Las petroleras se burlan del estado boliviano

Por Econoticiasbolivia.com
La Paz, 27 de mayodel 2004.-

Las petroleras extranjeras que operan en Bolivia violan las leyes de República, incumplen sus contratos, evaden el pago de impuestos y comercializan ilegalmente carburantes, denunció el periodista y ex parlamentario populista Andrés Soliz Rada.

Las irregularidades y delitos que cometen las petroleras son de conocimiento público y las propias autoridades gubernamentales saben de ello, de forma documentada, pero no toman acciones para defender los intereses estatales.

Entre las acusadas están Repsol/YPF, Enron, Shell, Vintage, Petrobras y otras que actualmente tienen el control absoluto de las todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia, que explotan con enormes utilidades y con escasos beneficios para el país.

Frente a esta realidad, "el país puede nacionalizar sus hidrocarburos mediante la rescisión de contratos, sin indemnización alguna", asegura Soliz.

La nacionalización del gas y el petróleo se ha convertido desde octubre del año pasado en el eje de la lucha de los bolivianos para lograr mejorar sus precarias condiciones de vida y de trabajo, y ya es la demanda que aglutina a la mayor parte de la población. Según una exhaustiva encuesta levantada por la red católica Erbol, el 83% de los bolivianos apoya la expropiación de todos los hidrocarburos, que hoy están en manos de las transnacionales que ingresaron al país al amparo de una lesiva y antinacional legislación petrolera.

Pero esta demanda no es aceptada por el gobierno del neoliberal Carlos Mesa, ni ha sido incluida en el referéndum del próximo 18 de julio y que ha sido calificado de "tramposo" por las organizaciones sociales y sindicales. Esta consulta popular cuenta con el apoyo de Repsol/YPF y otras petroleras que confían en la promesa de Mesa de no tocar ni alterar en nada los contratos de riesgo compartido, que son ampliamente cuestionados por la población y los sindicatos.

"Ninguna de las compañías que operan en Bolivia ha cumplido leyes ni contratos", dice el ex parlamentario al mostrar la cadena de ilegalidades y delitos en los que incurren las petroleras.

LOS DELITOS

"La Enron y la Shell, que conforman Transredes, han organizado dos filiales fantasmas : La Souther Cone Gas (SCG) y Transborder Gas Servuce (TGS), las que han contrabandeado gas, suministrado por Andina (Repsol) a Cuibá (Brasil)".

"El hecho fue tan flagrante que SCG y TGS se apersonaron al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a pagar tributos por valor de 50 millones de bolivianos. Allí se les hizo notar que no tenían Registro Único de Contribuyentes (RUC), pese a que se presentaron como subsidiarias de las grandes empresas", señala Soliz.

En una nota enviada a Econoticias, el ex parlamentario de Conciencia de Patria (Condepa), mencionó que "el artículo 40 de la Ley de Hidrocarburos dice que las compañías que transportan hidrocarburos no pueden comercializarlo. Este es el precepto jurídico vulnerado por Enron y Shell, en tanto que el contrabando de Andina (Repsol) es también flagrante".

Según estableció la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial las irregularidades y delitos son evidentes y están en proceso de verificación para la emisión de las sanciones correspondientes.

Según recordó Soliz Rada, por el mismo delito de contrabando la estadounidense Standard Oil había sido expulsada del país en 1937, dando paso a la primera nacionalización del petróleo que se dio en Bolivia. La segunda nacionalización se dio en 1969, cuando se expropiaron los bienes y pozos que estaban bajo control de la Gulf Oil.

VIOLACIONES A LA LEY

Otra violación a las leyes bolivianas es el incumplimiento generalizado de las petroleras del artículo 30 de la misma Ley, que las obliga a perforar un pozo por parcela, señala Soliz.

Según estimaciones de técnicos petroleros, las transnacionales no habrían perforado los pozos correspondientes y, por tanto, deberían haber devuelto al dominio del Estado entre un 40 a 50% de las parcelas.

Pero no hicieron ni lo uno ni lo otro, ya que al amparo de un ilegal decreto firmado por el ex presidente ultraderechista Jorge Quiroga conservaron parcelas con grandes reservas de gas y petróleo, sin invertir lo que correspondía.

Fuentes gubernamentales, según destacó en su momento el matutino La Razón, habían informado que "sólo en el campo Margarita se dejaron de invertir cerca de 700 millones de dólares. La perforación en cada pozo costaría entre 20 y 30 millones de dólares".

PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Otra seria acusación que pesa sobre las petroleras es la esgrimida por el Ministerio de Hacienda. Según destaca el informe de Soliz Rada, el Ministerio habría acusado a "Vintage Petróleum, Petrobras Energía, Maxus Bolivia, Chaco (British Gas), Andina (Repsol) y BHP Billiton de prácticas anticompetitivas, mediante las cuales han vendido hidrocarburos al exterior a precios inferiores a los vigentes internamente".

Este sería el caso, por ejemplo, de la exportación de gas licuado de petróleo a Chile, lo que ha sido confirmado por la superintendencia de Hidrocarburos y motivado una investigación oficial aún inconclusa.

EVASIÓN TRIBUTARIA

Los informes oficiales -citados por el ex parlamentario-también muestran que las transnacionales han incumplido y burlado el pago de impuestos, tal como denunció el director del Servicio de Impuestos Nacionales, Eduardo Zegada.

Esta autoridad presentó documentación que avala que "las petroleras evadieron cargas tributarias por 650 millones de bolivianos, alrededor de 80 millones de dólares y añadió que las depreciaciones de los activos revalorizados de las compañías no son contablemente aceptadas. Destacó que comercializan gasolina blanca (que no pasa por refinerías) para evadir más impuestos todavía".

LEGISLACIÓN ANTINACIONAL

Gran parte de esta cadena de irregularidades y delitos se han consumado al amparo de una legislación antinacional, según la visión de Confederación de Profesionales de Bolivia.

"La conducta antipatriótica de ciertos gobernantes, legisladores, administradores de justicia, superintendentes, consultores, asesores y otros funcionarios del Estado ha permitido que las empresas petroleras transnacionales no hayan sido transparentes con el país, y que los vacíos o errores en contratos y leyes del sector, premeditados o no, les favorecieran, señala la Confederación.

"La falta de una ley nacionalista ha permitido que las inversiones petroleras no fueran auditables, que se exporte capital nacional, que no se respete nuestra soberanía y derechos constitucionales, que se facilite que las empresas petroleras pudieran reportar pobres utilidades, retengan beneficios financieros, paguen mínimos montos de impuestos y regalías, sobredimensionando gastos entre otras acciones", agregan los profesionales.

Ante esta realidad, Soliz Rada cree que no hay más alternativa que la nacionalización. "Las petroleras son como esos asaltantes disfrazados de vendedores ambulantes, a los que el "gonismo" los dejó entrar en nuestra casa, donde cometen desmanes cotidianos. Es necesario expulsarlas, reconstituir el Estado nacional, fortalecer YPFB y, si fuera necesario, volver a negociar con ellas, en condiciones diferentes".