La Fiscalía de Bolivia inicia una investigación penal a los contratos petroleros

No fueron homologados por el Congreso, pero fueron avalados por tres gobiernos

Por Bolpress
La Paz, 15 de abril del 2005

La Fiscalía General de La República inició ayer una investigación penal acerca los contratos firmados para la explotación hidrocarburífera que amparan al trabajo de las transnacionales petroleras, pero que, al no ser ratificados por el Congreso, son considerados como nulos. El Fiscal emitió en la víspera un requerimiento para que el gobierno entregue, en el plazo de 48 horas, los contratos para ser investigados.

La decisión fue asumida en la víspera después que dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezados por Jaime Solares, el diputado Juan Gabriel Bautista, el concejal alteño Roberto de la Cruz y el abogado Alberto Costa Obregón entregaron un pedido para que investigue la firma de esos contratos.

’Al señor Presidente de la República de Bolivia requiere : porque su autoridad remita en el término de 48 horas todos los contratos de riesgo compartido suscritos entre los representantes del Estado boliviano y las diferentes empresas petroleras al amparo del Decreto 248060 desde el 4 de agosto de 1997. El requerimiento se ampara en los previsto en los artículos de la Constitución Política del Estado’, señala el documento.

La decisión fue anunciada por Costa Obregón después de su reunión con el Fiscal General, Pedro Gareca.

Según los demandantes, al no haber cumplido con los pasos establecidos con la Constitución, en la actualidad las petroleras explotan los recursos hidrocarburíferos ’en forma ilícita’, razón por la que pidieron la inmediata intervención a los campos petroleros.

El pedido de intervención de los campos petroleros tiene base en lo dispuesto por el artículo 90 del Código Penal según el cual desde el momento de la comisión de un delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrán por hipotecados para cubrir la responsabilidad civil. El artículo 91 de esa misma norma legal señala que los bienes del ofendido, en este caso el Estado, deben ser restituidos.

La decisión complica más el panorama de las empresas petroleras que hasta hace una semana amenazaban con llevar al país a un arbitraje si la nueva ley petrolera modificaban las condiciones de sus contratos, aquellos que —al no haber cumplido con los procedimientos establecidos por la Constitución— son considerados como ’nulos de pleno derecho’.

Las petroleras todavía no emitieron criterios acerca el tema.