Liberan al jefe de la "Caravana de la Muerte"

Aplican la amnistía a oficiales de la dictadura que participaron de la comitiva del régimen de Augusto Pinochet que asesinó a casi 80 opositores. "Ya sabemos lo que viene"
Montiglio justifica su decisión en el hecho de que Chile aún no ha ratificado la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de Naciones Unidas, de 1968, y en que las leyes de amnistía y prescripción del país están vigentes. "Todos esperábamos este fallo del juez Montiglio", dijo uno de los abogados querellantes. "Y ya sabemos lo que viene", agregó en tono fatalista. (DPA) Santiago de Chile.- El juez Víctor Montiglio aplicó la ley de amnistía a favor de cuatro militares procesados en el caso "Caravana de la Muerte", la comitiva del régimen de Augusto Pinochet que asesinó a casi 80 opositores. Uno de los beneficiados por la aplicación de esta ley, que data de 1978, es el general retirado Sergio Arellano Stark, jefe de comitiva militar. Este grupo recorrió Chile entre setiembre y octubre de 1973, a bordo de un helicóptero "Puma", del Ejército. En total ejecutó, sin juicio previo, a 75 presos políticos.
Montiglio dictó estas sentencias en el capítulo del asesinato de tres opositores a manos del grupo militar en Arica en octubre de 1973, un mes después del golpe militar. Montiglio consideró que los delitos, si bien existieron, no pueden ser juzgados después de 33 años, como establece la ley escrita en tiempos del régimen. Además, absolvió a Stark porque el ex alto militar no se encontraba en Arica cuando se produjeron los hechos y, por lo tanto, no tuvo participación en ellos. Los otros tres militares estaban procesados como coautores de homicidio calificado.
Este juez ya causó una fuerte polémica en otro caso de la "caravana", cuando cambió la figura de secuestro calificado a la de homicidio calificado. Según los críticos, con ello se abre la puerta a la prescripción de los delitos o a la amnistía, como ahora. El secuestro calificado fue una figura que empezó a aplicarse en Chile a fines de la década de 1990, porque permite investigar y realizar procedimientos en casos de detenidos desaparecidos, cuyos cuerpos no han sido hallados, y evitar así que las causas fueran archivadas. (DPA)
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