Matonaje en el Oriente boliviano

El matonaje ha retornado con fuerza al oriente boliviano. Dirigentes campesinos e indígenas ven señales alarmantes : hace un mes, efectivos de la Fuerza Naval torturaron, secuestraron e intentaron asesinar al dirigente araona Carlos Ramírez, mientras que, en otro episodio, el barraquero Alex Ribert Rejas agredía al asesor de los comunarios Cliver Rocha.

Por Econoticiasboivia.com (Santa Cruz, abril 27 de 2003).-

"Estamos como en los viejos tiempos de los patrones que golpeaban y mataban en las barracas a nuestros abuelos y hermanos indígenas", denunció la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y los Capitanes Grandes de los pueblos originarios del oriente

"En la noche del miércoles 23 de abril nuevamente fue agredido en Riberalta, Departamento de Beni, el abogado Cliver Rocha, coordinador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS en esa localidad, institución que asesora los procesos de titulación de tierras indígenas. El abogado Rocha fue golpeado brutalmente por dos hombres que se desplazaban en moto, luego de haberlo seguido durante varias cuadras al salir de su oficina. A tiempo de golpearlo, los agresores le exigían abandonar la región", reportó el CEJIS.

Los agresores están identificados. "Dos personas que estamos seguros son los barraqueros Ribert Rejas o personas pagadas por ellos, esperaron al Dr. Cliver Rocha, que salga de la oficina y en un lugar oscuro lo golpearon duramente", dice la Central Indígena, que cree que la disputa de tierras entre el pueblo originario de los tacana y los empresarios de la castaña es la causa principal de la violencia.

Pero no solo en el Norte amazónico se presentan actuaciones violentas para mantener el acaparamiento de tierras y el control de los recursos naturales. Las organizaciones indígenas chiquitanas de Monte Verde, Santa Cruz, vienen denunciando desde hace varios meses la presencia de grupos armados en su territorio, que por cuenta de propietarios ilegales amenazan a dirigentes y asesores para quedarse con las tierras que legítimamente le pertenecen a este pueblo indígena. En septiembre del 2001 fue secuestrado y también brutalmente golpeado el abogado del CEJIS y funcionarios de la Superintendencia Forestal y la Superintendencia Agraria han sido en diversas oportunidades amenazados con armas de fuego cuando intentaban verificar denuncias por desmontes ilegales realizados por terceros ilegales en el territorio indígena.

También en el Departamento de Beni, San Ignacio de Mojos, dirigentes y comunarios están amenazados de muerte por quienes disputan sus tierras en el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano y el Territorio Indígena Multiétnico, y las instituciones que les apoyan también son víctimas de agresiones. En noviembre del año anterior, funcionarios del Centro de Investigación y Promoción del Campesino (CIPCA) y el Párroco de la localidad, fueron golpeados por ganaderos, y la institución fue conminada a abandonar la región.

En los últimos días, la comunidad campesina de Timboy, asentada en el Chaco tarijeño desde hace 10 años, ha denunciado una serie de hostigamientos por parte de terratenientes y ganaderos que pretenden expulsarla de sus tierras. Los hechos, similares a los que precedieron la masacre de Pananti en noviembre del 2001, hacen temer a los comunarios por su vida y han solicitado al Gobierno medidas especiales de protección.

Los hechos de violencia, que han cobrado la vida de más de 10 campesinos en los dos últimos años, se originan en la exclusión de que son víctimas indígenas y campesinos por cuenta de sectores de poder que impiden la vigencia de sus derechos agrarios legalmente reconocidos.

"En todos los casos reseñados se han realizado las denuncias correspondientes pero en ningún caso se han verificado actuaciones estatales dirigidas a sancionar a los autores, disponer medidas especiales de protección a la vida de nuestro compañero y de los dirigentes y comunarios indígenas amenazados, y poner freno a los violentos. La total impunidad nos hace temer un nuevo derramamientos de sangre", dice el CEJIS.

Según la Centra Indígena, "esta situación se viene repitiendo continuamente desde años antes, donde varios dirigentes somos agredidos, amenazados de diferentes formas por defender nuestros territorios, y nuestros derechos. Por eso estamos seguros que todas estas agresiones vienen de familias que se aprovechan de saquear los recursos naturales, aprovechando la fragilidad legal e institucional de las autoridades del Gobierno y del Poder Judicial y sus influencias por su relación familiar y poder económico en la región".

"Todos estos hechos los hemos denunciado, pero las autoridades competentes no han tenido la voluntad y capacidad para mostrar resultados, realizando una investigación seria y de acuerdo a ley, de manera que se de un escarmiento a quienes se sienten con la libertad para amenazar y golpear a indígenas y nuestros asesores. Esta pasividad de las autoridades, otorga confianza a todas éstas personas que no quieren someterse a las leyes vigentes y pretenden hacer valer por la fuerza derechos que no pueden demostrarlos ante las instancias correspondientes", agrega la Central declarada en emergencia y en movilización permanente.