Accueil > Notre Amérique > Terrorisme d’Etat > Plan Condor > Plan Condor uruguayen > Plan Cóndor Caso Cordero A un voto de la extradición de Brasil.
Por Roger Rodríguez (La República)
COMCOSUR. Uruguay, 17 de diciembre de 2008.
La votación está 5 a 2 a favor de la extradición. El ministro Eros Grau, cuyo voto puede ser decisivo, devolvió el expediente que había pedido estudiar el 9 de diciembre. Restan otros dos votos. En caso de empate define el presidente del STF. También se decidirá sobre un pedido de prisión domiciliaria para el torturador.
Detenido en Brasil.
El paradero del torturador había sido descubierto por el activista en derechos humanos Jair Krischke. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil podría resolver el viernes 19 si otorga la extradición del coronel uruguayo Manuel Cordero, requerido por crímenes contra la humanidad por la Justicia de Argentina y de Uruguay, donde es responsable de torturas, secuestros, apropiación de menores, muertes y desapariciones.
El caso del torturador Cordero, rotulado como el expediente Nº 974, fue incluido en la última sesión que realizarán este año los once ministros del máximo órgano judicial de Brasil, quienes podrían definir una votación que luego de dos sesiones de debate se encuentra 5 a 2 a favor de la extradición del militar uruguayo. Cordero había sido detenido en Santana do Livramento en febrero de 2007, luego de refugiarse en Brasil en 2004 para evitar un juicio por desacato que le inició el juez José Balcaldi, quien había comenzado a indagarlo por un delito de apología de la tortura debido a declaraciones de prensa en las que el militar reivindicó los apremios físicos. El torturador uruguayo fue ubicado por el activista en derechos humanos Jair Krischke, quien impulsó en Argentina el pedido de extradición del juez federal Guillermo Montenegro, quien actuaba en la causa del Plan Cóndor. A su pedido se sumaron los jueces Luis Charles de Uruguay y Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide de Arge ntina .
De 4 a 1 a 5 a 2
En el primer debate sobre el caso, realizado el 11 de setiembre último, la votación se había puesto 4 a 1 luego de que el ministro relator Marco Aurelio de Melo, quien había estudiado el caso durante un largo año, se pronunció en contra de entregar a Cordero para que fuera juzgado por sus violaciones a los derechos humanos.En aquella sesión, Marco Aurelio fue acompañado por los votos de los ministros Carlos Menezes Direito, Carmen Lúcia y Eros Grau y su recomendación sólo había sido rechazada por el juez Ricardo Lewandowski, cuando el ministro Cézar Peluso pidió vistas del expediente y pospuso una decisión. Un mes más tarde, el 30 de octubre, se volvió a tratar el caso Cordero y la votación se revirtió.
Peluso se sumó a Lewandowski a favor de la extradición y a ellos se plegó Lúcia, quien cambió su voto anterior, y los ministros Joaquim Barbosa y Carlos Ayres Britto. La sesión se suspendió cuando Eros Grau pidió revisar el caso. La audiencia del viernes, última del año, tiene el caso Cordero como último punto del orden del día. El juez Eros Grau deberá emitir su opinión y a ella seguirán los votos de los ministros Celso de Mello y Ellen Gracie, quienes aún no han dado una posición. Sólo en caso de empate definiría la votación el presidente del STF, Gilmar Mendes.
Decisión clave
La decisión que adopte el Supremo Tribunal Federal, máxima corte judicial brasileña tendrá una importancia clave, porque implicará un antecedente significativo de colaboración en juicios por violaciones a los derechos humanos en la región, e incidirá en un debate interno que Brasil tiene por la vigencia de una ley de amnistía que la dictadura impuso en ese país en 1979. El ministro Eros Grau es quien, precisamente tiene a su estudio el recurso presentado por la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en el que se reclama una definitiva interpretación de la Ley de Amnistía para poder juzgar a los que protagonizaron las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1964-1985).
Grau devolvió el expediente de Cordero el 9 de diciembre. La defensa del militar interpuso más pruebas para dilatar el proceso, pero sólo fueron admitidas por el relator Marco Aurelio de Melo como alegato final de la defensa ante la inminente sentencia del viernes en la que también se decidirá sobre su pedido de prisión domiciliaria. El reclamo de Cordero alega que necesita realizarse una intervención quirúrgica cardiovascular que fue pospuesta porque su lugar de detención no reúne condiciones posquirúrgicas. Agrega que tiene 70 años de edad y que en el país donde es requerido hay casos de cadena perpetua que por tener esa edad cumplen prisión domiciliaria.
MONTEVIDEO/URUGUAY/17.12.08/COMCOSUR AL DÍA