Nueve países se suman a destinar más fondos a las inversiones públicas respaldando así las posiciones de argentina y brasil en asamblea del BID

Once países de América Latina se pronunciaron en Perú por cambios en los instrumentos de control fiscal con la finalidad de poder destinar más fondos a las inversiones públicas.

Esa decisión fue plasmada en una llamada Carta de Lima, suscrita en la 45 Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada durante tres días en la capital peruana en medio de severas medidas de seguridad.

La declaración de principios contiene ocho puntos y fue firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El documento respalda el planteamiento conjunto que hicieron los presidentes de Brasil y Argentina el 16 de marzo último, para que el dinero que los gobiernos emplean en proyectos de infraestructura sea contabilizado como inversión y no como gasto.

Los ministros representantes de esas naciones pidieron que estas inversiones públicas tengan un tratamiento diferenciado en el cálculo de los parámetros a los que están sometidos los gastos corrientes por entidades financieras internacionales.

En particular implica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) flexibilice la forma en que contabiliza el gasto público destinado a proyectos de infraestructura de forma que se pueda tener más dinero disponible para estos, como puentes y caminos, sin exceder las metas fiscales acordadas con esa institución financiera.

Según expertos en aras de reducir sus déficit fiscales, una exigencia del FMI, la mayor parte de gobiernos de América Latina aplicaron importantes programas de ajuste fiscal, que dieron como resultado la racionalización de los gastos, la implementación de reformas y la eliminación de inversiones públicas.

Sin embargo, la restricción de proyectos de inversión pública con retorno económico positivo deteriora estructuralmente esa misma situación fiscal, precisaron.

Los firmantes precisan que las inversiones y gastos corrientes constituyen hechos económicos con un impacto fiscal distinto, pero en la actualidad son tratados como si tuvieran un impacto fiscal idéntico.

Ese tratamiento excesivamente simplificado, cuando es adoptado como centro de las metas fiscales, inhibe la toma de decisiones económicas racionales, agregaron.

La carta era una forma de buscar medios más eficientes para contabilizar la administración pública, dijo el ministro de Economía y Finanzas del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, luego de la suscripción anoche del documento.

El ministro de Planeamiento, Presupuesto y Administración de Brasil, Guido Mantega, consideró que la Carta de Lima es el producto de conversaciones con gobiernos que tienen afinidades en este momento en que América Latina está ensayando pasos para retomar su crecimiento.