Mercosur-UE
Contradictorio y desconcertante

Luego de que el último 17 de mayo los presidentes pro témpore del Mercosur, Cristina Fernández, y de la Unión Europea (UE), José Luis Rodríguez Zapatero, retomaran las negociaciones para la celebración de un acuerdo de asociación entre ambos bloques, en los próximos días tendrá lugar una ronda de negociaciones Mercosur-UE con el objetivo de instalar de manera formal una mesa de negociación y definir mecanismos de trabajo. El objetivo último es la concreción de un acuerdo de asociación compuesto de tres grandes capítulos de orden distinto : I) político, de modo de institucionalizar las instancias de diálogo que actualmente funcionan de manera voluntaria, II) de cooperación, que si bien ya está en vigor, funciona fuera de un acuerdo marco general, y III) comercial, con la idea crear un tratado de libre comercio (TLC).

En relación con este último aspecto, se especula con liberalizar el 90 por ciento del comercio interbloque a través de la disminución de las barreras comerciales existentes en un período de diez años. Las principales demandas de los países del Mercosur se concentran en torno de la liberalización de los mercados agropecuarios y agroindustriales europeos, protegidos con altos aranceles, por múltiples medidas de carácter paraarancelario y por fuertes subsidios a la producción local. Por el lado europeo, los reclamos se refieren a una mayor apertura comercial en los sectores industriales, en general, y del complejo automotriz, en particular. Asimismo, los países de la UE estarían también interesados en la inclusión de otras disciplinas, tales como servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual e inversiones.

Si bien en la actualidad el principal escollo a la celebración del acuerdo se trata de la fuerte resistencia europea a la apertura de sus mercados agropecuarios y alimentarios –en particular, de países como Francia, Irlanda, Rumania y Polonia, cuya producción de alimentos representa parte importante de su actividad económica–, los principales perjudicados con la firma del acuerdo serán los países del Mercosur, probablemente, a excepción de Brasil, que cuenta con una estructura industrial mucho más desarrollada, competitiva y consolidada. Para el resto de los países del bloque, la celebración del acuerdo implicaría una significativamente mayor exposición a la competencia de los productos industriales provenientes el Viejo Continente, con su consiguiente impacto sobre el patrón de especialización productiva y comercial.

En este sentido, la constitución de un acuerdo de libre comercio con un socio de semejante escala y nivel de desarrollo, determinará para el comercio interbloque una especialización comercial de tipo Norte-Sur, tal como lo predicen los modelos tradicionales de comercio internacional, en donde los productores europeos pasarán a abastecer a los países del Mercosur de bienes industriales intensivos en capital y conocimiento, al tiempo que estos últimos proveerán a aquellos de alimentos, materias primas y algunos bienes industriales intensivos en mano de obra. De esta forma, al asegurarse una especialización productiva basada en ventajas competitivas de carácter estático y al limitarse aún más las posibilidades de hacer uso de la política comercial e industrial, se estará virtualmente cerrando la posibilidad de verdadero desarrollo para los países del bloque ; es decir, de un desarrollo vinculado con la industrialización, con todos los efectos benéficos que ello implica en términos de creación de empleo, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del mercado interno.

En este contexto, el gobierno nacional se comporta de manera contradictoria y desconcertante. Por un lado, el discurso oficial sobre el modelo productivo a seguir tiene que ver con el fortalecimiento de la industria, en el marco de una mayor integración latinoamericana. Por el otro, ha sido el mismo Gobierno el que, aprovechando la presidencia pro témpore del Mercosur, ha relanzado las negociaciones para la celebración del acuerdo con la UE, bajo el argumento de que de esa forma se generarán externalidades positivas, inversiones y un mayor clima de negocios sobre el aparato productivo local. Ante las indefiniciones del Gobierno sobre un modelo de desarrollo –que se explicita en la falta de políticas definidas, más allá de lo meramente retórico–, la intención de firmar un TLC con la UE parecería tratarse de una señal hacia la consolidación de un tipo de especialización productiva en donde Argentina terminará funcionando como proveedor internacional de materias primas, alimentos y manufacturas de origen agropecuario. Al parecer, tendremos que esperar a que los campesinos franceses, irlandeses, polacos y rumanos, con su férrea resistencia a la liberalización del sector agropecuario europeo, nos ayuden a levantar nuestro propio bastión en favor de la industrialización.

* Carlos Bianco , Investigador UNQ/Cenda.

Página 12</u> . Buenos Aires, 28 de Junio de 2010.