Las transnacionales petroleras intensifican las presiones contra un proyecto de ley de hidrocarburos en Bolivia

Argenpress.info, 10 de agosto del 2004

Las transnacionales petroleras que operan en Bolivia intensificaron hoy sus presiones contra un proyecto de ley de hidrocarburos y la decisión gubernamental de usar las costas de Perú para exportar gas a México.

Las desafiantes posiciones fueron planteadas por el Carlos López, un ejecutivo nativo que fue viceministro de Hidrocarburos del régimen de Hugo Banzer (1997-2002) y que es actualmente asesor de la Cámara de Hidrocarburos, que agrupa a esas empresas.

Según el portavoz de las transnacionales, el Gobierno debe discutir con estas las condiciones técnicas, económicas, comerciales o estratégicas que viabilicen del negocio, tanto nacional como internacionalmente.

El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, confirmó la semana pasada haber informado a las transnacionales sobre el nuevo régimen tributario y descartó discutirlo con las empresas, por no haber tiempo para ello, y dijo confiar en que lo aceptarán.

Las compañías extranjeras quieren mantener las condiciones otorgadas desde la década pasada por la legislación privatizadora vigente, por la cual pagan un promedio de 29 por ciento de tributos, que el Gobierno se propone elevar al menos a 50 por ciento.

López sostuvo que en Bolivia reina un clima de politización y hostilidad y hostigamiento contra las empresas y tampoco hay condiciones legales y fiscales, sin que estas puedan surgir del inminente debate parlamentario sobre el proyecto gubernamental.

El representante de las transnacionales aludió así a las protestas antiprivatizadoras que en octubre de 2003 obligaron a renunciar a Gonzalo Sánchez de Lozada y al referendo que el 18 de julio último aprobó la política gubernamental de hidrocarburos que el Gobierno plasmó en el proyecto de ley.

La Cámara de Hidrocarburos sostiene que el negocio será inviable para sus asociadas, con la elevación de tributos y con la recuperación de la propiedad estatal del gas y el petróleo al salir a la superficie, que da al Estado poder de decisión sobre exportaciones y precios de venta de esos recursos.

En el segundo tema, López manifestó el rechazo de las empresas a la firma de un acuerdo con Perú para exportar gas a México por las costas de Perú, y sostuvo que las empresas no pagarán los costos extra de esa ruta respecto a la vía chilena, favorita de las transnacionales pero rechazada por la población boliviana.

Arguyó el funcionario de las transnacionales que solamente en la construcción del gasoducto se necesita una inversión extra de 754 millones de dólares.

Ante ese reiterado argumento del consorcio exportador Pacific LNG, el ministro boliviano de la Presidencia, José Galindo, anotó que, si tal fuera el monto extra, constituye menos del uno por ciento del valor de las reservas explotadas por ese grupo.

Entretanto, continúa la espera de que el Parlamento organice sus comisiones de trabajo, para iniciar los debates del proyecto de ley, que genera diversas posiciones, desde las que se adhieren al documento hasta las que denotan afinidades con las transnacionales.

Legisladores de diversas fuerzas políticas han reclamado el derecho a modificar la propuesta, pese a que el Presidente Carlos Mesa, al urgir al Congreso a tratarla, sostuvo que recoge estrictamente los resultados del referendo, sin dar margen a cambios de fondo.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, insiste en que la consulta del 18 de julio obliga al Gobierno a nacionalizar el gas y el petróleo, en lugar de mantener los privilegios de las transnacionales, cautelados, sostiene, por el proyecto oficial.