Gobierno Uruguayo ante el caso Berríos

Por Samuel Blixen
Brecha, 23 de agosto del 2004

En boca del presidente en ejercicio, Luis Hierro, el gobierno se ha comprometido, ante una delegación de abogados y senadores chilenos, a respetar sin condicionamientos el dictamen judicial sobre el pedido de extradición de tres militares uruguayos que la justicia trasandina acusa de estar implicados en el secuestro, desaparición y asesinato del bioquímico chileno, agente de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, ocurrido en Uruguay en 1993.

El juez chileno Alejandro Madrid había solicitado la extradición del coronel retirado Tomás Casella, del capitán Eduardo Radaelli y del coronel Wellington Sarli (ambos en actividad), solicitud que está actualmente a estudio del juez penal Gustavo Mirabal. Para interiorizarse del estado del trámite llegó a Montevideo el domingo 15 una delegación compuesta por los senadores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Carmen Frei (hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva) y Sergio Páez, el senador socialista Ricardo Núñez y el abogado Álvaro Varela. Las intensas gestiones realizadas a lo largo de la jornada del lunes 16 no pudieron ser más auspiciosas. A la promesa de no interferir en la decisión judicial adelantada por Hierro se sumaron los compromisos de los tres candidatos presidenciales, Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga y Guillermo Stirling, de realizar los esfuerzos a su alcance para confirmar en el plazo más breve la decisión que adopte el magistrado. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Leslie van Rompaey, informó detalladamente a los visitantes del estado del proceso judicial, y el ministro de Cultura, Leonardo Guzmán, se hizo eco de las inquietudes de los visitantes.

La senadora Frei tiene un interés especial en el caso Berríos : su padre, Eduardo Frei Montalva, quien ocupó la presidencia de Chile a mediados de los años sesenta y entregó el poder a Salvador Allende, murió en 1982 víctima de una inesperada infección viral, en momentos en que estaba destinado, como principal dirigente de la democracia cristiana, a ser un protagonista principal de un proceso de transición a la democracia. Elementos recabados por la familia Frei en una investigación independiente establecieron la sospecha de que el bioquímico Eugenio Berríos -quien en 1976 operó un laboratorio clandestino para la policía secreta y experimentó con el gas Sarín para eliminar disidentes sin dejar huellas- pudo inducir la enfermedad de Frei mediante la inoculación de virus o toxinas que provocaran la muerte del ex mandatario, que estaba convaleciente de una operación de hernia estomacal.

En una conferencia de prensa, poco antes de abandonar el país, el senador Páez afirmó su convicción de que las autoridades "van a respetar irrestrictamente lo que la justicia uruguaya establezca. Si esto significa extraditar, no me cabe duda de que van a ser extraditados a petición de los tribunales chilenos". La senadora Frei, por su parte, afirmó que "hay un fuerte compromiso por parte del gobierno uruguayo para que los militares vayan a declarar a Chile".

Al parecer, los resultados de las gestiones sobrepasaron las propias expectativas. La familia Frei había tenido un contacto con el candidato colorado, Stirling, durante la reciente visita de éste a Santiago de Chile y, según revelaron fuentes de la delegación, el presidenciable había sido "en extremo evasivo" sobre un compromiso concreto respecto de las extradiciones solicitadas. Más aun, los antecedentes que manejaban los senadores no eran auspiciosos : siendo ministro del Interior, Stirling les había dado un "toque de atención" a los dos policías chilenos que investigaron el caso en Uruguay, y ese toque de atención, según los informes que maneja la justicia chilena, implicaba una limitación para las indagaciones. En Chile se tenía la convicción de que el entonces ministro del Interior no sentía entusiasmo por un avance de las investigaciones ; y de hecho la Policía uruguaya nunca avanzó ni un milímetro en el esclarecimiento de los hechos : ni de la desaparición, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ni del asesinato, cuando apareció el cadáver, en 1995, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti.

De alguna manera, los visitantes tuvieron una agradable sorpresa cuando el escribano Stirling comprometió todos sus esfuerzos en el contacto realizado el lunes 16. En cambio, los senadores y el abogado no tuvieron ocasión de conversar con el candidato a vicepresidente del Partido Nacional, Sergio Abreu, quien en 1993 era canciller uruguayo y mantuvo estrechos contactos con el embajador chileno en Montevideo. Abreu no estuvo presente en la reunión que los visitantes mantuvieron con el presidenciable blanco Jorge Larrañaga, y por ello no pudieron intercambiar opiniones sobre una afirmación de Abreu, en julio de 1993, en el sentido de que el presidente Lacalle "tuvo que doblar el pescuezo" ante las presiones de los generales en actividad para que no se tomaran medidas disciplinarias con los militares involucrados en la desaparición de Berríos. La confesión está estampada en un telegrama secreto que el embajador chileno envió a su canciller, tras una conversación con Abreu, pero el ahora candidato a vice nunca dio ninguna explicación de esa insólita presión militar que constituyó un auténtico golpe de Estado técnico.

Seguramente porque el "caso Berríos", un operativo del Plan Cóndor en democracia, encierra una historia de coordinación militar clandestina, una especie de poder paralelo, y revela la existencia de estructuras militares trasnacionales supervivientes de las dictaduras ante las cuales los sucesivos gobiernos siguieron doblando el pescuezo. El viraje que el gobierno (y el Partido Colorado) imprime ahora a su conducta respecto del caso puede explicarse por la inevitable acción de la justicia chilena, que hace fútil mantener el manto de secreto. Baste recordar que blancos y colorados se sintieron satisfechos con las burdas maniobras de inteligencia que sugerían que Berríos estaba en el exterior (el canciller Abreu leyó en el Parlamento una carta de Berríos que éste no podía haber escrito porque hacía meses que estaba muerto, y mostró una foto que había sido evidentemente trucada) ; y quedaron satisfechos con el archivo del expediente judicial sin que se adoptara ni una sola medida con Casella y Radaelli, que habían cometido innúmeros delitos, sin contar la complicidad en asesinato.

Resultó muy significativo un episodio ocurrido en el Senado cuando se descubrió que parte de las actas de las sesiones secretas de la Comisión de Defensa, que permanecían en la caja fuerte de la secretaría, habían desaparecido. El senador socialista José Korzeniak se ofreció para aportar unas copias de esas actas, de forma de reconstruir el documento, y así se hizo, pero los funcionaros que actuaron en la reconstrucción fueron sancionados. Recientemente, cuando la justicia chilena pidió una copia oficial de esas actas, el Senado omitió entregar la parte "reconstruida" aduciendo que no eran papeles oficiales. Estas "excentricidades" coincidían con la resolución del juez de Pando, Álvaro González, quien decidió archivar el expediente del homicidio de Berríos, pero mantuvo el secreto sobre el documento de modo que fue imposible determinar cuáles fueron las indagaciones judiciales.

En ese contexto se produce la sorpresiva y contundente declaración del gobierno de que respetará la decisión de la justicia, y en caso de que haya un dictamen favorable, hará todo lo posible por acelerar la extradición de los militares. Más aun : aquellas actas que antes habían sido negadas, ahora fueron ofrecidas sin reservas. Sin embargo, todo sugiere que Hierro está asumiendo un compromiso que deberá cumplir el próximo gobierno. Según el estado del trámite, el juez Mirabal comenzará, en función del dictamen del fiscal -que no advirtió errores formales en el pedido de extradición-, a citar a los militares reclamados. La primera audiencia estaba prevista para hoy, viernes, instancia en la que el magistrado preguntará a los tres militares si están dispuestos a declarar voluntariamente ante el juez Madrid. Es el comienzo del trámite que, previsiblemente, tomará un tiempo para la resolución en primera instancia. Si el magistrado accede a la extradición, el fallo podrá ser apelado y deberá ser analizado por un tribunal de apelaciones y todavía podrá ser apelado ante la Suprema Corte. La experiencia sugiere que la decisión final ocurrirá después de marzo de 2005.

Los compromisos, de unos y de otros, confirman que la decisión judicial será respetada. La duda radica en la conducta que asumirán los reclamados. Como medida previa al comienzo de las actuaciones, Mirabal resolvió, el martes 17, una medida de arraigo, es decir, el cierre de fronteras para los militares implicados.